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Archiv para septiembre, 2017

La ratificación obligada de Fernando Bernal

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El problema de los diputados es que no tienen ningún elemento válido que puedan utilizar para impedir la ratificación del abogado como miembro del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, sin embargo son tan necios y obedientes que podrían recurrir a alguna chicanada para mantener vigente los odios del ex gobernador.

TRESLOCOS
Los diputados locales comandados por el inexperto, pero arrogante Mariano González Aguirre, se encuentran entre la espada y la pared en el caso de la ratificación o no del ex magistrado Fernando Bernal Salazar.

Los legisladores que suelen no darle importancia y relevancia a asuntos delicados como es el caso del ex magistrado, no terminan por entender que ellos pagarán los odios y caprichos del ex gobernador Mariano González Zarur, quien en un acto de intolerancia y sin tener ningún sustento legal, ordenó a la pasada legislatura interrumpir la carrera de Bernal Salazar en el Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE).

El odio que sentía el hacendado gobernador por algunos miembros del TSJE lo concentró en Fernando Bernal, quien a diferencia de otros magistrados como Elsa Cordero Martínez o Mario de Jesús Jiménez Martínez no puedo mantenerse en la estructura del Poder Judicial de Tlaxcala porque simplemente alguien así lo decidió.

Al no ser ratificado en el tiempo establecido por la ley, de inmediato se inició el proceso para designar al nuevo integrante del Poder Judicial, posición que recayó en la imposición de Leticia Ramos Cuahtle, que forma parte de los manchimagistrados –Elsa Cordero, Héctor Maldonado Bonilla y Maricruz Cortés Ornelas- que están más que dispuestos a obedecer cualquier instrucción de González Zarur.

Hay que tener presente que Leticia Ramos fue pasante en el despacho de la ex consejera jurídica del gobierno del estado Inés Bonilla, madre del magistrado Héctor Maldonado. Ese bufete de abogados fue uno de los que contrató Mariano González para atender el pleito legal que inició contra los notarios que fueron suspendidos en su administración.

También quien podrá olvidar la emoción y lambisconería que mostraba la magistrada presidenta del TSJE, Elsa Cordero, cuando en sesiones de Pleno y sin ningún recato felicitaba abiertamente a Leticia Ramos cada vez que el Congreso emitía un dictamen en contra de Fernando Bernal. Era tanta la felicidad que hasta organizaban comidas para festejar esos momentos.

Torciendo la ley y con argumentos ilegales y tontos, los diputados de la pasada legislatura que eran comandados por el priista Florentino Domínguez Ordoñez y el panista Ángelo Gutiérrez Hernández, no sólo aprobaron una evaluación carente de legalidad que resultó negativa para la causa del ex magistrado, sino que además violentaron los derechos del abogado Bernal que tuvo que recurrir a la Justicia Federal para evitar que los atropellos de los legisladores y del entonces mandatario se concretaran.

El lunes 2 de octubre vence el plazo para que el Congreso del estado de cumplimiento a una resolución de un juez federal que pidió a los legisladores de Tlaxcala emitir un dictamen fundado y motivado que establezca si ratifican o no a Fernando Bernal como magistrado propietario del TSJE.

Si optan por la no ratificación, el juez federal ya les pidió a los diputados que funden y motiven el porqué de su desestimación, lo cual representa un serio problema para los legisladores porque no tienen ningún argumento sólido que justifique esa decisión.

En caso de no cumplir con el plazo fijado, los diputados locales podrían ser acreedores a una multa de cien a mil días de salario mínimo y el expediente tendría que ser remitido al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución de sentencia, procedimiento que puede terminar con la separación de sus puestos y la consignación de los legisladores ante las autoridades correspondientes.

Ayer, el Congreso local dejó insubsistente el dictamen de fecha 12 de mayo de 2016 mediante el cual se determinó no ratificar en el cargo a Fernando Bernal, con lo que empezó a atender parcialmente la sentencia de la Justicia Federal.

Sin embargo, es un hecho que el diputado Mariano González en contubernio con los magistrados Elsa Cordero y Héctor Maldonado anda como loco cabildeando el apoyo que requiere para impedir el arribo de Bernal Salazar al TSJE.

La razón es muy simple, saben que están a un paso de perder una posición en el pleno del TSJE-Leticia Ramos Cuahtle-. Situación que sin dudas complicaría su estrategia que tenían para seguir controlando la presidencia del Poder Judicial en Tlaxcala.

Veremos si se impone la legalidad y la razón o la ilegalidad combinada con la estupidez.

La indolencia del titular del ITC

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En Tlaxcala hay personajes que muestran total indiferencia a los daños registrados al patrimonio cultural e histórico del estado. Se trata de esos funcionarios frustrados que piensan que le hacen un favor al gobierno de estar trabajando en la administración pública. Ejemplos sobran y por sus actitudes los puede reconocer.

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Por lo que se ve nadie le ha avisado al pesado funcionario Juan Antonio González Necoechea que el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) es una instancia coadyuvante en la preservación y restauración del patrimonio edificado del estado.

De ahí que su inmovilidad ante el riesgo de que se colapsen algunos templos catalogados como históricos ha sido más que evidente, como si para él no tuviera importancia el daño que sufrieron las iglesias de San José en la capital del estado, así como la de Tepeyanco, Ixtacuixtla, Nativitas y la de Ocotlán.

Su ignorancia es tal grande como su necesidad de poder y protagonismo, al grado que se desconoce si ha implementado alguna acción para evitar el saqueo de esos templos, pues aunque usted no lo crea hay cientos de objetos de arte sacro que están resguardados en esos inmuebles y que tienen un alto valor.

Lo anterior se puede constatar en el inventario que se elaboró en la administración del ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya. Ese documento detalla y describe cada una de las riquezas que existen en las iglesias tlaxcaltecas, de ahí que sería absurdo que las autoridades permitieran la desaparición de algunas piezas.

Aunque el funcionario estatal podrá argumentar que algunos de los edificios afectados son normativamente cuidados por instancias federales como el INAH y que éstos están bajo el resguardo de las comunidades y autoridades religiosas, la realidad es que el gobierno del estado a través del ITC tiene que actuar con prontitud ante la posible pérdida total de esos inmuebles históricos, porque representan una parte importante de la identidad de los tlaxcaltecas y de los mexicanos.

Pero es tanta la soberbia del titular del ITC, muy característica del clan González, que ni siquiera se ha preocupado por pedir que se acelere la elaboración de los dictámenes de los inmuebles dañados, ni mucho menos de los que edificios que tienen registro de patrimonio después del año 1900 y que están bajo la normativa del INBA.

En la actual administración nadie sabe qué hace González Necoechea, pues en las visitas que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez realizó por los inmuebles religiosos dañados por los sismos del 7 y 19 de septiembre nunca se le vio, como si fuera relegado porque se da por un hecho que es un cero a la izquierda.

Hasta el momento sólo se ha confirmado que los murales del maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin que se encuentran en Palacio de Gobierno registraron algunas afectaciones, pero se desconoce si la antigua sede del ITC sufrió daños, así como el Teatro Xichoténcatl y los museos que están bajo el resguardo del Instituto.

Es evidente que Juan Antonio González fue separado de las decisiones cupulares donde se analizan y evalúan los daños provocados por el pasado terremoto, pese a que él representa, en teoría, los intereses del Estado en materia cultual.

En su visión y formación, es muy probable que ese funcionario sólo perciba piedras y campanas que no le van a dejar un beneficio económico y optará por no hacer nada para recuperar y conservar ese patrimonio de los tlaxcaltecas.

La actitud de González Necoechea no sólo demuestra estupidez, sino negligencia que ofende e indigna a los tlaxcaltecas.

Mientras a nivel nacional hay una real preocupación por los severos daños que sufrió el patrimonio histórico del país, en Tlaxcala el ITC se muestra indiferente a ese problema. Se habla que hay más de 1,500 inmuebles afectados, situación que implicará una inversión de 8 mil millones de pesos para conservarlos.

En Tlaxcala nadie ha dicho que tan grave son los daños que existen en los templos y en otros edificios históricos. Tampoco se sabe cuánto costará su reparación.

Es lo malo de tener a funcionarios como Juan Antonio González que no sirven para nada.

El bono democrático de los alcaldes

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Han pasado casi nueve meses y la mayoría de los presidentes municipales agotó el bono democrático que suelen otorgar los ciudadanos para esperar resultados. Algunos alcaldes llegarán con cierto respaldo a su primer informe de gobierno, pero otros empezarán a enfrentar el rechazo social.

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Aunque los ciudadanos han hablado de manera limitada del desempeño de los presidentes municipales, un reciente estudio revela que muy pocos alcaldes tlaxcaltecas lograron una calificación aprobatoria de sus administraciones, lo que sin duda confirma que está por caducar el bono democrático que suelen recibir por parte de sus gobernados.

La atención de los ciudadanos se ha centrado en el trabajo del gobierno de estado, pero también han evaluado la actividad de los alcaldes cuya realidad podría cambiar cuando comprueben que sus administraciones han empezado a causar cierta molestia entre la población.

Por ejemplo, en Apizaco la población no está satisfecha con la seguridad pública, pues en su opinión el municipio se encuentra hoy más inseguro con respecto al año pasado. La aplicación del alcoholímetro en esa ciudad ya ha generado rechazo hacia el alcalde, así como la reciente aplicación de multas por parte de agentes de vialidad que en los últimos días les ha dado por infraccionar a los conductores de automóviles por supuestamente exceder los límites de velocidad.

En Chiautempan el malestar social va en aumento porque las autoridades municipales se han mostrado incapaces para resolver varios problemas como el de los baches y la inseguridad. Los ciudadanos perciben a un alcalde que está más interesado en cumplir sus compromisos políticos que en resolver la problemática de esa población.

Los presidentes municipales del oriente del estado simplemente no pueden con la inseguridad y los ciudadanos están cansados de los atracos que sufren en esa zona.

La luna de miel entre autoridades municipales y ciudadanos está por terminar. Hay ediles que iniciaron sus gobiernos a toda prisa y nunca se administraron para un periodo de cuatro años y ocho meses, pues en estos casi nueve meses que llevan como alcaldes jugaron todas sus cartas, por lo que ya no tendrán nada nuevo que ofrecer en los próximos años.

Además, es probable que el próximo año los presupuestos de los ayuntamientos sean limitados y su capacidad para realizar obra pública se reduzca, ya que el panorama económico del país no luce óptimo sobre todo cuando se tendrá que destinar importantes sumas de recursos para la reconstrucción que se llevará a cabo luego de los daños que dejaron los sismos del 7 y 19 de septiembre.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, el gobierno del estado dispondrá de un presupuesto ajustado para el 2018 que no incluye grandes obras, lo que sin duda afectará a los presidentes municipales que desde ahora deberán gestionar recursos con los diputados y las dependencias federales para tratar de obtener fondos que se traduzcan en acciones que los ciudadanos puedan ver.

El otro año se conocerá cómo han manejado los recursos, pues enfrentarán el proceso de fiscalización por parte del Congreso del estado. Veremos si para entonces algún ex alcalde ya se encuentra preso y los criterios para aprobar las cuentas públicas de los actuales ediles se ajustan a los lineamientos que permitieron presentar 30 denuncias penales contra igual número de ex presidentes municipales.

El tormentoso regreso a clases para Camacho

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Manuel Camacho Higareda, actual secretario de Educación Pública fue víctima de las circunstancias y de otros funcionarios estatales que un cumplieron con su trabajo. Nunca imaginó que el regreso a clases tras el sismo de la semana pasada fuera tan complicado y desgastante para su imagen.

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La disposición de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal de exigir dictámenes de seguridad estructural en cada uno de los planteles para poder regresar a clases puso a parir chayotes al titular de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, Manuel Camacho Higareda.

Dicha medida fue solicitada el pasado viernes por la tarde, es decir, tres días después del terremoto registrado el pasado 19 de septiembre, situación que complicó el trabajo de las autoridades estatales que ya habían anunciado el retorno a clases para el 25 de septiembre.

La revisión de las escuelas del estado tenía un avance importante y en la mayoría de los casos se había comprobado que si bien había afectaciones, éstas no representaban un mayor riesgo para los alumnos y maestros.

Sin embargo, las instancias responsables de la supervisión como Protección Civil a cargo de Joaquín Pluma Morales y el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (Itife) que dirige Anahí Gutiérrez Hernández se relajaron y dejaron de elaborar los dictámenes que dieran la certeza de que no había ningún tipo de riesgo en casi la totalidad de las instituciones educativas del estado, salvo dos que ya se determinó que deberán ser demolidas.

Si hubo alguien que desde el primer día mostró preocupación por los probables daños provocados por el sismo fue el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez que de inmediato ordenó la suspensión de clases el mismo 19 de septiembre y pidió a sus funcionarios llevar cabo una revisión de la infraestructura educativa para garantizar la seguridad de la población estudiantil.

El gobierno del estado nunca ha ocultado información sobre las afectaciones del terremoto, pues al día siguiente de ese fenómeno natural ya se conocía, en una primera revisión, que el número de escuelas dañadas superaba las doscientas y que la supervisión de los inmuebles se mantenía vigente.

La actitud de los padres de familia de exigir los dictámenes de seguridad estructural es entendible, así como la preocupación de algunos directores de escuelas que ante la falta de ese documento optaron por suspender labores, sin embargo es ilógico pensar que la Secretaría de Educación Pública en Tlaxcala dispuso la reanudación de actividades en inmuebles que no fueran seguros.

La sicosis que se vive por los daños provocados por el terremoto en la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Chiapas y Oaxaca está latente, pero en verdad dudo que Manuel Camacho como responsable de la educación en el estado esté tomando decisiones sin tener el sustento de que la seguridad de alumnos y maestros está garantizada.

Manuel Camacho está pagando los platos rotos de Protección Civil y del Itife. Su mala relación con el SNTE es más que evidente, pues lejos de contar con el respaldo de los maestros en este problema, éstos aprovecharon la ocasión para desgastarlo ante los alumnos, padres de familia y la sociedad al tratar de ponerlo como un funcionario irresponsable.

La crisis provocada por el terremoto sin lugar a dudas fue la novatada para algunos funcionarios estatales que demostraron que no están aptos para desempeñar ciertos cargos.

La inexperiencia de algunos funcionarios

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Aunque Tlaxcala no sufrió los daños registrados en la Ciudad de México, Puebla y Morelos tras el sismo del pasado 19 de septiembre, es evidente que hubo afectaciones que implicarán el desembolso de recursos públicos para reparar las escuelas dañadas que hasta el momento se desconoce con precisión su número exacto.  

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Sin duda el terremoto del pasado 19 de septiembre está representando la mejor prueba para varios miembros del gabinete estatal. Algunos la pasarán, pero otros quizá no, de ahí que no descarte cambios de funcionarios una vez que pase la crisis provocada por ese fenómeno natural, porque su actuación y comportamiento no ha sido el adecuado ni el esperado.

 Si bien el gobierno del estado ya inició con los trámites para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), es un hecho que la inexperiencia de funcionarios estatales con un papel clave en este tipo de desastres provocará que los expedientes se trabajen a marchas forzadas porque no hubo la planeación ni la coordinación necesaria para enfrentar esa crisis.

 De nada sirvió que la secretaria de Gobierno Anabel Alvarado Varela acompañara al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez por los recorridos que el mandatario llevó a cabo por los municipios de la entidad para constatar las afectaciones a Iglesias y otros inmuebles, cuando debió estar coordinando desde su oficina el trabajo de las dependencias estatales que estarían involucradas en la revisión y supervisión de esos daños.

 Mientras en Puebla desde el primer día se empezó a trabajar en la integración de los expedientes para acceder a los recursos del Fonden, en Tlaxcala los titulares de dependencias como la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, Protección Civil y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura no sabían que hacer para enfrentar el desastre generado por el terremoto.

 Esas dependencias están en manos de inexpertos que además carecen de los conocimientos para acceder al Fonden, lo cual quedó evidenciado en la reunión del Comité Técnico de Evaluación de Daños donde estuvieron presentes funcionarios federales que vinieron a dar a conocer los lineamientos y plazos que Tlaxcala tiene para solicitar el apoyo del gobierno federal.

 En dicha sesión de trabajo algunos miembros del gabinete se enteraron que el expediente que deberá presentar la administración estatal tendrá que integrar una evaluación y cuantificación de los daños registrados en Tlaxcala tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, así como fotografías georreferenciadas para sustentar legalmente el procedimiento.

 El trabajo que en esta crisis ha realizado la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a cargo de Francisco Javier Romero Ahuactzi ha sido malo y pésimo, porque sin ser experto en ingeniería estructural el funcionario aseguró que los inmuebles del gobierno del estado estaban bien y que no corren ningún riesgo de derrumbe.

 La directora del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Anahí Gutiérrez Hernández quedó rebasada desde el primer día, pues hasta el momento se desconoce si esa instancia ya elaboró los dictámenes de seguridad estructural de las escuelas públicas, requisito que solicitó la SEP federal para permitir el regreso a clases.

 En algunas instituciones educativas de la entidad los padres de familia rechazaron el dictamen emitido por Protección Civil a cargo de Joaquín Pluma Morales, pues comprobaron que la supervisión de esas escuelas fue realizada por personal que carece de los conocimientos necesarios para determinar si un inmueble sufrió o no daño estructural.

 Anabel Alvarado debería dejar de pensar en su futuro político y dedicarse de tiempo completo a su trabajo. Ella era la responsable de coordinar las acciones de las dependencias estatales y por lo que se ve falló en su primera crisis.

La tragicomedia montada para aprobar la cuenta pública del ex

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El pleito que hace unos días protagonizaron el bisoño legislador priista Mariano González Aguirre con la diputada panista Guadalupe Sánchez Santiago puso al descubierto la pantomima montada por un grupo de legisladores para “exigir” al gobierno del estado 25 millones de pesos etiquetados para el Congreso del estado.

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Si el hijo del ex gobernador dominara su carácter que en ocasiones en tan explosivo como el de su papá, es muy probable que hubiera salido bien el montaje teatral para “pelear” los millones de pesos pactados a través de un convenio firmado por la pasada legislatura y el mandatario Mariano González Zarur.

Sin embargo, el pasado proceso de aprobación de las cuentas públicas de los ex alcaldes generó una confrontación entre diputados que tiró a la basura esa escenificación, que hay que decirlo, avanzaba con cierta credibilidad.

El diputado panista Juan Carlos Sánchez García tuvo un papel protagónico en esa obra y empezó a lanzar dardos con cierta dosis de veneno a la secretaria de Planeación y Finanzas, Alejandra Nande Islas, porque según él la funcionaria menista se negaba a depositar 25 millones de pesos establecidos en un convenio, del cual nadie se acordó en los primeros meses de este año, sino a finales de julio y principios de agosto cuando ya se trabajaba en la revisión de las cuentas públicas.

Todo iba de acuerdo a lo planeado, pero cuando llegó el momento de aprobar y reprobar cuentas públicas de algunos ex alcaldes, el asunto de los 25 millones de pesos se salió de control porque en una reunión entre legisladores donde se calentaron los ánimos, el minimanchis González Aguirre habría dicho que si el pleno avala los estados financieros de su papá y de la Secoduvi, el gobierno del estado procedería a entregar ese monto pendiente para ser repartido entre los 25 diputados.

Traicionado por sus genes, el joven político priista habría hablado sin pensar y sin medir las consecuencias de sus palabras. La legisladora panista Guadalupe Sánchez Santiago mostró altura y lo confrontó sin ningún temor. Y ahí mismo le exigió aplicar los criterios usados para la cuenta pública de la Secoduvi a las cuentas públicas de algunos ex presidentes municipales que estaban reprobadas.

La cuenta pública de la Secoduvi está plagada de irregularidades y pretendes ocultar la corrupción que existió en el gobierno de tu padre, se habría escuchado fuerte y claro.

El intercambio de descalificaciones subió de tono al igual que los gritos de los diputados involucrados. Un testigo mudo de ese pleito entre esos dos políticos de alcurnia fue el legislador perredista Alberto Amaro Corona, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización.

Al final, todos sabemos el desenlace. Las cuentas públicas de Mariano González Zarur y de la Secoduvi fueron aprobadas, no así los estados financieros de los ex ediles panistas como el de Zacatelco, Tlaxcala, Calpulalpan y Tlaxco.

Estoy seguro que el Congreso local si recibirá en sus cuentas los 25 millones de pesos que adeuda el gobierno del estado, pero ahora dudo que éstos se vayan a repartir entre los diputados como se tenía planeado, pues el sismo del pasado martes puede cambiar ese compromiso si al final se comprueba que el inmueble donde opera ese poder sufrió daños.

No cabe duda que el ex gobernador es un político precavido y al final dejó etiquetado el estímulo que iban a exigir los diputados para aprobar su cuenta pública. Quizá por esa razón ya se le ve caminando tranquilamente por las calles de Tlaxcala, como lo hizo el fin de semana pasado donde aprovechó la ocasión para sostener una reunión con sus ex colaboradores.

Bueno para las fotos malo para dar órdenes

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La mentada reforma educativa en Tlaxcala es un mito porque en los hechos se cumple a medias, pues por lo que se ve nadie tiene la capacidad en el estado de terminar con los maestros comisionados que simplemente ignoraron la orden que recibieron a través de un oficio para regresar a las aulas.

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El actual secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, es incapaz de meter orden en su dependencia y de controlar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Si para dirigir la SEP mostrara el mismo empeño que tiene para salir en fotos y aparecer en medios de comunicación, seguramente esa dependencia estaría cumpliendo con la reforma educativa, con el programa más ambiciosos de becas estatales y otras acciones que se requieren para mejorar los indicadores en eficiencia terminal y calidad educativa.

Antes de que iniciara el actual ciclo escolar, Camacho Higareda ordenó que se enviara un oficio a 32 miembros del SNTE para que dejaran su actual comisión y se reincorporaran a sus plazas para dar clases, sin embargo sólo dos acataron esa disposición y el resto con argucias y la protección de funcionarios de la SEP-USET ignoraron tal medida.

Si había una duda sobre la mala relación que existe entre el SNTE y las autoridades educativas de Tlaxcala, este es un buen caso para demostrar que las cosas no caminan bien y que el sindicato sólo anda buscando cualquier pretexto para hacer cada vez más claro su rechazo a Manuel Camacho.

Dicen que los maestros comisionados que ignoraron el oficio de la SEP-USET son docentes de alcurnia o con poderosos nexos políticos que Camacho Higareda no puede controlar, de ahí que aseguran que el titular de la dependencia se quedará con las ganas de verlos en las aulas dando clases.

Los nombres de esos influyentes maestros comisionados pronto se darán a conocer y sin duda quedarán expuestos los políticos que los cobijan y protegen.

Además, trascendió que la actual directora de Relaciones Laborales de la USET, Claudia Inés Xochihua Rodríguez, lejos de apoyar a su jefe optó por aliarse con esos maestros comisionados, que según la reforma educativa ya no debería existir pero que en los hechos si existen y cobran sin atender a un grupo.

Han pasado casi nueve meses desde que llegó el nuevo gobierno estatal y el SNTE no ha tenido las posiciones prometidas en la SEP-USET, así como tampoco ha recibido los apoyos económicos establecidos, por lo que no dude que antes de que finalice el año se empiecen a registrar protestas de ese sindicato.

Muy poca calidad moral tendrá Manuel Camacho para hablar de la reforma educativa que tanto presume Aurelio Nuño Mayer, titular de la SEP a nivel federal, si es incapaz de terminar con los maestros comisionados.

Me queda claro que en la actual administración hay buenas intenciones y propósitos de cambiar las cosas, pero mientras exista un mando débil y sin fuerza, difícilmente el estado se transformará o asumirá un rumbo diferente al que se tenía con Mariano González Zarur.

Puede ser que Camacho Higareda sea un buen asesor, amigo, académico y acompañante, pero está claro que la silla de secretario de Educación Pública le quedó grande y por lo que se ve nunca la va a llenar. Ni hablar.

Tlaxcala dañada y marginada de la tragedia

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Al reportar sólo daños materiales, medios de comunicación nacionales y autoridades federales se han olvidado de Tlaxcala, por lo que sólo se centran en Morelos, Puebla y la Ciudad de México. El gobernador Marco Mena deberá hacer un levantamiento serio de los daños registrados para lograr recursos del Fonden que permitan recuperar los inmuebles dañados.

 Iglesia Tepeyanco

Como suele suceder, Tlaxcala está siendo excluida de la tragedia provocada por el fuerte sismo de ayer que si bien no dejó pérdidas de vidas humanas en la entidad, si afecto iglesias, edificios públicos, escuelas y viviendas.

 Treinta y dos años después del terremoto de 1985, seis estados del centro del país volvieron a colapsarse un 19 de septiembre, esta vez por un sismo de magnitud 7.1 con epicentro entre  Morelos y Puebla.

 El saldo, hasta la medianoche, era de 224 muertos, siendo Puebla, Morelos y la Ciudad de México las zonas más perjudicadas por el movimiento telúrico que quedó registrado a las 13:14 horas de ayer martes.

 En Tlaxcala el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez constató casi al instante los daños provocados por el terremoto, pues fue el que ordenó al personal de logística y giras que acordonara los alrededores de la iglesia de San José que sufrió daños estructurales.

 Después de esta tragedia que aún no termina, cada quien podrá sacar sus conclusiones en torno a si en la entidad existe una coordinación y un plan de contingencia para enfrentar estos fenómenos naturales.

 Por lo pronto, el gobierno del estado está obligado a llevar a cabo una supervisión seria y efectiva de los inmuebles que presuntamente sufrieron daños para determinar si éstos pueden seguir abiertos al público o si será necesario cerrarlos para llevar a cabo su reparación.

 Datos preliminares refieren que hay 57 iglesias con afectaciones, así como 106 escuelas y cerca de 50 viviendas.

 Los templos más dañados son el de San José y el de la Virgen de Ocotlán en la capital del estado, así como el de Tepeyanco, Zacatelco y uno de Nativitas.

 Palacio de Gobierno y el inmueble ubicado en la parte trasera del primero también registraron alteraciones, así como los Portales y el Hospital General de Tlaxcala.

 En junio de 1999 cuando la entidad sufrió otro temblor que generó problemas en inmuebles religiosos, la administración del entonces gobernador Alfonso Sánchez Anaya llevó a cabo una labor profesional en el levantamiento de daños que le permitió gestionar en el Fonden los recursos necesarios para reparar los templos de San José y Ocotlán.

 En aquella ocasión la coordinación con las autoridades del INAH permitió recuperar las torres de esas iglesias que estaban partidas en dos. Los expertos colocaron cinturones de acero al interior de esas estructuras que permitieron recuperarlas.

 Según los medios locales de esa época, el gobierno estatal a través del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y el INAH efectuaron la reconstrucción y la conservación del patrimonio que en ese año resultó dañado.

 Vaya su trabajo fue tan bueno, que el arquitecto del INAH Gilberto Reyes Zepeda junto con otros tlaxcaltecas fueron requeridos en Puebla para reconstruir iglesias.

 Lo malo para Tlaxcala es que en el ITC se encuentra en manos de un frustrado funcionario que sueña con convertirse en secretario de Gobierno y que no tiene ni la más remota idea de qué hacer en esta tragedia.

 Y a ese adorno de funcionario hay que sumar que al actual delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Eduardo Emilio Velázquez Gallegos, le encanta hacer negocio con las obras que autoriza el Instituto, pues siempre recomienda e impone a la empresa que realizará el trabajo que por lo general cobra caro y casi siempre lo deja mal.

 En fin, veremos qué pasa en los próximos días.

Versión no oficial del Grito

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En un hecho que los ciudadanos no respondieron y que su ausencia en la ceremonia del Grito de Independencia se hizo evidente, así como en el desfile del pasado sábado donde las calles de la capital tlaxcalteca lucieron vacías. La relación entre el gobernador y sus gobernados está fría y distante.

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Algo está pasando al interior del equipo de la actual administración estatal que no se percibe unidad ni trabajo coordinado para llevar a cabo eventos que requieren una buena organización, como es el caso del Grito de Independencia.

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 Resulta que a diferencia de ceremonias pasadas, en esta ocasión los funcionarios de primer y segundo nivel del gobierno del estado no se involucraron ni invitaron a nadie al zócalo capitalino, lo cual se reflejó en el reducido número de ciudadanos que acudieron por su propia voluntad a ese acto que estuvo desangelado.

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 De nada sirvió que el gobierno estatal haya contratado al grupo Rayito Colombiano y a la Sonora Dinamita, con una inversión cercana a los 800 mil pesos, cuando apenas si se juntaron 1,500 personas que para colmo no pudieron disfrutar la música de esos conjuntos porque el sonido que se contrató era chafa.

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 Anabel Alvarado Varela, titular de la Secretaría de Gobierno, tuvo bajo su responsabilidad las invitaciones para la ceremonia oficial en Palacio de Gobierno y la cena que más tarde se efectuó en el salón Joaquín Cisneros del Centro Expositor.

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 Por alguna razón que sólo ella conoce, decidió excluir a funcionarios de primer nivel y a casi todos los diputados locales, así como a otros servidores públicos federales que en otras ocasiones han asistido a Palacio de Gobierno.

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 Alvarado Varela dio lugar preferente a Manuel Camacho Higareda, actual secretario de Educación Pública, así como a la familia de la magistrada Elsa Cordero Martínez. El único diputado local que se vio en uno de los balcones fue al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Arnulfo Arévalo Lara.

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 Los diputados locales sólo fueron requeridos para la cena y no para el evento de Palacio de Gobierno. Además, recibieron la invitación la tarde del jueves 14 de septiembre, lo cual fue interpretado como una descortesía, razón por la cual decidieron no asistir al festejo donde estuvo presente el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

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 Sólo estuvieron en la cena los priístas Arnulfo Arévalo, Eréndira Cova Brindis, Enrique Padilla Sánchez y la independiente Yazmín del Razo Pérez. La ausencia de Mariano González Aguirre fue más que evidente.

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 Anabel Alvarado le está fallando al gobernador y su novatez en el cargo que desempeña cada vez es más notoria. Nunca se había visto una ceremonia del Grito de Independencia tan fría y distante como la del pasado viernes, ni en los tiempos en que Mariano González Zarur gobernaba con un rechazo importante de la población.

 La soberbia de la secretaria de Gobierno pronto le pegará a la actual administración.

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El juego de las vencidas

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La relación entre el Ejecutivo y el Congreso del estado entró a una etapa de constante golpeteo que amenaza con escalar niveles que pueden convertirla en una guerra intestina que sin duda afectará más al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez. El origen de ese pleito tiene que ver con 25 millones de pesos que se etiquetaron y que no han sido entregados a los diputados.

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Con la anuencia del PRI, los diputados locales encabezados por el panista Juan Carlos Sánchez García “El Saga” y el perredista Alberto Amaro Corona ejercieron presión a la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Alejandra Nande Islas, para que cumpla con la entrega de 25 millones de pesos que en teoría serán utilizados para el mantenimiento de la sede del Poder Legislativo.

Dicha cantidad es reclamada porque quedó establecida en un convenio firmado a finales del año pasado por el aún gobernador Mariano González Zarur y los representantes de la anterior legislatura, lo que resulta extraño porque ambos estaban excediendo sus funciones al etiquetar recursos para un año fiscal en el que ya no tendrían ningún tipo de responsabilidad o injerencia.

Pero como el hijo del gobernador llegaría a la actual legislatura, el hacendado gobernador decidió extralimitarse y dejar un dinero extra a Mariano González Aguirre, hoy flamante presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, quien en corto y en privado asegura que los 25 millones que adeuda el gobierno estatal tendrán que ser depositados por las buenas o las malas a las cuentas del Congreso del estado.

La pantomima de ayer donde PAN y PRD exigen a través de un punto de acuerdo que la secretaria de Planeación y Finanzas Alejandra Nande proporcione un informe detallado sobre la aplicación de los recursos etiquetados que dejó la administración de Mariano González Zarur a la actual que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez en el proceso de entrega recepción y que se calculan en 964 millones de pesos fue solapada por el PRI, que para esa representación utilizó a la legisladora Eréndira Cova Brindis.

Para tratar de disimular y vender la idea de que los priístas defendían a la funcionaria menista Alejandra Nande, la diputada se aventó la tontería de pedir cuentas claras al Comité de Administración del Congreso local, cuando hace apenas unos días su líder Mariano González Aguirre salió a declarar que en esta legislatura se había terminado con los manejos oscuros y la corrupción.

Resulta ilógico que Cova Brindis pida al diputado panista Juan Carlos Sánchez un informe detallado cuando puede acudir a la oficina de su líder y solicitar todos los documentos y cuentas que quiera. O será tan ingenua que no sabe que Mariano González también firma los cheques y avala cualquier peso que se gasta en el Poder Legislativo.

Me queda claro que el PRI junto con el PAN y PRD están jugando a las vencidas con el actual gobernador. Saben que tienen pocos días para ejercer presión y lograr esos 25 millones de pesos que sin duda se han vuelto de lo más apetitoso para los legisladores que no están dispuestos a perderlos.

Ojalá los diputados mostraran el mismo interés y preocupación por otros recursos y asuntos que nunca fueron aclarados en la gestión de González Zarur, por ejemplo las observaciones millonarias que hizo la Auditoría Superior de la Federación en el 2015 y que superan los mil millones de pesos o la enorme inversión que se hizo en el Centro de las Artes de Apizaco cuando el inmueble no tiene escrituras y está siendo disputado en un pleito legal por una herencia.

Ejemplos sobran y la lista sería interminable, de ahí que la postura de los diputados locales sobre el cumplimiento de ese mentado convenido es muy cuestionable.

Aún no sé quién ganará el juego de las vencidas, pero de que al final habrá un ganador y un derrotado es seguro.