Sin recurrir a señalamientos y declaraciones estrambóticas, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, pareciera que lleva a cabo una operación quirúrgica para armar con personal de confianza el andamiaje que existe para prevenir, investigar y castigar la corrupción entre funcionarios y ex servidores públicos en la entidad.
Hace unos días inauguró las nuevas instalaciones de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica Tlaxcala (UIPET), una instancia que si bien el intermitente ex gobernador priista Marco Antonio Mena Rodríguez anunció, en los hechos nunca operó porque obviamente él y su administración siempre simuló un combate a la corrupción.
Como titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica fue designado Neri León Sauza, un abogado del que se sabe muy poco, pero seguramente cuenta con el aval del poderoso responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal a cargo de Santiago Nieto Castillo.
Neri León empezará a trabajar muy de cerca con Domingo Tamalatzi Rodríguez, quien al parecer tendrá bajo su control la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), área que ha recibido 535 denuncias sin que hasta ahora ninguna de ellas haya llegado a una sentencia.
Los alcances, atribuciones, facultades y obligaciones de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica Tlaxcala no se conocen con precisión, sin embargo seguramente será un instrumento valioso para las nuevas autoridades que están decididas a combatir las estructuras delincuenciales y para ayudar en las investigaciones que muy pronto se abrirán contra ex alcaldes y ex funcionarios estatales por presuntos actos de corrupción.
Lorena Cuéllar ya colocó dos piezas claves para garantizar seriedad y resultados en las investigaciones que pronto estarán en marcha para castigar presumibles malas conductas de ex servidores públicos, por lo que no dude que en unas semanas más se conozcan casos concretos de ex funcionarios menistas, de ex alcaldes y de ex servidores municipales que tendrán que responder por sus malas acciones y decisiones.
Octubre será un mes clave para perfilar las investigaciones que se estarían iniciando, ya que en los siguientes días las nuevas autoridades deberán reportar ante el Órgano de Fiscalización Superior las observaciones y anomalías detectadas en dependencias estatales y en los 60 ayuntamientos, con el propósito de encausar los procedimientos legales que permitan llevar ante la justicia a los responsables.
Hay que recordar que la gobernadora Lorena Cuéllar recientemente se quejó de la falta de comprobación de más de 200 millones de pesos del Instituto de Salud para el Bienestar que manejó la Secretaría de Salud de Tlaxcala a cargo de René Lima Morales. Se sabe que en la Secretaría de Planeación y Finanzas han aparecido facturas de empresas y consultorías que recibieron pagos millonarios sin que haya evidencia de que realmente ofrecieron algún servicio o un producto.
En la Sefoa hay pruebas de que se desviaron toneladas de fertilizantes y semillas, así como también hay evidencias del saqueo de equipo en varias dependencias.
Por lo que respecta a los ex presidentes municipales, son varios los que no tardarán en ser llamados para rendir cuentas. Los perredista Eymard Grande Rodríguez y Eloy Reyes Juárez, quienes gobernaron Panotla y Apetatitlán, respectivamente, enfrentarán muchas dificultades, al igual que el ex edil de Tzompantepec, Arturo Rivera Mora, quien ya anda pidiendo la ayuda y protección de uno que otro iluso diputado para evitar las investigaciones por el quebranto millonario que dejó.
Las señales que se han enviado hasta ahora es que el combate y el castigo a la corrupción van en serio. El tiempo nos dirá si se concretan las acciones o sólo se quedaron en buenas intenciones, como suele ocurrir casi siempre.
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