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Archiv para noviembre, 2018

Ay nanita con el impoluto procurador

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Usted podría confiar en un abogado que siendo responsable de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) utiliza su posición para defender y proteger a su escolta que agredió a golpes a su novia y amenazó con su arma de fuego a un joven y a los dueños y clientes de un antro, la respuesta sería no porque eso hablaría muy mal del funcionario que prometió respetar y hacer valer la ley en Tlaxcala.

El supuesto planteado hace unos momentos habría sucedió el viernes de la semana pasada en el antro MicheMix ubicado en Ocotlán, donde se dice que el escolta del arrogante e inmaculado procurador José Antonio Aquiahuatl Sánchez de nombre Omar Ocomatl, conocido entre los cuates y agentes ministeriales como “El Güero”, procedió a mostrar el verdadero rostro de la PGJE al perder la compostura por los celos que sintió al ver bailar a su chica de nombre Gabriela, quien labora en la dependencia en el Departamento de Atención Inmediata del municipio de Apizaco.

Alterado por los celos y el alcohol, el escolta habría golpeado salvajemente al osado bailarín identificado con el nombre de Raymundo que se lucía en la pista con Gabriela. El agente embrutecido sacó su pistola mientras era protegido por otros ministeriales de la PGJE para después descargar su furia no sólo contra el supuesto rival de amores, sino contra la mujer cuyo rostro y cuerpo recibieron los acertados golpes de “El Güero”.

Los gritos y el temor de apoderó del lugar y nadie intervino por el miedo que provocó la presencia de hombres armados. Se solicitó la intervención de la policía estatal y capitalina, pero nunca llegaron. El agente de la PGJE cuya labor es cuidar al flamante procurador amenazó a todos los presentes y a los dueños del antro para evitar que sus excesos se fueran a conocer.

“Que nadie la haga de a pedo, porque somos la ley y si dicen algo cerramos el lugar y tomaremos represalias”, habrían gritado los ministeriales.

Dicen que el procurador José Antonio Aquiahuatl se enteró del caso y que lejos de proceder contra su escolta optó por solicitar la renuncia a Gabriela, lo cual provocó la molestia del personal femenino de la PGJE porque no conciben que esa dependencia esté en manos de un misógino que en teoría debe defender a las víctimas de la violencia y no proteger y defender a los hombres que golpean a mujeres.

Cuando Aquiahuatl Sánchez era el segundón en la PGJE su actitud era diferente y hasta parecía que le interesaba su trabajo, pues mostraba preocupación por la falta de resultados y se quejaba del raro comportamiento de ciertos magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado que siempre dejaban libres a los presuntos delincuentes cuando estaba demostrado que eran los responsables de los delitos que enfrentaban.

Llevaba la lista de cada uno de esos casos y no se cansaba de sugerir que los magistrados y los jueces eran unos corruptos de primera.

Pero hoy que su sueño se hizo realidad y que despacha como procurador su comportamiento es diferente y su lista con los expedientes de los magistrados y jueces ya no existe y ni se acuerda de ella.

Hace unos 15 días el procurador demostró que ya no es el segundón y que hoy en día la suerte y la fortuna le sonríen, para lo cual organizó un tremendo fiestón con motivo de su cumpleaños.

Como si fuera una celebración del “Huicho Domínguez” tlaxcalteca o una de las fiestas que solía organizar “El Negro” Durazo, el ex jefe policiaco del Distrito Federal, el hoy impoluto funcionario estatal se lució con sus invitados y se dejó consentir porque, según cuentan, en esa ocasión no hubo miserias, al grado que el bacanal se prolongó hasta la mañana siguiente, exceso que fue utilizado por sus amigos y subordinados para destacar el enorme aguante que tiene Aquiahuatl Sánchez para consumir alcohol.

Eres el héroe de mi película papá. Eres el jefe de jefes. Eres el procu precioso, le habrían externado al famoso José Antonio.

Qué pena que esto pase.

La preocupante inseguridad en Tlaxcala

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Si algo quedó claro durante la reunión que sostuvieron los presidentes municipales con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, miembros de su gabinete y los futuros funcionarios federales que estarán bajo las órdenes de la “super delegada” Lorena Cuéllar Cisneros, es que la inseguridad tiene presencia en todo el estado y que hasta ahora no ha funcionado ninguna estrategia para contenerla.

Las quejas de los alcaldes por la falta de apoyo institucional y la nula estrategia estatal para reforzar la seguridad pública fueron la constante, situación que evidenció el grave problema que padece Tlaxcala en esa materia y que a partir del próximo sábado se buscará corregir con la llegada del nuevo gobierno federal que pondrá en marcha la Guardia Nacional, que por desgracia, nadie supo explicar sus alcances, sus limitaciones y la forma en que empezará a operar.

El gobernador Mena Rodríguez pudo escuchar las quejas y los reclamos de los presidentes municipales y comprobar que el trabajo que realizan José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, procurador de Justicia del estado y Eduardo Valiente Hernández, Comisionado Estatal de Seguridad es mediocre y hasta malo.

La intervención de los ediles dibujó un negro panorama en materia de seguridad, pues no sólo la actividad de los delincuentes se ha expandido en el territorio tlaxcalteca, sino que la incidencia delictiva se ha incrementado así como también se han diversificado el tipo de actividades ilegales que se cometen en Tlaxcala.

En el encuentro quedó claro que el gobernador debe concretar en el corto plazo su promesa de realizar una inversión histórica en el rubro de la seguridad pública, lo cual se deberá reflejar en nuevas patrullas y equipo y en un aumento en el número de policías estatales.

Las futuras autoridades representantes del gobierno federal que en Tlaxcala estarán bajo la coordinación de Lorena Cuéllar no dieron detalles ni la suficiente información de la próxima operación de la Guardia Nacional que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre, lo cual generó muchas dudas entre los alcaldes y las autoridades estatales porque dieron la impresión de que están improvisando.

Sólo quedó claro que desde el próximo sábado la modalidad en términos de composición y frecuencia de reuniones del Grupo de Coordinación de Seguridad de Tlaxcala cambiará, ya que las sesiones de trabajo ahora serán diarias y la información que se recabe se enviará a la oficina del Presidente de la República.

Lo que no se manejó en la reunión celebrada ayer en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico, es que el equipo del futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene un claro diagnóstico de la inseguridad en Tlaxcala y los frentes que deberá atacar y atender en el corto plazo para contrarrestar la presencia de los delincuentes.

Se dice que a Tlaxcala llegará un general del Ejército que coordinará las acciones de combate a la delincuencia, proceso en el que participarán militares que formarán una unidad de la Guardia Nacional. Ese mando tendrá influencia no sólo sobre los policías municipales y estatales, sino que también se tiene previsto que tenga facilidades para supervisar la acción de los ministerios públicos y de la policía investigadora.

Hasta donde se sabe se pondrá especial atención a los municipios de Apizaco y Tlaxcala, así como a los ubicados en los límites entre Puebla y nuestro estado.

Ayer quedó claro que si habrá coordinación entre el gobierno del estado y la administración federal que encabezará López Obrador, lo cual resulta positivo porque pareciera que las diferencias políticas y rencores han quedado atrás, aunque esto apenas inicia y aún falta por ver si en los próximos días se mantiene esta cordialidad o si sólo se trató de una simulación.

El tiempo nos dará la respuesta.

En puerta un conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso

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Más allá de que sea cuestionable la incorporación de algunos diputados y diputadas, la creación de la Comisión Especial para la Austeridad, Racionalidad, Transparencia y Disciplina en el manejo del Presupuesto Público del Estado de Tlaxcala para 2019 abre la posibilidad de que Morena y sus aliados el PT y el PES imponga su sello y logren lo que hasta ahora parece imposible, reajustar el gasto y obtener ahorros para destinarlos a obra pública y a programas sociales.

Los legisladores locales de Morena, el PT y el PES no supieron aprovechar por tres meses su mayoría y por esa razón su trabajo ha sido gris e intrascendente, al grado que su bono democrático y respaldo ciudadano ya casi lo pierden porque su comportamiento ha decepcionado a los tlaxcaltecas que comprobaron que los nuevos diputados impulsados por Andrés Manuel López Obrador replican los excesos y abusos de los priistas, panistas y perredistas.

Pero nunca es tarde para corregir el rumbo y pareciera que ayer los diputados dieron los primeros pasos para demostrar que la actual legislatura será diferente y que buscará una mejor distribución de los recursos públicos, y sobre todo una efectiva racionalidad que evite los lujos, los excesos y los gastos superfluos que benefician a los funcionarios y no a miles de habitantes del estado.

Se espera que la Comisión Especial para la Austeridad, Racionalidad, Transparencia y Disciplina en el manejo del Presupuesto Público del Estado de Tlaxcala para 2019 revise y ajuste las partidas del Congreso del Estado que deberá demostrar con hechos que los recursos aportados por los ciudadanos y las ciudadanas se ejercerán con responsabilidad y sin caer en abusos.

Antes de pensar en ajustes en el gasto estatal tendrán que definir con claridad cuáles serán los ingresos de los diputados locales y las partidas para gestión o ayudas sociales, con el propósito de transparentar esos recursos y evitar la sospecha de que van a parar a la bolsa de los representantes populares.

Si la mencionada comisión tiene la finalidad de revisar y ajustar los excesos con que opera la Secretaría de Educación Pública bajo la responsabilidad de Manuel Camacho Higareda es bienvenida. Si intervendrá para evitar los subejercicios en la Secretaría de Planeación y Finanzas a cargo de Alejandra Nande Islas también se debe celebrar su creación.

Nadie en su sano juicio se opondría a que esa comisión revisara y comprobara si el presupuesto de obras que dispone la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda bajo el mando del ineficiente Francisco Romero Ahuactzi se ejerce en tiempo y forma y con los criterios de contratar a las empresas que ofrecen la mejor calidad y precio.

El proyecto de presupuesto para el próximo año requiere una real revisión que limite o desaparezca los gastos que implican los apoyos económicos, vehículos y de seguridad que reciben los ex gobernadores. También se debe verificar y suprimir las partidas destinadas para fiestas y regalos que reciben ciertos sindicatos que son ampliamente consentidos por el gobierno de estado como el Sindicato 7 de Mayo y el SNTE.

Si los diputados locales hacen lo que parece imposible al revisar y llevar a cabo una serie de cambios en el presupuesto del siguiente año, sin duda recibirán el respaldo ciudadano si se comprueba con hechos que lograron ahorros y que hicieron efectiva la austeridad en la administración estatal.

Si en el 2019 se gasta más en programas sociales y en obra pública, los legisladores lopezobradoristas habrán hecho su tarea y su circunstancia cambiará, pero lo anterior no será nada fácil porque habrá que ver si el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez acepta los ajustes en su proyecto de presupuesto o termina vetándolos, situación que abriría la puerta a un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que no está descartado.

Ayer, la operación de Arnulfo Arévalo Lara, enlace del Ejecutivo con los diputados locales no funcionó y su principal aliado el priista morenista, Víctor Manuel Baéz López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, optó por asumir su papel de opositor y dejar para otra ocasión su sumisión al PRI y al gobernador, pues permitió que la Comisión Especial para la Austeridad, Racionalidad, Transparencia y Disciplina en el manejo del Presupuesto Público del Estado de Tlaxcala para 2019 avanzara sin ningún contratiempo.

Ahora hay que ver si la mentada comisión cumple su papel o sólo hace el ridículo.

Rumbo a los desinformes

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Al casi dos años de que las autoridades estatales y municipales asumieron sus responsabilidades y han ejercido el poder, la gran coincidencia que existe es la desaprobación de los ciudadanos y ciudadanas a esas administraciones que durante sus campañas y primeros meses de gobierno generaron grandes expectativas que conforme pasaron los meses quedaron sólo en discursos y promesas incumplidas.

La próxima semana una vez que el nuevo gobierno federal haya entrado en funciones el sábado 1 de diciembre, iniciarán los informes oficiales de las autoridades locales que en teoría darán a conocer el estado que guarda la administración pública y los avances que se han tenido en materia de obra pública y otros indicadores a los que se suele recurrir para presumir que están trabajando.

A nivel estatal habrá muy poco que informar, salvo que la construcción de las gradas del estadio Tlahuicole ya casi se concluye, que por fin se inició la ampliación y modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco y que la entidad cuenta con un amplio programa de becas que beneficia a 10 mil estudiantes.

También se presumirán una que otra obra al interior del estado, la instalación de nuevas empresas y la llegada de más inversiones para crear más centros comerciales, así como la tendencia positiva que se tiene en la generación de empleos formales.

Es muy probable que se omita el gran pendiente que existe en materia de seguridad. La inversión histórica que se ofreció hace meses en esa materia seguramente se llevará a cabo avanzado el 2019 si bien nos va, pues desde que en septiembre pasado se canceló el concurso “amañado” para la compra de las nuevas patrullas el asunto ha sido olvidado y hasta ahora nadie sabe cuándo se procederá con la adquisición de esas unidades y el equipo que requieren los uniformados.

Lo mismo sucede con el proyecto de Hospital General de Tlaxcala, cuyo proceso de licitación ha sido largo y tedioso, al grado que se desconoce la fecha en que empezará esa obra en la que en una primera etapa el gobierno del estado pretende canalizar 300 millones de pesos que apenas si alcanzarán para levantar los muros de lo que un día será el nuevo nosocomio.

Pero los pendientes no son exclusivos del gobierno del estado, ya que también hay por parte de los presidentes municipales que prometieron múltiples acciones y obras que hoy en día no se ven por ningún lado.

Por ejemplo, en la capital de Tlaxcala las autoridades prometieron diferentes proyectos que conforme paso el tiempo se cancelaron por estar basados en la imaginación y no en una planeación con viabilidad financiera.

En los últimos meses esas autoridades anunciaron la adquisición de patrullas, de camiones compactadores de basura y otras acciones que sólo han quedado en el discurso, porque la ciudad sigue padeciendo la delincuencia, la escasez de obra y el descuido de un gobierno que hasta ahora sólo ha demostrado tener buenas intenciones, las cuales no sirven a la hora de ejercer el poder.

Valdría la pena que las actuales autoridades en funciones destinaran un recurso para contratar un estudio de opinión que les presentara datos reales de sus niveles de aprobación. Urge que conozcan cuál es la percepción que los ciudadanos tienen de sus gobiernos y de ellos como políticos, porque a lo mejor así se darían cuenta que están mal y que necesitan cambiar de rumbo.

Ninguna autoridad tanto estatal como municipal obtiene en estos momentos un nivel mínimo de aprobación, sin embargo ese detalle está siendo ignorado porque los políticos que ejercen el poder en la actualidad sólo tienen oídos para los halagos, situación que con el tiempo se convertirá en un grave error para su futuro.

Adiós a los delegados priistas del gobierno federal

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Esta será la última semana laboral de los funcionarios priistas que en los últimos años tuvieron bajo su mando las 46 delegaciones del gobierno federal, pues a partir del sábado el control de esas dependencias pasará a manos de los colaboradores del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que en el caso de Tlaxcala coordinará Lorena Cuéllar Cisneros.

Una vez más la hegemonía priistas en el gobierno federal desaparecerá, por lo que el PRI dejará de controlar económicamente y políticamente las delegaciones de las dependencias que ocupaba para sus fines electorales, que en el caso de Tlaxcala, respondían a los intereses del ex gobernador Mariano González Zarur y no del actual mandatario estatal, Marco Antonio Mena Rodríguez, que nunca hizo el intento por tener injerencia en esa estructura de poder.

Si uno revisa la lista de los delegados federales en Tlaxcala, comprobará que la gran mayoría le debe su posición al hacendado González Zarur, quien siendo gobernador no tuvo problemas para imponer a su hija Mariana González Foullon como encargada de la Secretaría de Desarrollo Social.

En los pasados comicios del 1 de julio el PRI fue aplastado y reducido a una mínima expresión en la entidad. Aunque ese partido aún controla el gobierno del estado en breve se agudizará su debilitamiento cuando asimile que ya no controlará los programas sociales, la inversión federal en obras públicas y una estructura administrativa que ronda en los 12 mil servidores públicos en Tlaxcala.

La presencia de priistas en el gobierno federal era más evidente que en la administración estatal, donde destaca la incorporación de funcionarios que cobran en un gobierno del PRI pero que no son militantes del ex partidazo, como es el caso de Manuel Camacho Higareda, responsable de la Secretaría de Educación Pública, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Sedeco, José Aarón Pérez Carro, encargado de la Secretaría de Gobierno, Eladia Torres Muñoz, que despacha como secretaria particular, María Maricela Escobar Sánchez, contralora del Ejecutivo, Roberto Núñez Baelón, que despacha como secretario de Turismo, Lenin Calva Pérez que recibe un salario como secretario de Políticas Públicas y Participación Ciudadana y el ladino procurador José Antonio Aquiáhuatl Sánchez.

La intención del nuevo gobierno federal que encabezará López Obrador es llevar la fiesta en paz en Tlaxcala, sin embargo su propósito es imponer en el corto plazo una novedosa forma de ejercer el poder que le permita conservar simpatías y reforzar el apoyo que logró en la entidad en los pasados comicios que le permitieron ganar la presidencia de México, el senado y las diputaciones federales, así como el control del Congreso del Estado.

Para el próximo año las autoridades federales pretenden otorgar a más de 300 mil tlaxcaltecas apoyos a través de diferentes programas. De esos más de 100 mil serán jóvenes que recibirán una beca o un salario por trabajar en alguna empresa legalmente establecida. Además habrá que sumar a los adultos mayores y a las personas con alguna discapacidad que ya se encuentran identificados y ubicados.

Hasta ahora la única funcionaria confirmada como coordinadora del gobierno federal en Tlaxcala y que ya es denominada como la “superdelegada” es Lorena Cuéllar, quien después del 1 de diciembre se espera que dé a conocer a los funcionarios que la acompañarán en su nueva tarea.

Cuéllar Cisneros será la responsable de operar las acciones y programas del nuevo gobierno y de mostrar un rostro amable y eficiente de la administración pública donde se perciba el mando y la autoridad que requiere Tlaxcala.

Se dice que las próximas autoridades federales no iniciarán una cacería de brujas contra los aún delegados priitas, pero tampoco solaparán o encubrirán anomalías o actos de corrupción en caso de ser detectados.

La era priista en el gobierno federal morirá y vendrá la de Morena y sus aliados, ojalá sea diferente por el bien de Tlaxcala y del país.

La disputa panista en tres momentos

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Antes de que finalice el año el PAN en Tlaxcala tendrá una nueva dirigencia estatal, de la cual dependerá el futuro y el nivel de competitividad que tendrá ese partido rumbo a los comicios locales del 2021, donde podría consolidarse como la única oposición en el estado y a nivel federal porque el resto de los institutos políticos pareciera que están destinados a desaparecer del mapa político.

El actual proceso interno que vive el Partido Acción Nacional en Tlaxcala empieza a decantarse hacia la planilla encabezada por el ex diputado local Ángelo Gutiérrez Hernández, quien logró sumar a su proyecto a los grupos panistas de mayor influencia como el de la diputada federal Adriana Dávila Fernández y el del ex alcalde capitalino Adolfo Escobar Jardínez.

Ángelo Gutiérrez ha evitado entre la militancia tlaxcalteca las descalificaciones y la confrontación, porque sabe que esos dos ingredientes lejos de sumarle simpatías le generan rechazo, de ahí que a unos días de iniciado el proceso ya tenga más de 1400 votos asegurados que saldrán en su mayoría de la estructura que ha creado e impulsado Adriana Dávila, con la cual ha logrado controlar el partido en los últimos años.

Habrá que decir que no todos los votos que están comprometidos para la planilla de Gutiérrez Hernández son de la diputada federal, sino también se suman los aportados por el grupo del ex diputado local que en los últimos años se dedicó a crear una red de militantes que hoy en día le ha permitido tener canicas para poder jugar por el poder en el PAN.

Por lo que respecta a la planilla integrada por José Gilberto Temoltzin Martínez y el ex alcalde Miguel Ángel Polvo Rea, su proyecto basado en el rencor y en la venganza ha perdido el rumbo al igual que las posibilidades que tenían para asumir el control del partido que en breve dejará el gris dirigente Carlos Carreón Mejía.

Entre la militancia panista existen desencanto y una enorme desconfianza hacia esa planilla porque es alentada y apoyada por la reina del oportunismo político la senadora Minerva Hernández Ramos, quien no deja de tener un corazón perredista y una enorme ambición priista.

Hace unos días Temoltzin Martínez y Polvo Rea comprobaron que uno de sus principales promotores como es el ex gobernador poblano y hoy coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle, no los ubica como una fórmula ganadora, pues en un supuesto acto de apoyo a sus aspiraciones les recomendó negociar con las otras planillas y buscar la unidad, con lo cual dejó entrever que sus oportunidades de ganar la contienda del próximo 16 de diciembre son escasas por no decir nulas.

Moreno Valle sabe lo que dijo y sólo José Gilberto Temoltzin Martínez y Miguel Ángel Polvo no entendieron su mensaje. Una derrota para ese grupo será dolorosa y sin dudas afectará la carrera de ciertos panistas como Julio César Hernández Mejía, actual presidente municipal de Apizaco, porque seguramente será excluido de las próximas candidaturas que estarán en juego rumbo a las elecciones del 2021.

La planilla de Asael Corona Ramírez sólo goza de una mediana presencia mediática, porque está claro que los panistas tlaxcalteca no quieren como líder a un militante tibio y neutro que convertiría al PAN en una oposición blandengue y sin fuerza para fijar posiciones críticas no sólo hacia el gobierno del estado que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez, sino para la futura administración federal que presidirá el morenista Andrés Manuel López Obrador.

Corona Ramírez es un títere de Carlos Carreón, quien desde su posición como diputado federal y líder del PAN aprovechó la estructura del Comité Directivo Estatal y de algunos comités municipales del partido para armar una planilla que incluyó ciertos liderazgos, pero que al final no obtuvo el respaldo de la militancia que está pensando en otra opción más aguerrida.

En unos días más veremos si las tendencias se mantienen o si se registra un cambio, aunque pareciera que la elección interna del PAN ya está resuelta y sólo falta que llegue el día de las votaciones.

La corrupción al parecer si será castigada

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Los presidentes municipales del estado ayer comprobaron que enfrentarán otra realidad en el proceso de fiscalización de sus cuentas públicas, pues los actuales diputados locales ya dejaron claro que no están en la posición de ofrecer protección para cubrir quebrantos financieros, excesos, irregularidades y violaciones a la ley como sucedió en el 2017, por lo que más de uno podría enfrentar un proceso penal y su remoción.

La soberbia y la actitud retadora que mostraron la mayoría de los alcaldes de los 60 municipios de la entidad que asistieron al Salón Blanco del Poder Legislativo a una reunión con los diputados locales miembros de la Comisión de Finanzas y Fiscalización terminaron por desaparecer cuando comprobaron que sus oscuros arreglos para lograr la aprobación de sus cuestionadas cuentas públicas del 2017 no sobrevivirán, por lo que el daño patrimonial detectado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) será revisado y en caso de persistir se procederá legalmente para recuperar esos recursos públicos.

La reunión celebrada por la tarde ayer se hizo con la intención de conocer las inquietudes de los presidentes municipales de Tlaxcala en materia presupuestal y para exhortarlos a mejorar sus procesos administrativos, así como corregir las inconsistencias en la presentación de sus cuentas públicas.

Sin embargo, los alcaldes se confundieron y empezaron a quejarse de los limitados recursos públicos que disponen y de los rigurosos procesos de fiscalización a los que son sometidos, actitud que provocó la molestia de los legisladores que al principio aguantaron pero después decidieron enfrentar los reclamos con señalamientos de anomalías.

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, Víctor Báez Lópéz, les recordó que muchos ediles han cometido excesos y lamentó que éstos tengan sometidos a sus síndicos, a quienes no les entregan legalmente y en forma ordenada las cuentas públicas para ser revisadas y avaladas, lo cual genera dudas y sospechas de presuntos malos manejos financieros en los ayuntamientos.

Los alcaldes no contentos con esos señalamientos siguieron quejándose y negaron que existan anomalías financieras en sus administraciones, pues las observaciones detectadas durante el año fiscal del 2017 fueron solventadas ante la anterior legislatura y aceptadas por el Órgano de Fiscalización Superior.

Lo anterior fue desmentido por los actuales legisladores locales que fueron encabezados por María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, quienes les precisaron a los ediles que los quebrantos millonarios detectados persisten y que la información del OFS con la publicada en el Periódico Oficial del Estado no concuerda, de ahí que será verificada para aclarar esas inconsistencias.

Ustedes se arreglaron con los diputados locales de la anterior legislatura que utilizaron las instalaciones del OFS para negociar y vender la idea de que el órgano estaba avalando las solventaciones, pero eso no fue así porque los dictámenes técnicos de los auditores se mantienen intactos y ahí se detallan los quebrantos, expuso un legislador.

Y para que no quedara dudas de lo que se estaba hablando, el diputado local del PT Víctor Castro López empezó a mencionar los nombres de los ayuntamientos y los montos millonarios observados como Zacatelco con más de 31 millones de pesos, Apizaco con más de 13 millones de pesos, Calpulalpan con más de 14 millones de pesos, Contla con más de 8 millones de pesos, Huamantla con más de 13 millones de pesos, Texoloc con más de 11 millones de pesos, Panotla con más de 10 millones de pesos y otros más.

Lo intervención del legislador incomodó a los presidentes municipales presentes que para entonces ya habían perdido la sonrisa, la soberbia y su actitud retadora, al grado que la diputada del PRI Zonia Montiel Candaneda intentó frenar los señalamientos de su compañero bajo el argumento de que esos pequeños detalles no venían al caso.

Trascendió que las cuentas públicas del 2017 que dejaron aprobadas la anterior legislatura serán revisadas y de manera especial las que tenían un dictamen reprobatorio por parte del OFS y que terminaron siendo avaladas, con el propósito de verificar si los quebrantos fueron debidamente justificados o si es necesario enviar esos casos a otras instancias para que se proceda administrativamente y penalmente contra los presidentes municipales responsables.

Los alcaldes y sus cabildos que han votado para rechazar la reforma constitucional aprobada por los actuales diputados para modificar los tiempos legales para presentar las cuentas públicas podrían arrepentirse de su decisión, porque ayer les quedó claro que no tendrán aliados ni las mismas atenciones que recibieron de la pasada legislatura.

Ojalá la postura asumida por los nuevos diputados sea una primera señal de que ahora sí la corrupción será castigada en Tlaxcala.

A la caza de los jóvenes tlaxcaltecas

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Sin duda el sector de los jóvenes se ha vuelto muy atractivo para las futuras autoridades federales y también para las locales, pues es evidente que ambas buscan apapachar a esa población que en los comicios del 2021 podría votar por primera vez o que ya lo hizo y lo volverá a hacer en ese año justo en las elecciones intermedias de la próxima administración, convirtiéndose en un factor clave para lograr triunfos.

Así como la futura administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya prepara diferentes programas de becas para más de 50 mil jóvenes tlaxcaltecas que a partir del 2019 recibirán un estímulo económico, el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez ha empezado a mover las piezas de la maquinaria priista para contener y aprovechar esa nueva realidad a fin de llevar agua a su molino.

En Tlaxcala se encuentra muy avanzado el censo que se lleva a cabo para otorgar los apoyos oficiales a los jóvenes inscritos es instituciones de educación media superior y aquellos que cursan alguna licenciatura o una ingeniera, situación que será novedosa porque cientos de alumnos de la entidad estarían en condiciones de recibir dinero público sólo por el hecho de estar estudiando, lo cual generará simpatías hacia la autoridad responsable de ese programa.

Quizá viendo ese escenario, el mandatario tlaxcalteca optó por hacer ajustes en su equipo de trabajo y designó en las instituciones encargadas de la educación media superior a dos políticos y operadores.

A partir de ayer el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat) está bajo el mando de Victorino Vergara Castillo, mientras que a la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (Cecyte) llegó Luis Vargas González, un empresario que siempre suele innovar.

El primero no sólo deberá corregir el desastre administrativo y mal clima laboral que dejó la anterior directora del Cobat, Silvia Josefina Millán López, sino que tendrá que operar para que los alumnos también consideren al PRI como una opción para las futuras elecciones.

Otra cambio que tampoco deja de tener implicaciones políticas es la llegada de Enrique Padilla Sánchez a la rectoría de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT). Su misión es limpiar el cochinero del ex rector marianista Narciso Xicoténcatl Rojas y establecer una nueva relación con los jóvenes.

Por esa razón, José Luis González Cuéllar también asumió la rectoría de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) y dejó la dirección del Cecyte, pues es obvio que en esa institución de educación superior era necesario poner orden y reforzar la atención hacia los alumnos.

Aunque seguramente nadie lo reconocerá, la realidad es que los recientes cambios en el gobierno del estado tienen implicaciones políticas y no sólo administrativas.

A casi dos años de que inicie formalmente la sucesión en Tlaxcala, sin dudas uno de los aspirantes a la candidatura del PRI al gobierno será el actual secretario de Educación Manuel Camacho Higareda, de ahí que en los siguientes meses se reforzará su imagen y su presencia mediática que ya mantiene desde el inicio de la actual administración.

Y a la par de que se impulse la imagen de Manuel Camacho, también se empezará a promover a Anabel Alvarado Varela, quien como responsable de la Comisión Organizadora de la Conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas buscará la nominación del PRI para convertirse en la futura presidenta municipal de Tlaxcala.

Otros funcionarios menistas que también ya trabajan para su futura carrera política son el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, quien sobrio y con sus cubas encima asegura que buscará con todo la candidatura del PRI a la diputación local por el distrito de Apizaco, mientras que el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, hará lo mismo pero por otro distrito local que le sea asignado al Partido Socialista que irá en alianza con el tricolor en los comicios del 2021.

El PRI en Tlaxcala no está muerto y como podrá ver ya está operando rumbo a las próximas elecciones.

El vergonzoso espectáculo de Héctor Maldonado

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La inexperiencia y falta de oficio político son factores que empiezan a jugar en contra de los diputados morenistas, del PT y el PES que podrían hacer el ridículo y quedarse con las ganas de implementar un nuevo esquema de fiscalización para los 60 presidentes municipales, quienes en sus Cabildos están rechazando la reforma Constitucional aprobada para presentar mensualmente las cuentas públicas a partir del 2019.

En medio de los fuertes señalamientos que existen contra un miembro del Tribunal Superior de Justicia del Estado que fue acusado de proteger a tratantes de personas, el presidente del Poder Judicial de Tlaxcala, Héctor Maldonado Bonilla, perdió las formas el viernes pasado en las instalaciones del restaurante La Cabaña que cada año se instala en el recinto ferial.

Animado por las paellas y el alcohol, el magistrado presidente del TSJE decidió continuar la fiesta con el ex contralor del Ejecutivo en la pasada administración y presunto proveedor consentido de ese poder, Hugo René Temoltzin Carreto.

Después de cantar “Oaxaca”, el poblano magistrado no tuvo empacho en soltar el llanto, escena que provocó todo tipo de comentarios.

Los comensales que estaban cenando en el citado restaurante se percataron del estado etílico del representante del Honorable Poder Judicial, quien sin cuidar las formas y su “prestigio” fue visto en los sanitarios vomitando, llorando y haciendo visiones para, según él, bajar los efectos del alcohol que eran más que evidentes en su descompuesta imagen.

Temoltzin Carreto ignoró en todo momento las recomendaciones que recibió de funcionarios, empresarios y otros amigos para llevarse de ese lugar a Maldonado Bonilla, quien la noche del viernes fue el hazme reír de la feria.

Hugo René Temoltzin, ex funcionario marianista y hoy convertido en proveedor del TSJE, estuvo siempre al lado del etílico magistrado. Lo curioso del caso es que ese mismo día pero por la mañana la empresa del marianista a través de su esposa participó en una de las etapas de la licitación que realiza el Poder Judicial para contratar los servicios de intendencia y la adquisición de materiales de limpieza por un monto superior al millón de pesos.

Desde ahora se da por un hecho que la presunta empresa de Temoltzin Carreto que se denomina Mom Tlax S.A de C.V será la ganadora del concurso. No importa que ofrezca los precios más caros y elevados cuando el amigo tuvo los tamaños de aguantar la borrachera del presidente del TSJE.

El primer revés de os diputados locales

Los nuevos dueños del Congreso del Estado confiaron de más en su mayoría y pensaron que no tendrían ningún problema para aprobar algunas reformas legales como la avalada el pasado 25 de octubre, la cual establece que las cuentas públicas serán entregadas cada mes a partir del próximo año y ya no cada trimestre como sucede hasta ahora.

Sin embargo, como esa reforma implicó un cambio constitucional es necesario que los Cabildos de los 60 ayuntamientos la respalden para que pueda ser válida y publicada en el Periódico del Estado para que entre en vigor, medida que no está siendo aceptada no sólo por los alcaldes y sus regidores, sino porque el secretario de Gobierno de Tlaxcala, José Aarón Pérez Carro, quien lleva a cabo una fina operación para evitar que se cumpla con ese requisito legal.

La propuesta de cambiar la Constitución y establecer los nuevos tiempos de entrega de las cuentas públicas de los entes fiscalizables estuvo a cargo de María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, quien ha sido fiel testigo de la operación de Pérez Carro y de cómo va fracasando su “moderna” sugerencia legal.

La actitud del funcionario menista ha sido interpretada como un agravio a los diputados de Morena, el PT y el PES que casi en su mayoría prometieron unidad y trabajo coordinado con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, de ahí que ahora están decididos a revisar con lupa el proyecto de presupuesto que envió el mandatario para meterle tijera y hacer ajustes como una respuesta a su negativa de apoyar la mencionada reforma constitucional.

La relación entre el Legislativo local y el Ejecutivo del estado se tensará y no descarte que de un momento a otro empiecen las descalificaciones.

Los cambios

El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez decidió realizar nuevos cambios en la estructura de su gobierno. Tres de los cinco candidatos a legisladores federales que participaron en los pasados comicios del primero de julio fueron reincorporados a la nómina oficial.

Anabel Alvarado Varela encabezará la Comisión Organizadora de la Conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, Florentino Domínguez Ordoñez asumió el control de la Coordinación General del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede) y Enrique Padilla Sánchez se hará responsable de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.

Mariano González Aguirre, ex diputado local e hijo del ex gobernador Mariano González Zarur, no fue llamado ni convocado para asumir una posición en la administración pública estatal, por lo que seguramente seguirá en el ostracismo donde suele hablar pestes de todos.

La mediocridad del procurador Aquiahuatl

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Si había alguna duda de que José Antonio Aquiahuatl Sánchez era un procurador de Justicia balín, esta semana quedó despejada al observar su insultante inmovilidad en un caso de justicia de propia mano que llevaron a cabo con total impunidad los iracundos habitantes de la comunidad de Muñoztla del municipio de Chiautempan.

Sin que existieran claras evidencias de que dos jóvenes originarios de San Bartolomé Cuahuixmatlac, comunidad vecina de Muñoztla, intentaron robarse un vehículo en la segunda población, los vecinos de la misma cansados de la inseguridad y la ineficiencia de las autoridades decidieron detenerlos, golpearlos y casi lincharlos, bajo la mirada de la policía municipal, estatal y de investigación que dejaron y solaparon esas conductas que también eran ilegales.

Los hechos registrados la noche del martes de esta semana fueron ampliamente difundidos y con asombro los ciudadanos comprobaron que las autoridades se encuentran rebasadas y que son incapaces de hacer valer el estado de Derecho en Tlaxcala.

Sin tener pruebas más que la acusación verbal de una persona de esa comunidad, los vecinos de Muñoztla procedieron a golpear, juzgar y exigir la reparación del supuesto daño para evitar el linchamiento que estaban dispuestos a concretar para poner, según ellos, un contundente ejemplo a los presuntos delincuentes que decidan cometer fechorías en su pueblo.

Pasaron minutos y horas sin que las autoridades estatales tuvieran la capacidad operativa y política para intervenir y rescatar a los jóvenes de nombres Javier N. y Jesús N. Sólo se limitaron a observar y permitir esos excesos que vulneraron la frágil legalidad que prevalece en el estado.

Al final, los “enardecidos” vecinos de Muñoztla recibieron 60 mil pesos de los familiares de los dos jóvenes retenidos y en un gesto de bondad los dejaron en libertad para que por sus propios medios se trasladaran a una institución médica para recibir atención.

En teoría el chafa procurador José Antonio Aquiahuatl debió iniciar una investigación no sólo en contra de los jóvenes para determinar si se dedican o no a robar vehículos o a otras actividades ilícitas que merezcan ser castigadas, sino también tuvo que abrir otro proceso contra los habitantes de Muñoztla que simplemente no pueden aplicar su ley y burlarse de las instituciones.

La mediocridad del procurador de Justicia de Tlaxcala es preocupante porque su omisión y negligencia envía señales muy negativas a los ciudadanos.

Valdría la pena que ese ineficaz funcionario diera la cara y explicara en qué casos si intervendrá la Procuraduría General de Justicia en el Estado y en cuáles no, porque pareciera que en Tlaxcala hay privilegiados que pueden tomar la ley en sus manos y ejercerla de acuerdo a sus conveniencias sin que enfrente alguna consecuencia, tal y como sucedió en esa comunidad del municipio de Chiautempan.

Resulta grave el comportamiento del procurador en casos tan delicados como el antes mencionado, pero también la indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los legisladores locales y federales que lejos de abordar el tema para exigir respeto a la ley prefieren evadirlo para no comprometerse.

En Tlaxcala nadie podrá negar que ya vivimos la ley de la selva.