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Archiv para agosto, 2017

La rapante corrupción y los poderes falsos

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Una burla para los tlaxcaltecas parece la campaña y programa denominado “Honestidad Tlaxcala” que el gobierno del estado puso en marcha para capacitar a más de 18 mil funcionarios estatales y municipales en temas de legalidad y transparencia, con el propósito de combatir la corrupción que existe pero que nadie quiere ver.

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“Honestidad Tlaxcala” es una pérdida de tiempo y un programa que nació muerto, porque la rapante corrupción que prevalece en algunas dependencias del gobierno del estado es visible y burda, como lo que sucede en la Dirección  Notarías y Registros Públicos a cargo de Sergio Cuauhtémoc Lima López.

 La constante en esa dependencia es el registro de poderes falsos que permiten llevar a cabo operaciones de compra-venta de propiedades de forma fraudulenta. No importa que Lima López sepa de esos procedimientos ilegales y que el Ministerio Público pida frenar esos trámites, porque al final todo se puede hacer y en Tlaxcala no pasa nada porque es la tierra de la impunidad.

 Lo que sucede en la Dirección  Notarías y Registros Públicos es grave porque sus acciones ilegales involucran a la nueva administración estatal que en el discurso se muestra muy intolerante ante la corrupción, pero que en los hechos la solapa y protege al permitir que funcionarios como Sergio Cuauhtémoc Lima hagan los grandes negocios.

 Hace unos días se documentó el registro falso de un poder en esa dependencia, sin embargo hoy le puedo decir que se permitió nuevamente la inscripción de dos instrumentos notariales apócrifos emitidos por el fedatario número 2 del distrito judicial de Cholula, Puebla, Mario Alberto Montero Serrano.

 Resulta que según esos documentos notariales María de los Ángeles Verónica González Rodríguez  e Ignacio Hernández Aguilar otorgaron un “Poder Especial con Actos de Dominio, Irrevocable Sin Rendición de Cuenta a favor Ángel Santos González Rodríguez, lo cual es falso porque no autorizaron esa poder y tampoco acudieron al despacho del notario Mario Alberto Montero para firmar esos papeles.

 Lo grave es que los afectados se enteraron de ese poder falso en abril de este año cuando acudieron a la Dirección  Notarías y Registros Públicos a efectuar un trámite. Luego de obtener una copia certificada y alertar a Sergio Cuauhtémoc Lima de esa grave anomalía presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que quedó registrada en la averiguación previa A.H UITLAX/T4/724/2017.

 Cinco de seis propiedades de los afectados ya habían sido vendidas y registradas de manera fraudulenta por Ángel Santos González y sólo quedaba una pendiente, de ahí que González Rodríguez  y Hernández Aguilar pidieron al Ministerio Público su urgente intervención.

 Fue entonces que la PGJE emitió en abril pasado el oficio número 3804/2017 por el cual le solicita al director de Notarias y Registros Públicos “mantenga las cosas  en el estado que se guardan hasta este momento, procurando evitar altas y bajas de los registros antes mencionados”.

 Sin embargo,  Sergio Cuauhtémoc Lima hizo caso omiso y autorizó la inscripción de la última propiedad, avalando así varias operaciones fraudulentas que realizó Ángel Santos González para sí mismo, su hija y su socio Mauricio Enrique Hernández Olaiz.

 Y para demostrar que ese manchifuncionario tiene poder y que es inamovible, también ignoró la solicitud urgente de la Fiscalía General del estado de Puebla que giró el oficio 686/2017/FIR por el que pide al titular de la Dirección  Notarías y Registros Públicos de Tlaxcala realizar “anotación marginal en todas y cada uno de los bienes inmuebles, a fin de que se evite realizar movimientos registrales en los asientos de los inmuebles ya referidos”.

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 La intervención de las autoridades poblanas se debe a que el notario Mario Alberto Montero Serrano fue denunciado penalmente según la averiguación NUAT633/2017/Cholula. Fueron los peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del estado de Puebla los que determinaron que las firmas asentadas en los poderes  de María de los Ángeles Verónica González Rodríguez  e Ignacio Hernández Aguilar son falsas.

 Los afectados ya solicitaron la intervención de la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, pues como jefa de Sergio Cuauhtémoc Lima le piden que ordene una investigación y proceda contra el responsable de la Dirección  Notarías y Registros Públicos por las anomalías y omisiones en que ha incurrido.

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 Con esos funcionarios estatales me queda claro que “Honestidad Tlaxcala” resulta más que un programa una burla para los tlaxcaltecas.

 Pero aunque usted no lo crea pronto documentaremos más irregularidades del poderoso Sergio Cuauhtémoc Lima  que encabeza  una red de corrupción donde participan funcionarios estatales, jueces, ministerios públicos, notarios y gestores.

 Por lo pronto, si tiene alguna propiedad cheque que siga a su nombre, porque estos vivales no perdonan a nadie.

La bochornosa sumisión de los diputados

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La actual legislatura decidió trabajar fast track para aprobar reformas legales en materia electoral sin respetar el procedimiento que se debe seguir. Me da la impresión que la sumisión tan burda que mostraron los diputados al Poder Ejecutivo daña su credibilidad  y sus aspiraciones para buscar la reelección.

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 La separación de poderes es un mito y ayer los diputados demostraron que son capaces de violentar el procedimiento legislativo con tal de quedar bien con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

 Los legisladores del PRI, junto con sus aliados y uno que otro diputado despistado pero que le gusta estar del lado del poder, decidieron mandar a la basura el trabajo que por más de 90 días realizó la Comisión de Asuntos Electorales a cargo del perredista Adrián Xochitemo Pedraza para dar paso a la propuesta que envió el Poder Ejecutivo.

 Pese a que todas las fracciones representadas en el Congreso del estado avalaron un dictamen de reforma electoral para ser discutido y aprobado por el pleno, al final el PRI bajo el mando del diputado Mariano González Aguirre se emperro y sin cumplir con el trámite sometió a votación la iniciativa del mandatario estatal que fue aprobada sin ninguna complicación.

 Con esas disposiciones avaladas se establece que los legisladores podrán ser reelectos por cuatro periodos y que los comicios locales del próximo año iniciarán el 1 de enero, entre otras regulaciones que se hicieron sobre la reelección.

 Lo malo de esa reforma es que los diputados la avalaron sin respetar el procedimiento legislativo, de ahí que dichos cambios pueden ser impugnados.

Otro aspecto negativo es que los diputados locales aprobaron una reforma para su beneficio, por lo que corren el riesgo de ser impugnados cuando alguno de ellos intente su reelección.

   El asunto de la reelección no es tan fácil y más cuando los ciudadanos tienen una pésima imagen de los legisladores.

 Nadie se tomó la molestia de preguntar a los tlaxcaltecas si están o no de acuerdo con la reelección, de ahí que si bien muchos diputados sueñan con mantenerse en su cargo, la realidad es que la mayoría tendrá problemas porque su desempeño hasta este momento es intrascendente.

 Quién puede confiar en diputados que aprueban las cuentas públicas del ex gobernador y de las dependencia estatales sin encontrar una sola observación pese a los quebrantos millonarios documentados por la Auditoría Superior de la Federación, que legislan al vapor y con el tiempo encima sin respetar el procedimiento legal, que incurren en omisión al no haber aprobado el sistema estatal anticorrupción y que se prestan a la negociación para salvar a ex alcaldes con señalamientos de malos manejos.

 No dudo que la tremenda sumisión que demostraron ayer los diputados locales sea recompensada con la liberación de los 25 millones de pesos que el Poder Ejecutivo no ha entregado al Congreso del estado desde hace unos meses.

Secretarios de lento aprendizaje

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Ocho meses no ha sido suficiente tiempo para que algunos titulares de dependencias estatales asuman el control de sus áreas, pues al parecer requieren de más días para aprender y dar resultados, sin embargo su proceso de aprendizaje puede tener un alto costo para la actual administración cuyo bono democrático está por caducar.

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Dos áreas del gobierno estatal son las que se muestran más débiles y desgastadas ante la opinión pública. En materia de seguridad no hay resultados ni avances palpables y las mejoras en materia educativa sólo se quedaron en el discurso.

El responsable de la Comisión Estatal de Seguridad, Hervé Hurtado Ruiz, no puede con el paquete ni podrá sacar el barco del atolladero por más intentos cibernéticos que haga. La delincuencia ya le tomó la medida al funcionario y las cifras de la incidencia delictiva así lo demuestran.

En ocho meses ha sido incapaz de montar una estrategia que permitiera frenar el robo de camiones de carga en carreteras, el atraco a negocios y mucho menos detener el robo de vehículos que cada 30 días crece. En julio se superó la cifra de autos hurtados en Tlaxcala durante los años 2013 y 2014.

Hoy la preocupación de los tlaxcaltecas por la seguridad es real y un porcentaje importante de la población percibe que en esa materia no hay ningún tipo de resultados, de ahí que la trillada frase de que Tlaxcala sigue siendo de los estados más seguro del país pronto dejará de tener un efecto de calmante o consuelo para el malestar de los ciudadanos.

La inteligencia y la coordinación que debería existir en materia de seguridad es una quimera, al igual que el pesado currículum de Hurtado Ruiz que sólo sirvió para apantallar porque al final su supuesta experiencia no ayudó en nada.

En materia educativa las cosas no andan mejor, pues el programa más ambicioso de becas para estudiantes no se ve por ningún lado y muchos menos un mínimo cambio en la operación de esa dependencia a cargo del académico Manuel Camacho Higareda.

El investigador ha sido incapaz de romper la inercia negativa con que opera la Secretaría de Educación Pública. Un ejemplo más que evidente es el incumplimiento a la ley que obliga a las autoridades a entregar útiles escolares a los estudiantes.

Camacho Higareda tuvo siete meses para cumplir con esa disposición y sin embargo es la fecha que no sabe para cuándo se estarán repartiendo esos artículos, cuando el ciclo escolar inició el lunes de la semana pasada.

Los padres de familia ya compraron los útiles y además pagaron las cuotas que les cobraron en las escuelas públicas, cuyo destino final sigue siendo un misterio porque el secretario de Educación rehúye a hablar sobre el tema.

Arrancó el ciclo escolar 2017-2018 y las autoridades educativas perdieron la oportunidad de mostrar un cambio o poner en marcha un programa que demostrara que ese sector realmente es una prioridad para la actual administración estatal.

No se sabe para cuándo se pondrá en marcha el programa más ambicioso de becas que tanto se anunció y que hoy sólo existe en los discursos, porque en los hechos seguimos esperando su ejecución.

En fin, esos dos funcionarios resultaron una gran decepción.

Y las escrituras del Centro de las Artes, apá

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Pese a la inversión millonaria que se hizo en ese inmueble, la realidad es que el Centro de las Artes  que la administración de Mariano González Zarur construyó en Apizaco carece de escrituras, por lo que nadie se explica cómo los diputados avalaron esa obra que se mantiene en litigio y que podría perderse.  

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Un claro ejemplo de que los diputados y el Órgano de Fiscalización Superior simularon en la revisión de la cuenta pública del último año de gobierno de Mariano González Zarur, es el problema legal que enfrentan las autoridades estatales por la posesión del inmueble donde se construyó el Centro de las Artes en Apizaco.

 Resulta que sin tener la certeza de esa propiedad, el caprichoso hacendado que al inicio de su administración se mostró como  enemigo de las obras monumentales, pero que casi al final decidió llevar a cabo una para que su gobierno pudiera ser recordado, ordenó la inversión de más de 500 millones de pesos para adaptar la ex fábrica textil de San Luis Apizaquito en un moderno lugar donde se desarrollarían actividades artísticas y culturales.

 Hasta donde se sabe, la familia Solana habría donado ese inmueble al gobierno del estado, sin embargo esa acción fue de palabra porque nunca se plasmó en una escritura que permitiera a la administración de González Zarur presumir la posesión legal de esa propiedad.

 El actual titular del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Necoechea, no se cansa de mostrar su preocupación y contar a todos que la inversión millonaria realizada por su tío Mariano González en dicho espacio está en riesgo porque no tienen las escrituras de la propiedad.

 El año pasado cuando los trabajos del Centro de las Artes se encontraban avanzados, el gobierno del estado fue notificado de la existencia de un juicio sucesorio testamentario reivindicatorio que promovieron unas personas que reclamaron la propiedad de la ex fábrica de San Luis Apizaquito, por lo que la administración estatal inició la defensa para tratar de demostrar que el inmueble ya era suyo.

 Los detalles del mencionado juicio los conoció a detalle la ex consejera jurídica María Benita Inés Bonilla Sosa, quien fue la responsable de atender ese asunto legal. Su primera sorpresa fue al comprobar que no había escritura y que la supuesta donación nunca se había plasmado en un instrumento notarial.

 Desconocemos que argumentos jurídicos utilizó la ex funcionaria para acreditar la posesión del inmueble, pero lo que es un hecho es que Mariano González cometió el mismo error que el ex alcalde Adolfo Escobar Jardínez, quien realizó una obra pública sin tener los documentos legales de los terrenos como sucedió con el polideportivo “Carlos Castillo Peraza”.

 Aunque el Centro de las Artes fue una obra financiada con recursos propios del gobierno del estado, lo que parece increíble es que ni la Contraloría del ejecutivo ni el Órgano de Fiscalización Superior hayan detectado que la administración pasada invertía más de 500 millones de pesos en un predio que carecía de escrituras.

 El mencionado centro fue inaugurado oficialmente el pasado 22 de diciembre del año pasado, por lo que los expedientes fueron cerrados a finales del 2016, pero lo curioso es que nadie observó ese pequeño detalle que no mereció ni una observación en la cuenta pública de ese año que recientemente aprobaron los diputados locales.

 Si detalles como este que implican más de 500 millones de pesos son ignorados, no me imagino que otros pequeños aspectos tampoco fueron observados.

 Lo que le falló al hacendado gobernador fue recurrir a las mañas de Sergio Cuauhtémoc Lima López, director de Notarías y Registros Públicos, porque en eso de es especialista en registrar poderes falsos quien da y se aventaba el truco de otorgar escrituras al Centro de las Artes, o no.

 

Mariano González Zarur el intocable

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El trabajo que realizan los diputados locales en materia de fiscalización es de claroscuro, porque si bien por un lado demostraron que intentan castigar los probables actos de corrupción cometidos por ex alcaldes, por otro se muestran dóciles y temerosos sobre todo cuando el tema tiene que ver con el ex gobernador Mariano González Zarur.

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Nadie en el Congreso del estado se atrevió a tocar ni con el pétalo de una rosa al poderoso ex mandatario Mariano González Zarur. 

No se sabe si su hijo Mariano González Aguirre ahora si operó al interior del Poder Legislativo para lograr sin críticas la aprobación de la cuenta pública de su padre o simplemente los diputados locales encendieron su chip de sumisión y obediencia que tienen integrado y que por una extraña razón siempre funciona cuando se trata de asuntos relacionados con la pasada administración.

 El hacendado que en estos días regresará de sus vacaciones que tuvo por el pueblo de Ruenes, una comunidad autónoma del Principado de Asturias, España, podrá presumir que todas sus cuentas públicas están aprobadas y que nadie intentará abrir investigaciones para sacar a la luz pública los negocios que se cometieron en los últimos seis años.

 Todos lo saben pero nadie tiene la intención de documentar los grandes dividendos que se obtuvieron a través de empresas constructoras ligadas a familiares del ex titular de la Secretaría de Obras, Roberto Romano Montealegre, y a una camada de Juniors, quienes también incursionaron con comercializadoras y acapararon contratos millonarios en varias dependencias como la Secretaría de Salud.

 Vaya el dinero fue tan abundante que a un junior con aspiraciones políticas le alcanzó para poner dos gasolineras, mismas que hoy surten el combustible a los vehículos del ayuntamiento de Huamantla que no tiene autorización para cargar en otras estaciones de servicio.

 A nadie le importó que la Auditoría Superior de la Federación haya realizado tan sólo en el 2015 observaciones por más de mil millones de pesos al gobierno del hacendado.

 Si a nivel local ya aprobaron la última cuenta pública de González Zarur, los quebrantos que la Auditoría Superior de la Federación pudiera registrar en 2016 y que en breve se darán a conocer resultarán irrelevantes, porque si en Tlaxcala nadie tiene la voluntad de exigir explicaciones al ex mandatario, a nivel federal le perdonaron todo luego que fue capaz de retener para el PRI el gobierno del estado.

 El desorden financiero y los adeudos millonarios que heredó Mariano González a la nueva administración nunca se conocerán, pero los que tienen la información saben que ese cochinero ha implicado el pago de cientos de millones de pesos que complicaron el arranque del gobierno.

 Hace un par de días comenté que la fiscalización de los diputados locales no estaba siendo pareja ni muchos menos usaban el mismo brasero para todos los casos. Me queda claro que todas las cuentas públicas de las dependencias estatales serán avaladas y serán los ex alcaldes los que tendrán que enfrentar la ley por haber incurrido en probables actos de corrupción.

 Lo lamentable es que ya se empieza a hablar de negociaciones entre los diputados locales para tratar de salvar a unos ex alcaldes que según los dictámenes elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior las cuentan públicas enfrentan quebrantos millonarios y por lo tanto deben ser reprobadas.

 Ojalá no se caiga en esa negociación porque la credibilidad que han ganado se puede ir al cagadero.

 

El fallido complot contra Amaro

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La postura y trabajo que realiza el diputado perredista Alberto Amaro Corona ya incomodó a legisladores y a otros actores políticos. De entrada impidió que las cuentas públicas fueran negociadas como sucedía anteriormente y buscará que los excesos de los ex alcaldes se sancionen y no queden impunes.

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El complot montado por algunos diputados y 50 presidentes municipales que acudieron a las instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior para tratar de quitar a Alberto Amaro Corona la presidencia de la Comisión de Finanzas y Fiscalización no prosperó y quedó demostrado que nadie cuenta con elementos para acusar al legislador perredista de alguna conducta ilícita.

 El lunes los diputados miembros de la Comisión de Finanzas y Fiscalización comandados por el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación del Congreso del estado, Mariano González Aguirre, intentaron  arengar a los alcaldes para que mostraran su inconformidad en contra de Amaro Corona, pero simplemente ningún munícipe tuvo el interés de seguir el juego al grado que ninguno fijó o hizo una denuncia que fuera usada como pretexto para pedir la cabeza del legislador.

 La reunión no estaba teniendo el objetivo que se buscaba y en un arranque de sinceridad y desesperación, Mariano González se aventó a decir a los presentes “hablen ahora o callen para siempre”, con lo cual dibujó claramente cuál era la intención del encuentro al que también asistió la auditoria general del OFS, María Isabel Maldonado Textle.

 Alberto Amaro captó de inmediato la intención del aquelarre y se limitó a cumplir con sus obligaciones que tiene como presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por lo que al final el complot armado en su contra resultó un petardo que sólo lo fortaleció al interior del Congreso del estado y debilitó, aún más, a Mariano González Aguirre que cada vez se muestra más débil ante los diputados y ahora presidentes municipales.

Una prueba de la fortaleza de Alberto Corona es la petición que hizo por escrito a la auditora general del OFS para que presente las denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado contra los ex alcaldes que se niegan a comprobar los recursos públicos. Debe actuar y evitar caer en omisiones que le impliquen alguna responsabilidad, establece el documento firmado por el diputado perredista y que fue recibido en la oficina de Maldonado Textle.

 Otro que también recibió un llamado fue el procurador de Justicia, Tito Cervantes Zepeda, para que reciba y de celeridad a las investigaciones con las cuales se busca terminar con la impunidad en Tlaxcala.

 Me queda claro que Alberto Amaro ya se convirtió en un personaje incómodo para el sistema, por lo que no dudo que haya nuevos intentos para tratar de quitarle la influyente Comisión de Finanzas y Fiscalización.

Los cambios en las delegaciones

La lista de delegados de dependencias federales que podrían dejar sus cargos a finales de este mes o en la primera quincena de septiembre incluye a más de 10 personas que simplemente ya cumplieron su ciclo como empleados del gobierno federal.

 Los primeros movimientos se darían en las delegaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como en la Secretaría de Educación Pública y terminar en la Conafor.

 Dicen que a esas posiciones estarían llegando personajes ligados al ex gobernador Mariano González Zarur, quien se espera que regrese mañana viernes de sus largas vacaciones por Europa.

 Será cuestión de unos días para comprobar si el hacendado aún tiene fuerza e influencia.

 

La vergoña de los ex alcaldes

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Las anomalías financieras cometidas por 16 ex presidentes municipales superan los 100 millones de pesos, cantidad que arrojó el proceso de fiscalización del último trimestre  del año pasado. Ojalá sea el primer paso para llamar a cuentas a los ex ediles que sin duda tendrán que enfrentar una acción penal para que sus excesos sean castigados.

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Los diputados locales confirmaron ayer lo que era un secreto a voces y que se refiere al exceso y abusos cometidos por dieciséis ex alcaldes tlaxcaltecas cuyas cuentas públicas del último trimestre del 2016 fueron reprobadas por el cúmulo de inconsistencias que tenían, pero especialmente por no justificar o documentar el destino de recursos públicos.

 La vergoña de esos ex presidentes municipales no sólo afectará su de por sí deteriorada imagen, sino que golpeará la credibilidad de sus respectivos partidos políticos rumbo a los comicios del 2018.

 Aunque hubo algunos intentos de ciertos personajes con peso político para proteger y ayudar a los ex ediles, su influencia no tuvo ningún efecto porque al final el diputado perredista Alberto Amaro Corona, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del estado, se mantuvo firme y no aceptó ninguna modificación a los dictámenes que fueron presentados ante el pleno.

 Lamentable y triste fue la actitud asumida por los panistas que demostraron su doble discurso, pues hicieron hasta lo imposible por salvar a los ex alcaldes Adolfo Escobar Jardínez, Vicente Hernández Roldán y Jorge Rivera Sosa que saquearon, perdón gobernaron Tlaxcala, Calpulalpan y Tlaxco, respectivamente.

 La peor vergüenza para el PAN la representa Adolfo Escobar, un soberbio militante de ese partido que dice combatir la corrupción pero que sólo lo hace con palabras. Bajo el amparo del ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz, el ex alcalde capitalino creció políticamente, así como su apetito por el dinero público.

 Escobar Jardínez que hoy en día cobra como asesor en la Cámara de Diputados tuvo un quebranto financiero de 11 millones de pesos, cantidad que se acumula a otros 35 millones de pesos que tiene observados y que están relacionados con algunas obras entre las que se encuentra el polideportivo “Carlos Castillo Peraza”.

 Otro ex edil panista con serios problemas es Vicente Hernández que de nada le sirvió mostrarse servil y sumiso con la poderosa senadora Adriana Dávila Fernández, quien en esta ocasión no pudo lograr que uno de sus principales operadores fuera cubierto por el manto protector de la negociación política a la que le gusta recurrir.

 Pero el rey de la transas es sin duda el ex presidente municipal de Santa Ana Chiautempan Antonio Mendoza Romero que a los 150 millones de pesos que ya tiene observados de otras cuentas públicas –la del 2015 y la de enero a septiembre del 2016- ayer sumó otros 32 millones de pesos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre del año pasado.

 El petista perredista es el que encabeza la lista para enfrentar la justicia y para convertirse en un futuro inquilino del Cereso de Tlaxcala.

 Si los diputados ya dieron los primeros pasos para castigar la corrupción, lo prudente será que en los próximos días orden al Órgano de Fiscalización Superior presentar las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado para que se proceda legalmente contra los ex alcaldes.

 Es una buena noticia saber que se busca castigar a los ex presidentes municipales, pero a poco en ninguna dependencia estatal van a encontrar anomalías, cuando hoy los nuevos titulares se quejan que ciertos colaboradores de Mariano González Zarur.

 El mejor ejemplo es el nefasto Juan Antonio González Necoechea que no se cansa de decir que el anterior titular del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Willebaldo Herrera Téllez, hizo negocios con la publicación e impresión de libros, desapareció obras de arte y entregó en ruinas esa dependencia.

 Ojalá el brasero sea parejo o no.

Documentos falsos validados por la Dirección de Notarías

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Si hay una dependencia estatal que empieza acumular expedientes que documentan las anomalías de su jefe es la Dirección de Notarías y Registros Públicos a cargo de Sergio Cuauhtémoc Lima López, quien ha permitido que documentos falsos se inscriban sin el menor problema o consecuencia legal.

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El manchi funcionario que controló los últimos años de la pasada administración la Dirección de Notarías y Registros Públicos, Sergio Cuauhtémoc Lima López, tiene mucho que explicar ahora que empiezan a salir a la luz pública las anomalías que solapó esa dependencia y que incluso pueden estar ligadas a varios delitos de fraude.

 El poderoso Lima López que hace unos meses se negaba a reinstalar a los notarios que fueron suspendidos arbitrariamente por el ex gobernador Mariano González Zarur, estaría relacionado con la validación de ciertos poderes y sentencias falsos, mismos que fueron inscritos en esa Dirección y que hoy amenazan con ligar a las actuales autoridades estatales en posibles actos de corrupción que sin duda mancharán la imagen del nuevo gobierno.

 La jefa de ese funcionario, la actual secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, debería darse una vuelta por la Dirección de Notarías y Registros Públicos y verificar si Sergio Cuauhtémoc Lima ajusta sus actos a la ley, porque el fiel seguidor del hacendado González Zarur está fallando a la confianza que depositaron en él para permanecer en el cargo.

 De entrada podría preguntarle cómo permitió que un poder notarial que es falso fuera registrado cuando en la primera lectura se detectan las inconsistencias de ese documento.

 Aunque la lista de casos es amplia, la secretaría de Gobierno podría solicitar el expediente del poder irregular que se registró ante esa dependencia y cuyo folio electrónico es el TL94-H8Y7-ED2R-3F72 con antecedente de inscripción en Partida 0304 en Hidalgo Sección 01 Volumen 0115 con la siguiente descripción:

 “Poder amplio y general, que otorga Roberto Manuel Ramos Rivera, a favor del C. Mauricio Antonio Cabral Sarmiento. El C. Roberto Manuel Ramos Rivera le otorga un poder amplio para venta y administración al C. Mauricio Antonio Cabral Sarmiento, respecto el bien inmueble ubicado en calle Gardenias número 12 Fraccionamiento Los Girasoles de la comunidad de San Sebastián Atlahapa, municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, que se encuentra inscrita bajo la partida 304 FTE., sección 1era, volumen 115 del Distrito de Hidalgo (actualmente demarcación de Hidalgo). Los demás pormenores constan en documento que tuve a la vista”.

 El pago por ese trámite fue de 212 pesos según el recibo 4560119 expedido por la Secretaría de Finanzas del Estado. El documento oficial, de dicho trámite quedó registrado en Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, a las 12:23 horas del 12 de mayo de 2017 y consta que Sergio Cuauhtémoc Lima López, director de Notarías y Registros Públicos dio fe del mismo al estampar su firma.

 Pero resulta que los documentos presentados para registrar el poder antes descrito se generaron de un instrumento expedido por la Notaría 227 del Distrito Federal a cargo de Carlos Antonio Morales Montes de Oca, los cuales tiene serias inconsistencias que de inmediato ponen en duda su validez.

 En la segunda hoja del poder se habla que ese documento se elaboró el 24 de febrero del 2017 y luego al final de ese testimonio se asienta que fue validado por el mencionado fedatario el 24 de agosto del 2016.

 Una investigación realizada por este medio, comprobó que el Instrumento 55,117 que supuestamente otorga un poder amplio a Mauricio Antonio Cabral Sarmiento es falso, porque según los registros de esa notaría ese número corresponde a un trámite de una ratificación de firma.

 Pese a las inconsistencias que tiene ese documento, Sergio Cuauhtémoc Lima director de Notarías y de Registros Públicos decidió validarlo y aceptarlo como un instrumento legal cuando es falso, de ahí que es imposible  que pueda ser empleado para llevar a cabo la venta y administración del mencionado inmueble descrito anteriormente.

 Hay varios expedientes similares al que aquí se describe. Muchos corresponde a la administración pasada, sin embargo lo que es un hecho es que Lima López intenta replicar esas anomalías en la actual administración, lo cual sería lamentable porque esos actos de corrupción sin duda mancharán al nuevo gobierno cuando el escándalo crezca.

 Si a Sergio Cuauhtémoc Lima ya le perdonaron una, no dudo que ese manchi funcionario se mantenga en su cargo, porque al parecer es inamovible.

De todo un poco

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A los diputados locales les quedan escasos 20 días para llevar a cabo reformas en materia electoral, de ahí que sea todo un misterio saber qué cambios aprobarán y qué otros dejarán pendientes. Aunque la mayoría busca su reelección, lo cierto es que hasta el momento muy pocos tiene garantizado esa posibilidad.

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Una legisladora que al parecer ya recibió el respaldo de su partido Nueva Alianza para buscar la reelección en el cargo es Sandra Corona Padilla, quien es la única que en estos momentos puede presumir que irá por la hazaña de repetir en el cargo por un periodo más.

 El resto de sus compañeros aunque tiene la intención de prolongar su permanencia en el Congreso del estado, lo cierto es que ninguno ha logrado el respaldo definitivo de sus respectivos partidos para garantizar su participación en los comicios locales del próximo año.

 De los seis legisladores locales del PRI, sólo dos podrían contar con el respaldo de su partido para buscar la reelección, de ahí que al resto se le pedirá que concluya su periodo y espere otra oportunidad.

 En el caso del PAN, el legislador local Juan Carlos Sánchez García, mejor conocido como “El Saga”, si bien tiene las condiciones para reelegirse, lo cierto es que su trabajo está encaminado a convertirse en diputado federal, por lo que desde hace unos días ya visita los municipios y comunidades que conforman el tercer distrito electoral federal.

 Muchos pensaban que buscaría la candidatura a diputado federal por el primer distrito electoral federal con cabecera en Apizaco, sin embargo el empresario ya asumió como un reto lograr que el PAN tenga mayor presencia y competitividad en una demarcación donde la izquierda tiene hasta ahora más aceptación.

La inseguridad no deja a los apizaquenses  

Algo urgente deben hacer las autoridades municipales y estatales para contener los asaltos y atracos que en los últimos días se han disparado en Apizaco, pues los delincuentes lo mismo afectan a pequeños comerciantes que a connotados miembros de la  sociedad.

 Hace tres semanas asaltaron la Notaría número 1 de Apizaco a cargo de Gonzalo Flores Montiel y una semana después los ladrones visitaron la Notaría número 2 donde despacha la hija del primero, Marcela Flores y Flores.

 El malestar de los pequeños comerciantes y ciudadanos va en aumento en Apizaco, por lo que ya empezaron a organizarse a fin de exigir más seguridad al alcalde Julio César Hernández Mejía. Por las noches los negocios son atracados fácilmente sin que exista una estrategia para detener a esas bandas de criminales que tienen azorados a los apizaquenses.

Las anomalías que pronto se harán públicas

No lo cuente en voz alta para dicen que en breve se conocerán las operaciones ilegales que se han cometido al interior de la Dirección de Notarías y Registro Público de la Propiedad cuyo titular es Sergio Cuauhtémoc Lima López.

 Después de que se documenten las anomalías, muchos viejos notarios dejarán de compartir el pan y la sal con el aún funcionario estatal como lo hicieron la semana pasada en la paellas de Huamantla donde se les vio muy animados.

El regreso de Mariano tras su viaje por Europa

El ex gobernador Mariano González Zarur pronto estará de regreso por México y Tlaxcala para dedicarse de tiempo completo a apoyar las aspiraciones presidenciales de José Antonio Meade Kuribreña, quien se desempeña como secretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

 A finales de julio el hacendado emprendió en compañía de su amigo José Torre un viaje para descansar en el pueblo de Ruenes, una comunidad autónoma del Principado de Asturias. Buscó alejarse de la grilla para decidir si regresa o no a la actividad política, ahora que uno de sus amigos con quien acostumbra jugar golf puede convertirse en el próximo presidente del país.

Sin duda, en septiembre Mariano González estará muy solicitado.

Chipichipi de problemas en el sector educativo

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Reducción de salarios, plazas sin concursar y otros problemas son los que prevalecen en el sector educativo de Tlaxcala y que las autoridades responsables se niegan a atender y resolver, lo que demuestra que no hay sensibilidad ni ganas de romper con la inercia negativa que prevalece en el sistema educativo del estado.

reforma educativa

Las apariencias son malas y más cuando se piensa que evadiendo los problemas éstos se van a solucionar, de ahí que nadie se explica la actitud asumida por el actual secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, quien pretende mostrar una realidad que no existe porque ni respeta la reforma educativa ni apoya con hechos a un sector que es prioridad para el actual gobierno.

 Hace unos días las autoridades presumieron la entrega de algunas plazas a maestros que ganaron los primeros lugares en el examen de oposición, sin embargo no se asignaron todos los espacios existentes y tampoco se incluyó a todos los docentes que obtuvieron las mejores evaluaciones.

 Dicen que entre los trabajadores del sector educativo existe gran molestia porque mientras hay cientos de docentes que buscan una plaza, corre el rumor que la hija y yerno del líder de la Sección 55 del SNTE, Ignacio Díaz Grande, ya obtuvieron un espacio y cobran como maestros sin enfrentar los trámites que cualquier simple mortal debe llevar a cabo.

 Para nadie es desconocido que en el Colegio de Bachilleres del Estado a cargo de Silvia Josefina Millán López un cierto número de maestros tramitó su jubilación y sus plazas lejos de ser entregadas a través de un concurso de oposición, se permitió que esas horas clases fueran asignadas de manera unilateral a los hijos de algunos catedráticos, así como amigos y familiares de algunos influyentes, proceso que se dio cuando ya estaba vigente la reforma educativa que establece claramente el procedimiento a seguir.

 Esa irregularidad que es conocida por las autoridades educativas no se ha corregido y lo que es peor se ha optado por solapar esos procedimientos que van en contra de la reforma educativa que tanto presume Manuel Camacho.

 Otro asunto que involucra al secretario de Educación Pública, es el que se vive en el Colegio de Tlaxcala, donde los investigadores y maestros que laboran han sufrido un nuevo descuento en sus salarios, situación que ha generado la molestia del personal de esa institución que empezó a ser maltratado desde el gobierno de Mariano González Zarur.

 Manuel Camacho debería mostrar sensibilidad e intervenir en el Colegio de Tlaxcala porque resulta lamentable el trato que están dando a los investigadores que generan conocimientos.

 A los problemas antes mencionados hay que sumar uno más y que tendrá que ver con la entrega de útiles escolares a los estudiantes. Es la fecha que no se sabe si la SEP compró esos artículos, cuánto se gastó, quién fue el proveedor y sobre todo cuando serán repartidos.

 Los padres de familias de alumnos que van a escuelas públicas están más que molestos por las elevadas cuotas escolares que pagaron y por el dinero que tuvieron que desembolsar para adquirir la lista de útiles solicitadas por los maestros, de ahí que cualquier falla que se tenga al inicio del próximo ciclo escolar será el pretexto para que se multipliquen las protestas contra las autoridades educativas.