En Tlaxcala la competencia electoral siempre ha sido entre dos y así seguirá en los últimos días de campaña. La lucha por el poder será frontal y las dos coaliciones que se disputan la gubernatura del estado recurrirán a todo para defender el terreno ganado.
Ambos equipos de campaña tienen documentadas supuestas anomalías que tanto unos como otros han cometido o están llevando a cabo para ganar simpatías entre los electores y las electoras, por lo que pronto se harán públicas varias denuncias por violaciones a la ley electoral que se buscarán integrar para proceder contra los responsables.
Hace unas semanas se tenía la idea de que la relación entre el gobierno federal que encabeza el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y la administración estatal que dirige el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez era buena y hasta amigable, sin embargo el proceso electoral que está en marcha ha cambiado esa percepción y pareciera que la federación no tolerará que las autoridades estatales intervengan para respaldar a la candidata priista a la gubernatura Anabell Ávalos Zempoalteca.
En su visita por el estado donde realizó la presentación de su libro “Nulidades y Procedimientos Sancionadores en Materia Electoral”, el senador Ricardo Monreal Ávila conoció los expedientes que ha venido integrando el equipo de la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, Lorena Cuéllar Cisneros, mismos que documentarían las presuntas anomalías de las autoridades estatales y municipales en la actual contienda.
Hay elementos para pedir al Ministerio Público que intervenga y proceda a efectuar una exhaustiva investigación, pero la denuncia si bien habrá que presentarla en la Procuraduría General de Justicia en el Estado, también habrá que solicitar la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y señalar específicamente al mandatario Mena Rodríguez para que quede claro que en Tlaxcala y en ningún otro estado del país se va a permitir el fraude electoral, recomendó el también ex gobernador de Zacatecas a Cuéllar Cisneros.
A nivel federal, Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reveló que se interpuso una denuncia de carácter penal contra el presidente López Obrador ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta intromisión electoral.
Sostuvo que de acuerdo con el artículo 6 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se debe imponer al titular del Ejecutivo las sanciones dispuestas de tipo penal que corresponda, “por el uso indebido de su cargo como funcionario público”.
“No puede actuarse con la mano en la cintura violando la Constitución, las leyes y los resolutivos del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Debe dejar que tengamos elecciones limpias, libres y transparentes sin usar el Ministerio Público para vencer a los opositores políticos. No lo vamos a permitir”, señaló.
Como se podrá ver, hoy la disputa electoral ya no sólo en las calles y en los medios de comunicación, sino que también ya se dirime en los tribunales electorales y próximamente en los escritorios de los Ministerios Públicos.
No descarte que Tlaxcala sea uno de los primeros estados del país donde se conozca que se detuvo a ciertos funcionarios o políticos por haber cometido un delito electoral, sobre todo si esa medida servirá de ejemplo para inhibir los intentos de fraude que el PRI y sus aliados buscarían realizar antes y durante los comicios del próximo 6 de junio.
Pero no crea que el PRI se dejará, pues su equipo de inteligencia también está haciendo su trabajo y ya tiene detectadas algunas presuntas irregularidades como el uso de los padrones de los programas sociales que el gobierno federal emplea a través de la Secretaría de Bienestar para entregar apoyos económicos, el empleo de vehículos oficiales para las actividades proselitistas de Lorena Cuéllar y otras más que podrían darse a conocer en los siguientes días.
Elecciones pasan y elecciones vienen y siempre se habla de lo mismo. De fraude, de compra de votos, de entrega de despensas, de coacción a empleados federales, estatales y municipales, de falta de certeza e imparcialidad de las autoridades electorales, de la judicialización de los comicios y de tantas anomalías que pareciera que nunca se tendrán elecciones limpias, democráticas y legales.
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