[xyz_lbx_default_code]

Archiv para noviembre, 2017

Pronto despertará la estructura priistas ligada a Manchis

.

La inminente designación del próximo candidato del PRI a la presidencia de México es esperada con mucha atención en Tlaxcala, pues si se confirma que el actual secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, resulta el elegido, el grupo del ex gobernador Mariano González Zarur recibirá oxígeno puro para revivir y pelar posiciones en el 2018.

 pri

La estructura priistas que dejó Mariano González Zarur y que permanece aletargada en la actual administración pronto podría dar señales de vida, sin embargo ésta difícilmente se someterá al círculo de influencia que dice tener el actual líder del PRI en Tlaxcala, Florentino Domínguez Ordoñez.

 Sólo espera que se confirme la inminente nominación en el PRI de José Antonio Meade a la presidencia de México para dedicarse a trabajar por él y los candidatos que Mariano González decida apoyar para el Senado y las diputaciones federales y locales.

Florentino Domínguez nunca pudo convencer a la estructura priista montada en el gobierno del estado de sumarse al nuevo proyecto, porque los funcionarios y empleados que operaron en la última elección donde el PRI logró retener la gubernatura se sienten desplazados y traicionados.

A nivel nacional el PRI no visualiza ningún conflicto serio en Tlaxcala al momento de repartir las posiciones que estarán en juego en los comicios del próximo año, ya que en su radar sólo tiene registrados dos grupos con fuerza y capacidad para exigir candidaturas. Uno lo encabeza el actual gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y el otro el ex mandatario Mariano González.

 Y aunque ambos grupos han mantenido las formas, la realidad es que mantienen una disimulada disputa por las candidaturas al Senado. El primero busca apuntalar a la actual secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, mientras que el segundo impulsa a su hija y actual delegada de la Sedesol, Mariana González Fullon.

 Faltan pocos días para que el hacendado empiece a mover sus piezas en este juego de ajedrez. Veremos si tiene la fuerza y la habilidad para imponer sus deseos y caprichos como lo hizo en el último año de su gobierno.

Oposición se alista para dar otro coscorrón al PRI en el Congreso

Será mañana jueves cuando el caso del ex magistrado Fernando Bernal Salazar sea nuevamente puesto a discusión en el pleno del Congreso local, donde los priistas comandados por Mariano González Aguirre y Arnulfo Arévalo Lara harán hasta lo imposible por evitar la ratificación del abogado como miembro del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

 Sin embargo, la oposición que hace unos días logró aprobar la ley para entregar uniformes escolares a los estudiantes de educación básica con el rechazo del PRI está convencida que lo mejor es evitar un conflicto con el Poder Judicial de la Federación, de ahí que al parecer podrían lograr los votos necesarios para ratificar a Bernal Salazar como magistrado.

 Los diputados panistas y perredistas ya comprobaron que no hay ningún elemento que impida la confirmación de Fernando Bernal como integrante del TSJE, por lo que tendremos que esperar hasta mañana para saber si el PRI logra su propósito o si la oposición vuelve a vencer a los priistas.

 Se valen las apuestas.

Avanzan negociaciones para concretar el frente

.

Aunque parezca difícil de creer, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano siguen avanzando en las negociaciones para conformar el Frente Ciudadano por México, sin que hasta el momento el reparto de posiciones haya representado un obstáculo que frene o complique de más los acuerdos rumbo a los comicios del 2018.

disenoalianzapanprd

Tlaxcala dejó de ser una prioridad para la Comisión Permanente del CEN del PAN que al parecer aceptará ceder la primera posición del Senado al PRD, por lo que al obtener la segunda fórmula se verá obligado a nominar a una mujer.

El PAN también ya aceptó los cinco distritos electorales locales donde designará candidatos a diputados en caso de concretar la coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano, mismos que son Tlaxcala, San Pablo del Monte y uno de Huamantla en donde tendría que nominar a aspirantes femeninas, mientras que en Yauhquemehcan y Apizaco las posiciones serían para varones.

Los panistas tlaxcaltecas están siendo víctimas de las circunstancias de pertenecer a uno de los estados más pequeños del país que electoralmente representa muy poco, razón por la cual para las dirigencias nacionales de los partidos no es prioridad ni motivo que complique de más los acuerdos que se buscan concretar.

La senadora Adriana Dávila Fernández que forma parte de la Comisión Permanente del CEN PAN tratará de buscar que su partido encabece la fórmula al Senado en Tlaxcala, sin embargo se ve muy complicado que pueda cambiar el consenso que existe en torno a ceder ese lugar al PRD que ha pelado ese cargo para un hombre.

Por esa razón, Adriana Dávila también se ha concentrado en negociar con Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, uno de los primeros lugares de la lista de candidatos a diputados federales por la vía plurinominal para garantizar su llegada en la próxima legislatura, acuerdo que podría concretarse en los próximos días.

El grupo adrianista opera para mantener el control de los candidatos a diputados locales por la vía plurinominal, posiciones que nadie está en posibilidades de disputarle porque tienen el control absoluto del PAN en el estado.

Si se confirma que el PAN en Tlaxcala tendrá la segunda fórmula al Senado que deberá ser encabezada por una mujer, lo más seguro es que el actual diputado federal, Juan Corral Mier, ocupe la primera o la segunda posición de la lista de candidatos a legisladores plurinominales, con lo cual estaría asegurando su llegada al Congreso del estado.

La candidatura al Senado del PAN la estarían disputando la diputada federal Minerva Hernández Ramos y la porrista del ex gobernador poblano Aurora Aguilar Rodríguez.

Aunque se podría pensar que la lucha entre ambas mujeres está pareja, lo cierto es que Minerva Hernández tiene más posibilidades de obtener la nominación, pues Aurora Aguilar dejó de ser una prioridad para el ex mandatario Rafael Moreno Valle, quien negocia posiciones en Puebla, Chiapas, Hidalgo, Tamaulipas y Tlaxcala.

Su prioridad es Puebla donde quiere imponer a su esposa Martha Erika Alonso como candidata del PAN a la gubernatura, así como a todos los aspirantes que competirán por las alcaldías, las diputaciones locales y federales y al Senado.

Y dicen que antes de apuntalar las aspiraciones de Aurora Aguilar, Moreno Valle impulsará a la actual diputada federal por Chiapas, Janette Ovando Reazola, quien aspira a contender por una senaduría en su estado natal, donde dicen que tiene buenas posibilidades de ganar porque su trabajo electoral es real y no simulaciones como las que vende la ex diputada federal en Tlaxcala.

Pronto veremos el desenlace de esta novela.

2018, un año clave para el gobierno Menista

.

Aunque el crecimiento que logró tener Tlaxcala en el presupuesto para el 2018 es significativo -785 millones de pesos-, lo cierto es que el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez dispondrá de casi 19 mil millones de pesos que tendrán que reflejarse en obras y acciones que sean percibidas por los ciudadanos que esperan más de esta administración.

señorio
Sin lugar a dudas el presupuesto de egresos del 2018 será diferente y establecerá o reafirmará las prioridades que este gobierno pretende llevar a cabo en materia de salud, educación y empleo, las cuales se vieron limitadas en el presente año por el desorden financiero que habría dejado el ex gobernador Mariano González Zarur.

De entrada, le puedo decir que para el siguiente año los tres diputados federales del PRI por Tlaxcala, Ricardo García Portilla, Rosalinda Muñoz Sánchez y Fabiola Rosas Cuautle, dejarán de decidir el destino de los 20 millones de pesos que cada uno podía etiquetar para obra pública que era ejecutada en coordinación con los presidentes municipales que resultaban beneficiados con algún proyecto.

La decisión del gobierno del estado fue concentrar esos recursos y asumir el control de los proyectos donde se podrán invertir esos fondos, de ahí que los 60 millones de pesos que hasta el año pasado disponían en conjunto los legisladores federales serán administrados por la actual administración que tendrá la última palabra sobre su destino.

Ricardo García, Rosalinda Muñoz y Fabiola Rosas podrán presentar sus propuestas de proyectos al gobierno estatal y presumir la gestión de la obra en caso de ser aceptada, pero ya no asignarán discrecionalmente los recursos como lo hicieron los dos últimos años donde se dice que también obtuvieron un beneficio económico.

Tal fue el enojo de los tres legisladores tlaxcaltecas que el jueves pasado no dejaban de quejarse en la Cámara de Diputados de tal decisión, que según ellos, les afectará porque su actividad de gestión se verá limitada.

Al buen entendedor pocas palabras. Es obvio que ninguno de los tres diputados federales está en el ánimo del gobernador.

Pero regresando al tema del presupuesto, le cuento que en materia de infraestructura regional y social el gobierno de Marco Antonio Mena dispondrá de 1,101.1 millones de pesos que se sumarán a los 1,281.2 millones de pesos que se invertirán en carreteras.

En educación se destinará casi el 32 por ciento del total del presupuesto, es decir, 6,166.2 millones de pesos y para la salud se ejercerán 1,624.6 millones de pesos.

Los tlaxcaltecas esperan que se haga realidad el programa más ambicioso de becas, así como una mejoría en los servicios de salud, pues tan mal están que hace unas semanas el ex secretario del ramo en la administración pasada, Alejandro Guarneros Chumacero, estuvo a punto de perder la vida tras recibir un mal diagnóstico luego de sufrir un intenso dolor abdominal.

La promesa de ampliar el número de policías estatales debe concretarse, porque es una realidad que en materia de seguridad existen varios pendientes que urge atender.

El 2018 es un año clave para el mandatario Marco Antonio Mena, pues no sólo porque tendrá bajo su responsabilidad los resultados electorales que logre el PRI en los comicios de julio próximo, sino porque será su segundo año de cuatro años y ocho meses que durará su gobierno.

Los tlaxcaltecas exigirán resultados y obras. El bono democrático se habrá agotado y las condiciones y la relación entre gobernante y gobernados seguramente cambiará sino hay cambios sustanciales en el actual gobierno.

Mariano, un líder sin fuerza en el Congreso local

.

Mariano González Aguirre ya entendió que no es lo mismo ejercer el poder siendo hijo de un gobernador que ser un diputado más en el Congreso del estado, pues sus dotes de operador político que presume tener simplemente no le alcanzaron para evitar que diputados de oposición apoyados por algunos aliados del PRI hagan travesuras.

señorio

Algo tendrá que realizar el jefe político en el estado para evitar que cosas se descompongan más al interior del Congreso local, porque el responsable de tener el control en el Poder Legislativo ha fallado repetidamente al permitir que la oposición apruebe reformas que afectarán al gobierno.

De Mariano González Aguirre, hijo del ex gobernador Mariano González Zarur, se esperaba más como diputado local y presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, pues a lo largo del sexenio de su papá disfrutó ejercer el poder, sin embargo es obvio que aprendió muy poco de ese talento que sólo unos cuantos políticos logran asimilar y desarrollar con éxito.

El primer fracaso del bisoño político fue cuando la oposición encabezada por el diputado perredista Alberto Amaro Corona logró hace unos meses reformar el Artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios para quitarle al Poder Ejecutivo el control sobre el destino de los recursos excedentes y regresar al anterior esquema que permitía al Poder Legislativo y Judicial tener participación de esos fondos.

A finales del sexenio de Mariano González Zarur la anterior legislatura aprobó una reforma al mencionado código para otorgar al gobernador en turno la potestad de decidir en dónde y en qué se gastarían los recursos excedentes que tuviera el estado de Tlaxcala, cambio legal que Mariano González no pudo mantener porque su soberbia no le permitió ver que su liderazgo es endeble.

El más reciente descalabro de Mariano González se registró ayer en la sesión ordinaria del Congreso del estado, donde los diputados de oposición junto con los legisladores aliados del PRI –J Carmen Corona y Sandra Corona (Panal), Agustín Nava (PS) y Yazmín del Razo (Independiente)- se juntaron con los del PAN, PRD, PAC, Morena y PT para aprobar una ley que obligará al gobierno estatal entregar uniformes escolares gratuitos a los estudiantes del nivel básico a partir del ciclo escolar 2018-2019.

González Aguirre no pudo o no quiso frenar dicha iniciativa que afectará las finanzas de la actual administración estatal, ya que para poder cumplir con esa obligación las autoridades tendrán que disponer de por lo menos 200 millones de pesos que implicará la compra de falda o pantalón, blusa o camisa, suéter y calcetas o en su caso ropa deportiva.

La propuesta realizada por los diputados de Nueva Alianza que hoy se encuentran distanciados del gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez nunca explica de dónde saldrán esos recursos, por lo que la oposición en el Congreso local aprovechó la falta de operación política del PRI para avalar dicha ley que sin duda repercutirá en las finanzas públicas.

Al gobierno de Mena Rodríguez le está saliendo muy cara su postura de no entregar los 25 millones de pesos que su administración debió depositar al Congreso local para llevar diferentes obras de mantenimiento al inmueble, pues los diputados saben que parte de esos recursos serían destinados para ellos y por eso no han tenido empacho en demostrar que están molestos con el Ejecutivo.

Lo de ayer es un mal antecedente que sin duda debe preocupar, ya que la designación del fiscal anticorrupción se puede entrampar, así como el nombramiento de los dos magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala y la aprobación de las leyes secundarias del Sistema estatal Anticorrupción.

El PRI requiere con urgencia de un operador en el Congreso del estado que garantice el control de ese poder, porque está comprobado que Mariano González Aguirre reprobó en esa encomienda que le entregó su amigo el gobernador Marco Mena.

Mal augurio para el Sistema Estatal Anticorrupción

.

Tlaxcala está lejos de contar con un confiable Sistema Estatal Anticorrupción, pues los diputados locales no muestran ningún interés para legislar con tiempo y llevar a cabo los nombramientos de un fiscal y dos magistrados que se encargarán de aplicar la ley en materia administrativa. Todo dependerá de la negociación que logren el PRI y sus aliados con el PAN y PRD.

Enrique-Padila-Sanchez

Los diputados tlaxcaltecas una vez que asumen el cargo parece que de inmediato se colocan el chip del valemadrismo, porque legislatura tras legislatura es común ver cómo trabajan al vapor para aprobar leyes sin consultar a los ciudadanos, es decir, ven por sus intereses partidistas y de grupo y se olvidan del bien común.

Aunque los legisladores tuvieron casi once meses para analizar y aprobar el Sistema Estatal Anticorrupción, la realidad es que será hasta diciembre cuando se someta a votación las leyes secundarias que darán vida a esa estructura que busca castigar las conductas ilegales en la administración pública.

El laberíntico diputado Enrique Padilla Sánchez que es responsable de sacar adelante ese nuevo sistema jugó bien por casi once meses con el tema, porque incluso llegó a tener credibilidad sobre sus acciones encaminadas para darle vida a ese andamiaje legal, pero por desgracia el tiempo demostró que sigue siendo un gran simulador, un convenenciero y que se mueve como una veleta que hoy apunta hacia Palacio de Gobierno.

Padilla Sánchez sólo ve su beneficio personal y hoy más que nunca sabe que si logra sacar adelante el sistema y los nombramientos que disponga el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez tendrá garantizada su reelección como diputado local, posición que anhela para desde ahí proyectarse como un aspirante a la gubernatura para el 2021 sin estar bajo la tutela de Mariano González Aguirre.

Por esa razón, el sobrino de Beatriz Paredes acató la instrucción de llevar la aprobación de las leyes secundarias de ese sistema hasta diciembre, mes en el que también los legisladores deberán aprobar los nombramientos del fiscal anticorrupción y de los magistrados que conformarán el Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala una vez que el mandatario Mena Rodríguez envíe las respectivas ternas.

En los pasillos del Poder Legislativo corre el rumor que para nombrar al fiscal anticorrupción se prevé lanzar una convocatoria a fin de abrir ese espacio a las propuestas ciudadanas y de diversos organismos, sin embargo sólo se trata de una celada para tratar de vender la idea de que la designación de ese funcionario será un proceso limpio y democrático, pues legalmente el gobernador tendrá que enviar una terna a los diputados que al final votarán por el hombre o la mujer que reciba el visto bueno del mandatario tlaxcalteca.

Los diputados tienen 52 días para aprobar las leyes secundarias y los mencionados nombramientos a fin de cumplir con la disposición legal que establece que el Sistema Estatal Anticorrupción de Tlaxcala deberá operar a partir del 2018.

El presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, Arnulfo Arévalo Lara, tuvo un arranque de honestidad al declarar que si bien para él y otros legisladores es una prioridad el citado sistema, ésta no puede estar por encima de los intereses y negociaciones que se lleven a cabo en la Junta de Coordinación y Concertación Política que preside el diputado priista Mariano González Aguirre.

Ahora resulta que el futuro de ese andamiaje depende del ánimo y la voluntad de los diputados que integran ese órgano de gobierno del Poder Legislativo, lo cual resulta lamentable porque difícilmente en esas mentes existe el deseo de aprobar leyes que garanticen un sistema anticorrupción moderno y con dientes, pero sobre todo que tenga la característica de ser independiente del gobernador y de los legisladores.

Con estos antecedentes le puedo asegurar que el Sistema Estatal Anticorrupción no servirá de nada y será una pantomima más con la que se pretende simular que en Tlaxcala se castiga la corrupción.

Nadie ve las anomalías financieras del ex gobernador

.

El ex gobernador Mariano González Zarur no le preocupa nada, porque al parecer no hay nadie en Tlaxcala que tenga el valor de confrontarlo y exigir a las autoridades que sea investigado no sólo por el probable daño financiero dejado a las arcas, sino por los excesos cometidos en su administración.

manchis

Nadie quiere tocar ni con el pétalo de un rosa al hacendado Mariano González Zarur, sobre quien pesan acusaciones de probables quebrantos financieros que no han merecido la mínima atención de los actuales integrantes del Congreso del estado.

En un reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se documentó que en Tlaxcala existe un probable daño patrimonial de 352 millones de pesos que habría cometido la administración del ex gobernador, pues nadie sabe en qué y dónde fue a parar esa cantidad de recursos públicos.

Ese órgano realizó una revisión en aquellas entidades donde se llevó a cabo el relevo de gobernadores y encontró que en 10 estados había inconsistencias financieras que suponen desvíos o faltantes de importantes cantidades de dinero.

Las anomalías detectadas por la ASF son 42 mil 615 millones del gobierno de Veracruz, 9 mil 105 en Oaxaca, 4 mil 706 millones en Puebla, 4 mil 383 millones en Quintana Roo, 3 mil 923 millones en Zacatecas, 3 mil 247 millones en Sinaloa, 3 mil 256 millones en Durango, mil 48 millones en Chihuahua y mil 44 millones en Hidalgo.

Si comparamos la cantidad observada en Tlaxcala que fue de 352 millones de pesos con las cifras registradas en los otros estados llegaremos a la conclusión que es mucho menor, sin embargo no por eso los diputados locales y la actual contralora del ejecutivo, Marisela Escobar Sánchez, deben mostrarse indiferentes y solapar esa irregularidad.

Hay que tener presente que en el informe del 2015 la ASF encontró un daño patrimonial en Tlaxcala por más de 1,200 millones de pesos, sin que hasta la fecha la actual administración haya informado si las observaciones del ente fiscalizable fueron solventadas o se mantiene vigente ese quebranto financiero cuya cifra podría incrementarse con los resultados que arroje la revisión total del 2016.

Marisela Escobar es una enorme decepción. No pudo con el paquete y mucho menos tuvo el valor de iniciar una investigación no sólo al ex gobernador Mariano González, sino a los ex funcionarios que tienen responsabilidad en esos faltantes de recursos públicos.

Para que sirve una contralora del ejecutivo que se ha limitado a poner en marcha la campaña “Honestidad Tlaxcala” cuando no tiene la iniciativa y voluntad de indagar y sancionar los múltiples excesos de la pasada administración.

A principios julio de este año, Escobar Sánchez demostró que es una ternura de contralora al declarar que su dependencia tenía abiertos 43 procedimientos contra actuales y pasados funcionarios, sin que entre ellos se ubicara uno de primer nivel, es decir, la mujer optó por simular que investiga para así justificar su salario que cobra cada mes.

Llama la atención que los actuales diputados panistas se muestren hoy en día muy interesados en tratar de castigar la añeja práctica de “los moches” en la contratación y ejecución de la obra pública, cuando en el caso de los presuntos desvíos detectados por la ASF en el gobierno de González Zarur han guardado un absoluto silencio cómplice que demuestra que su “lucha” contra la corrupción es un asunto mediático.

Resulta ridículo que quieran reformar la ley para sancionar futuros actos de corrupción y no tengan la capacidad de exigir que se sancione las conductas ilícitas detectadas y documentadas por la Auditoría Superior de la Federación.

En fin, no cabe duda que Mariano González sigue siendo el amo en Tlaxcala.

El Congreso optó por una chicanada y no por un acto soberano

.

El caso de la ratificación o no del ex magistrado Fernando Bernal Salazar no ha concluido y lo más seguro es que el Congreso del estado vuelva a recibir un ordenamiento de un juez federal para resolver de fondo ese asunto. Los diputados locales que presumen ser abogados y conocedores del derecho aún no deberían cantar victoria.

Arnulfo-Arévalo-Lara
Si los diputados locales priistas que tienen el asunto en sus manos y que presumen sus estudios en derecho fueran más sensatos y humildes, entenderían que el dictamen presentado la semana pasada y que proponía la no ratificación del ex magistrado Fernando Bernal Salazar no cumple con el fallo que emitió un juez federal.

En primera porque el dictamen del 31 de octubre quedó empatado al lograr 10 votos a favor y 10 votos en contra, por lo que ese documento no es concluyente sobre la permanencia o no de Bernal Salazar como miembro del pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE).

La justicia federal no sólo estableció los lineamientos que el Congreso del estado debería seguir para emitir un nuevo dictamen donde expusiera y argumentara los motivos por los cuales ratificaba o no al ex magistrado, sino que además fijó un plazo legal para que esa resolución fuera aprobada por el pleno.

Hasta el momento, los diputados locales cumplieron parcialmente con la sentencia del juez federal, por lo que el caso no está terminado y es muy probable que los legisladores reciban una nueva recomendación para abordar el tema y someter el caso a una nueva votación.

La idea de presentar un dictamen que establecía la no ratificación de Fernando Bernal y lograr un empate en la votación fue buena, pero al final se trata de una simple chicanada que difícilmente aceptará la justicia federal si es que aplica los criterios jurídicos que hasta ahora ha manejado en el asunto que desde el 2014 se litiga en los tribunales.

Si esa fue la brillante asesoría que la presidenta del TSJE, Elsa Cordero Martínez, ofreció al diputado Mariano González Aguirre, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, para evitar el regreso de Fernando Bernal como magistrado, imagínese en manos de quien está el Poder Judicial en Tlaxcala.

Aunque el priista Arnulfo Arévalo Lara presidente de la mesa directiva del Congreso local y de la Comisión Especial que analizó el caso del ex magistrado aseguró que el asunto está firme porque se trata de un acto soberano de la actual legislatura, lo cierto es que podría llevarse una sorpresa y recibir un nuevo ordenamiento que lo haga quedar mal.

La intención de conformar los órganos colegiados con número non tiene la finalidad de evitar empates en sus votaciones y si el dictamen de la no ratificación hubiera sido aprobado por 19 de los 25 diputados que integran la actual legislatura –aunque se hubiera destacado la trayectoria de Fernando Bernal-, el asunto estaría concluido porque ese sí sería un acto soberano que nadie tendría la capacidad de cambiar, porque no hay ninguna ley que obligue a los legisladores a aprobar el regreso de ese abogado como miembro del TSJE.

Por lo pronto le puedo decir que los actuales diputados locales sólo contribuyen a empeorar la imagen que existe sobre ellos, pues no resuelven de fondo el caso y recurren a chicanadas para tratar de salvar el pellejo.

En el Cobat más de lo mismo

.

A casi seis meses de la llegada de Silvia Josefina Millán López como directora general del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala ese subsistema educativo se mantiene igual. No hay cambios que se puedan destacar y lo que es peor la llegada de funcionarios con mala reputación puede ser la pauta para que se registren conflictos.

antiguo

Hasta el momento Silvia Josefina Millán López ha llevado a cabo los cambios de funcionarios que la acompañan con mucho sigilo, como si la intención fuera cubrirlos u ocultar sus antecedentes para evitar críticas o cuestionamientos.

El último nombramiento que hizo y que se podría confirmar en las siguientes horas fue la designación de Julián Otero Sánchez, quien a partir del viernes se hace cargo de la Dirección Académica del Cobat. Se trata de un personaje que poco o nada conoce de Tlaxcala y con muy mala fama.

Resulta que Julián Otero se venía desempeñando en el mismo cargo pero en el sistema de Colegios de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep), puesto que ocupó por más de ocho años durante los cuales fue acusado de alterar las cargas horarios para beneficiar a maestros recomendados que carecían del perfil para las asignaturas que recibían.

En más de una ocasión fue cuestionada la calidad académica de los docentes del Cobaep, no sólo por los alumnos y maestros de ese subsistema que eran marginados por no ser amigos o recomendados de Otero Sánchez.

Además resulta raro que Silvia Josefina Millán haya invitado al Cobat a Julián Otero, cuando está comprobado que todo el personal directivo que cobra en la nómina de gobierno del estado de Puebla estaba obligado a trabajar y operar por el PAN y el ex mandatario Rafael Moreno Valle.

Pero antes de ser un operador del PAN, Otero Sánchez era un priista que se encargó de cuidar los intereses de los hermanos del ex gobernador Mario Marín Torres, quienes controlaban ese subsistema educativo en Puebla.

Lo anterior demuestra que la directora general del Cobat fue muy sincera cuando hace unos meses declaró a El Sol de Tlaxcala que no era política y que de ese rubro no conocía nada, pero también pone en duda sus credenciales académicas porque la designación que hizo es muy cuestionable por los antecedentes que tiene su recomendado.

Vaya, en más de una ocasión el sindicato de académicos solicitó a las autoridades del Cobaep la remoción de Julián Otero a quien calificaban como déspota en el trato a los empleados y poco honesto en el manejo de los recursos.

El nuevo director académico del Cobat tiene el estigma de ser un funcionario corrupto por el manejo de plazas que llevó a cabo dentro del Cobaep, pero también por la asignación de las cargas de trabajo a los profesores de los diferentes planteles. También tuvo que ver en la modificación del Contrato Colectivo de Trabajo que permitió escamotear prestaciones de fin de año y el pago de gastos funerarios a los trabajadores de ese subsistema educativo de Puebla.

Según Millán López busca erradicar los vicios y anomalías que prevalecieron en años pasados y en la gestión de David Flores Leal, sin embargo cómo hará eso posible si su nueva adquisición incurría en las mismas actitudes de las que se queja la directora general del Cobat, es decir, no respetar la normatividad vigente que establece que la única forma de participar en los procesos de asignación de horas-clase es a través de las convocatorias.

Veremos qué tiempo tarda Julián Otero en meter en problemas a su jefa Silvia Josefina Millán, porque tarde o temprano se presentará la inconformidad de los docentes del Cobat.

Y un asunto al que la directora del Cobat debería dedicarle tiempo y dinero, es al pago de los laudos que tiene perdidos con casi 90 trabajadores que a lo largo de casi seis años han litigado sus casos y que pronto estarán en posibilidades de embargar a la institución para cobrar lo que por ley les corresponde.

Trascendidos de fin de temporada de muertos

.

A partir de mañana faltarán 58 días para que finalice el presente año, tiempo que será clave para comprobar si las autoridades se animarán a aplicar la ley a varios ex alcaldes que enfrentan acusaciones penales en la Procuraduría General de Justicia en el Estado por presuntos desvíos de recursos públicos.

denuncia_17%5b2%5d

Han pasado ya varios días desde que se presentaron las denuncias penales contra ex presidentes municipales y poco o casi nada se sabe sobre las investigaciones que realiza el Ministerio Público para integrar las averiguaciones previas que permitan llevar ante la justicia a los ex funcionarios que se presume incurrieron en diferentes anomalías que afectaron el patrimonio de los ayuntamientos que gobernaron.

Trascendió que antes de que finalice el 2017 se podría llevar a cabo la detención de algunos ex ediles que hasta el momento han mostrado total indiferencia para solventar las observaciones millonarias que el Órgano de Fiscalización Superior encontró en sus administraciones y que en algunos casos suman varios millones de pesos.

Aunque no faltará quien diga que esas acciones judiciales tendrán un trasfondo político por el desarrollo de las elecciones federales y locales, lo cierto es que las carpetas de investigación están muy avanzadas y casi listas para ser presentadas a un juez penal que después de una revisión no tendrá otra más que liberar la orden de aprehensión correspondiente.

Un ex presidente municipal que podría recibir en diciembre malas noticias es el panista que gobernó la capital del estado, Adolfo Escobar Jardinez, quien se dice será notificado de su inhabilitación para ocupar cargos antes de que inicie el periodo vacacional de fin de año.

Adolfo Escobar esperará esa resolución que en unos días más emitirá el ayuntamiento capitalino que preside Anabell Ávalos Zempoalteca para comenzar su defensa, sin embargo ese procedimiento será suficiente para que el PAN lo descarte para ser candidato a un puesto de elección popular pese al buen posicionamiento que tiene ese personaje.

Trascendió que el ayuntamiento de Texoloc no sabe cómo lograr que el ex delegado de la Secretaría de Gobernación, Ángel Isaac Ochoa Pérez, pague el préstamo de 30 mil pesos que recibió del municipio y del entonces alcalde Miguel Ángel Covarrubias Cervantes.

Se dice que ese funcionario federal que llegó a Tlaxcala en el 2014 se dio a la tarea de solicitar apoyos económicos a varios presidentes municipales, quienes no pusieron resistencia para abrir la cartera.

Sin embargo, Miguel Ángel Covarrubias tuvo la habilidad de que Ángel Isaac Ochoa firmara una póliza en donde quedó documentado el préstamo que recibió del ayuntamiento, el cual no ha sido pagado desde que el flamante delegado de la Segob fue cambiado a otra entidad en marzo de 2015.

Trascendió que está cerrada la posibilidad de que Morena y Andrés Manuel López Obrador acepten una alianza electoral con el Partido Alianza Ciudadana que encabezan los hermanos Héctor y Serafín Ortiz Ortiz rumbo a los comicios del 2018, pues los primeros llegaron a la conclusión que tal unión beneficiaría más al actual grupo político que controla la Universidad Autónoma de Tlaxcala que a ellos.

Por esa razón, el PAC sin reconocer que ya no hay posibilidad de alianza con Morena, concentrará sus esfuerzos en lograr un acuerdo con el Frente Ciudadano por México integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

El PAC busca participar en una coalición electoral que le permita concentrarse en distritos específicos para obtener posiciones no solo en la Cámara de Diputados, sino en el Congreso del estado, de ahí que buscará con todo tener la candidatura a la diputación federal por el segundo distrito donde en los comicios pasados demostró que es competitivo.

Ingenua la postura del INE en Tlaxcala

.

Algo diferente tendrá que realizar el Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala para que exista la garantía de que en las elecciones federales habrá certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, porque esos principios rectores son letra muerta en muchos casos donde se demuestra que el PRI y el gobierno no juega limpio.

INE 2 nov

Formalmente ayer arrancó el proceso electoral 2017-2018 en donde los tlaxcaltecas tendrán la posibilidad de acudir a las urnas para elegir presidente de México, senadores y diputados federales y locales, sin embargo el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral carece de la autoridad moral para garantizar que en esta ocasión si se hará valer el cumplimiento de la ley.

Durante la instalación del consejo local del INE, el presidente de ese organismo, Jesús Lule Ortega, demostró que la autoridad electoral no cambiará su postura y actuación que ha mantenido en los últimos comicios, donde se ha comprobado que ha sido más que permisiva de actos irregulares del gobierno federal y estatal que atentan contra la legalidad, la certeza, la objetividad, la imparcialidad e independencia.

En pasadas elecciones se ha visto a secretarios del gabinete de Enrique Peña Nieto junto al gobernador del estado encabezando eventos oficiales para entregar toda clase de recursos de diferentes programas gubernamentales, sin que el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hayan sancionado esa conducta que rompe el equilibrio que debe prevalecer en el proceso.

Pedir a los partidos políticos que promuevan campañas electorales alejadas de la ofensa y de conductas que generen división y encono en la sociedad tlaxcalteca resulta inocente, sobre todo cuando en el ambiente pululan acusaciones de corrupción contra funcionarios y políticos.

Es obvio que los ciudadanos perciben que el gobierno simula el castigo de esas conductas, de ahí que los candidatos recurrirán a la descalificación para sacar provecho del hartazgo que existe hacia las actuales autoridades para ganar simpatías y votos.

Dígame sino el presidente del Consejo Local del INE, Jesús Lule Ortega, se ve ingenuo con el llamado que hizo a los partidos políticos.

“Los convoco a utilizar la persuasión y el convencimiento como las vías más adecuadas para obtener el voto por la vía de la propuesta y la razón, a respetar al otro y promover y practicar todas y cada una de las reglas del juego democrático”.

“La disposición de todos los actores para que en las campañas se ponga énfasis en las ideas y en las propuestas, haciendo a un lado toda forma de descalificación del adversario político. La disposición del derrotado para levantar la mano al candidato ganador, pero a su vez, la de reconocer lo valioso de las propuestas de quien no sea favorecido por la voluntad ciudadana, llevando su voz a los espacios del debate público”.

Y luego soltó otra lindeza al sostener que “La sociedad tlaxcalteca tendrá una elección pacífica, apegada a derecho, bajo condiciones de seguridad y equidad para el ejercicio del sufragio, exenta de abusos e intromisiones de instancias ajenas al proceso electoral”.

Estoy seguro que muy pocos actores políticos compartirán la visión que tiene el consejero presidente del Consejo Local del INE sobre estas elecciones, pues es una realidad que la autoridad electoral dejó de tener la confianza de la mayoría de los partidos y de los ciudadanos.