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Archiv para noviembre, 2019

Juicios políticos, un tema espinoso para los diputados

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Sin medir y calcular las implicaciones de su actuar, los diputados locales pronto saldrán raspados y desgastados de más cuando empiecen a desahogar algunos de los 48 juicios políticos que tiene pendientes, pues es muy probable que utilice diferentes varas para medir y proceder porque de entrada no se sabe cuál es el criterio que emplearon para determinar qué caso si es prioritario y cual no.

Si bien los casos de juicio políticos son analizados y tratados en el Poder Legislativo, hasta ahora sólo el que se armó contra los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) Marlene Alonso Meneses, Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales ha procedido.

El asunto que se resolvió a mediados de julio de este año terminó con la destitución de los mencionados comisionados una vez que el pleno del Congreso local se erigió en jurado de sentencia respecto a tres juicios políticos promovidos desde el 2018.

Sólo 17 de los 25 diputados se instalaron en sesión extraordinaria para resolver esos juicios, pues a la sesión no se presentaron la perredista Laura Yamili Flores Lozano, las morenista María del Rayo Netzáhuatl Ilhuitcatzi y Patricia Jaramillo, así como la petista Irma Yordana Garay Loredo y los miembros de la bancada de Morena Víctor Manuel Báez López, Rolando Pérez Saavedra y José María Méndez Salgado, a quienes se sumó el delicado coordinador del PRD Miguel Ángel Covarrubias Cervantes.

Lo curioso del caso es que ahora entre esa lista de legisladores tlaxcaltecas hay unos que están presionando para que se agilicen algunos juicios políticos como el actual coordinador de los diputados de Morena José María Méndez Salgado y otros para que ciertos asuntos sean ignorados y no se les dé el trámite correspondiente.

De acuerdo con las declaraciones de ese legislador que preside la Comisión Instructora de Juicio Político del Congreso del Estado, hay 48 casos que están pendientes, mismos que son herencia de la pasada legislatura, por lo que se espera que un día de estos sean tratados y desahogados a fin de atender y dar respuesta a las denuncias de los ciudadanos inconformes.

El legislador conocido como “El Chema” afirmó que de esos expedientes 10 son prioritarios y que requieren una urgente resolución, pero no explicó cuáles son las razones y elementos que tienen para ser catalogados como apremiantes.

Su postura pareciera que tiene un interés personal y político porque en la lista de los 10 casos prioritarios incluyó los más recientes asuntos que llegaron al Poder Legislativo y que se refieren a los presidentes municipales de Huamantla y Axocomanitla, Jorge Sánchez Jasso y Martha Palafox Hernández, respectivamente, quienes para su mala suerte han logrado los consensos que se requieren para que los diputados opten por removerlos.

Más allá de que existan los elementos y las justificaciones legales, contables y financieras para destituir a esos dos ediles, lo cierto es que el proceder de los legisladores será muy cuestionado porque desde ahora ya se presume que en esos casos hay intereses poco claros y que están actuando por consigna, porque es obvio que dan entrada a esos expedientes y olvidan otros más que se presentaron con anterioridad y un principio básico de la ley “es que el primero en tiempo es primero en derecho”.

Habrá que ver si la vara utilizada para medir a esos dos alcaldes es la misma que emplearán los diputados tlaxcaltecas para otros presidentes municipales como el de Apizaco, Julio Cesar Hernández Mejía o el cachondo de Zitlaltepec de nombre Alejandro Juárez Cajica.

El tema de los juicios políticos es un arma de dos filos que los diputados deben aplicar correctamente si es que no quieren dar los elementos para que el estado se convulsione. Si un alcalde es destituido más por cuestiones políticas que legales, no dude que en las siguientes semanas se presenten más solicitudes de ese tipo y se registren movilizaciones para exigir el cambio de autoridades municipales.

Los diputados están por abrir una puerta que quizá después se arrepientan de haberlo hecho.

Al tiempo.

El PAN logra su unidad interna rumbo al 2021

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Después de varios años de disputas internas y diferencias entre los grupos panistas, parece que el PAN en Tlaxcala logró la anhelada unidad, que de ser real, le puede representar buenos dividendos porque estará en posibilidades de designar a los mejores candidatos para enfrentar las elecciones del 2021 en que se renovará la gubernatura, las diputaciones federales y locales, así como las alcaldías y las presidencias de comunidad.

Los conflictos internos del PAN no sólo debilitaron a ese partido, sino que ayudaron a que fuera perdiendo aceptación entre los electores tlaxcaltecas que se percataron que los cargos de elección popular los acaparaba el grupo que manejaba la dirigencia, impidiendo que otros militantes con mayor presencia y trabajo tuvieran la posibilidad de competir.

Con la instalación del nuevo Consejo Estatal del PAN que estará en funciones del 2019 al 2022, se supone que quedaron superadas las diferencias entre los grupos que encabeza el actual líder del partido, José Gilberto Temoltzin Martínez, la diputada federal Adriana Dávila Fernández y el ex dirigente local y también legislador Carlos Carreón Mejía.

A 19 meses de las elecciones, el PAN luce, por el momento, como el partido con más posibilidades de competir a Morena y a sus candidatos, pues hasta ahora el PRI sigue inmóvil y sin dar muchas señales de vida, por lo que Acción Nacional seguramente aprovechará su actual condición para impulsar la creación de un amplio bloque opositor que pueda disputar la gubernatura, el Congreso del Estado y la mayoría de las presidencias municipales.

No se descarta que el PRI se sume a ese bloque opositor. A nivel nacional las dirigencias de ambos partidos han tenido acercamientos y pláticas para diseñar una estrategia que les permita recuperar espacios y frenar el avance del partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido como Morena.

El tiempo nos dirá si en Tlaxcala los partidos interesados en frenar el avance de Morena tienen la capacidad de ponerse de acuerdo y lograr la constitución de un amplio bloque opositor o deciden enfrentar las próximas elecciones solos o con uno o dos aliados más.

Un dato que seguramente motivará a los partidos opositores a Morena en pensar en una posible alianza o coalición para los comicios del 2021, es que si hoy fueran las elecciones para diputados locales y si se repitiera la coalición conformada por Morena, el PT y el PES, ésta ganaría 10 de los 15 distritos, es decir, que no obtendría los 14 que ganó en los comicios del 2018.

Y de esos 10 distritos que obtendría el triunfo la mencionada coalición según los resultados de un estudio de opinión que recientemente se elaboró, en tres la ventaja que obtiene es entre cuatro y cinco puntos porcentuales. Un dato más, es que la encuesta sólo midió la intención de voto por partidos políticos y no incluyó ningún nombre de los probables candidatos.

El nivel de aprobación de los diputados locales es bajísimo y apenas dos de cada diez ciudadanos avalan su trabajo y desempeño, situación que influirá aun más en el ánimo de los ciudadanos rumbo a los comicios del 2021, ya que una gran mayoría ha comprobado que los legisladores que llegaron por Morena, el PT y el PES resultaron con los mismos vicios y defectos que en su momento mostraron los del PRI, PAN y PRD.

Las preferencias electorales se han empezado a mover en el caso de las diputaciones locales y se espera que en unas semanas más también se registren movimientos en las tendencias para la gubernatura, pues se espera que Morena registre una baja y que otros partidos suban en sus intenciones de voto.

La sucesión en Tlaxcala se va a poner buena.

La desastrosa y decepcionante labor de los diputados

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Nunca antes se había visto tanto desorden y un trabajo tan desaseado por parte de los diputados locales que suelen suspender las sesiones ordinarias por falta de quórum, dar entrada a iniciativas de ley para beneficiarse, dejar encerrados y burlarse de manifestantes y permitir prolongadas ausencias de legisladores.

Desde que la deslucida petista María Félix Pluma Flores asumió el control de la Mesa Directiva del Congreso de Estado se perdió no sólo el control y la seriedad del trabajo legislativo, sino que se permitió que algunos diputados cobren sin trabajar como es el caso del morenista y cuasi petista, Víctor Manuel Báez López y Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, respectivamente, quienes habrían alargado por casi 15 días sus vacaciones, sin que nadie haya tenido la capacidad de hacerles un llamado para que abandonen la pachanga y se presenten a las sesiones.

Es tal el desorden y la falta de liderazgo en las sesiones ordinarias que ayer nuevamente se suspendieron los trabajos debido a que los holgazanes plurinominales como la verde ecologista Maribel León Cruz, la coqueta representante de Movimiento Ciudadano María Isabel Casas Meneses y la aguerrida priista Zonia Montiel Candaneda se salieron del salón de plenos ante la complacencia de la obtusa María Félix Pluma, demostrando una vez más que los diputados que llegan por la representación proporcional deben desaparecer porque les vale o no cumplir con sus obligaciones.

A esas legisladoras al parecer les dio flojera seguir escuchándola lectura de las leyes de ingresos de algunos municipios que se llevaban a cabo en ese momento y optaron por reventar la sesión porque saben que no hay consecuencias y que el trabajo puede esperar porque primero está atender sus asuntos personales.

Pero antes de que se suspendiera la sesión, los legisladores dieron entrada a una absurda iniciativa de ley del diputado morenista Miguel Piedras Díaz para, según él, regular de una vez por todas las plataformas digitales en materia de servicio de transporte, con la salvedad que sólo podrán utilizar esas modernas aplicaciones los que cuenten con una concesión de transporte público expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, dejando sin posibilidad de operar a Pronto y otras compañías que ofrecen esa modalidad en otros estados y ciudades del país.

La propuesta que resulta sesgada, limitada e ineficiente, sólo busca beneficiar a los taxistas del estado de Tlaxcala que gozan de una concesión y no permite que usuarios particulares den el servicio de traslado de personas, lo cual evidencia la torpeza de ese mediocre diputado que debería reconocer que busca beneficiarse con la aprobación de esa ley porque él es dueño de unidades que brindan el servicio de transporte público en Apizaco.

Miguel Piedras es un legislador morenista que ha resultado ser un convenenciero como otros tantos porque siempre se acomoda para quedar bien para sus intereses. Dice representar el cambio de la Cuarta Transformación y su estrategia para convertirse en candidato de ese partido para la presidencia municipal de Apizaco consiste en regalar despensas y en corto, hablar muy mal, del alcalde panista de esa ciudad, Julio Cesar Hernández Mejía.

Ahora que Miguel Piedras presidirá la comisión especial de juicio político contra la alcaldesa de Axocomanitla Martha Palafox Hernández junto con los diputados Mayra Vázquez Velázquez y José Luis Garrido Cruz se verá que tan serio es su trabajo, porque de acuerdo con el expediente hay suficientes evidencias y anomalías para proceder contra esa nefasta presidenta municipal.

El otro alcalde que también será sometido a un riguroso escrutinio será el de Huamantla Jorge Sánchez Jasso, cuyo caso de juicio político será atendido por el rudo petista Víctor Castro López y la priista Zonia Montiel y el morenista Rafael Ortega Blancas.

Se dice que las anomalías financieras en ese ayuntamiento acumulan varios millones de pesos, mismas que han sido detectadas en gastos relacionados con el alumbrado público y en otras obras más donde se presume que se falsificaron firmas para tratar de justificar la aplicación de recursos públicos.

En ambos casos se mencionan que existen elementos para proceder contra esos ediles, al grado que ya se tiene el consenso y los votos necesarios para remover a esos dos presidentes municipales, sin embargo habrá que ver si esas autoridades tiene la capacidad de defenderse y librar la inminente sanción.

La recomendación que hiciera el lunes por la tarde la diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional, Tatiana Clouthier Carrillo, a los diputados locales para que fueran más tolerantes y atendieran a los ciudadanos luego de la presentación de un libro en el Congreso del Estado, parece que no tuvo ningún eco en Tlaxcala, pues a los legisladores prácticamente ignoraron a un grupo de personas que acudió al inmueble para solicitar su intervención en un problema que enfrentan con Pensiones Civiles.

La inútil de María Félix les prometió que serían atendidos, pero esto nunca sucedió y lo que fue peor es que las personas fueron encerradas en el edificio, pues los diputados dieron la orden de cerrar las puertas, lo que privó de su libertad a los manifestantes que fueron retenidos indebidamente por varias horas en un edificio público.

Los yerros de los diputados son constantes y lo grave es que no se ve quién pueda meter orden en el Congreso del Estado que está naufragando

El PRI no cambia, pero tampoco entregará el poder tan fácil

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Después de más de dos meses de espera, por fin el PRI en Tlaxcala decidió poner en marcha la renovación de su dirigencia estatal, proceso que se ajustará a la vieja tradición de la imposición a través del dedazo del actual gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, quien tratará de disimular su decisión con una absurda asamblea de delegados que se encarga de avalar, sin ninguna objeción, el nombre del priista que tomará las riendas del ex partidazo.

El PRI está lejos de cambiar y transformarse para enfrentar su nueva realidad política electoral, de ahí que el pasado sábado dio muestras de que recurrirá a sus tradicionales métodos de operación a fin de construir y generar las posibilidades que le permitan retener el poder en las elecciones del 2021.

La apuesta del ex partidazo es que en el 2020 dos de sus precandidatos a la candidatura a la gubernatura Anabell Ávalos Zempoalteca, alcaldesa capitalina y Florentino Domínguez Ordoñez, secretario de Educación, crezcan en las preferencias y busquen armar una amplia coalición opositora que les permita ubicarse como una opción real de competencia a Morena y su abanderado o abanderada que hoy en día encabezan las encuestas.

El gobernador Marco Mena decidió cerrar el proceso de renovación en el PRI en Tlaxcala y descartó por completo una consulta abierta, pues no quiso arriesgarse a perder el control del ex partidazo, lo que evidencia que no renunciará a la oportunidad de imponer a la mayoría de los candidatos para los comicios del 2021 donde seguramente el reducido, limitado y mediocre grupo menista tratará de acaparar las designaciones y dejar una que otra posición al clan marianista.

Sin hacer mucha alharaca, los priistas bajo el mando del joven mandatario están dando señales de que darán la pelea por retener el gobierno de Tlaxcala y que las elecciones del primer domingo de junio del 2021 no serán un día de campo para Morena, toda vez que a la par de que han empezado a mover la aletargada maquinaria del ex partidazo, también buscan tener una mayor presencia y acercamiento con los electores a través de diferentes programas de la actual administración estatal.

Simplemente basta con ver el presupuesto de egresos del siguiente año para comprobar lo anterior y las recientes medidas puestas en marcha como el programa “Ruta por tu Salud” que hace unos días entró en operación y que no representa ninguna novedad, ya que esa estrategia es similar a la que tenía el gobierno panista de Héctor Ortiz Ortiz y que consistía en acercar los servicios médicos a los ciudadanos y a las ciudadanas a través de unidades móviles.

Otro sector que tiene meses trabajando políticamente es el educativo, donde el gobernador Mena decidió designar como encargados a operadores priistas que saben hacer su labor como Enrique Padilla Sánchez, rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el desprestigiado Victorino Vergara Castillo que tiene el control del Colegio de Bachilleres y Teodardo Muñoz Torres, como responsable del Cecyte.

Marco Mena como buen jugador de ajedrez ya está moviendo sus piezas y conforme pasen los días y las semanas dejará ver hacia dónde se mueven sus preferencias. Su primera opción quizá sea el lambiscón y convenenciero Florentino Domínguez, pero nunca descartará a la alcaldesa capitalina que sigue siendo la mejor carta.

La disciplina y trabajo de Anabell Ávalos le puede conseguir la anhelada candidatura y demostrar que el PRI y ella pueden ser la combinación más competitiva para enfrentar a Morena.

Aunque hay otros priistas que se mencionan para la mencionada candidatura como el cuasi poeta metido a promotor del empleo y la capacitación, Manuel Camacho Higareda, la realidad es que sus posibilidades se fueron al cagadero cuando lo destituyeron como secretario de Educación para convertirlo en director del Sepuede e Icatlax.

El PRI está dando señales de vida y sólo falta ver si su trabajo le permite lograr triunfos en el 2021.

La política de austeridad en Tlaxcala la enviaron al diablo

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Algo raro pasa en Tlaxcala donde al parecer la política de austeridad que impulsa el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador no ha encontrado eco, pues para el 2020 no sólo el Poder Judicial y el Poder Legislativo demandaron más recursos públicos, sino el Poder Ejecutivo en manos del priista Marco Antonio Mena Rodríguez que está dispuesto a canalizar más fondos a programas que no han dado ningún resultado.

Para el 2020 la administración menista propuso destinar 90 millones de pesos adicionales al capítulo 1000, partida de donde salen los recursos públicos para pagar los salarios de la burocracia estatal.

La justificación de ese incremento no se conoce, pues hasta ahora no se sabe si la intención del joven mandatario es “contratar” a más personal”, basificar a los recomendados durante el año previo antes de dejar el poder o destinar esos fondos para quizás cubrir los apoyos que suelen entregarse a los operadores electorales que seguramente empezarán a trabajar para que al PRI no le vaya tan mal en los comicios del 2021.

Adicional a esos 90 millones de pesos, las autoridades estatales también pretenden apoyar con 100 millones de pesos a Pensiones Civiles.

Y si bien hoy en día el gasto público se autoriza con base a los resultados logrados después de ser medidos y evaluados los programas y acciones gubernamentales, resulta ilógico que el gobierno del estado pretenda invertir 450 millones de pesos para el siguiente año al programa creado para abatir la pobreza extrema conocido como Supérate, cuando es la fecha que la Secretaría de Planeación y Finanzas no ha destinado ni un peso de los 200 millones autorizados para el 2019.

Los 16 mil beneficiarios tlaxcaltecas que forman parte de la primera etapa de ese mencionado programa no han recibido la ayuda económica prometida a 39 días de que finalice el presente año, lo cual es absurdo porque ese plan contra la pobreza fue presentado a casi un año durante el segundo informe de gobierno de Marco Mena.

Si es noviembre y no se han gastado los 200 millones de pesos autorizados para Supérate en este año, quien en su sano juicio puede pedir más dinero cuando ese programa no ha sido evaluado ni tampoco se ha comprobado que realmente ayudará a combatir la pobreza extrema, pues según los indicadores del Coneval ese fenómeno en Tlaxcala viene a la baja sin la ayuda de ese fantasmal plan del gobierno estatal.

La administración menista dará prioridad a las obras que actualmente ejecuta para dejarlas terminadas y presumirlas rumbo al cierre de su gestión. Al equipamiento del nuevo Hospital General de Tlaxcala pretenden destinarle 300 millones de pesos y una cantidad similar a la tercera etapa de la modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco.

Para el 2020 el sector salud será uno de los más beneficiados, pues según el presupuesto de egresos que está en proceso de revisión por parte de los diputados locales, para el abasto de medicinas el gobierno del estado busca canalizar 200 millones pesos, mientras que para la rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de hospitales y centros de salud destinará 115 millones de pesos y para la salud de la mujer otros 100 millones de pesos.

La partida millonaria que se aprobaba cada año para la rehabilitación de escuelas públicas prácticamente desaparecerá en el 2020, ya que la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala a través del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física y Educativa apenas si dispondrá de 5 millones de pesos para tal fin.

El Itife es un organismo que está muy cerca de desaparecer. La sospecha de que venía funcionando en total desorden y entre mucha corrupción se mantiene, por lo que se optó por cerrarle la llave de los recursos públicos, medida que puso muy triste a Carlos Bailón Valencia, encargado de la Secretaría Técnica de la Oficina de Gobernador, ya que se dice que él era el que autorizaba las obras y las empresas que contrataba esa dependencia una vez que los constructores dejaban su mochada.

Para seguridad se tiene previsto un fondo de 100 millones de pesos y otros 53 millones de pesos que se utilizarán para el programa de prevención del delito que manejará la Secretaría de Gobierno en manos del inútil José Aarón Pérez Carro, quien seguramente gastará esos fondos en acciones mediocres e intrascendentes. También se considera una partida de 70 millones de pesos para ofrecer apoyos a las familias de los “oficiales caídos”.

El programa del sistema estatal de becas sigue siendo una prioridad y para el 2020 las autoridades dispondrán de 150 millones de pesos, mientras que para la dotación de útiles escolares se etiquetaron 70 millones de pesos.

El gasto y las partidas que propone el gobernador Marco Antonio Mena están siendo revisadas a detalle, por lo que es muy probable que sufran modificaciones por parte de los diputados locales que no están de acuerdo en la forma en que se pretende distribuir los recursos públicos porque no ven que la administración estatal asuma una política de austeridad.

Los desacuerdos por el presupuesto de egresos del 2020 serán tan grandes como los egos de los políticos que actualmente detentan el poder.

El insultante presupuesto para el sistema estatal anticorrupción

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Hasta ahora resulta inexplicable las propuestas de presupuestos de egresos que solicitaron algunas dependencias, poderes, tribunales y organismos del estado para el 2020, porque su trabajo y la enorme cantidad de recursos públicos que manejan no se justifican en ningún momento, por lo que valdría la pena que los diputados locales revisaran realmente esos planes financieros y llevarán a cabo los ajustes que impidan esos excesos.

Un claro ejemplo de lo anterior son los casi 16 millones de pesos que para el siguiente año se pretenden canalizar al Sistema Estatal Anticorrupción que resultó ser un organismo inservible y opaco, donde el personal que lo integra cobra atractivos salarios sin hacer absolutamente nada para combatir ese fenómeno que no sólo existen en los ayuntamientos, sino en la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez.

Este año, a ese bodrio de sistema se le destinaron casi nueve millones de pesos, los cuales en su gran mayoría se fueron para pagar la nómina de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y de los ocho burócratas que dicen laborar y auxiliar a la Secretaría Ejecutiva del organismo.

Esa instancia gubernamental es un adorno y una carga para los tlaxcaltecas. Si uno revisa su trabajo de inmediato llegará a la conclusión que representa un oneroso adorno que está más para encubrir y solapar la corrupción que en emprender acciones o proponer políticas públicas para enfrentar y castigar el desvío y manipulación de los recursos públicos que comenten las autoridades estatales y municipales.

En estén año, el Sistema Estatal Anticorrupción sólo elaboró el Informe del Comité Coordinador y el Informe del Comité de Participación Ciudadana que no aportan nada y hablan de lugares comunes.

Los resultados obtenidos no justifican el salario de 50 mil pesos que cobra mensualmente José Justino Pérez Romano como presidente del Comité de Participación Ciudadana y los 45 mil pesos que reciben cada uno de los otros integrantes de ese comité como Isabel Romano Hernández, Rumel Hernández Avendaño, Erika Montiel Pérez y Lucero Romero Mora.

Esos son los inútiles burócratas de ese sistema que cuesta a los tlaxcaltecas casi 9 millones de pesos en sueldos al año, más la ineficaz e inoperante plantilla de personal que encabeza Julio Caporal Flores como Secretario Ejecutivo del Sistema Anticorrupción de Tlaxcala, Cirilo Rosalio Espejel Velazco que se desempeña como Contralor Interno y Bernardino Santracruz Vázquez que presume ser el honesto director administrativo.

También cobran como parte del equipo jurídico Arturo Flores López y Monserrat Pérez García. Luis Enrique Bermúdez Cruz, se desempeña y no es broma, como jefe del Departamento de Riesgos y Políticas Públicas, mientras que Luis Ernesto Pérez Ramírez, dice controlar la inútil área de comunicación y Esteban García López es el responsable de la Oficialía de Partes.

Y por si no fuera poco mantener a esa bola de zánganos, el Sistema Estatal Anticorrupción quiere casi duplicar para el 2020 su presupuesto y disponer de 16 millones de pesos, pues su intención es contratar más personal que ayude a los que están contratados a echar mejor la hueva y tal vez acomodar a sus recomendados y novias que están a la espera de ser incluidos en la nómina oficial.

Pero no crea que es el único organismo donde pretenden consentirse y darse vida de “Godínez Fifí”, ya que también en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala quieren un incremento sustancial en su presupuesto al intentar ejercer para el siguiente año más de 43 millones de pesos, los cuales pronto se lo desglosaremos para que vea como en esa instancia se dan la buena vida los magistrados, sus recomendados y sus protegidos.

Si los diputados aprueban tales presupuestos, es decir, 16 millones de pesos para el Sistema Estatal Anticorrupción y 43 millones de pesos para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, prácticamente estarán tirando al cagadero casi 60 millones de pesos porque esas dos áreas encargadas de combatir la corrupción no sirven para nada.

O alguien pensará lo contrario.

Plan con maña o una declaración de guerra

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Si el análisis y aprobación del presupuesto de egresos del presente año generó un desencuentro y un alejamiento entre el joven gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y los diputados locales, el del siguiente ejercicio fiscal correspondiente al 2020 seguramente llevará a la ruptura entre los dos poderes porque medirán fuerzas para ver quien impone su criterio sobre la distribución y gasto de los recursos públicos.

En el presupuesto del 2019 el gobernador Mena no considera ningún recurso para que los diputados etiquetaran obra en los municipios y entregaran apoyos al campo, sin embargo los legisladores tlaxcaltecas decidieron llevar a cabo recortes en algunas partidas del Poder Ejecutivo para disponer de casi 500 millones de pesos que al final aprobaron.

En el plan de gastos del 2020, el Poder Ejecutivo no incluyó la partida que este año manejaron los diputados para obras y entrega de apoyos a las actividades del sector primario, por lo que ese dinero público lo canalizó al Poder Judicial, al programa de combate a la pobreza extrema denominado “Supérate” y a otras instituciones educativas y dependencias estatales.

Tal decisión provocó la molestia de la mayoría de los legisladores que empezaron a revisar el presupuesto de egresos del 2020 que el gobernador Marco Mena envió el pasado viernes al Congreso del Estado para su revisión y aprobación, el cual será sometido a una cirugía mayor porque así como hace un año los diputados hicieron ajustes, para esta ocasión también tienen previsto meter tijera.

De entrada, los diputados no están dispuestos a autorizar para el siguiente año un presupuesto cercano a los 400 millones de pesos al Poder Judicial, casi cien millones de pesos más con respecto al 2019. Tampoco avalarán el incremento al fondo del programa “Supérate” cuando hasta ahora los 200 millones de pesos que se autorizaron no se han ejecutado.

Los legisladores que han solicitado la comparecencia de la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Alejandra Marisela Nande Islas, están molestos porque tal petición no ha prosperado y porque existe la sospecha de que en la actual administración hay varios subejercicios y fondos que están “perdidos”, como los 50 millones de pesos que se etiquetaron para atender a los enfermos renales de la entidad.

Hasta ahora no se sabe con precisión cuál es la intención del gobernador Marco Mena al presentar un Paquete Económico para el 2020 con tales características, pues de antemano el priista sabe que su propuesta no pasará y que ésta será modificada por los legisladores opuestos a su proyecto político, por lo que quizá busca que los diputados metan mano para estar en posibilidades de vetar el presupuesto, tal y como paso el año pasado.

Aunque el bobo y bisoño secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, asegure que prevalece una buena vecindad entre ambos Poderes para trabajar coordinadamente en el análisis responsable de la propuesta de Paquete Económico 2020, la realidad es que el buen entendimiento del que habla es una vil simulación porque los diputados no se dejarán manejar y manipular, pese a que la responsable de presentar el dictamen del presupuesto es la torpe y convenenciera morenista María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi.

Cuando el presupuesto del siguiente año sea modificado, seguramente se lanzará una campaña y una serie de acusaciones en contra de los diputados locales de Morena, el PT y el PES, bajo el argumento de que cometieron la osadía de recortar dinero al Poder Judicial y al programa para combatir la pobreza extrema, lo que terminará por enrarecer más la relación con el gobernador Mena Rodríguez.

Para algunos diputados el proceder y el comportamiento del actual gobernador y su negativa a establecer canales directos de comunicación y negociación es una declaración de guerra, de ahí que muy pronto Marco Mena será sometido a un escrutinio por parte de los legisladores que están hartos de su raro estilo de ejercer poder en Tlaxcala.

La confrontación entre el gobernador y diputados es inevitable.

El pleito sacará chispas y muchos quedarán salpicados con suciedad que empezará a surgir.

La pobreza extrema disminuyó sin el programa Supérate

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En las acciones de combate a la pobreza en Tlaxcala seguramente están influyendo otros factores ajenos al gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez, porque la entidad sigue reportando avances en ese rubro sin que hasta ahora se haya puesto en operación el programa Supérate que fue anunciado hace poco más de un año y al que se le autorizaron una inversión inicial de 200 millones de pesos.

De acuerdo con el Coneval, en Tlaxcala se redujo 2.2 por ciento el número de personas que no pudieron adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral entre el segundo y el tercer trimestre del 2019.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social determinó que Tlaxcala junto con los estados de Puebla y Yucatán fueron las entidades federativas con mayores disminuciones en ese rubro.

Según el reporte de ese organismo, hasta septiembre de este año 45.8 por ciento de la población tlaxcalteca económicamente activa tenía un ingreso inferior al costo de la canasta básica, cuando ese porcentaje en junio pasado se situó en 48 por ciento.

Lo anterior pone en evidencia que el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez presume de logros que su administración tiene muy poco que ver, por no decir que nada, pues seguramente los más de 72 mil tlaxcaltecas que viven en pobreza extrema deben una mejoría en sus condiciones de vida gracias a los programas federales.

Sin que hasta ahora se haya canalizado un peso de los 200 millones que se etiquetaron en este año para el programa Supérate, es evidente que tal plan dado a conocer el pasado 4 de diciembre durante el Segundo Informe de Gobierno de Marco Mena es un gran simulación y una burda estrategia barata para colgarse medallas que no le corresponden.

Desde hace meses el gobierno de Marco Mena presume la disminución paulatina de la pobreza extrema en Tlaxcala, sin embargo es más que obvio que su administración no ha realizado ninguna acción concreta o ha puesto en marcha una política pública definida para contribuir con ese logro que quizá está más ligado al gobierno federal que en este año destinó más de 4 mil millones de pesos a programas sociales que tuvieron un impacto en 250 mil tlaxcaltecas.

El programa Supérate inició el pasado 14 de noviembre con la entrega de tarjetas bancarias y seguros a beneficiarios. La intención, según José Luis Bustos Villegas, coordinador del mencionado plan estatal, es repartir siete mil plásticos que ayudarán a mejorar las condiciones de vida de 30 mil personas de 13 municipios, en los cuales vive la mitad de la población ubicada en pobreza extrema.

Aunque ya se están entregando las tarjetas bancarias, el apoyo monetario aún no se dispersa pese a que estamos en el penúltimo mes del año. Lo curioso es que los montos aún no se determinan porque éstos dependerán de las carencias sociales de cada persona como lo establece el Coneval, según lo confirmó Bustos Villegas.

Si los beneficiarios tuvieron que esperar meses para recibir su plástico, seguramente tendrán que esperar otros más para obtener el recurso económico prometido por el gobierno de Tlaxcala, que según la administración menista, será dispersado el 15 de cada mes.

Quién en su sano juicio puede creer que el programa Supérate se diseñó y recogió la experiencia y evidencia de iniciativas exitosas en 20 países como India, Paquistán, Perú, Etiopía, Yemen y Ghana, y que el mismo recibió la opinión de especialistas internacionales en la materia y se le hicieron las adaptaciones necesarias para ponerlo en marcha de acuerdo con nuestras circunstancias, cuando su operación a todas luces en un desorden y un rotundo fracaso.

En diciembre del año pasado se dijo que se destinaría una inversión de 200 millones de pesos para atender a 74 mil tlaxcaltecas que viven en pobreza extrema, para lo cual se llevarían a cabo siete fases a saber: Apoyo monetario mensual, Esquema de Aseguramiento, Entrenamiento productivo, Transferencia de Activos productivos, Ahorro, Atención a la primera infancia y Acceso a programas federales y estatales complementarios, sin embargo a casi un año de distancia nada de lo prometido se ha concretado, lo que demuestra que sólo se trató de un programa “patito” que busca colgarse méritos ajenos.

Los datos y las evidencias no mienten. La pobreza extrema en Tlaxcala va disminuyendo, pero sin la porquería del programa Supérate que hasta ahora sólo existe en el discurso del gobierno de estado, porque en los hechos no se le ve por ninguna lado.

Todos unidos contra Morena en Tlaxcala

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A 14 meses de que se definan los candidatos oficiales a la gubernatura de Tlaxcala, el PRD a través de su grupúsculo que se hace llamar “RJTlax” encabezado por Santiago Sesín Maldonado pretende encabezar y alentar la conformación de un bloque opositor capaz de derrotar en los comicios de junio del 2021 a Morena, partido que hoy en día encabeza las preferencias y se encamina a tomar el poder en el estado.

La presencia de ciertas figuras políticas en la convención estatal de la mencionada organización perredista que se llevó a cabo el sábado pasado alentó que sesudos analistas pronostiquen la construcción de una mega alianza opositora, cuando se trató de una cortesía política que corrieron algunos dirigentes, quienes obviamente no están desesperados en buscar una unión rumbo a las futuras elecciones.

El PRD sigue en un franco proceso de agonía y su fuerza electoral es casi nula en Tlaxcala. Carece de una figura propia que jale simpatías y por eso anda desesperado buscando en otros partidos el liderazgo que requiere para no desaparecer y, conservar, al menos, un diputado local por la vía plurinominal en la próxima legislatura.

El PAN ya fue en alianza con el PRD y los resultados han sido más que desastrosos. En el 2010 la entonces abanderada perredista al gobierno de Tlaxcala Minerva Hernández Ramos fue obligada a declinar por la panista Adriana Dávila Fernández, acción que los electores decidieron castigar y optaron por respaldar al priista Mariano González Zarur que finalmente obtuvo el triunfo.

En los comicios del 2016, la alianza ganadora (operada por Mariano González) resultó ser la encabezada por el PRI junto con el Verde Ecologista, Nueva Alianza y el Partido Socialista de carácter local quienes nominaron a Marco Mena. El PRD se ubicó en el segundo lugar al llevar como abanderada a Lorena Cuéllar Cisneros y el PAN que volvió a lanzar a Adriana Dávila se quedó en el tercer sitio.

Morena que registró como candidata a Martha Palafox Gutiérrez apenas si logró sumar el 5 por ciento de los votos emitidos y su participación fue una enorme decepción pese a que contó con todo el respaldo de Andrés Manuel López Obrador.

Para las elecciones del 2018, PRD y PAN y el grupo político de los Ortiz con su partido local el PAC decidieron ir juntos desde el principio del proceso, pero su alianza no sirvió para nada porque fueron aplastados por la fuerza de Morena que ganó no sólo las votaciones para Presidente de México, sino el Senado, las tres diputaciones federales y la mayoría de las diputaciones locales.

En ese proceso electoral el PRI también fue borrado y fue enviada al sótano de las preferencias, lugar donde aún permanece y hasta ahora realiza un tímido y mediocre trabajo para tratar de disputar la gubernatura en el 2021.

Anabell Ávalos Zempoalteca, la alcaldesa priista de la capital, sabe que sus posibilidades de ser candidata del PRI a la gubernatura en el 2021 son pocas pese a que es la militante mejor posicionada y competitiva, de ahí que quizá se presentó a la mencionada convención de ese grupúsculo del PRD con la intención de enviar un mensaje a su partido y al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, sobre todo porque está claro que la estructura del ex partidazo y de la administración estatal ya se decantó por Florentino Domínguez Ordoñez, actual secretario de Educación Pública, quien es arropado y muy promocionado en eventos y medios de comunicación para hacerlo crecer en las encuestas.

La presidente municipal de Tlaxcala tiene la invitación del PT y del PRD para convertirse en su abanderada a la gubernatura, sin embargo tendría que pasar algo muy grave para que ella renunciara al PRI y terminara aceptando tal nominación.

Ella sabe que para ganar la gubernatura de Tlaxcala no es suficiente el respaldo de esos dos partidos, pues para alcanzar esa meta sería necesario sumar al PAN y al resto de la chiquillada, ya que de otra forma sería muy complicado enfrentar al partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido como Morena.

Aunque la intención de ciertos actores políticos de la entidad es unirse y crear un bloque opositor que esté en posibilidades de competir a Morena, la realidad es que se ve muy difícil y complicado que en Tlaxcala prospere una mega alianza, pero como soñar no cuesta nada hay que dejar que esos políticos de pacotilla sigan construyendo su Frankenstein.

El PRI tlaxcalteca moribundo y sin credibilidad

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El otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional que gobierna Tlaxcala se resiste a morir y su agonía seguramente será prolongada unos meses más, porque difícilmente alguien que esté en sus cabales puede pensar que esa fuerza política está trabajando en la entidad para recobrar su presencia dominante y disputar en los comicios del 2021 los diferentes cargos que estarán en juego como la gubernatura, las diputaciones federales y locales, así como las alcaldías y las presidencias de comunidad.

Los principales líderes locales del destartalado PRI como Roberto Lima Morales y Fabricio Mena Rodríguez, el hermano poderoso del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, ofrecieron ayer por la tarde una conferencia de prensa donde, según ellos, informaron que mantienen un trabajo permanente y una política de acercamiento no sólo con los militantes del partido, sino con los ciudadanos a fin de recuperar la empatía que existía entre el tricolor y las personas.

La pantomima de Lima Morales y Mena Rodríguez quizá buscaba sorprender a la ingenua secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Lorena Piñón Rivera, a quien antes de sentarla con los medios de comunicación la llevaron, según la versión de esos chafas líderes, a diferentes actividades partidistas cuyo sello principal fue la clandestinidad, como si la intención fuera esconder con quiénes se reunió y qué y cuántos apoyos entregaron.

Resulta insultante la postura de esos dos deslucidos dirigentes priistas que no pueden hablar de buscar un acercamiento con la militancia cuando ellos y el actual mandatario cerraron las puertas del gobierno a los miembros del ex partidazo que trabajaron en la campaña para ganar la gubernatura en el 2016, lo que sin duda generó una gran molestia y decepción que dos años después se reflejó cuando el PRI controlado por Marco Mena fue aplastado en Tlaxcala por Andrés Manuel López Obrador y Morena.

El PRI en Tlaxcala bajó la tutela de los hermanos Mena y de su lacayo Roberto Lima está desmantelado, desarticulado, carece de rumbo y de un trabajo serio y permanente que busque revivir a ese partido, pues sólo se necesita ver la lista de sus precandidatos a la candidatura al gobierno del estado para comprobar que salvo la actual alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, los demás nombres que se manejan son puros petardos que no asustan a nadie y que la verdadera militancia priista no ve con buenos ojos por ser marionetas o inventos del joven mandatario.

La lambisconería que Fabricio Mena y Roberto Lima mostraron con Lorena Piñón y su dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito” para los cuates, sólo demuestra que ese par de bribones ya tiene puesta la mira en una candidatura a una diputación local, el primero por el distrito de la capital y el segundo por el distrito que abarca los municipios de Chiautempan y Tlaltelulco, lo que deja entrever su enorme ambición por mantenerse vigentes una vez que Marco Mena deje el poder en agosto del 2021.

El PRI está jodido si piensa que con las tontas posturas fijadas por la secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Lorena Piñón, ese partido recobrará fuerza y credibilidad en Tlaxcala.

Según ella los priistas corruptos ya dejaron el partido para buscar otras opciones como Morena. Aseguró ante los medios de comunicación que en la actualidad en ese instituto político sólo existen honestos e impolutos militantes, pero más le valdría revisar con quién se sienta porque no sea que un día de estos le demuestren que no es así.

Sabrá la ilusa Piñón Rivera que un “destacado” priista de esta entidad adquirió no hace mucho dos lujosos automóviles Mercedes-Benz, de los cuales uno es común verlo por las maltratadas calles de Tlaxcala y otro por las avenidas de la ciudad de Puebla donde tiene su residencia una ex poderosa ex funcionaria de la Secretaría de Educación Pública de un apellido cien por ciento tlaxcalteca.

Si el salario de ese “honesto” miembro del Comité Directivo Estatal del PRI en Tlaxcala le da para esos lujos, entonces ahora entiendo porque Roberto Lima se resiste a dejar la dirigencia de ese partido y se opone a entregar esa posición a Noé Rodríguez Roldán que tiene más de dos meses esperando que le cedan ese cargo luego que coordinó en la entidad la campaña de “Alito” para convertirse en el líder nacional del ex partidazo.

Lo que pasa en el PRI da pena.