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Archiv para 18 julio, 2019

El mensaje que envió el Congreso del Estado

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Tuvieron que pasar 17 años para que en Tlaxcala procediera un nuevo juicio político que concluyó con la sana destitución de los tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, Marlene Alonso Meneses, David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín, quienes sumergieron al organismo en el desprestigio y en el desorden público y administrativo.

Ante la falta de capacidad de los mencionados comisionados para superar sus diferencias y la indiferencia del gobierno del estado para intervenir en el conflicto y poner orden en ese Instituto, 17 diputados locales de los 25 que integran la actual legislatura decidieron poner fin a ese problema heredado por los anteriores legisladores que siempre les tembló las rodillas para afrontar una decisión.

Los diputados morenistas que optaron por ausentarse de la sesión extraordinaria pública donde los legisladores se erigieron en jurado de sentencia fueron el vapuleado Víctor Manuel Báez López, la ladina María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, la inconsistente Patricia Jaramillo García, el convenenciero Jesús Rolando Pérez Saavedra, el vericueto José María Méndez Salgado, la insaciable petista Irma Garay Loredo y los disminuidos perredistas Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y Laura Yamili Flores Lozano.

Ese grupo se encaprichó sólo en proponer la destitución de Marlene Alonso, ex presidenta del IAIP, ya que su intención era mantener a los rijosos ex comisionados David Cabrera y Francisco Morones, con quienes habían pactado repartirse los puestos del Instituto a fin de controlar ese organismo.

Al no lograr su objetivo, esos morenistas y perredistas intentaron reventar la sesión extraordinaria del día de ayer, pero no concretaron su objetivo y anoche esos mercenarios con fuero comprobaron que no son indispensables para el correcto funcionamiento de la actual legislatura, la cual ha empezado a dar muestras de un cambio y de ejercer su poder y atribuciones para el bien del Estado.

Sin duda, los 17 diputados que asumieron su responsabilidad sientan un buen precedente porque no sólo confirman que de ahora en adelante están abiertos y dispuesto a llevar a cabo juicios políticos, sino que su interés es que en Tlaxcala se respeten las leyes y que los funcionarios públicos cumplan con sus atribuciones y obligaciones.

Ojalá la rapaz corrupción y desorden administrativo que se dice prevaleció en los últimos años en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala que alentaron los tres comisionados junto con la voraz funcionaria del organismo María Teresa Mejía Rodríguez sea investigada y sancionada.

Se mencionada que había vehículos oficiales del Instituto que eran utilizados para el uso familiar de Marlene Alonso, así como el manejo poco claro de recursos públicos que se presumen fueron a parar a la construcción de una lujosa vivienda.

El mensaje que decidieron enviar la mayoría de los diputados locales fue positivo y seguramente más de un alcalde en funciones se deberá preocupar, porque los legisladores ya comprobaron que tiene el modo y el medio para poner orden y evitar que en algunas administraciones municipales se mantengan prácticas negativas en el manejo de los fondos públicos.

Este jueves se espera que los suplentes Didier Fabián López Sánchez, Fernando Hernández López y Mónica Cuamatzi Hernández asuman sus cargos y responsabilidades en el IAIP, mientras que los destituidos Marlene Alonso, Francisco Morones y David Cabrera seguramente decidirán qué acción legal seguirán para tratar de defenderse y regresar a su posición dentro de la burocracia dorada del estado.

Ojalá los diputados locales que avalaron la destitución de los ex comisionados no hayan cometido ningún error que ponga en riesgo su decisión, porque los tlaxcaltecas ya no quieren saber más de esa novela de quinta que fue la labor que tuvieron los ex comisionados del IAIP, a quienes nunca les importó la transparencia, el acceso a la información pública y menos la protección de los datos personales de los ciudadanos y ciudadanas.