La lista de los peores presidentes municipales que tienen asegurada la reprobación de su cuenta pública del 2020 por obtener el puntaje más bajo y los presuntos quebrantos más elevados la encabeza la prianista alcaldesa de San Lorenzo Axocomanitla, Martha Palafox Hernández, quien si bien el año pasado salvó de milagro sus estados financieros del 2019, en esta ocasión si enfrentará las consecuencias de su pésima administración.
Otro que también forma parte de esa lista, es el edil panista de Zitlaltepec, Alejandro Juárez Cajica, quien ya fue suspendido por el Congreso del Estado por no haber entregado las cuentas públicas de 2018 y 2019. Para no variar, sus malos manejos se prolongaron el año pasado y por esa razón es casi seguro que su ejercicio fiscal del 2020 será reprobado.
A esos presidentes municipales habrá que sumar las actuales administraciones de los ayuntamientos de San Pablo del Monte donde existe un desorden, al igual que en Calpulalpan, Tzompantepec, Santa Cruz Tlaxcala, Apetatitlán y Contla.
Alcaldes que habían corrido con suerte y obtenido la ayuda de los legisladores locales para evitar la pena de salir reprobados en sus cuentas públicas de años anteriores, ahora tendrán que enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones, como es el caso del presidente municipal de Totolac, Giovanni Pérez Briones y el edil de Panotla, Eymard Grande Rodríguez.
Pero no crea que la suerte ya se extinguió en el Congreso del Estado, pues resulta que el compromiso de los diputados de no cambiar el sentido de los informes del 2020 que presentó el Órgano de Fiscalización Superior está por romperse, debido a que algunos legisladores están haciendo hasta lo imposible por lograr que la cuenta pública del ayuntamiento de Tlaxcala que involucra el último año de la ex alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, sea avalada y deje de estar en la lista de los reprobados.
La presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Luz Guadalupe Mata Lara, es una de las que quiere ayudar a su amiga la ex alcaldesa y ex candidata perdedora de las recientes elecciones para la gubernatura de Tlaxcala, al igual que el hoy legislador morenista y hace unos días ex aliancista Víctor Manuel Báez López. A ellos se ha sumado la priista Zonia Montiel Candaneda.
De acuerdo con la información disponible, se sabe que el Ayuntamiento de Tlaxcala obtuvo 67 de 100 puntos, es decir, sólo le faltan tres para alcanzar el puntaje mínimo que se requiere para lograr el respaldo de los diputados. Al parecer si los conseguirá pese a la molestia e inconformidad que seguramente existirá entre algunos legisladores y uno que otro presidente municipal por el trato preferencial que dan a ciertos personajes.
Por cierto, le cuento que una funcionaria estatal que está generando gran molestia por sus excesos es María Maricela Escobar Sánchez, titular de la Contralora del Ejecutivo, quien anda enviando oficios a todos los entes que tienen pendientes con esa área para que solventen o quede evidenciado que ella sí hizo su trabajo de requerirlos.
Al parecer quiere entregar su oficina con un extenso soporte documental que oculte su deficiente o nulo trabajo, pero eso de nada le servirá porque al final saldrán a relucir los errores, omisiones e inconsistencias que se cometieron para no sancionar presuntas anomalías en dependencias como la Secretaría de Salud y en uno que otro ayuntamiento.
Por ejemplo, esa funcionaria estatal nunca intervino para detener los abusos de ciertos servidores públicos como los registrados en los últimos meses en la Procuraduría General de Justicia, donde el oscuro José Antonio Aquiahuatl Sánchez incurrió en excesos.
Según las quejas del personal de la PGJE, Aquiahuatl Sánchez estaría obligando al personal a comprar boletos con un costo de 300 pesos para celebrar, el sábado 10 de Julio, el Día del Abogado.
Los agentes del ministerio público y los trabajadores en general pueden dar testimonio de ese hecho, pues no están conformes que ese dinero vaya a parar a las manos de José Antonio Aquiahuatl y la consentida Subprocuradora Brenda Maldonado.
En la Procuraduría General de Justicia hay muchas cosas que se deben investigar, cómo la supuesta operación estética que otra consentida funcionaria de esa dependencia recientemente se hizo para aumentarse el busto y las pompis, operación que podrían estar siendo financiada con recursos públicos porque la beneficiada que actualmente se encuentra incapacitada está tramitando el reembolso del pago que hizo para tratarse una supuesta enfermedad.
Los detalles pronto podrían salir a la luz pública y de confirmarse se convertirá en un escándalo que manchará el cierre de la administración del actual gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.
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