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Archiv para septiembre, 2019

Eduardo Valiente y su descabellada invitación a irse

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Hasta ahora se desconoce si es real la invitación que recibió el secretario de Seguridad Ciudadana Eduardo Valiente Hernández para incorporarse a la Guardia Nacional por parte del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo Montaño, o se trata de justificar su posible salida de esa dependencia luego del evidente fracaso que ha tenido para contener la incidencia delictiva en Tlaxcala.

 

Resulta extraño que el oriundo del Estado de México primero haya tratado de ocultar su declaración en torno a que ya había aceptado la invitación para irse a la Guardia Nacional para después volver con ese cuento, pero con la condicionante que el gobierno federal le guardará su puesto hasta que concluya su encargo en la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez, cuyo gobierno dejará el poder en agosto del 2021.

Lo anterior resulta poco creíble no sólo porque el gobierno federal no ha podido contener ni ha logrado disminuir el impacto de la inseguridad en el país, sino porque dudo que en sus planes esté la posibilidad de esperar 23 meses para que un funcionario tan mediocre como Eduardo Valiente se incorpore a la Guardia Nacional cuando está comprobado que como responsable de la Policía Estatal en Tlaxcala no ha dado resultados.

Otro dato que no se puede ignorar es el hecho de que Alfonso Durazo podría dejar a finales del 2020 o a principios del 2021 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno que encabeza el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, pues su intención es convertirse a través de Morena en el futuro gobernador de Sonora.

Si su conocido Durazo Montaño ya no está en el gobierno federal para cuando termine su responsabilidad en Tlaxcala, entonces quién le abrirá las puertas en la Guardia Nacional donde según el soberbio funcionario estatal lo esperaran.

Eduardo Valiente no se siente cómodo en el gobierno de Mena Rodríguez y quizá ya percibió que el joven mandatario tampoco está contento con su trabajo, por lo que el primero pareciera que ya decidió preparar un escenario para su eventual salida de la administración estatal y así evitar señalamientos de que fue cesado o despedido por no poder con el cargo.

La percepción entre el imaginario colectivo de la entidad es que la inseguridad en Tlaxcala va en aumento y que el gobierno del estado y el responsable de esa tarea, Eduardo Valiente, han fallado rotundamente. La administración de Mena no ha encontrado al funcionario capaz de instrumentar una política de Estado en materia de seguridad que haga realidad la coordinación con las fuerzas federales y municipales.

Si el tal Valiente se quiere ir, el gobernador de Tlaxcala ya le hubiera tomado la palabra, porque al final resulta más contraproducente tener a un funcionario que simula y que dice combatir a los criminales cuando quizá ofrece las libertades que éstos requieren para llevar a cabo impunemente sus ilícitos.

Experimentar con funcionarios foráneos en el área de seguridad no ha sido lo mejor que le ha pasado a la entidad en los últimos años, ya que ni el oriundo de Campeche, Hervé Hurtado Ruiz, ni el mexiquense, Eduardo Valiente, han resultado la solución para la inseguridad que se empezó a percibir a finales del gobierno de Mariano González Zarur y que hasta hoy persiste.

Lo mejor que le pudiera pasar a Tlaxcala es que el tal Eduardo Valiente se fuera. O no.

Maldonado cumple y uniforma a personal del TSJE

Al fin se consolidó la entrega de uniformes en el Poder Judicial, proceso que sin lugar a dudas le dejó un amargo sabor a uno que otro magistrado.

El ex presidente del TSJE, Héctor Maldonado Bonilla, en su afán de lograr su “institución humana y vanguardista” decidió uniformar a todo el personal directivo, administrativo, jurisdiccional y hasta a los propios jueces, consejeros y magistrados que no pudieron dejar su investidura para que les fueran tomadas las tallas.

Hay que recordar que el ahora presidente del Poder Judicial, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, durante una sesión dijo que “para uniformes solamente los equipos de fútbol”, y que haría hasta lo imposible para no consolidar dicha entrega.

Sin embargo, el personal del área jurídica del TSJE que buscó por todos los medios cancelar el mencionado contrato con la empresa encargada de elaborar esa vestimenta se limitó a decir que éste se tenía que cumplir con el acuerdo porque estaba bien elaborado, de ahí que no les quedó otra más que prolongar la entrega de los uniformes.

Los que saben dicen que el rechazo a la idea de que todos se uniformaran se trató de un tema de egos entre las magistradas, porque evidentemente no eran de las marcas que acostumbran a comprar (por ejemplo la famosa marca española desigual predilecta de Xicohténcatl Corona) ni mucho menos salieron de las sucursales de Palacio de Hierro o ya de plano Liverpool.

Y para hablar de egos es imposible no citar de manera puntual a la magistrada Rebeca Xicohténcatl, porque ante su sentido de superioridad y del hecho de pensar que “los magistrados jamás podremos vernos como el resto del personal puesto que nos confundirían”, es prudente evocar la popular frase “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”.

La campeona de la incongruencia y la simulación

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A la diputada morenista presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, le urge un asesor, un psiquiatra y un curso intensivo de moral de los que suele dar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque su doble cara para la revisión y rendición de cuentas resulta insultante y la evidencian como una mujer incongruente, torpe, oportunista, convenenciera y limitada que con declaraciones estrambóticas pretende combatir la corrupción.

Dejar una de las comisiones más importantes del Congreso del Estado a una diputada que sus neuronas están incapacitadas para entender y comprender los procesos de fiscalización es quizá el error más grande de la actual legislatura, porque la corrupción y el combate de esa lamentable práctica no se logrará con declaraciones y oficios, mucho menos con tratar de culpar de esos millonarios desvíos registrados en dependencias estatales, ayuntamientos y organismos públicos descentralizados al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) que sólo hace un trabajo contable, técnico y jurídico que siempre termina contaminado y manoseado por las negociaciones, los arreglos y acuerdos que hacen los legisladores.

La locuaz María del Rayo Netzahuatl está empeñada en “recuperar”, al menos en el discurso, más de 4 mil millones de pesos observados por el OFS a diferentes entes fiscalizables entre el 2013 y 2018, por lo que no para en exigir detallado informe que aclare cuál es el estatus de cada uno de los casos que contribuyeron a tal suma de dinero público, pero es evidente que la morenista omite en presionar a las demás autoridades involucradas en ese proceso y que tendrían que estar haciendo algo para sancionar a los probables responsables de esos presuntos desvíos.

Si está tan decidida a que se aplique la ley, porque no pide al Fiscal Anticorrupción de la inservible PGJE, Pedro Sánchez Ortega, un informe de las más de 30 carpetas abiertas contra igual número de ex alcaldes que existen en su poder y que ninguna ha sido judicializada. O por qué no ha acudido con los expedientes de esos casos al Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción para solicitarles que ayuden en la investigación y se sumen a su “auténtica” exigencia de aplicar la ley a los responsables de esas anomalías financieras.

Así como está de quisquillosa la diputada zombi sobre el estado que guardan los procesos para recuperar ese dinero público, ojalá también hubiera asumido esa actitud inflexible, dura, intransigente y apegada a la ley en el reciente trabajo realizado en la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado para dictaminar las cuentas públicas del año pasado, pues para nadie es un secreto que ella permitió y facilitó el cambio del sentido de los proyectos de reprobadas a aprobadas.

Ella dejó que diputados locales con marcados intereses y arreglos avalaran estados contables de cuestionados ayuntamientos como el de Yauhquemehcan y Panotla sólo por mencionar algunos. Su silencio hizo mucho ruido y sólo la evidenció como una incongruente.

La doble personalidad de Netzahuatl Ilhuicatzi de poner la cara de honesta para exigir la recuperación de 4 mil millones de pesos y otra de cómplice para solapar excesos y malos manejos en ciertos ayuntamientos es digna de ser tratada por un avezado psiquiatra. La morenista no tiene credibilidad y la cara para ponerse recta o minuciosa, tampoco le queda la falsa postura moral de mostrar un “verdadero” interés de castigar y combatir la corrupción cuando ella forma parte de ese sistema.

Los diputados integrantes de la actual legislatura deberían analizar en serio la conveniencia de mantener o no a dicha compañera en la mencionada comisión, debido a que sus declaraciones y posturas no ayudan en nada y solo contribuyen a perder más credibilidad ante los ciudadanos que perciben que esa actitud es pura y vil simulación.

Morena se equivocó al enviar a una diputada tan limitada a la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado. Legisladoras de tal calaña sólo están provocando que los electores que creyeron en la llegada de una nueva y diferente generación de políticos se decepcionen, porque resultaron con las mimas mañas y vicios que los priistas, perredistas y panistas.

Que mal habremos hecho en Tlaxcala para padecer y lidiar con diputados tan miserables.

Las futuras alianzas rumbo a las elecciones del 2021

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Hasta ahora ningún partido político ha iniciado el proceso formal para intentar el amarre de una alianza o una coalición electoral rumbo a los comicios del 2021 en que los tlaxcaltecas elegirán gobernador, diputados federales y locales, alcaldes y presidentes de comunidad, sin embargo el PAN no ha dejado de pulsar el camino a fin de detectar a posibles aliados con los que podría ir en la próxima competencia.

Sin la oposición que en automático establecía la ex dueña del PAN en Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, para negociar una coalición, ese partido ha tenido acercamientos con Movimiento Ciudadano y el Partido Alianza Ciudadana que controla la familia del ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz.

El primero estaría más que dispuesto a ir junto al PAN en las elecciones del 2021, pues no sólo existen coincidencias localmente, sino entre las dirigencias nacionales de ambos institutos políticos. Los Ortiz lo mismo escuchan a los panistas que a un grupo de morenistas y otro de petistas interesados en sumarlos a su causa, pero sin comprometerse a nada porque aún es muy prematuro concretar un acuerdo.

La posibilidad de que el PAN y el PRD establezcan una alianza tal y como pasó en los pasados comicios locales existe, aunque no se le ve mucho futuro porque los militantes del sol azteca no están convencidos de apoyar a ninguno de los aspirantes panistas que se mencionan para la gubernatura del estado como la senadora Minerva Hernández Ramos y el empresario y ex diputado local, Juan Carlos Sánchez García.

Si bien Marko Cortés Mendoza, líder nacional del PAN, ya dio su aval para que ambos panistas busquen la nominación al gobierno del estado, también buscará convencer a Julio Cesar Hernández Mejía, actual presidente municipal de Apizaco, de participar en ese proceso interno al comprobarse que no sólo es un alcalde de resultados, sino uno de los mejores operadores panistas que sin atraer reflectores ha fortalecido las estructuras que apoyan a José Gilberto Temoltzin Martínez, presidente de ese partido en Tlaxcala.

El PRD está desesperado porque no tiene ningún gallo de peso para competir por la gubernatura y por eso montó el teatro de coquetear descaradamente con la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, quien es una de las priistas mejor posicionada para alcanzar la nominación en su partido y aparecer en las boletas de los comicios de junio del 2021, sin embargo la tlaxcalteca estaría muy, pero muy lejos de renunciar al ex partidazo para emprender una aventura en otra fuerza política.

El PT digno a su naturaleza espera venderse al mejor postor y sacar provecho para que sus dirigentes encabezados por el insaciable Silvano Garay Ulloa sigan acaparando los cargos de representación proporcional y viviendo con lujos y excesos tal y como lo han hecho en los últimos años a costa de los recursos públicos.

Silvano Garay no quiere aliarse con Morena y menos si la candidata a la gubernatura en ese partido fuera la actual “super delegada” del gobierno federal Lorena Cuéllar Cisneros, de ahí que no ha dejado de apapachar a Anabell Ávalos y a la familia Ortiz con los que también podría aliarse.

El PRI aletargado y sin rumbo, está confiando en mantener su alianza con el Partido Socialista, Nueva Alianza y el Verde Ecologista. Ese bloque difícilmente le daría la garantía que requiere para retener el gobierno de Tlaxcala. Seguramente y alentado por la dirigencia nacional explorará la conformación de una coalición opositora más amplia y fuerte que podría incluir al PAN.

Morena, el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está invadido por la soberbia y hoy en día se siente tan poderoso y con una elevada aceptación popular que estaría en una posición de despreciar cualquier alianza electoral.

Los morenos se sienten invencibles y eso quizá sea su principal error. Para las elecciones del 2021 aún falta camino por recorrer y las circunstancias políticas electorales pueden cambiar.

La sucesión es un tema que poco a poco empieza a ganar terreno mediático.

Trascendidos en torno a la sucesión de Marco Mena

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El profe Florentino Domínguez Ordoñez parece que literalmente asumió el consejo que su amigo el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez dio el pasado 31 de agosto de agosto, cuando recomendó a los asistentes a una reunión de la unidad de la familia priista celebrada en el salón Joaquín Cisneros Molina del Recinto Ferial ponerse a trabajar porque no había candidaturas predefinidas.

Resulta que el marrullero priista ha empezado a armar bajo presiones y amenazas una estructura para apuntalar sus aspiraciones de convertirse en el próximo candidato del PRI a la gubernatura de Tlaxcala, para lo cual utiliza descaradamente al personal de la Secretaría de Educación Pública que es obligado a sumarse a ese proyecto que carece de viabilidad.

El pasado fin de semana, el camaleónico político que lo mismo puede trabajar para el PAN que para el PRI de acuerdo a sus conveniencias, sostuvo en encuentro reservado con sus principales colaboradores y operadores, quienes asistieron al “modesto” rancho que Domínguez Ordoñez posee en San Pedro Xochiteotla, localidad del municipio de Chiautempan.

Ahí, como si estuviéramos viendo un episodio más de Pinky y Cerebro, los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública salieron más que dispuestos a conquistar la gubernatura de Tlaxcala y evitar que otro priista les dispute la candidatura, porque según sus sesudas y analíticas deducciones, el profe es el único capaz de enfrentar a los morenistas e impedir que éstos asuman el control del gobierno del estado.

La desesperación de Florentino Domínguez por crecer en las encuestas es tal que incluso invitó a participar en su aventura al “goloso” director de la primaria Lardizábal, Efrén Ricardo Oropeza Vázquez, quien enfrenta una acusación por acoso sexual por parte de una maestra de esa institución educativa.

Ahora se explica uno las razones por las cuales la denuncia de la maestra no prospera ni es debidamente investigada por las autoridades, pues resulta que el presunto acosador es amigo y operador del secretario de Educación en Tlaxcala.

Cientos de especulaciones se han generado luego que el pasado jueves se viera comiendo a tres senadores tlaxcaltecas en un conocido restaurante de la Ciudad de México.

Beatriz Paredes Rangel, la ex gobernadora de Tlaxcala, la ex líder nacional del PRI y crítica de conveniencia del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estaba acompañada por los morenistas Ana Lilia Rivera Rivera y Joel Molina Ramírez.

Trascendió que un tema inevitable durante la comilona fue la sucesión en Tlaxcala, donde los tres políticos no habrían perdido la oportunidad para dirigir sus críticas a una de las aspirantes que encabeza las preferencias.

La reunión generó un excesivo morbo que alentó la tonta leyenda urbana de que la longeva priista sigue siendo un factor de peso en la sucesión gubernamental en Tlaxcala, lo cual es totalmente falso porque la ex gobernadora sólo vive de su “fama”. En los hechos su estructura político electoral sólo existe en el romanticismo de los viejos militantes del ex partidazo, pues ésta ya no existe ni tampoco se le ve operando.

El senador Joel Molina recurrió a su derecho de réplica, según él, para aclarar algunas imprecisiones de una nota informativa publicada en e-consulta Tlaxcala.

Niega que ser beneficiario del programa de Adultos Mayores del gobierno federal que encabeza su amigo López Obrador, pero cómo ésta es universal y se tiene derecho sólo por tener cierta edad que Molina Ramírez ya rebasa, se dio por sentado que recibía tal apoyo, sin embargo el ex priista nunca muestra el oficio o documento por el cual hubiera solicitado a la Secretaría de Bienestar ser dado de baja de ese programa social.

Si en realidad no cobra su pensión como maestro jubilado, el senador debería informar desde cuando no lo hace y hacer público el documento que entregó a la autoridad correspondiente solicitando le sea suspendido su pago.

En su carta no desmiente que haya cobrado un salario como líder de Morena en Tlaxcala, pues sólo se limita a decir que las prerrogativas del partido se han aplicado en términos de la ley.

Y ya que hablamos de Morena y su “diferente” forma de comportarse y hacer política, le cuento que hace unos días fue designado un amigo de los hijos de López Obrador como subdirector administrativo en el Hospital del ISSSTE de Tlaxcala.

Se trata de Abraham Landeta Leiva, un poblano que en los pasados comicios de la vecina entidad participó como candidato síndico en la planilla para el ayuntamiento de Tianguismanalco, pero como no logró esa posición se dice que un influyente de apellidos López Beltrán tuvo a bien en otorgarle trabajo en esta entidad.

La disputa por Morena a la vuelta de la esquina

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La decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena descartó la semana pasada la encuesta como método para elegir la dirigencia del partido en Tlaxcala, pues va contra sus estatutos, de ahí que los diferentes grupos internos que se disputan esa posición harán más evidentes sus diferencias sin importar que a estas alturas ese instituto político también luzca dividido y fragmentado.

Ana Lilia Rivera Rivera, senadora por Tlaxcala y una de las fundadoras de ese partido celebró tal determinación porque en alianza con Joel Molina Ramírez, también senador y líder estatal de Morena, buscan imponer a un dirigente que gire en su órbita de influencia que complique la designación de la “super delegada” del gobierno federal, Lorena Cuéllar Cisneros, como candidata a la gubernatura para los comicios del 2021, bajo el principal argumento de que se trata de una arribista.

Desde hace una semanas ambos senadores habían comprobado que los militantes de Morena ya no estaban al 100 por ciento con ellos, pues algunos miembros del partido no tuvieron problema para mencionar que respaldaban a José Luis Ángeles Roldán, mejor conocido como “El Patrón”, quien sin caer en un protagonismos empezó a visitarlos y a solicitar su apoyo para representar a ese partido en la entidad.

Ángeles Roldán es ubicado como un lopezobradorista puro que trabajaría para el fortalecimiento del partido y para recobrar la unidad en Morena, pues tiene muy presente que la única forma de convertir a ese instituto político en la primera fuerza política en el estado es si éste lanza a los mejores candidatos y si evitan las fracturas por la designación de aspirantes a los diferentes cargos de elección popular.

Joel Molina y Ana Lilia Rivera son los únicos que al parecer tienen acceso al padrón completo del partido que hace unos años conformó el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que cuentan con cierta ventaja para operar el cambio de dirigente, quien desde su particular punto de vista debe ser un morenista fiel a ellos.

Por todos los medios pretenden evitar que la próxima dirigencia local de Morena caiga en manos de un militante que termine por respaldar abiertamente las aspiraciones de Lorena Cuéllar, quien hoy por hoy es la contendiente más fuerte para ganar la gubernatura en las próximas elecciones.

La senadora Rivera al detectar que en algunos municipios los morenistas ya no estaban bajo su influencia, empezaría a manipular a sus contados seguidores para que éstos lanzaran acusaciones contra algunos diputados locales que etiquetaron recursos del Fondo de Acciones para el Fortalecimiento del Campo, bajo el argumento de que se había manipulado la lista de beneficiarios, cuando en realidad la molestia de la legisladora radicaba en que los militantes de ese partido la dejaron de apoyar porque vieron que era otro político el que les estaba ofreciendo programas y ayuda.

En Tlaxcala la renovación de la dirigencia estatal de Morena no será fácil y seguramente tendrá sus desencuentros. Su unidad y madurez política será sometida a prueba. Veremos qué tan democráticos son en ese partido que presume ser diferentes a los otros partidos políticos.

Tlaxcala y sus antros fuera de control

Los hechos violentos que cada fin de semana se registran en Tlaxcala y específicamente en los diferentes antros que operan en la capital debe ser una llamada de alerta para la presidenta municipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, pues pareciera que esos negocios ya se salieron de control y que imponen su ley para funcionar violentando la norma.

Este fin de semana se conoció que una menor de edad habría sido atacada y privada de la vida al presuntamente salir del desprestigiado antro denominado Michemix, aunque otra versión indicaría que la joven habría estado en otro lugar de “sano esparcimiento”, sin embargo el hecho es que fue agredida y asesinada en una de las principales avenidas de la capital sin que la acreditada policía municipal pudiera hacer algo para evitarlo.

Las quejas de los ciudadanos y ciudadanas por los desmanes que cada fin de semana se generan en esos antros que se han multiplicado por diferentes zonas de la capital sin que exista una razón que justifique su expansión porque según el ayuntamiento capitalino no ha otorgado nuevas licencias de funcionamiento para ese tipo de negocios, van en aumento y pronto podrían dañar la imagen de Anabell Ávalos que prometió meter en cintura a esos centros de esparcimiento donde es común que vendan alcohol a menores de edad y drogas.

Si bien la violencia en los antros capitalinos no había cobrado ninguna vida, este fin de semana ya se tuvo la primera y esperemos que sea la última, de ahí que las autoridades municipales deberán mostrarse firmes si es que no quieren que ese problema crezca y se salga de control, para lo cual será necesario que algunos funcionarios dejen de pedir mochada y que otros más se pongan a trabajar y dejen de promocionarse a través de sus múltiples grupos vecinales para intentar convertirse en candidatos a algún cargo de elección en los próximos comicios.

Algunos cambios que ya tienen su pizca de decepción

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Los reacomodos al interior del Congreso del Estado siguen y ayer se concretó el cambio del coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, responsabilidad que asumió José María Méndez Salgado, a quien se le vincula al grupo que encabeza el ex presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Víctor Manuel Báez López, quien dice ya tener de nuevo el control del Poder Legislativo tal y como pasó hace un año.

Ahora habrá que ver si los movimientos resultan positivos no sólo para el grupo político de Báez López, sino para el Poder Legislativo que necesita dar resultados y sacudirse los señalamientos que pesan en su contra de ser una legislatura igual que las otras sin rumbo, sin objetivos y sin compromisos claros y sobre todo solapadora de la corrupción.

La llegada de las diputadas Irma Garay Loredo y María Félix Pluma Flores a las presidencias de la Junta de Coordinación y Concertación Política y de la Mesa Directiva del Congreso local, respectivamente, no ha sido lo que se esperaba, pues la inexperiencias de ambas es más que evidente así como su falta de preparación para desempeñar esos cargos.

La primera ha tenido problemas para integrar los puntos a tratar en el pleno y su falta de oficio político no sólo ha provocado que se bajen algunos puntos anunciados en el orden del día de las sesiones ordinarias, sino que sus aliados como el PAN, PRD y PRI no están conformes con el desempeño de la petista que sólo se deja manipular por su padre el diputado federal y eterno dueño del PT en Tlaxcala, Silvano Garay Ulloa y el morenista Víctor Manuel Báez.

La segunda muestra claramente su novatez y su falta de profesionalismo en cada sesión ordinaria del Poder Legislativo. Su comportamiento en los eventos públicos donde representa al Congreso del Estado es gris y en pocos días ya devaluó esa figura por no tener una digna presencia. Ayer hizo el ridículo al encabezar el simulacro que se llevó a cabo para conmemoración de los sismos registrados el 19 de septiembre de 1985 y del 2017, pues fue evidente que no sabía cómo realizar esa labor ni tenía idea en dónde se encontraban las salidas de emergencia del inmueble localizado en la calle Allende donde dice trabajar desde hace más de un año.

Sus aires de diva la invaden y la hacen ver como una muchacha sin carácter y que necesita en todo momento ser manejada para que no la cague cada vez que sus limitadas neuronas deciden activarse.

José María Méndez deberá mostrar oficio político y tratar de unir a la fracción que coordina desde ayer, pues el grupo de morenistas que preside Ana Bertha Mastranzo Corona no quedó muy contento con el movimiento.

En los próximos días veremos si los legisladores locales de Morena se unen o siguen divididos. Si el cambio funcionó o también es una decepción como pasó Garay y la muchacha de apellido Pluma.

Otro cambio que hicieron los diputados locales y que resultó una total decepción fue el de Didier López Sánchez, presidente de del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), quien en julio pasado asumió el cargo de la destituida Marlene Alonso Meneses que al menos representaba con dignidad hace organismo.

Resulta que el comisionado sigue comportándose como un fiel subordinado de la Secretaría de Gobierno donde despacha el desprestigiado José Aarón Pérez Carro, pues pareciera que nunca ha dejado su responsabilidad en esa dependencia de donde salió para controlar el IAIP, quizá porque ahí le permiten lucirse como un gato de angora.

La noche del 15 de septiembre más que desempeñarse como un invitado más a los festejos del Grito de Independencia de México, a Didier López se le vio organizando las mesas para recibir a los selectos y privilegiados políticos que decidieron acompañar al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

El multifuncional comisionado del IAIP lo mismo la hizo de barman que de mayordomo y hasta cadenero de Palacio de Gobierno, dándole en la madre a su cargo que si no le interesa desempeñar con dignidad que renuncie para que otra persona lo ejerza con mayor altura.

Su servilismo es insultante.

Lo horrible, lo malo y lo feo de “El Pepeluche”

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Nunca faltan los “sesudos análisis” de periodistas que tratan de dibujarlo como un político de altura y con un tremendo arrastre popular, cuando en realidad José de la Luz Sosa Salinas, mejor conocido como “El Pepeluche”, es un mediocre diputado federal que no representa nada en Tlaxcala y que su desprestigio es tal que le salió muy bien la jugada de irse a refugiar al opaco y mercenario Partido del Trabajo.

Aunque no faltan los ilusos que insisten en considerar a “El Pepeluche” como un aspirante fuerte a la gubernatura de Tlaxcala para las elecciones del 2021, la cierto es que ese vividor ha venido dejando una estela de corrupción y de incumplimiento de compromisos que pronto podrían dejarlo muy mal parado entre los pocos ciudadanos que aún le creen.

En los comicios del 2018 logró ganar la diputación federal en el distrito 1 de Apizaco por el impulso que recibió del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena.

Una vez confirmado su triunfo, “El Pepeluche” cedió a la tentación que el líder nacional del PES, Hugo Éric Flores Cervantes, le hizo para renunciar a la bancada de Morena y quedar registrado como diputado federal de Encuentro Social y virtual aspirante a la gubernatura de Tlaxcala.

Lo anterior luego que Lorena Cuéllar Cisneros le hiciera “el fuchi” al PES y terminara en el partido de López Obrador, pese a que ella fue registrada como candidata a diputada federal por el distrito tres por Encuentro Social, cuyos dirigentes nacionales se sintieron no sólo usados sino traicionados por la expriista y ex perredista porque durante la pasada campaña la hoy “super delegada” nunca uso los colores ni el emblema de su instituto político.

Fue así que José de la Luz Sosa tuvo reflectores y escaparate que de inmediato lo ubicaron como un diputado con posibilidades de crecer políticamente hablando, de ahí que de inmediato recibió camionetas, dinero y departamentos para poder vivir mientras se encontraba en la Ciudad de México, bienes que obviamente implicaron una serie de compromisos que el diputado federal nunca cumplió como el hecho de gestionar recursos públicos para asignar diversas obras.

A “El Pepeluche” que muy rápido se le olvido el no mentir, no robar y no traicionar se le vio como diputado electo en una lujosa camioneta Mercedes-Benz, cuyo motor se descompuso porque nunca recibió el mantenimiento correspondiente, de ahí que siga aventada en un taller mecánico.

Más tarde, el legislador habría recibido una Ford Explorer de modelo muy reciente junto con la renta de un departamento en la Ciudad México. A los pocos meses la camioneta se la recogieron porque se negó a contestar las llamadas de su benefactor que también optó por cerrar las puertas del inmueble que usaba el tlaxcalteca.

Pero la lista de ingenuos que aún confiaban en el diputado federal no se había agotado, pues hubo otro que le proporcionaría una camioneta nueva de lujo de la marca Cadillac, la cual dicen que “El Pepeluche” cambiaría por una casa y que al no cumplir con el compromiso adquirido, el dueño de la unidad tuvo que hacer maroma y teatro para recuperarla y evidenciar a ese trácala legislador.

Se dice que Sosa Salinas también habría recibido dinero de constructores y alcaldes que confiaron en su palabra y ofrecimiento de gestionar millonarias obras que sólo se quedaron en el papel porque hasta ahora ninguna se ha concretado, sin embargo esa maniobra le permitió bragado político tlaxcalteca tener capital para adquirir en los últimos meses hasta tres casas.

José de la Luz Sosa fracasó en su intento por controlar el PES en Tlaxcala y su torpeza fue tan grande como su ambición, al grado que ni siquiera pudo organizar y ganar la asamblea de su distrito para constituir legalmente a ese partido político.

Con un desprestigio mayúsculo, sin ningún capital político y con un enorme deseo de seguir acumulando riqueza, “El Pepeluche” fue recibido en el Partido del Trabajo, donde nadie puede negar que existen los mejores vividores y mercenarios de la política no sólo local, sino nacional.

Con esos antecedentes sólo un idiota puede pensar que “El Pepeluche” puede competir por la gubernatura del estado.

La rebatinga del dinero será inevitable en Tlaxcala

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Los primeros números arrojan que a Tlaxcala no le irá nada mal en el 2020 al disponer de 21 mil millones 871 mil pesos, cantidad que supera al presupuesto de egresos de este año y que ha manejado el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, cuya administración estaría por recibir otros 2 mil millones provenientes de la federación, los cuales se deberán distribuir entre los tres poderes y los municipios.

La frase del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que “amor con amor se paga” aún no se hace realidad en Tlaxcala luego de ser el segundo estado del país que más votos le aportó al tabasqueño en la elección pasada para lograr un triunfo contundente, pues si bien este primer año de la nueva administración federal se cumplió con el ofrecimiento de concretar la operación de siete programas sociales, en los hechos no se ha canalizado recursos extraordinarios para detonar una acción u obra relevante.

Ese comportamiento al parecer se mantendrá el próximo año, pero con la salvedad que para unos el amor ya se está terminando. Un primer análisis del presupuesto de egresos concluye que la entidad registrará reducciones en el gasto realizado para infraestructura carretera y conservación de caminos por el orden de los 314 millones de pesos. También disminuirán las aportaciones para el manejo de las delegaciones federales y los recursos destinados para programas del campo y la cultura.

Hasta ahora se sabe que a la entidad se le etiquetarán 82.7 millones de pesos para seguir con la modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco, monto que está lejos de compensar el recorte arriba mencionado.

Tlaxcala está considerada junto con otras cinco entidades del país para proyectos como la construcción de clínicas de medicina familiar y la ampliación y remodelación de las instalaciones de hospitalización del ISSSTE, pero como ya se mencionó hasta ahora no existe para el estado la intención de impulsar el desarrollo de un proyecto destacado por parte del gobierno de López Obrador.

Lo fuerte del gobierno federal seguirán siendo sus programas sociales impregnados con un alto impacto asistencialista. Esa política le ha resultado al gozar de un alto nivel de aprobación y popularidad, de ahí que la estrategia se conservará para llegar fortalecido a las elecciones del 2021.

La más beneficiada con esa política asistencialista sin duda es Lorena Cuéllar Cisneros, quien como la “super delegada” del gobierno de López Obrador es la encargada de operar y verificar que esos programas lleguen a los beneficiarios sin problemas o intermediarios.

En una realidad que Lorena Cuéllar es la única tlaxcalteca que ha tenido la venia del presidente de México para promover y operar los programas sociales en la entidad, los cuales están convertidos en una prioridad del gobierno federal y que se observa claramente en su proyecto de presupuesto del siguiente año, de ahí que al buen entendedor pocas palabras.

Por lo pronto, los diputados locales y alcaldes ya se frotan las manos para disponer de los recursos extraordinarios que en breve recibirán una vez que el gobierno de Marco Mena confirme que se recibirán 2 mil millones de pesos de la federación.

La rebatinga por esos recursos será un antecedente de lo que se vivirá en la aprobación del presupuesto de egresos del 2020, ya que los legisladores estarían pensando en aumentar la partida que este año dispusieron para etiquetar obras y apoyos al campo en los 60 municipios de la entidad luego que algunos tuvieron jugosos dividendos.

Otra realidad es que en los siguientes dos años no habrá nuevas obras de gran impacto o desarrollo en el estado. Sólo se terminará la modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco y la primera etapa del nuevo Hospital General de Tlaxcala, las cuales próximamente serán presumidas por el actual gobernador Marco Mena.

De las grillas palaciegas en el Congreso del Estado

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Una vez que concluyó la celebración de las fiestas patrias, los diputados locales reiniciarán la disputa por el control de ciertas posiciones de poder, de ahí que nuevamente los morenistas medirán fuerzas para ver cuál de los dos grupos que integran esa bancada logra quedarse con la coordinación parlamentaria que hasta ahora está en manos de Ana Bertha Mastranzo Corona, quien hace unos días dejó la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política.

La disputa por el control del Poder Legislativo ha sido intensa y en esa guerra la chiquillada conformada por el PAN, PRD, PRI, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista ha sido una pieza clave para fortalecer al grupo de Morena que encabeza el diputado Víctor Manuel Báez López que hoy no sólo recuperó la Junta de Coordinación y Concertación Política con la manejable petista Irma Garay Loredo, sino que busca también quiere rescatar la coordinación de su grupo de legisladores a través de José María Méndez Salgado.

Mientras el grupo de Morena que encabeza Ana Bertha Mastranzo se ha debilitado al interior del Congreso de Estado, el de Báez López se ha fortalecido y antes de que Joel Molina Ramírez deje en noviembre de este año la dirigencia estatal de ese partido pretende acotar la fuerza de los legisladores alineados al proyecto de la “super delegada” del gobierno federal, Lorena Cuéllar Cisneros.

Los intentos por remover a Mastranzo Corona no han parado y de un momento a otro se podría concretar ese movimiento, lo que sin duda alentará más la división entre los legisladores morenistas que terminarán por fortalecer aún más a la sobrevalorada chiquillada que se ha convertido en una pieza clave para para aprobar ciertas normas.

Los legisladores bajo el mando de Víctor Manuel Báez y el senador Joel Molina se preparan para enseñar músculo ante el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, por lo que en breve revivirán el tema de concretar la reforma legal que permita convertir a la Procuraduría en Fiscalía General del Estado y designar al primer fiscal con la intención de mandar a descansar al actual responsable de esa dependencia José Antonio Aquiahuatl Hernández, quien ha perdido credibilidad ante sus escasos y casi nulos resultados.

Al interior del Congreso del Estado prevalece la desconfianza y las grillas soterradas. Ese pésimo ambiente les terminará pegando sólo a los legisladores que no tardarán en ventilar no sólo sus diferencias, sino excesos a los que se han acostumbrado muy rápido.

Los desencuentros al interior de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado existen y sólo es cuestión de tiempo para que empiecen las quejas sobre la forma en que se conduce ese órgano de gobierno.

Vienen días y semanas complicadas para los diputados locales. En breve deberán analizar el presupuesto de ingreso y egresos del siguiente año, situación que no será nada fácil sobre todo porque la federación no tiene previsto aumentar el monto de las participaciones para Tlaxcala y tampoco tiene en la mira realizar alguna obra o proyecto de gran impacto para el estado.

La escasez de recursos será la constante y con esos antecedentes deberán aprobar los presupuestos con los que se trabajará en el 2020.

Un secretario de Gobierno investigado y sin credibilidad

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El gobierno federal que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ya confirmó que existieron serias anomalías y deficiencias en la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al grado que hasta ahora 77 detenidos como probables responsables de la desaparición y asesinato de esos jóvenes han sido liberados, por lo que iniciará un análisis para determinar si los ex funcionarios priistas como Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y el tlaxcalteca José Aarón Pérez Carro tienen alguna responsabilidad penal.

Al menos el ineficaz secretario de Gobierno de Tlaxcala, José Aarón Pérez, no enfrentará sólo la “revisión profunda” del mencionado caso que llevará a cabo la Fiscalía General de la República para garantizar el fin de la impunidad.

Hasta ahora las resoluciones de un juez federal han permitido la evasión de la justicia de los probables culpables, lo que sin duda representa es una afrenta a las víctimas y a los padres de familia.

El bobo y limitado funcionario local contará con el respaldo del gobierno priista de Marco Antonio Mena Rodríguez, quien ayer puso a su servicio la estructura administrativa para que el ex fiscal de la PGR enviara un comunicado oficial y pudiera desligarse de los errores que se cometieron en la primera parte de la investigación de los 43 normalistas desaparecidos, bajo el pueril argumento de que él fue totalmente ajeno a esa etapa.

Ayer se conoció a través del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, que un juez ordenó la liberación de 24 policías de Iguala que se encontraban detenidas por el caso Ayotzinapa, lo que a su juicio representa “una burla a la justicia. Es una muestra de la miseria y la podredumbre en que se encuentra la impartición de justicia del país. Tal resolución huele a podrido y es el momento de hacer cambios profundos”, sentenció el funcionario del gobierno de López Obrador.

Y adelantó que se presentarán los recursos legales y diligencias para denunciar a los servidores públicos que no cumplieron con su responsabilidad en el desarrollo de las indagatorias, entre los que se encuentra el recomendado de la ex gobernadora de Tlaxcala Beatriz Paredes Rangel, el actual secretario de Gobierno del estado, José Aarón Pérez, quien en su momento fue titular de la Unidad Especial para el caso de la mal llamada “verdad histórica”.

La investigación incluirá al ex procurador general de la República, Jesús Murillo, al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón y al tlaxcalteca Pérez Carro, quien si bien hoy busca deslindarse de cualquier responsabilidad de las indagatorias del caso porque según él no hizo nada en la primera etapa, lo cierto es que nunca corrigió las inconsistencias de las que se habla hoy en día y tampoco denunció la tortura que hubo contra algunos detenidos, pues siendo fiscal del caso de la desaparición de los jóvenes normalistas tuvo oportunidad para subsanar los errores de la investigación.

A José Aarón Pérez nadie la puede creer la profunda indignación que dijo sentir por la liberación de los implicados en el caso Ayotzinapa, porque nunca podrá ocultar y borrar que formó parte del andamiaje priista que en la pasada administración del presidente Enrique Peña Nieto se montó para encubrir y entorpecer las indagatorias para llevar ante la ley a los culpables de la desaparición y asesinato de los 43 jóvenes normalistas.

Hace unos días advertimos que el gris secretario de Gobierno enfrentaría problemas legales y que quizá su salida de la administración estatal era inminente, sin embargo es obvio que Pérez Carro no dejará su cargo y que recibirá todas las facilidades del gobernador Marco Mena para llevar a cabo su defensa.

El funcionario se convertirá en muy poco tiempo en una pieza incómoda para el actual gobierno del estado, no sólo porque será investigado por la Fiscalía General de la República sino porque sobre su persona pesan graves acusaciones como fabricar delitos contra policías municipales y el alcalde de El Carmen Tequexquitla, Óscar Vélez Sánchez, quien enfrenta un proceso penal por el mal desempeño de algunos uniformados que supuestamente fueron detenidos mientras se llevaban mercancía de una camioneta que había sido robada.

Si José Aarón Pérez no podía con el cargo antes de ser investigado, imagínese el desmadre que se hará en la Secretaría de Gobierno ahora que el ex fiscal deberá dedicarle tiempo completo a su defensa, porque sabe muy bien que en cualquier momento podría ser vinculado a proceso si la Fiscalía General de la República se lo propone.