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Archiv para octubre, 2018

Alcaldes reprobados

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Tras 22 meses en el poder, lo presidentes municipales viven un franco proceso de desgaste y desaprobación ciudadana que sin duda afectará el trabajo de sus administraciones, porque sus errores pronto serán aprovechados por sus adversarios para desacreditarlos e iniciar una carrera anticipada por la sucesión.

Un estudio de opinión pública levantado recientemente a nivel estatal arrojó datos interesantes sobre la percepción de los ciudadanos respecto al desempeño de las actuales autoridades federales, estatales y municipales. También permitió conocer el nivel de expectativas que existen en torno al futuro gobierno que encabezará el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador.

Como sucede a nivel nacional, la administración del aun presidente Enrique Peña Nieto, está reprobada y ubicada como una de las más corruptas de los últimos años.

Sin embargo, esa decepción que existe a nivel federal se empieza a replicar localmente, pero específicamente contra los alcaldes que gobiernan los principales municipios del estado como Tlaxcala, Apizaco, Chiautempan, Calpulalpan, Huamantla, Tlaxco, Ixtacuixtla, San Pablo del Monte y Zacatelco.

Los ciudadanos de esas poblaciones se quejan de la inseguridad que los perjudica todos los días y del quehacer de los presidentes municipales que hasta ahora no han podido llevar a cabo una obra y acción que sea reconocida, de ahí que todos los ediles hayan acumulado calificaciones reprobatorias que les debería preocupar porque aún les restan 34 meses de gobierno.

Muchos presidentes municipales prometieron de más durante sus campañas electorales para conseguir el apoyo ciudadano, pero una vez en el poder comprobaron que sus expectativas fueron muy altas y que la realidad sólo les permitirá cumplir con ciertas promesas y dejar en el aire los grandes proyectos.

El malestar hacia las autoridades municipales es tan evidente que si hoy hubiera elecciones para elegir alcaldes, ningún partido al que pertenecen los ediles en funciones retendría el ayuntamiento que gobiernan desde enero del 2017.

La percepción de los ciudadanos y ciudadanas es que no hay obra pública y la poca que se realiza no cumple con las expectativas de los habitantes que esperaban más. En materia de seguridad pública están más que desacreditados los presidentes municipales. Aunque el tema de la corrupción aun no es generalizado, éste asunto ya empieza a afectar a ediles como el de Calpulalpan, Zacatelco y Chiautempan.

En unas semanas más los presidentes municipales rendirán su segundo informe de gobierno y como suele suceder muchos describirán “grandes logros” y “avances importantes”, pero la realidad es que sus administraciones se encuentran reprobadas y con un bajísimo nivel de aceptación, de ahí que si quieren terminar sus periodos de una manera decente deberán replantear sus gobiernos y redoblar sus esfuerzos para tratar de recomponer las cosas.

El próximo año seguramente se multiplicarán los conflictos municipales y empezarán a surgir los políticos que tratarán de convertirse en candidatos a las alcaldías y a las diputaciones locales, de ahí que el estado se convulsionará y vivirá una sucesión muy anticipada rumbo a los comicios del 2021.

Por cierto, las expectativas hacia el futuro gobierno federal son muy favorables y amplias, tanto que sus efectos podrían ser determinantes para que influyan en el ánimo de los tlaxcaltecas en los comicios locales para gobernador que se realizarán en 32 meses.

Sólo hay que dejar que pase el tiempo para comprobar si lo anterior se cumple o se descompone una vez que López Obrador ejerza el poder.

Trascendidos de temporada de muertos

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La disputa que se existía por la coordinación de la bancada del PT en el Congreso del Estado pronto llegará a su fin. La convenenciera Irma Garay Loredo se mantendrá en esa posición luego que su compañera María Félix Pluma Flores se bajó de la disputa por el cargo tras ser corrida de la casa de su padre el alcalde de Tlaltelulco Rubén Pluma Morales, quien también la despojó de la lujosa camioneta que le había asignado para sus traslados como una medida de presión.


Dos meses fueron suficientes para llegar a la conclusión que la actual legislatura tiró a la basura la posibilidad de impulsar localmente la cuarta transformación que el futuro presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, pretende concretar en los próximos seis años, pues los diputados de la coalición conformada por Morena, el PT y el PES tienen más un comportamiento priista que una actitud responsable y moderna del poder.

Trascendió que la chiquillada integrada por el PRD, PAN y el PRI tiene más influencia y poder que los legisladores de Morena, el PT y el PES que llegaron a sus cargos por el arrastre de López Obrador y que tienen mayoría, debido a que el diputado morenista Víctor Báez López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, no pierde oportunidad para consentir y ceder a los caprichos y demandas de los legisladores que representan la minoría.

Se dice que el comportamiento rastrero de Báez López ya hartó a los dueños de Morena y que pronto podría ser llamado a cuentas en la Ciudad de México junto con sus protectores los ex priistas y operadores del gobierno estatal, Joel Molina Ramírez y el inmaculado senador José Antonio Álvarez Lima, porque a ellos se les atribuye la inoperancia y ridículos de la actual legislatura y la división que prevalece en el grupo de diputados locales de la coalición denominada “Juntos Haremos Historia”.

Hay que decir que Lorena Cuéllar Cisneros, diputada federal, coordinadora del futuro gobierno federal en Tlaxcala y eterna aspirante al gobierno de estado, también ha contribuido a la división de los legisladores de Morena, al grado que ha evidenciado que su liderazgo es tan endeble que cualquiera con tantitas ganas le lleva las contras y la hace ver mal y vulnerable.

Por lo pronto no se descarta que la fracción parlamentaria del PT sufra una fractura ante la inminente salida de Víctor Castro López, quien podría integrarse a la bancada de Morena o declararse independiente.

Esa ruta no está descartada por la ex priista Michel Brito Vázquez, aunque trascendió que la ex marianista y hoy diputada del PT analiza la opción de quedarse en el partido de la familia Garay para obtener privilegios, como meter en la nómina del Poder Legislativo a familiares que cobran sin trabajar.

Trascendió que Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico, mejor conocido como “El Cubas”, la volvió hacer y llegó con su aliento etílico a la inauguración en Atltzayanca de la planta de Arcomex perteneciente al grupo Condumex.

Nunca pudo ocultar los estragos de la alocada noche que tuvo un día antes y los excesos que le provocó Baco. Su desalineado estado fue la comidilla de los empresarios y funcionarios estatales y municipales que asistieron a ese evento realizado el sábado pasado.

Estaba tan contento el ex alcalde de Apizaco que dejo pasar, o más bien, ni se enteró de las críticas que los empresarios de esa nueva planta lanzaron en pleno discurso contra las autoridades estatales.

Por lo que se ve “El Cubas” aún no supera la derrota electoral del pasado 1 de julio de su amigo el ex diputado vedette Marianito González Aguirre ni que éste no haya sido incorporado a la administración estatal una vez que dejó la legislatura local, pues la intención de ambos era conformar en el gabinete la dupla de Pinky y Cerebro para apoderarse en el 2021 del gobierno del estado.

Trascendió que los nombramientos que sigue llevando a cabo el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, tienen más una carga de favoritismo y afecto que de capacidad o de méritos.

Resulta que la designación de Brenda Maldonado Sánchez como Jefa del Departamento de Investigación del Delito provocó molestia al interior de la dependencia, pues esa funcionaria que había sido dado de baja como ministerio público de la PGR no se le reconoce su capacidad o su trayectoria profesional, sino su cercanía con Aquiahuatl Sánchez que desde hace unos meses le lanzó su manto protector para proyectarla y garantizar su crecimiento laboral, como si aplicara la frase de López Obrador de que “amor con amor se paga”. Asústame panteón.

Un Godínez a la Fiscalía Anticorrupción

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José Antonio Aquihauatl Sánchez, encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, optó por la opción más gris y sin prestigio para ocupar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, instancia que en el corto plazo será inoperante e intrascendente como lo será en su conjunto el Sistema Estatal Anticorrupción.

La tardía designación del eterno ministerio público Pedro Sánchez Ortega como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción es un mal augurio para el Sistema Estatal Anticorrupción que se está armando a cuentagotas, pues hasta ahora no hay ni un solo integrante que forma parte de ese andamiaje que cuente con prestigio o envíe una señal de que en verdad las malas prácticas de los servidores públicos serán castigadas.

Sólo se necesita revisar el perfil de los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y de los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala para comprobar lo anterior.

Es obvio que el procurador José Antonio Aquihauatl se decantó por Pedro Sánchez, quien tuvo la fortuna de tener el perfil más gris y la actitud más sumisa que se pudiera encontrar para evitar una competencia por los reflectores o un golpeteo como el que él utilizó para desacreditar el trabajo de sus ex jefes en la dependencia Tito Cervantes Zepeda o el inocente José Aarón Pérez Carro.

Pedro Sánchez Ortega tiene más de 25 años como agente del ministerio público. En su expediente acumula diferentes quejas y la recomendación 189/93 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde por ciento también está incluido el hoy inmaculado senador de Morena, José Antonio Álvarez Lima, que arrastra un pasado oscuro y tormentoso.

En el mencionado expediente se le acusó de haberse negado a integrar la averiguación previa 1067/92 que se refería a un caso de abuso por parte de las autoridades del ayuntamiento de Chiautempan.

Su trabajo como coordinador de agentes del ministerio público es intrascendente, pues en los asuntos de alto impacto cuando un juez tiraba las carpetas de investigación por estar supuestamente mal integradas, Sánchez Ortega giraba la instrucción de no apelar tal decisión, lo cual facilitaba la salida de la cárcel de los presuntos culpables del delito, lo que dejaba entrever que existían arreglos para llevar averiguaciones previas con ciertas inconsistencias pactadas con anterioridad.

En Tlaxcala ya se volvió muy común el fusilamiento verbal para satanizar ciertas conductas de funcionarios que se presumen incurrieron en descarados actos de corrupción, sin embargo es urgente que los actores políticos dejen la metralla y hagan realidad el combate a esas conductas que tanto lastiman a la sociedad.

Hay casi 30 ex alcaldes con acusaciones penales en la PGJE cuyas investigaciones simplemente no avanzan y otros casos que deberían ser investigados y sancionados, como la desaparición de los muebles y otros objetos de valor que los ex diputados locales realizaron de manera ilegal del Congreso del Estado.

También hay casos que merecen una indagatoria como es el asunto de las cuentas públicas que hace unos días fueron reprobadas por los diputados locales y que según los dictámenes hay millonarias anomalías financieras y probables daños patrimoniales.

En lo personal me parece que el Sistema Estatal Anticorrupción no está a la altura de lo que merecen los tlaxcaltecas y que el farsante procurador José Antonio Aquihauatl nos volvió a demostrar con la designación de Pedro Sánchez que lo suyo es la estúpida simulación.

La disputa por el SNTE

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Tlaxcala será uno de los estados donde la disputa por el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tenderá a subir de tono en los próximos días, de ahí que no descarte que esa pugna arrastre a las actuales autoridades estatales que no sólo avalaron la reforma educativa que impuso el aún presidente de México Enrique Peña Nieto, sino que además respaldan la permanencia de Juan Díaz de la Torre al frente de ese influyente gremio.


Si bien los integrantes de la organización Maestros por México que operan en Tlaxcala ya habían dado claras señales de estar en contra de los líderes de las secciones 31 y 55 del SNTE, Demetrio Rivas Corona e Ignacio Díaz Grande, respectivamente, ahora se tendría confirmado que esos docentes seguidores de la poderosa maestra Elba Esther Gordillo Morales también visualizan al gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez como un enemigo.

Sin hacer público su abierto rechazo al gobierno estatal, los maestros inconformes con los actuales dirigentes sindicales ya confirmaron con una declaración de Demetrio Rivas que Mena Rodríguez formaría parte del grupo de gobernadores del país que se oponen al regreso de Gordillo Morales como líder nacional del SNTE.

La postura del mediocre maestro se conoció luego que el martes 23 de octubre Elba Esther Gordillo aseguró que continúa siendo la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Durante un evento deportivo, el representante de la sección 31 del SNTE expresó sin tapujos que Juan Díaz de la Torre seguirá siendo su líder nacional y que la estructura de ese sindicato en Tlaxcala no reconocerá a Elba Esther Gordillo como su dirigente.

Lo anterior confirmó que esa organización está fracturada de los pies a la cabeza y que esa división no sólo provocará problemas internos en el SNTE, sino que se multiplicará los conflictos en el sector educativo que de por sí está convulsionado por culpa del iluso secretario del ramo en el estado, Manuel Camacho Higareda.

Será en diciembre cuando la disputa sindical escale y alcance otras proporciones, pues para entonces el gobierno del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estará ejerciendo el poder y sin duda se tendrá otras condiciones que terminarán por favorecer a Gordillo Morales.

Un dato que no debería pasar desapercibido es que hasta ahora el futuro secretario de Educación a nivel federal, Esteban Moctezuma Barragán, no se ha reunido con Juan Díaz de la Torre, ni se ve que eso ocurra en los próximos días, por lo que sólo es cuestión de algunas semanas para ver como Elba Esther Gordillo retoma el control del SNTE y aplasta a los docentes que la traicionaron.

En Tlaxcala se pondrán interesantes las cosas y no dude que Demetrio Rivas e Ignacio Díaz salgan corriendo y que en ese reacomodo también resulte rasurado el cuasi poeta que despacha como secretario de Educación en el estado.

Flor de un día

Al que de plano le duro muy poco ser opositor fue al diputado federal José de la Luz Sosa Salinas “Pepeluche”, quien en muy poco tiempo ha demostrado que su especialidad es ser chaquetero y traidor.

Luego de ser registrado como candidato de Morena a la diputación federal por el primer distrito y obtener el triunfo electoral por el impulso de López Obrador, ese remedo de dirigente campesino decidió romper con esa fuerza política para sumarse a la bancada del PES que lo recibió y lo proyectó para lograr posiciones al interior de la Cámara de Diputados.

Y como no obtuvo lo que esperaba, “Pepeluche” buscó al gobernador de Tlaxcala Marco Antonio Mena que lo recibió el pasado 19 de octubre en Palacio de Gobierno, donde se le vio salir más que contento.

Dicen que no sólo aceptó disciplinarse y asumirse como un lacayo de pedigrí del mandatario y futuro golpeador oficial de la diputada federal Lorena Cuéllar Cisneros, sino como su operador político a través del PES que según él ya controla.

A cambio de esos peculiares servicios, “Pepeluche” recibirá atención especial para obtener programas relacionados con el campo y una que otra posición en la estructura administrativa del gobierno.

Esta semana el diputado federal hizo llegar a su nuevo patrón los currículums de sus primeros recomendados y también obtuvo la aprobación de los primeros 45 proyectos por parte de la Sagarpa, lo que demuestra que ese diputado federal será a partir de ahora un fiel empleado del mandatario tlaxcalteca.

Ni hablar, una decepción más.

Realidades alternas

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Últimamente la postura y declaraciones de las autoridades no encuadran con la realidad que se vive en Tlaxcala, es como si ellas vivieran en mundos paralelos donde todo está bien y los problemas que aquejan a la mayoría de los ciudadanos no existieran en los niveles alarmantes que se registran actualmente.

La reestructuración que se emprendió en los mandos encargados de la seguridad pública en Tlaxcala no se ha reflejado en una disminución en los índices delictivos, porque los homicidios, el robo de automóviles y el narcomenudeo siguen a la alza, sin que hasta ahora se perciba algún resultado favorable de las nuevas estrategias implementadas en la entidad.

Eduardo Valiente Hernández, comisionado estatal de Seguridad Pública ya tiene casi un mes y medio en el cargo y su trabajo no se ve, pues guardando las proporciones su desempeño es muy similar al que venía realizando Herve Hurtado Ruiz, ex jefe de la policía estatal, quien detenía a uno que otro huachicolero y frenaba alguno que otro intento de robo a los trenes que pasan por Tlaxcala.

La realidad es que en la entidad sigue operando la banda dedicada al robo de unidades de transporte público y de camiones de carga, así como otra organización criminal que asalta las tiendas departamentales y una más que ahora tiene presencia en las principales vialidades del estado para robar con armas de fuego camionetas.

Las redes sociales reflejan claramente los alarmantes índices de inseguridad que las autoridades tratan de minimizar con falacias.

El nivel de violencia ha escalado posiciones y urge que se concrete el ofrecimiento que hace más de un año hizo el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez en el sentido de incrementar en 50 por ciento el número de policías estatales y dotar de mejores patrullas y tecnología a las fuerzas del orden para enfrentar a las bandas criminales.

Valiente Hernández se ha mostrado prudente sobre sus declaraciones en torno a la inseguridad que prevalece en Tlaxcala, pero es necesario que su estrategia y estilo personal de trabajo se observen antes de que el malestar ciudadano siga creciendo.

La labor del funcionario no es fácil y seguramente se complica cuando tiene que colaborar con un procurador que está más preocupado por su vida social que en atender la grave problemática que enfrenta su dependencia y cuyos resultados son lamentables.

Para nadie es un secreto que José Antonio Aquiahuatl Sánchez, titular de la PGJE, dedica más tiempo en verificar si los medios pusieron su foto y el comunicado que habla de que asistió como representante del gobernador a un sorteo de la Lotería Nacional o en comprobar que su blanca sonrisa lo hacía ver galán en la imagen que se tomó al lado de funcionarias, diputadas e invitadas que asistieron al informe de actividades del Centro de Justicia para las Mujeres de Tlaxcala.

Así como suele presumir que el mandatario Mena lo estima y lo considera como su procurador de absoluta confianza, porque tiene atenciones y un trato diferente al que recibió Tito Cervantes Zepeda, el funcionario mal aconsejado por la soberbia siguen sin dar resultados, porque como se mencionó hace un momento, las bandas criminales no han dejado de golpear y afectar a los tlaxcaltecas.

Al final, las autoridades mantienen su línea discursiva de que en Tlaxcala estamos bien y que seguimos siendo un estado de los más seguros del país, una realidad que quizá sólo ven los que andan con chofer y escoltas pagados por los ciudadanos.

El desgastante tema de la salud

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Pareciera que el secretario de Salud de Tlaxcala Alberto Jonguitud Falcón y la líder sindical de los trabajadores de esa dependencia Blanca Águila Lima se equivocaron en su estrategia para enfrentar las acusaciones que el diputado local del PT, Víctor Castro López, ha lanzado en su contra por los malos servicios y el favoritismo existen en la contratación de personal que logró su base sin tener algún mérito o preparación.

Desde hace algunas semanas se mantiene vigente en los medios de comunicación el tema de la salud, sin que hasta ahora haya funcionado la estrategia mediática oficial para enterrar el asunto o desacreditar al legislador del Partido del Trabajo, quien pese a lo que se diga ha movido al gobierno estatal que ha evidenciado su vulnerabilidad y que le duele el desgaste que enfrenta al no poder contener los señalamientos negativos que acumula ese sector.

Víctor Castro ayer comprobó que una parte de sus compañeros legisladores siguen al servicio del gobierno del estado, pues optaron por suspender la sesión para comer y retrasar el desarrollo de la misma para evitar el impacto mediático de la intervención del petista y para cansar al personal de la Sesa y a los agraviados por los malos servicios de esa secretaria que acudieron para respaldar las acusaciones del diputado.

La lista de los familiares de Blanca Águila que han obtenido una base como personal de la Secretaría de Salud fue expuesta, así como los amigos de la líder sindical que se han beneficiado con sus favores, como el hijo de un director de un medio de comunicación local que cobra dos salarios al desempeñarse como delegado del gremio y como personal médico en otro hospital.

El diputado del PT expuso en la tribuna del Congreso del Estado casos de negligencia médica. Uno de ellos involucró a una mujer que durante su proceso de parto le extirparon sin su consentimiento la matriz y un ovario en el hospital comunitario de Zacatelco, situación que podría implicar el pago de 20 millones de pesos como indemnización por parte de la Secretaría de Salud de Tlaxcala.

Aunque las anomalías detectadas y los casos de negligencia médica en el sector de la salud del estado son ignoradas por la mayoría de los medios de comunicación local, los expedientes de los mismos ya están siendo integrados para que sean expuestos a nivel nacional y en la Cámara de Diputados, donde los afectados buscarán el respaldo de los legisladores federales y de las futuras autoridades que encabezará el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para que sean investigados y en su momento se proceda a imponer las correcciones y sanciones a que haya lugar.

En Tlaxcala el equipo de transición del futuro mandatario del país trabaja en la integración de varios expedientes que acreditan malos manejos financieros y la operación de lo que se conoce como la mafia en el poder. El de la priista Blanca Águila, líder sindical de la Sesa y ex candidata del PRI a la diputación federal por el segundo distrito es uno de los más documentados y amplios, por lo que no descarte que sea uno de los primeros en ser investigado formalmente por las autoridades que se encargarán de castigar la corrupción.

El tema de la salud que forma parte del triángulo de prioridades de la actual administración ha sido descuidado y el encargado de esa área del gobierno, Alberto Jonguitud Falcón, nunca ha demostrado un avance o una transformación de ese sector, por lo que la permanencia de ese hidalguense es inexplicable porque hasta ahora su trabajo ha hecho más mal que bien.

Con esa crisis que nunca será reconocida por las autoridades estatales se llevan a cabo los preparativos del segundo informe de gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez, evento que podría quedar manchado por las protestas que están siendo organizadas por el personal de la Sesa, los afectados por los malos servicios de esa dependencia y los señalamientos que pudiera hacer Víctor Castro en su calidad de diputado local.

Llama la atención que ninguna autoridad estatal haya buscado al diputado local del PT para conocer sus quejas y tratar de canalizarlas por la vía institucional, lo que demuestra claramente la falta de operación del secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, quien seguramente está más preocupado en revisar su agenda para saber cuándo podrá comer en algún restaurante de la feria de Tlaxcala que en evitar el golpeteo a su jefe y a la Secretaría de Salud.

Con esos colaboradores es entendible la crisis que enfrenta el gobierno en el asunto de la salud.

Prepotencia y arrogancia, una mala combinación

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Sin cuidar las formas y los plazos, el hoy arrogante magistrado Fernando Bernal Salazar intentó ayer tomar por asalto la Sala Civil del Poder Judicial donde aún se encontraba despachando la malhumorada marianista Leticia Ramos Cuahutle, quien no soportó que le pidieran su oficina que ocupaba como integrante del pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado.

Dejando colgado en su clóset la humildad y la prudencia, el abogado que se dice experto en derecho no pudo esperar los tiempos legales y arropado por la soberbia y la prepotencia demostró la prisa que tiene por empezar a cobrar su jugoso salario y burlarse de su principal detractora al interior del TSJE, Elsa Cordero Martínez, quien hace hasta lo imposible por evitar el regreso de Bernal Salazar al Poder Judicial de Tlaxcala.

Sin que el Congreso del Estado hubiera aún notificado el acuerdo por el cual ratificó a Fernando Bernal como magistrado y removió a Leticia Ramos como magistrada, el togado se presentó a las oficinas del TSJE y armó un escándalo innecesario, pues simplemente no pudo esperar unas horas más para recibir la oficina que ocupará sin verse desesperado.

Ante su imprudencia se registró un intercambio de descalificaciones entre Bernal y Ramos, lo que evidenció el bajo nivel que prevalece en el Poder Judicial de Tlaxcala.

Cerca de las 14 horas de ayer se recibió en la oficina del presidente del TSJE, Héctor Maldonado Bonilla, la notificación oficial del Congreso del Estado, de ahí que para evitar más conflictos este día se convocó a una sesión del pleno para recibir a Fernando Bernal que se sumará de inmediato al grupo que integran los magistrados Mario de Jesús Jiménez Martínez y la antimorenista Rebeca Xicohténcatl Corona.

Pero no crea que todos han aceptado el regreso del mediocre Bernal Salazar como togado, pues cuentan que la magistrada y ex presidenta del TSJE, Elsa Cordero, ocupó gran parte del día de ayer para hacer llamadas a fin de conseguir un amparo a su amiga Leticia Ramos para prolongar su permanencia en el pleno del Poder Judicial e iniciar un nuevo litigio sobre el exceso en que incurrieron los diputados locales.

Y ya que hablamos de “osos”, ayer el turista secretario de Salud en Tlaxcala, Alberto Jonguitud Falcón, pasó un mal momento en el foro que organizó el equipo de transición del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, debido a que ahora sí no tuvo argumentos para justificar los pésimos servicios que ofrece el sector, la falta de medicamentos y las acusaciones de corrupción.

Aunque el funcionario estatal intentó evadir los señalamientos con una risa cínica, los asistentes le reclamaron su actitud y no tuvo otra más que asumir otro comportamiento y aguantar las críticas y señalamientos que se lanzaban contra la Secretaría de Salud que es una de las más cuestionadas en la actual administración.

Si bien la tersa y amigable relación entre el Ejecutivo estatal y el Congreso del Estado ya está en riesgo, también podrían irse al carajo los acuerdos establecidos entre el equipo de transición de López Obrador y el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para llevar la fiesta en paz, pues los ataques y descalificaciones entre ambos es la constante al grado que es más que obvia la animadversión que se profesan.

Hoy se podría establecer una ruptura definitiva en la bancada del PT, ya que el camaleónico diputado Víctor Báez López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, hará lo posible porque se reconozca y se confirme la coordinación de Irma Garay Loredo como representante de esa fuerza política, dejando sin efecto el nombramiento que tres de los cuatro legisladores de ese partido hicieron a favor de María Félix Pluma Flores para desempeñar esa responsabilidad.

Es muy probable que la corrupta familia Garay que controla el PT desde hace algunos años se mantenga al frente de la bancada de ese partido, situación que podría generar la salida de algunos de sus integrantes que están cansados de los excesos y abusos de Silvano Garay, quien no sólo maneja y dispone de los recursos que recibe el partido en Tlaxcala, sino que además goza de su abultada dieta que recibe como diputado federal.

Todos esos excesos son solapados y permitidos por el partido de López Obrador que prometió un cambio que sólo existe en el discurso, porque en los hechos todo sigue igual o peor.

¿Ruptura en puerta?

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El trabajo unido, diálogo y contacto permanente que se prometieron los diputados locales y el Ejecutivo estatal parece que no tendrá mucho futuro, pues el viernes pasado los legisladores su fueron por la libre y aprobaron la ratificación de Fernando Bernal Salazar como magistrado y removieron a la marianista Leticia Ramos Cuautle como integrante del pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado.

La ratificación de Fernando Bernal como magistrado del TSJE deja un mal antecedente en la reciente relación entre el Congreso del Estado y el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, quien ya comprobó que enfrentará una legislatura de caprichos y de ocurrencias que complicarán el desarrollo de su administración.

Y en ese proceso quedó demostrado que Arnulfo Arévalo Lara, enlace del gobernador con los diputados locales no sirve de nada, pues los legisladores comandados por el protagonista y ocurrente perredista Miguel Ángel Covarrubias Cervantes decidieron en unos minutos la ratificación del morenista Fernando Bernal como magistrado, sin considerar los argumentos de las últimas dos legislaturas que se opusieron a la reincorporación de ese cuestionado abogado como miembro del TSJE.

El caso era más que conocido por Arévalo Lara porque en la pasada legislatura fue el responsable de la comisión que rechazó la ratificación de Bernal Salazar, de ahí que en esta ocasión el priista decidió nadar de muertito y dejar que la mayoría opositora se mostrara más que aliada del hoy magistrado.

Pareciera que los diputados de la alianza legislativa conformada por Morena, el PT y el PES estaban decididos a reclamar su cuota de poder en el TSJE y sin mayor análisis y discusión removieron a la marianista Leticia Ramos para abrirle un espacio a Fernando Bernal, quien en los comicios locales del 2016 fue inscrito como candidato a diputado local por la vía plurinominal por el partido que comanda Andrés Manuel López Obrador, el futuro presidente de México.

Quizá algunos legisladores locales de Morena, el PT y el PES ya se dieron cuenta que recibir línea del gobierno del estado a través del inútil Arévalo Lara tiene un alto costo para su imagen y entonces se decantaron por seguir sus instintos que están más inclinados a satisfacer sus intereses que en cuidar las formas y el estado de derecho.

La decisión del viernes pasado sobre el caso Bernal Salazar no sólo tensará la relación entre la actual legislatura y el poder Ejecutivo, sino que también complicará la “armonía” que prevalece al interior del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, donde los marianistas bajo el gris mando del poblano Héctor Maldonado Bonilla tienen su coto de poder.

Hay que tener presente que la nefasta magistrada Elsa Cordero Martínez en alianza con el ex gobernador Mariano González Zarur operó para impedir la ratificación de Fernando Bernal como miembro del TSJE, postura que fue heredada a la actual administración que simplemente mantuvo los odios hacia ese mediano abogado que nunca se cansó ni se rindió para conseguir una posición que le representa un buen salario y estatus.

Elsa Cordero y Fernando Bernal se reencontrarán y se verán las caras en el pleno del TSJE, por lo que no tardarán en desacreditarse.

Los actuales diputados locales ya probaron el poder y habrá que ver de ahora en adelante cuál es su comportamiento, sobre todo porque ya comprobaron que son capaces de hacer y deshacer sin necesidad de contar el aval del gobernador.

En breve los legisladores deberán analizar y aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del gobierno del estado, documentos que en unos días más enviará el mandatario Marco Mena al Congreso del Estado.

Se dice que la intención de los diputados es llevar a cabo unos cambios con la idea de meterle mano a esas iniciativas para realizar recortes en ciertas áreas del gobierno del estado y canalizar más recursos a otros programas sociales que los legisladores ya tienen detectados.

La relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo entró en un proceso de descomposición que podría terminar en una ruptura inevitable antes de que concluya el presente año.

Trascendidos otoñales

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Mientras Morena y sus aliados a nivel nacional siguen hablando y operando para hacer realidad la austeridad que tanto prometió en campaña el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en Tlaxcala pareciera que los legisladores locales ya se olvidaron del tema una vez que cobraron sus primeras quincenas y comprobaron que sería un error dejar de percibir sus abultadas percepciones económicas.

La pasada y la actual legislatura no debieron tener ningún problema para lograr ahorros que les permitieran mantener unas finanzas sanas del Congreso del Estado, pues simplemente operan con siete diputados menos tras la reforma aprobada en junio de 2015 que consideró la disminución de 32 a 25 legisladores.

La anterior legislatura que encabezó y manipuló el diputado priísta y vedette Marianito González Aguirre fue la primera en tener 25 integrantes pero con la salvedad que recibió el mismo presupuesto que se establecía para 32 legisladores.

Para sorpresa de muchos, al concluir en agosto pasado su periodo para el que fueron electos, Marianito González dejó un déficit de casi seis millones de pesos y deudas, por lo que la sospecha de que hubo malos manejos financieros se mantiene viva porque nadie se explica que hicieron con los recursos ahorrados que se generaron por el simple hecho de ser 25 y no 32 legisladores.

Trascendió que los actuales diputados están muy contentos con sus sueldos y percepciones y que mantendrán el esquema heredado por los priistas y sus aliados.

Lo anterior porque los legisladores que forman parte de la Junta de Coordinación y Concertación Política reciben adicional a su sueldo la cantidad de 15 mil pesos al mes y los que integran el Comité de Administración una ayuda de 10 mil pesos cada 30 días.

Y los legisladores que conforman la Mesa Directiva del Poder Legislativo también son consentidos con 10 mil pesos mensuales que se suman a su sueldo.

Habrá que ver cuántos legisladores de la coalición conformada por Morena, el PT y el PES son los que reciben esos beneficios y si están dispuestos a renunciar a esos estímulos que los ubica como servidores públicos que ganarán más que el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Trascendió que los morenistas tienen una memoria muy corta y que no tendrán problemas para ayudar a priistas en desgracia.

El poderoso Eduardo Medel Quiroz, ex procurador de Tlaxcala en el sexenio del perredista y hoy morenista Alfonso Sánchez Anaya, logró una posición relevante en el Senado con la ayuda del influyente legislador federal y ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, pues despacha como el director de Recursos Humanos.

Dicen que Eduardo Medel está operando para colocar en la estructura administrativa del Senado a su amiga la ex procuradora de Tlaxcala, Alicia Fragoso Sánchez, quien busca la protección de los morenos para evitar el proceso penal que tiene abierto por la tortura de ex policías acreditables acusados de secuestro y de paso reintegrarse a la vida laboral tras dejar hace casi dos años el gobierno del hacendado gobernador Mariano González Zarur.

Trascendió que hay un creciente malestar entre el personal de la Secretaría de Salud de Tlaxcala por las anomalías que existen en contra de la líder sindical de esa dependencia, Blanca Águila Lima, quien no sólo ha beneficiado a sus familiares y amigos con buenas plazas, sino también al hijo de un director de un medio de comunicación local que cuida al extremo su nefasto y corrupto monopolio de designar voceros en dependencias y ayuntamientos.

Los casos están siendo documentados y pronto se harán públicos, junto con los favores que ha recibido dicho director que suele pedir que sus operaciones a las que ha sido sometido sean cubiertas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Finalmente, trascendió que la delicada condición física del director de Notarías y Registros Públicos, Sergio Cuauhtémoc Lima López, quien hace unos días sufrió un accidente ha provocado un enorme atraso de los trámites que se llevan a cabo en esa dependencia, pues el funcionario sólo trabaja dos horas al día y en ese tiempo hace lo que puede.

El malestar contra la inoperancia de esa oficina va en aumento y no dude que pronto se registre una protesta de los usuarios que acuden a realizar un trámite, de ahí que nadie se explica porque en el gobierno del estado se ignora esa problemática.

Proyecto viable o mera ocurrencia

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A casi un mes de que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de dos nuevas universidades públicas para Tlaxcala, nadie sabe detalles de ese proyecto ni se conoce el estudio de viabilidad que sustente tal decisión, porque por las condiciones y características de la entidad pareciera que se trató de una ocurrencia más del popular tabasqueño.

Bien dicen que el prometer no empobrece, de ahí que en la pasada gira de agradecimiento que hizo López Obrador por Tlaxcala no faltaron ofrecimientos bajo la consigna de que “amor con amor se paga”.

A casi un mes de la visita del futuro mandatario del país, nadie conoce dónde se instalarán las dos nuevas universidades públicas que prometió crear en la entidad, cuál será su oferta educativa y a partir de qué año se empezarán a edificar sus instalaciones, porque de acuerdo con información disponible ni en la Secretaría de Educación Pública federal, ni en la Cámara de Diputados se conoce ese ambicioso proyecto.

Un requisito elemental para etiquetar recursos públicos para obras, programas y acciones en el presupuesto de cada año, es que existan los proyectos debidamente validados, lo cual hoy en día no se tiene en lo que respecta a esa promesa de instaurar dos nuevas instituciones de educación superior en Tlaxcala.

No estoy diciendo que esas dos universidades no se van a crear, sino que hasta ahora sólo se trata de un ofrecimiento que no tiene como respaldo un estudio de viabilidad que justifique la inversión de recursos federales.

Habrá que ver si los estudios que se lleven a cabo para justificar la inversión concluyen que es factible la instalación de esas universidades públicas en Tlaxcala, cuando la oferta que existe en la entidad supera por mucho la demanda que se registra.

Aunque usted no lo crea las autoridades educativas en el estado tienen reportadas la operación de más de 120 instituciones de educación superior entre públicas y privadas. La Universidad Autónoma de Tlaxcala es la que concentra la mayor matrícula con más de 16 mil alumnos y la que tiene una mayor cobertura territorial al lograr una presencia con 11 campus en igual número de municipios.

El resto de las instituciones educativas públicas tiene una matrícula modesta. Sólo en uno o dos casos se alcanza los mil alumnos inscritos por universidad o tecnológico. Las universidades privadas operan con grupos muy reducidos que apenas si permiten la permanencia de ciertas carreras que ofrecen.

En una realidad que en Tlaxcala es reducida la población de jóvenes que tiene posibilidades de continuar sus estudios una vez que egresa del nivel medio superior, porque la gran mayoría se ve en la necesidad de trabajar para apoyar la economía de sus familias.

Ojalá los promotores de la cuarta transformación dejen guardada unos días su soberbia y su excesivo protagonismo y expliquen dónde se instalarán esas nuevas universidades, cuál será su oferta educativa y el monto de recursos que se destinarán para hacer realidad esa promesa del próximo presidente de México, porque hasta ahora ese ofrecimiento no es más que una ocurrencia.

Una más del procurador

Ante su poca capacidad y su ultra sensibilidad, el procurador José Antonio Aquiahuatl Sánchez optó por emular en todos los sentidos a Arturo Durazo Moreno, mejor conocido como “El Negro Durazo” y ordenó a uno de sus comandantes, Jesús Ortega, emprender una serie de descalificativos y amenazas contra este reportero.

A través de la red social del Facebook, el ofendido agente que utiliza el nombre de “Chinto Ortega” bajó las órdenes del procurador escupió su veneno y sus amenazas, las cuales quedaron registradas.

Sólo eso faltaba, un procurador farsante y cobarde que utiliza a su esbirro para intimidar. Qué asco.