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Archiv para enero, 2019

La marcada polarización es por culpa de la sucesión

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Los buenos deseos de evitar la confrontación y establecer una adecuada y útil coordinación entre el gobierno federal y el gobierno del estado sólo han quedado en palabras, porque en los hechos hay hostilidad y una evidente estrategia para desacreditar y obstaculizar la labor de los funcionarios que laboran en la administración del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Desde hace meses cuando se conoció que la ex candidata al gobierno de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros sería la “Súper Delegada” del gobierno federal que estaría bajo el mando de López Obrador, se visualizó un escenario complicado no sólo para la ex priista que hoy tiene puesta la camiseta de Morena, sino para el mandatario estatal, Marco Antonio Mena Rodríguez, quien interpretó tal designación como una afrenta para su administración al tener que trabajar con su ex rival en la arena política.

Aunque nunca ha hecho un pronunciamiento público en contra de la cuñada de su hermano Fabricio Mena Rodríguez, en reuniones privadas el gobernador tlaxcalteca mostró su molestia y desagrado por el papel que asumiría Lorena Cuéllar, al grado que nombró a José Aarón Pérez Carro, secretario de Gobierno, como enlace con la diputada federal con licencia.

Hoy en día y desde hace unas semanas existe una estrategia mediática para golpear a la funcionaria federal por lo que sea. Sus probables errores son maximizados y cualquier asunto relacionado con la operación de los programas de desarrollo es destacado por sus sesudos e independientes críticos que ven todo lo malo e ineficiente de la administración federal, pero que son incapaces de escribir una línea en contra del gobernador Marco Mena y las fallas que presenta su gestión.

No estoy diciendo que Lorena Cuéllar no merezca ser criticada y que no ha cometido errores o que el gobierno federal a través de sus delegaciones se encuentra paralizado y con graves inconsistencias en su operación, sino que el golpeteo sistemático al que han sometido a la política es evidente y demuestra que las autoridades estatales están empeñadas en obstaculizar la probable nominación de la morenista al gobierno de Tlaxcala porque intuyen que sus posibilidades de ganar son amplias.

Y así como hemos dicho que en la administración de Mena Rodríguez se han cometido excesos y abusos, éstos también empiezan a presentarse en el gobierno federal que opera en Tlaxcala, pues se dice que el ex alcalde de Amaxac, Carlos Luna Vázquez, encargado del Programa de Adultos Mayores, hace todo lo posible por incrustar a sus dos hijos en la nómina sólo por el hecho de que él dejó el PRD para jugársela con López Obrador, lo cual me parece un absurdo y una práctica que de confirmarse resultaría muy lamentable.

Es entendible la molestia de los morenistas que han sido desplazados para dar paso a ex panistas como Sergio González Hernández y al ex constructor marianista Delfino Chamorro Macías que al inicio de la pasada administración obtuvo obra pública para su empresa, de la cual fue corrido unos años después por supuestamente no estar de acuerdo con la repartición de las ganancias, donde tenía participación una funcionaria consentida de Mariano González Zarrur.

En su primera gira oficial como presidente de México, López Obrador encontrará que hay una marcada polarización entre el gobierno federal y el gobierno del estado que encabeza Marco Antonio Mena, la cual está ligada al tema de la sucesión que se concretará en el 2021, pero que desde hoy ya tiene acelerada a la clase política que ante la ausencia de un liderazgo fuerte en el ámbito local las pasiones se están desbordando.

El conflicto existe y la confrontación es innegable.

El equipo del presidente está al tanto y tiene todos los detalles de la película.

Imagínese cómo verán los principales colaboradores de Marco Mena a su jefe que están muy preocupados en ocultar o negar la realidad y en montar una burda estrategia de acarreados oficiales para contrarrestar cualquier posible ataque al mandatario durante el evento previsto para las 10:30 horas de este día en el Centro Expositor de Tlaxcala.

La tarde de ayer las oficinas de la Sedeco fueron usadas para diseñar la operación “salvemos al jefe”, pero no crea que esa responsabilidad recayó en “El Cubas” Jorge Luis Vázquez Rodríguez, sino en el Oficial Mayor de Gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa, quien decidió trasladar su “centro de operación” a esas oficinas ubicadas a un costado del Congreso del Estado para desde ahí garantizar que no habrá silbidos o insultos para el mandatario tlaxcalteca, porque la mayoría de los lugares serán ocupados por empleados estatales y sus acarreados.

Habrá que ver cuál es el comportamiento de Andrés Manuel López hacia el gobernador y hacia sus representantes en Tlaxcala.

Del cinismo puro hasta las discordias intestinas

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El proceso legislativo de la aprobación del Presupuesto de Egresos del 2019 dejó saldos muy negativos en el Congreso del Estado que se reflejan en una marcada división entre los diputados integrantes de la mayoría conformada por Morena, el PT y el PES.

Si bien el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez confirmó ayer que no vetará el presupuesto y que éste será publicado en breve, el PAN a través de su diputado Omar Milton López Avendaño y la dirigencia estatal de su partido que encabeza José Gilberto Temoltzin Martínez analizan un recurso legal para impugnar esa ley que se aprobó sin seguir los procedimientos normativos.

Hay evidencias documentales que demuestran que la legisladora morenista presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de Congreso del Estado, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, actuó unilateralmente sin tener el aval de los miembros de esa instancia colegiada que nunca fueron notificados de las observaciones que se recibieron del gobernador Mena Rodríguez ni fueron convocados para sesionar y elaborar un nuevo dictamen.

Si en esa comisión impera una marcada división y desconfianza entre sus integrantes, en el Comité de Administración del Congreso Local que preside el morenista Rafael Ortega Blancas las cosas andan igual o peor, sobre todo por las incongruentes y estúpidas declaraciones de la insaciable coordinadora de la bancada del PT, Irma Garay Loredo.

Resulta que esa inexperta legisladora culpa a Rafael Ortega de la nula austeridad y los altos salarios que perciben los diputados locales, pues según esa mediocre política el apizaquense elaboró unilateralmente el presupuesto del Poder Legislativo y nunca consultó a sus compañeros para considerar sus propuestas y hacer ajustes a la baja.

El cinismo de Irma Garay supera por mucho al de su nefasto papá, Silvano Garay Ulloa, diputado federal y encargado de la dirigencia del PT en Tlaxcala, porque no sólo se le olvida que tiene a su hermano cobrando sin trabajar en la nómina del Congreso del Estado, sino porque también se ha embolsado los 50 mil pesos mensuales que recibe para gestión sin entregar ni un solo apoyo, lo cual se puede comprobar no sólo en sus lujosos atuendos, sino en su voluminosa figura.

En los próximos días las confrontaciones y descalificaciones entre los diputados locales estarán más que vigentes. Irma Garay, en complicidad con Víctor Manuel Baéz López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política y su aliado perredista priista Miguel Ángel Covarrubias Cervantes buscarán quitarle el control del Comité de Administración a Rafael Ortega para disponer de los recursos del Poder Legislativo y gastarlos a su conveniencia, lo cual no será nada fácil porque la mayoría de los legisladores no quieren que los mencionados claven sus largas uñas en las finanzas del Congreso.

No cabe duda que los actuales diputados salieron más cabrones que bonitos.

La guerra intestina

Una guerra intestina es la que mantiene el gobierno del estado contra la delegada federal de Programas de Desarrollo Lorena Cuéllar Cisneros y su equipo de trabajo, quienes han encontrado una serie de obstáculos para coordinar conjuntamente el evento que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezará en el Centro Expositor de Tlaxcala.

La logística está a cargo de la soberbia secretaria particular del gobernador Eladia Torres Muñoz, quien ya se asumió como la mandamás. Contando con el aval del funcionario más priista de la administración estatal, Luis Miguel Álvarez Landa, Oficial Mayor de Gobierno, la ex diputada local ya giró instrucciones a los responsables de las dependencias estatales para que los empleados sean obligados a llevar a 10 personas al evento oficial con la consigna de que serán despedidos si es que no cumplen con esa orden.

Tal y como lo hicieron en los actos de campaña del candidato del PRI a la presidencia de México, José Antonio Meade Kuribreña, hoy la estructura del gobierno busca llenar el recinto antes mencionado no sólo para quedar bien con el mandatario del país, sino para controlar el escenario y evitar que existan abucheos y reclamos hacia el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena.

Los seguidores de López Obrador, los que en realidad quieren ver y saludar al presidente de México, serán marginados y ubicados en las zonas más alejadas.

El equipo de logística del presidente de México cedió toda la organización al gobierno del estado, de ahí que los funcionarios federales bajo la coordinación de Lorena Cuéllar son ignorados y maltratados, en gran medida porque han permitido que empleados de segundo nivel como Eladia Torres los mangoneen.

El jueves será la primera visita oficial de López Obrador como presidente de México.

Ojalá traiga sorpresas para los tlaxcaltecas y haga realidad su ofrecimiento de que “amor con amor se paga”, sobre todo porque Tlaxcala fue el segundo estado de la nación que más votos aportó para que AMLO ganara la presidencia.

Retraso u omisión deliberada

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Algo raro pasa al interior de la actual administración estatal que por una extraña razón hoy mantiene una actitud sistemática de posponer la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), como si la intención fuera evitar que ese andamiaje se establezca en Tlaxcala para que nadie tenga la posibilidad de solicitar su intervención en algunas áreas del gobierno donde cada vez hay más evidencias de corrupción.

Si bien el gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez no era ligado a actos de corrupción, esa percepción se ha venido modificando en el imaginario colectivo con el paso de los meses, debido a la poca o nula transparencia que existe en algunas actividades gubernamentales como la contratación y asignación de obra pública, así como en las compras de diferentes insumos que se realizan y que al parecer las empresas beneficiadas estarían ligadas a familiares de funcionarios.

Quizá por esa razón se ha retrasado sistemáticamente la designación del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, pues básicamente es el que se encarga de la operación de esa instancia que tendrá bajo su responsabilidad castigar y combatir los actos delictivos relacionados con ese terrible mal.

Hasta ahora nadie sabe cuáles son los mecanismos que permitirán desarrollar principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en Tlaxcala.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado es un ente inservible que hoy en día representa un costal sin fondo para las finanzas públicas, porque sus cinco integrantes Abdel Rodríguez Cuapio, José Justino Pérez Romano, Isabel Romano Hernández, Rúmel Hernández Avendaño y Érika Montiel Pérez cobran un sueldo desde agosto del año pasado sin trabajar.

Nadie sabe dónde se ubican las oficinas de ese comité ni se tiene conocimiento de registro de las actividades que llevan a cabo sus integrantes con las cuales justifiquen sus salarios.

En noviembre pasado quedó instalado el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y desde entonces no se sabe nada de su labor, es como si a sus integrantes les importara un cacahuate el combate a la corrupción.

Sólo basta ver quienes lo conforman para entender esa actitud.

Héctor Maldonado Bonilla, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; Víctor Manuel Báez López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado; Mayra Vázquez Velázquez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y María Maricela Escobar Sánchez, Contralora del Ejecutivo.

También se encuentra María Isabel Pérez González, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; Pedro Sánchez Ortega, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y Marlene Alonso Meneses, Presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado.

En Tlaxcala estamos muy lejos de tener un funcional y avanzado Sistema Estatal Anticorrupción.

El retraso u omisión deliberada para que ese sistema funcione es una pésima señal, porque es obvio que algo podrido se esconde al interior de la actual administración estatal que está empeñada en obstaculizar las acciones y procedimientos para combatir la corrupción gubernamental que existe aunque se niegue de manera repetitiva.

Cómo creer que el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala es una instancia seria cuando es incapaz de cumplir con la ley.

El Segundo Artículo Transitorio de la Ley del SEA establece que la Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones a más tardar a los sesenta días siguientes a la sesión de instalación del Comité Coordinador -16 de noviembre del 2018-, es decir, ese nombramiento se debió tener hace dos semanas y es la fecha que se desconoce cuándo será designado ese funcionario clave para la operación de ese andamiaje.

Ante tal panorama estamos jodidos. O no.

La soberbia invade a Morena en Tlaxcala

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La marcada división y la soberbia que impera entre funcionarios federales, legisladores y líderes de Morena seguramente serán factores que complicarán la llegada de ese partido al poder local en los comicios del 2021, porque ese instituto político que creó el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está confrontado y siguiendo una ruta que terminará beneficiando a sus adversarios naturales el PRI y el PAN.

Si Lorena Cuéllar Cisneros, delegada federal de los Programas de Desarrollo del gobierno federal mantiene su activismo político electoral rumbo a las elecciones del 2021, lo natural es que otros miembros del partido donde hoy milita sigan su ejemplo porque nadie quiere rezagarse.

So pretexto de realizar un informe legislativo del primer periodo de sesiones del Senado, la legisladora Ana Lilia Rivera Rivera y el destartalado líder de Morena en Tlaxcala y próximamente compañero de la primera, Joel Molina Ramírez, mostraron “músculo” y utilizaron al iluso presidente de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, Ricardo Monreal Ávila, para presumir que al menos un político de peso apoya sus ambiciones.

El otro longevo senador de Morena, José Antonio Álvarez Lima, también aprovechó el evento realizado en el domo blanco del Centro de Convenciones de Tlaxcala para decantar su apoyo para Ana Lilia Rivera y Joel Molina en la carrera por la sucesión, sacando a relucir su enorme resentimiento y desprecio por los Cisneros.

Ideológicamente preparada y con ciertos dotes de operadora, Ana Lilia Rivera dejó salir su actitud “contreras” que desde la fundación de Morena ha tenido incluso con López Obrador, de ahí que en esta ocasión tuvo la desfachatez de presentar al senador poblano Alejandro Armenta Mier como el próximo candidato de ese partido a la gubernatura de Puebla que tendrá unos comicios extraordinarios tras la muerte el pasado 24 de diciembre de la gobernadora panista Martha Erika Alonso Hidalgo.

Ese ex priista que creció políticamente gracias al grupo del ex gobernador precioso Mario Marín Torres, goza de un enorme rechazo entre los militantes poblanos de Morena y su posicionamiento está por debajo del ex candidato a la gubernatura y ex presidente del Senado, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien es apoyado para repetir como abanderado por la dirigente nacional de ese partido, Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

A la luchadora social Ana Lilia Rivera al parecer ya le gustó estar rodeada de ex priistas que hoy reniegan de sus orígenes y de las administraciones corruptas donde prestaron sus servicios. Se le ve cómoda y hasta feliz de tener esos aliados en su obsesión por convertirse en la futura gobernadora de Tlaxcala.

No cabe duda que ese grupo de Morena no tiene empacho en mostrarse como aliado y hasta sumiso al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, con quien ayer sostuvieron una reunión sin tener ningún resultado concreto pero que el equipo de prensa del mandatario se dio a la tarea de destacar.

Al senador José Antonio Álvarez se le olvidaron las descalificaciones que solía balbucear contra Mena Rodríguez cuando estaba en campaña o al inicio de la actual administración estatal, así como también a Ana Lilia Rivera se le borraron las múltiples quejas que tenía contra el gobernador por su notable ausencia en el momento de ejercer el poder.

A Joel Molina hay que reconocerle su congruencia, pues siempre ha sido un fiel aliado de los gobiernos priistas que lo han consentido no sólo en la actual gestión, sino en la del hacendado mandatario Mariano González Zarur.

Los diputados locales que asistieron como Víctor Manuel Báez, Jesús Pérez, María de Lourdes Gutiérrez, Ana Bertha Mastranzo, Patricia Jaramillo, María del Rayo Netzahuatl, Irma Garay y Luz Vera ya evidenciaron de qué lado van a jugar, lo cual resulta bueno porque algunos mantenían una doble cara.

La aparición de ese grupo y su lucha por la candidatura de Morena al gobierno de Tlaxcala es positiva y hasta buena, porque Lorena Cuéllar deberá entender que tiene rivales y que la nominación oficial en ese partido no la tiene asegurada como suelen decirle sus más cercanos colaboradores que siguen operando como si fueran oposición y no gobierno.

Un claro ejemplo de lo anterior, es que la “super delegada” fue una espectadora más en la organización de la primera gira oficial del presidente de México, Andrés Manuel López, quien el jueves de esta semana visitará Tlaxcala.

Aunque parezca increíble, ella y su séquito siguen asumiendo un papel de oposición y permiten que el gobierno del estado marque la agenda y controle invitados y la logística de la visita de López Obrador.

Lorena Cuéllar debe asimilar que no es invencible y que los errores se pagan muy caro, como sucedió en los comicios locales del 2016 cuando fue derrotada en las urnas por el hoy gobernador priista Marco Antonio Mena.

Por lo pronto ya sabemos quién es la candidata de Marco Mena en Morena para la sucesión o no.

Y el ganador del juego de las vencidas es

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El ganador de este nuevo round del juego de las vencidas que sostienen los diputados locales con el Poder Ejecutivo fue el Congreso del Estado que ignoró las observaciones del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez al presupuesto de egresos de este año, porque el decreto aprobado durante la madrugada de este día mantiene los recortes, aunque en menor impacto, a la Oficialía Mayor de Gobierno y a Pensiones Civiles.

 

Los esfuerzos y la presión que ejerció el Poder Ejecutivo para lograr modificaciones sustanciales al presupuesto de egresos del 2019 no prosperaron ni se tradujeron en cambios sustanciales, porque al final sólo se movieron 114 millones de pesos que implicaron recortes al Despacho del Gobernador, a la Secretaría de Planeación y Finanzas y a los Fondos de Contingencia y Blindaje Financiero.

Por lo que respecta al Fondo de Aportaciones para Educación Básica que había sido recortado en el presupuesto avalado el pasado 28 de diciembre y que provocó una serie de protestas de los maestros afiliados al SNTE, éste desapareció definitivamente y los 38 millones de pesos etiquetados fueron redistribuidos en otras partidas.

El presupuesto del Fondo de Acciones de Fortalecimiento al Campo que generó la movilización de organizaciones campesinas, cuyos integrantes agredieron la tarde de ayer a personal del Congreso del Estado e insultaron a algunos diputados, se modificó a la baja al pasar de 175 millones a 154 millones de pesos.

En términos reales, la presión que se hizo a los legisladores para dar marcha atrás a los recortes que habían aprobado no prosperó y por esa razón se puede decir que hasta ahora el ganador del juego de las vencidas son los diputados locales, quienes tendrán que esperar la postura del gobernador Marco Antonio Mena sobre este asunto.

El mandatario tlaxcalteca deberá decidir a la brevedad si lo va a publicar u opta por vetar ese presupuesto, que en caso de ser así, será el Poder Judicial el que determine si a los diputados locales les asiste la razón o en su caso al gobernador Mena.

Al inicio de esta historia le comente que el divorcio entre los diputados locales y el gobernador se había hecho presente y que de concretarse sería por culpa del dinero.

Los operadores del gobernador fracasaron rotundamente. El gris Arnulfo Arévalo Lara, encargado de la relación del Ejecutivo con los legisladores demostró una vez más que es un cero a la izquierda. El diputado morenista priista, Víctor Manuel Báez López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, dejó en claro que no controla nada y que su liderazgo sólo está en un barato papel.

Los únicos aliados que ayudaron pero que por su número no pudieron hacer gran cosa, fueron los diputados integrados en el grupo de la chiquillada conformada por PAN, PRI, PANAL, Movimiento Ciudadano y el PVEM.

Habrá que ver cuál es el costo que pagarán los diputados locales de la mayoría legislativa integrada por Morena, el PT, el PES y los convenencieros del PRD por esa victoria que aún tiene que ser confirmada, porque sin duda pasarán a un riguroso escrutinio público y cualquier error o exceso será más que cuestionado.

De entrada deberán de explicar si ejercerán o no el apoyo de casi 300 mil pesos que se autorizaron para adquirir un vehículo nuevo para desempeñar su actividad.

Los diputados procuraron la austeridad en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo y sólo falta comprobar si la harán efectiva en su casa.

El gobernador perdió y los diputados ya vieron que pueden ganarle al mandatario. Ojalá que eso no rompa la frágil gobernabilidad que existe en Tlaxcala.

Delincuencia desbordada y ni luces de la autoridad

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La impunidad y desfachatez con que opera el crimen en Tlaxcala es insultante y evidencia claramente que las autoridades estatales encargadas de combatirla no pueden con esa encomienda porque son incapaces o porque tienen un acuerdo económico con las bandas de hampones que operan a cualquier hora del día y en lugares de alta concurrencia.

Mientras el inútil procurador de Justicia en Tlaxcala, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, sostenía una reunión con algunos reporteros para hablar de sus “logros” como funcionario del gobierno priista de Marco Antonio Mena Rodríguez, los delincuentes que abundan en la entidad estaban planeando sus próximos ilícitos, quizá con la intención de evidenciar que pagan piso para operar libremente y que en esta entidad el nivel de impunidad es altísimo y que la capacidad de las policías para enfrentarlos es nula.

Torpe y sin idea de lo que declara, Aquiahuatl Sánchez reconoció su pobre trabajo como encargado de la PGJE, pues sobre los casos de los dos linchamientos registrados hace unas semanas en San Pablo del Monte y Hueyotlipan dijo que el avance de las indagatorias es del 80% y que ya casi identifican a los responsables de alentar la muerte de dos personas.

Respecto a los ex alcaldes que fueron acusados de malversar recursos públicos, el abogado mencionó que no hay avances porque el Órgano de Fiscalización Superior no ha presentado las denuncias ni ha dado seguimiento a los casos que ya se tenían.

Y para demostrar que es un grandísimo boludo, José Antonio Aquiahuatl presumió el desmantelamiento de una casa de seguridad en el municipio de Yauhquemehcan donde permanecía una mujer poblana secuestrada. Sin tapujos aceptó que él y sus agentes no hicieron nada porque la investigación y operativo para dar con esa banda la llevaron a cabo personal de la Fiscalía General de Puebla.

Sobre sus incondicionales agentes y específicamente uno de nombre Luis N. que fue detenido en el municipio poblano de San Martín Texmelucan acusado de cometer una extorsión, el jefe de la PGJE prefirió minimizar el tema y negar su estrechísima cercanía con ese comandante que se encargaba de los asuntos especiales y personales.

El procurador y sus agentes que no hicieron absolutamente nada para liberar a la persona secuestrada en Tlaxcala, lo más seguro es que mantenga esa actitud sobre los lamentable hechos violentos registrados ayer en la entidad.

En San Pablo Apetatitlán y a plena luz del día se registró un intento de asalto en el centro comercial el Gran Patio donde se detonó un arma de fuego. En Tequexquitla se reportó que un joven recibió varios impactos de bala para ser asaltado.

Por lo tarde noche se conoció que un comerciante del municipio de Huamantla había sido víctima de la delincuencia y que murió tras ser agredido a balazos por los hampones que como siempre suele ocurrir se dieron a la fuga. En ese mismo municipio, pero en la población de Lázaro Cárdenas, se presentó una balacera entre delincuentes y policías por un supuesto robo al tren.

El crimen va en aumento y por desgracia el inútil procurador no puede esclarecer ni detener a ningún delincuente relacionado con los hechos delictivos que se han registrado en Tlaxcala durante los últimos meses. Ese funcionario es un fiel promotor de la impunidad y un monumento a la ineficiencia y estupidez.

Inició el trabajo de parto para el presupuesto.

De mantenerse el consenso que hasta anoche existía sobre los cambios al presupuesto de egresos de este año, es muy probable que este día los diputados locales sometan a votación un nuevo dictamen que incluye cambios mínimos con relación al aprobado el pasado 28 de diciembre.

La intención de los legisladores es mantener el fondo para financiar obras en los municipios y uno que otro recorte, pero también se están viendo bondadosos con el gobernador Marco Mena al aumentar el porcentaje de los recursos que podrá manejar discrecionalmente sin pedir autorización del Congreso del Estado.

Anteriormente, los diputados habían establecido que si los recursos extraordinarios que llegaran al estado rebasaban el 4% del monto total del presupuesto autorizado, el mandatario debería solicitar autorización de los legisladores para gastar esos fondos públicos.

Ahora ese porcentaje se incrementará al 10% con lo cual el gobernador Marco Mena podrá disponer discrecionalmente de hasta 1,800 millones de pesos que podrá gastar sin pedir permiso a nadie.

Las negociaciones han avanzado y se espera que el conflicto generado por la discusión del presupuesto de egresos de este año concluya muy pronto.

La verdad a medias del procurador

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Desde hace seis meses en que José Antonio Aquiahuatl Sánchez asumió el control de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) sus resultados han sido nulos e inexistentes, pero no así los escándalos y excesos de los agentes de esa dependencia que en repetidas ocasiones han estado involucrados en conductas ilegales que, curiosamente, son solapadas y protegidas por ese tenebroso funcionario.

La mejor prueba de lo anterior tiene que ver con la difusión de comunicado oficial de la PGJE en torno a un procedimiento contra un elemento de la Policía de Investigación que presuntamente está involucrado en malas prácticas en el estado de Puebla.

Según el boletín, tal medida se desprendió luego que “el 22 de enero en el municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla, Luis N., fue asegurado por su presunta participación en el delito de extorsión.

Por ello, de acuerdo a la normatividad de control interno de la dependencia, la Unidad de Visitaduría y Asuntos Internos inició un procedimiento en contra del oficial, con el propósito de investigar la conducta desplegada por el elemento en activo.

De esta forma, la Procuraduría de Tlaxcala ratifica su compromiso de no tolerar malas conductas en los servidores públicos y depurar al personal que trabaja en las dependencias, a efecto de mantener la confianza de la sociedad en sus instituciones”.

La verdad a medias del comunicado y lo que no dice el procurador, es que ese agente con cargo de comandante estaba llevando a cabo una extorsión a un presunto huachicolero del municipio vecino del estado de Puebla, a quien le estaban exigiendo la cantidad de 1.5 millones de pesos para dejarlo en libertad.

Se dice que el agente de la PGJE llevaba a cabo ese ilícito en compañía de otros tres policías investigadores de Tlaxcala que responderían a los nombres de Pedro Ardavín, Pilar Portilla y José Alfredo Reyna, quienes en el operativo que realizó la Policía Municipal de San Martín Texmelucan lograron darse a la fuga y dejar a su amigo que no pudo evadirse.

En el momento en que fue asegurado el comandante Luis N. también se detuvo un vehículo oficial de la PGJE, es decir, un Jetta Clásico color negro propiedad del gobierno del estado.

Los agentes que acompañaban al comandante no se han presentado a laborar en la PGJE y trascendió que hubo un intento por ayudar a Luis N. y su grupo con un oficio de colaboración que se pretendió crear, pero que a la mera hora ya no se elaboró porque estaba más que comprometido ese asunto.

Ese grupo de agentes era el de mayor confianza y cercanía del gris procurador José Antonio Aquiahuatl, quien según dicen estaría enterado de todos los movimientos y acciones de sus subordinados.

Esos policías de investigación de la PGJE que integran el grupo conocido como “La Nueva Hermandad” son de cuidado y no es la primera vez que se ven involucrados en actividades ilegales.

En agosto del año pasado se conoció que Marcos N. otro miembro de ese grupo fue detenido para enfrentar a la justicia en el vecino estado de Puebla por el delito de trata de personas (http://archivo.e-consulta.com/blogs/senoriotlaxcalteca/?tag=pri&paged=9 ).

Ese agente tlaxcalteca de la PGJE fue acusado de obligar a una mujer a ofrecer servicios sexuales desde marzo del 2016 hasta agosto del 2018. Sobra esta decir que sus compañeros se movieron con lana y el mejor abogado para tratar de liberarlo.

El hoy procurador de Justicia en Tlaxcala sabe que esos agentes cargan una larga lista de abusos y excesos. A finales del 2016 también fueron detenidos en Puebla en un operativo donde les fueron encontradas armas largas y cortas a bordo de un lujoso Camaro, acción que fue aprovechada por Aquiahuatl Sánchez para golpear y desacreditar el trabajo de su jefe Tito Cervantes Zepeda con la entonces secretaria de Gobierno Anabel Alvarado Varela.

Es una realidad que el nefasto procurador no puede detener a ningún responsable de los dos linchamientos registrados en Tlaxcala y que tampoco tiene la capacidad para esclarecer los múltiples homicidios violentos de los últimos meses, mucho menos tiene la intención o voluntad de proceder contra ex funcionarios como la ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez que enfrenta acusaciones de tortura y ni se diga de que vaya a integrar las carpetas de investigación que hay contra varios ex alcaldes señalados de haber malversado millones de pesos de recursos públicos.

El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez debería pensar muy serio en llevar a cabo otro cambio de procurador, porque el que está resultó un fiasco y una enorme decepción.

Otra decepción.

Una diputada que resultó un gran chasco es María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, encargada de la Comisión de Fiscalización y Finanzas, quien a leguas se ve que no puede con esa responsabilidad no sólo porque sus neuronas no pueden procesar y entender toda la información que recibe y maneja, sino porque su falta de tacto político le ha llevado a cometer graves errores que ponen en evidencia su abundante improvisación.

Ya fracasó en su intento por hacer que las cuentas públicas de los ayuntamientos y entes fiscalizables se presentaran mensualmente y no cada trimestre como sucede en la actualidad. Sus propuestas en la comisión que preside regularmente siempre son rechazadas porque carecen de lógica o sentido y su actitud de quitar dinero aquí para ponerlo allá ahora que realiza la revisión del presupuesto de egresos confirma su enorme novatez y que fue un error haberle entregado la Comisión de Fiscalización y Finanzas.

La legisladora quiere pero no puede con la responsabilidad. Ojalá que sus compañeros se apiaden de ella y la pongan en otra comisión donde si pueda hacer algo bien, porque ante su incapacidad no se sabe cuándo se podrá sacar el presupuesto de egresos que a todos tiene paralizados aunque se diga que no.

Dónde quedó la transparencia en obras

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Dice un viejo refrán que no hagas cosas buenas que parezcan malas, el cual se podría recomendar ampliamente a Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), quien por alguna extraña razón dejó de hacer pública la información respecto al nombre de las empresas constructoras contratadas, los montos pagados y sobre todo los fallos de las licitaciones públicas, las adjudicaciones restringidas y las adjudicaciones directas.

 

Es cierto que todo está en el ojo de quien lo percibe, por lo que no sería raro que alguien pueda considerar como algo tramposo y sucio lo que sucede en cierta dependencia estatal que dispone de millones de pesos que se invierten en obras de infraestructura cuyo manejo es más que opaco, porque no existe información oficial que confirme la asignación de los trabajos bajo los criterios establecidos en la ley.

Los caciques que controlan la obra pública en la actual administración estatal son Carlos Bailón Valencia, quien despacha como secretario Técnico de la Oficina del Gobernador y Pedro Bañuelos Morales, actual Director de Obras Públicas de la Secoduvi.

Ambos personajes deciden a qué empresas contratan y favorecen, lo que ha marginado a muchas constructoras de tener trabajo porque no son bien vistas o no gozan de la confianza de esos dos funcionarios que, según ha trascendido, son de los pocos que su situación económica ha mejorado en un corto plazo de tiempo.

El titular de la Secoduvi, Francisco Javier Romero, es un vil espectador de lo que sucede en su dependencia y carece de la autoridad y poder para asignar la obra pública, de ahí que es evidente que no le da ninguna importancia al rubro de transparencia.

Hace unos meses en el portal de esa dependencia estatal se podía acceder a las licitaciones y adjudicaciones a fin de conocer los montos contratados y los nombres de las empresas o las personas físicas que ganaban una licitación o una adjudicación directa o restringida, pero hoy es imposible tener conocimiento de esa información que por ley la Secoduvi está obligada a hacer pública.

Los datos disponibles son los del periodo del 2012 al 2016, es decir, después del último año del gobierno de Mariano González Zarur no hay nada disponible, lo cual llama la atención porque la gestión de Marco Antonio Mena Rodríguez lleva dos años (2017 y 2018) contratando obra pública.

El sector empresarial de la construcción en la entidad representado por Hugo Cano Martínez ayer hizo evidente su molestia respecto a la contratación de la obra pública y lamentó que el gobierno de Tlaxcala opte por dar preferencia a compañías poblanas que durante el año pasado acumularon trabajos por un monto de 738 millones de pesos, seguidas por las del Estado de México que sumaron 200 millones de pesos.

Las empresas tlaxcaltecas apenas si pudieron obtener 168 millones de pesos, cantidad que demuestra la política de exclusión que sufren sin que ninguna autoridad estatal ofrezca una explicación de esa razón.

Hasta ahora es un misterio el nombre de las empresas que tienen a su cargo las obras emblemáticas que ha emprendido la actual administración y en donde se invertirán más de mil millones de pesos.

Nadie sabe quién es la constructora que cobra por el levantamiento del nuevo Estadio Tlahuicole, así como tampoco se conoce que empresa ganó la ampliación y modernización de la carretera Tlaxcala Apizaco ni la compañía que lleva a cabo los trabajos de edificación del nuevo Hospital General de Tlaxcala.

La ausencia de información genera desconfianza y podría abrir la puerta a críticas por la nula transparencia que existe en materia de contratación de obra pública.

Carlos Bailón y Pedro Bañuelos son dos personajes que no gozan de una buena reputación y su sospechosa actitud de esconder la información ya está desatando rumores de que la corrupción en la actual administración se concentra en esas manos.

La marcha atrás de los diputados locales

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De no existir algún inconveniente, será este lunes cuando las comisiones de Finanzas y Fiscalización y la de Puntos Constitucionales sesionen fast track para avalar los dictámenes sobre el presupuesto de egresos, el código financiero y la ley de austeridad, mismos que incluirán algunas observaciones que en su momento hizo el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez que decidió frenar su publicación.

El martes los diputados locales tienen previsto desahogar una maratónica sesión para atender las observaciones que recibieron por parte del Ejecutivo estatal que utilizó sus facultades legales solicitar que se corrigieran los tres dictámenes antes mencionados, bajo el argumento de que violaban la división de poderes y se atentaba con la operatividad de ciertas dependencias como Pensiones Civiles y la Oficialía Mayor de Gobierno que sufrieron recortes en sus presupuestos.

Los cambios que se tienen previstos al presupuesto de egresos sólo son conocidos por un reducido número de diputados, quienes se dice que no sólo trabajaron en la clandestinidad, sino que esas modificaciones ya fueron consensadas y pactadas con funcionarios estatales encabezados por la insufrible secretaría de Planeación y Finanzas, Alejandra Nande Islas.

Los morenistas Víctor Manuel Báez López presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, encargada de la Comisión de Fiscalización y Finanzas, Rolando Pérez Saavedra, responsable de la Comisión de Puntos Constitucionales y Ramiro Vivanco Chedraui, “impulsor” de la ley de austeridad, estarían convertidos en los principales operadores priistas y del gobernador Mena Rodríguez para “atender” las observaciones.

La percepción entre los diputados de Morena, el PT y el PES es que los mencionados legisladores “ya se vendieron” y según ellos lo anterior se puede comprobar con el cambio que ha tenido su línea discursiva sobre el tema del presupuesto, pues ahora resulta que “el gobernador tiene razón y lo mejor es que sea el Ejecutivo el que establezca las reglas de operación para asignar los fondos que dispusieron para realizar obras en los municipios cuyo proceso de contratación de empresas constructoras debe estar en manos de la Secoduvi”.

Es probable que la partida de 40 millones de pesos que los diputados se establecieron para otorgar apoyos de gestión en el presupuesto de egresos aprobado el pasado 28 de diciembre se reduzca o desaparezca, así como también se tiene previsto disminuir los recursos para el campo para compensar los recortes de otras dependencias estatales.

El comportamiento de los diputados Víctor Manuel Báez, María del Rayo Netzahuatl, Rolando Pérez y Ramiro Vivanco Chedraui ya generó desconfianza entre los demás legisladores locales. La unidad del bloque conformado por Morena, el PT, el PES y al que se sumó el PRD está en riesgo y el PRI y el mandatario Marco Mena podría recuperar el control del Congreso del Estado que tuvieron por casi cuatro meses a pesar de que sólo tiene una legisladora.

Los legisladores locales carecen de calidad moral, liderazgo, fortaleza y sobre todo de una estrategia para abordar el tema del presupuesto ante los medios de comunicación. Ayer fijaron un posicionamiento y lejos de salir bien librados se hundieron más en el cagadero donde están metidos.

Si respetan los acuerdos internos y mantienen el presupuesto de egresos sin cambios serán tachados de ambiciosos y de ir en contra de la política de austeridad del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y si en cambio aceptan las observaciones del Ejecutivo estatal serán considerados unos traidores que se vendieron y optaron por asumirse como obedientes subordinados del gobernador.

La novatez e inexperiencia de los diputados locales y su desmedida ambición por el dinero público los está llevando a convertirse en un tiempo record en una legislatura sin credibilidad que camina en sentido opuesto al rumbo que lleva su líder moral que no dudará un solo segundo en desconocerlos si insisten en su actual comportamiento.

Pareciera que el juego de las vencidas lo ganará el gobernador Marco Mena. Pronto veremos si se confirma esa versión.

La impericia e ingenuidad de los diputados

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Los diputados locales y específicamente los que forman parte de la llamada cuarta transformación donde están incrustados los de Morena, el PT y el PES fueron chamaqueados por la burda estrategia montada desde el gobierno estatal en complicidad con miembros de sindicatos de maestros y burócratas.

Después de varias horas de presión y de mantener encerrados a los ingenuos representantes populares de Tlaxcala que no aguantaron la presión, los sindicalizados inconformes lograron una minuta que en esencia dará marcha atrás a los recortes en el presupuesto de egresos que fue aprobado el pasado 28 de diciembre y que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez no aceptó porque lo observó y frenó su publicación para su entrada en vigor.

La burda estrategia para acorralar a los diputados contó con la complicidad del gobierno del estado y algunos legisladores mañosos que saben que la mayoría de sus compañeros peca de ingenuos y que su inexperiencia les lleva a cometer errores graves.

De entrada el gobierno nunca dispuso de un operativo preventivo para resguardar las instalaciones del Congreso del Estado ante la protesta de los maestros y de los miembros de otros sindicatos de burócratas como suele hacer en otras manifestaciones.

Es una realidad que las autoridades permitieron que los inconformes ingresaran por la fuerza a la sede del Legislativo luego de romper los candados que mantenían cerradas las puertas, lo que facilitó “el secuestro” de más de 20 diputados que empezaron a recibir insultos y una serie de presiones para cambiar su postura respecto al presupuesto de egresos.

La diputada de Morena, Mayra Vázquez Velázquez, pensó que ser presidenta de la mesa directiva del Congreso Local era lo mismo que ser edecán en un evento de una escuela privada o de un ayuntamiento, por lo que cayó en la trampa de aceptar a una comisión de los inconformes, quienes ante tal facilidad recibida aprovecharon el momento para ejercer presión y obtener un acuerdo de parte de los legisladores para no disminuir los presupuestos destinados a la operatividad del sector de salud, educativo y de Pensiones Civiles.

A esa legisladora nunca se le ocurrió solicitar la presencia de la fuerza pública y mucho menos tuvo la pericia para proteger la integridad de los diputados y sus facultades, pues avaló el chantaje y la rudeza de los manifestantes que al final salieron airosos porque mediáticamente lograron su objetivo que fue doblar a los legisladores de Morena, el PT y el PES.

Víctor Manuel Báez López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, al principio lanzó acusaciones contra el gobernador Mena Rodríguez respecto a su responsabilidad de alentar enviar esa protesta, pero después cambió su postura para que se diera una respuesta favorable a los maestros y burócratas que estaban apoderados del recinto legislativo.

Una incongruencia más fue la postura de la diputada del PT y espuria coordinadora de los legisladores de ese partido, Irma Garay Loredo, quien salió a defender a su compañero panista Omar Milton López Avendaño de los reproches de otros diputados por sus señalamientos en torno al presupuesto y la desinformación que, según dicen, provocó al ofrecer datos y cifras que no están acreditados.

Los buenos deseos del gobierno estatal que hace un par de días presumió el diálogo con el Congreso Local respecto a las observaciones al presupuesto 2019 a fin de alcanzar puntos de acuerdo favorables quedó sólo en una cortina de humo, pues en realidad se estaba planeando el golpe bajo que ayer recibieron los legisladores que hicieron el ridículo.

Se dice que si bien el mandatario a través de su lacayo Arnulfo Arévalo Lara tenía la intención de llevar la fiesta en paz con los legisladores, el oficial Mayor de Gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa, en complicidad con un influyente familiar del gobernador organizó la protesta contra los diputados, al grado que fueron los guardias de seguridad del Congreso adscritos a esa dependencia los que facilitaron el ingreso de los manifestantes y reportaban la llegada de cada uno de los representantes populares.

Habrá que ver si ahora los diputados locales en realidad cumplen su palabra y dan marcha atrás a los recortes autorizados el 28 de diciembre del año pasado o se mantienen firmes y deciden ratificar ese presupuesto que incluyó la reasignación de partidas y la creación de un fondo de 250 millones de pesos que será manejado por ellos para financiar obras en los municipios de la entidad.

Este round lo ganó el gobernador priista Marco Mena y sus aliados. Así de simple.