Un asunto que debe convertirse en una prioridad para el gobierno estatal es la seguridad, porque la actual tendencia de ilícitos que se cometen a lo largo y ancho de la entidad no puede seguir, debido a que resultará afectada la imagen de la Cuarta Transformación y se empezará a consumir aceleradamente el bono democrático que los ciudadanos y las ciudadanas suelen otorgar a las nuevas autoridades.

 

Esta semana quedó conformado el equipo en materia de seguridad del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros con la designación por parte de los diputados locales de Ernestina Carro Roldán como procuradora de Justicia en el Estado, quien ahora deberá hacer una buena mancuerna con Alfredo Álvarez Valenzuela, quien se desempeña como secretario de Seguridad Ciudadana en Tlaxcala.

 

Aunque no se quiera reconocer, desde que inició la administración del priista Marco Antonio Mena Rodríguez en enero del 2017, Tlaxcala registró una tendencia a la alza en la actividad delictiva y los indicadores demuestran que no sólo aumentaron los homicidios dolosos, los asaltos en carreteras, los feminicidios, los secuestros y otros delitos como el robo de automóviles y atracos de negocios y de casas habitación, sino que la percepción ciudadana cambio y ahora los habitantes no se sienten seguros.

 

Si bien el gabinete de seguridad fue el que llevó más tiempo para quedar integrado, ahora que se encuentra completo éste debe dar resultados y enviar las primeras señales de que las cosas van a cambiar en el estado.

 

La Asociación Alto al Secuestro que fundó la activista Isabel Miranda de Wallace ayer dio a conocer su informe correspondiente a los primero ocho meses de este año y arrojó información que para el caso de Tlaxcala debe resultar preocupante.

 

Resulta que de acuerdo con la información disponible, de enero a agosto de este año en la entidad se han llevado a cabo 11 secuestros, el mismo número de personas que fueron privadas de su libertad en el mismo lapso de tiempo del año pasado.

 

Según los datos de la mencionada asociación, del 1 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2020 en Tlaxcala se perpetraron 35 secuestros, lo que revela que ese delito de gran impacto sigue vigente y lastimando a familias de la entidad, de ahí que las autoridades encargadas de la seguridad y de perseguir a los delincuentes deben trabajar a marchas forzadas si realmente quieren dar resultados y reducir esos indicadores que son preocupantes.

 

De Ernestina Carro se dicen buenas cosas, sin embargo habrá que ver si la Procuraduría General de Justicia en el Estado cambia y rompe las inercias y vicios que le han impedido llevar a cabo una buena labor en los últimos años, mientras que del secretario de Seguridad Ciudadana, Alfredo Álvarez Valenzuela, un capitán retirado de la Marina, se sabe poco y ese poco tiende a ser negativo porque se le vincula a un caso de tortura y de haber participado en un operativo contra normalistas de Ayotzinapa que dejó dos estudiantes muertos.

 

También existe el rumor de que tiene acusaciones de abuso de autoridad y de acoso, sin embargo lo anterior no se ha podido corroborar hasta este momento.

 

Alfredo Álvarez ha optado por tener un bajo perfil y hasta ahora no se ve su mano porque no se ha observado ningún cambio en la estrategia de seguridad, pero habrá que ver si en las próximas semanas se percibe otra realidad o todo sigue igual.

 

Será interesante conocer cuáles serán los compromisos que buscará cumplir el nuevo gobierno en materia de seguridad en los primeros cien días de la actual administración. Las expectativas de los ciudadanos y las ciudadanas por la alternancia política que se dio siguen siendo altas y por lo tanto sería un grave error defraudar la confianza que fue depositada en el gobierno de la Cuarta Transformación.

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