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Archiv para julio, 2017

Descontrol y desconfianza lo que prevalece en seguridad

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Con casi siete meses en el cargo, el comisionado estatal de Seguridad Pública, Hervé Hurtado Ruiz, quizá se ubica como uno de los funcionarios que no ha entregado buenas cuentas y que si bien goza del respaldo de su jefe, lo cierto es que debe demostrar que puede con el cargo y sobre todo establecer una verdadera coordinación entre la policía estatal y municipal.  

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Poco o nada se sabe de los resultados de los exámenes de control y confianza a que se han sometido los directores de seguridad pública municipal y de los nuevos mandos de la Policía Estatal, pues hasta el momento se desconoce cuántos aprobaron esas evaluaciones y cuántos no resultaron aptos para desempeñar sus cargos.

 Lo anterior viene a colación porque resulta que el delicado comisionado estatal de Seguridad Pública en el estado, Hervé Hurtado Ruiz, está empeñado en lograr el cambio de ciertos directores municipales de la policía porque simple y sencillamente hay algunos responsables que no los tolera y por esa razón evita trabajar con ellos.

 Como se sabe, los presidentes municipales tiene la facultad de nombrar a sus directores de seguridad pública, no obstante éstos deben someterse a los exámenes de control y confianza para acreditar que tienen el perfil para desempeñar el cargo, situación que ha dado pauta para que se empiecen a cometer ciertas irregularidades.

 Los mencionados exámenes son aplicados por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, instancia que estaría bajo la responsabilidad de Ana Belén Rúa Lugo, quien a su vez controla el C4.

 Hasta ahí todo bien, sin embargo Ana Belén Rúa lejos de mostrar autonomía está sometida a la influencia de Hurtado Ruiz, quien aunque no tiene facultades legales para controlar ese centro y el C4, tiene acceso a los resultados de las evaluaciones, que según comentan, las utiliza para sugerir a ciertos presidentes municipales que deben cambiar a su director de seguridad pública una vez que no logró aprobar los exámenes.

 Y para tener una influencia total en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, desde hace algunas semanas se optó por acreditar a nuevo personal con la intención de remover al que labora en este momento y que se mantiene desde hace algunos años, medida que si bien no se ha concretado es un hecho que se tratará de llevar a cabo en las próximas semanas.

 Hervé Hurtado no ha podido establecer una coordinación total y real entre la policía estatal y las 60 corporaciones municipales, situación que más de cinco alcaldes lo pueden confirmar con los desencuentros que han tenido con el funcionario estatal que busca imponer personal y criterios para trabajar.

 El responsable de la Policía Estatal podrá argumentar a su favor que la incidencia delictiva de los últimos meses es producto de un fenómeno nacional al que Tlaxcala no puedo escapar, sin embargo  el aumento en los homicidios, el robo de comercios y vehículos, así como el atraco de camiones de carga en las carreteras del estado, son hechos que golpean la imagen del nuevo gobierno que se muestra débil para enfrentar esos problemas.

 En unos días se pondrá en marcha el proceso electoral del 2018 y la oposición aprovechará todo lo que pueda para desgastar la imagen del PRI y de sus autoridades, por lo que Hurtado Ruiz está obligado a entregar en el corto plazo resultados o de lo contrario empezará a encabezar la lista de los funcionarios estatales que podrían ser dados de baja al cumplirse el primer año de gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez.

 Ya tuvo siete meses para diseñar su estrategia, por lo que ahora necesitamos ver resultados.

 

Los ridículos llamados de la Iglesia para los tratantes

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Una de las actividades ilícitas que al igual que el comercio ilegal de drogas deja ganancias millonarias, es la trata de personas y más cuando está encaminada a la explotación sexual, de ahí que exista una amplia red de complicidades y de corrupción que se traduce en protección para actividad.

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Desde hace casi más de seis años las autoridades federales y estatales han emprendido acciones para fortalecer la prevención y castigar los delitos relacionados con la trata de personas, sin embargo no se ha visto ningún avance en la materia porque Tlaxcala sigue destacando a nivel nacional como una de las entidades donde ese fenómeno se registra de manera cotidiana.

Mientras en la Ciudad de México existen 3.86 personas víctimas del delito de trata por cada 100 mil habitantes, en Tlaxcala la cifra es de 12.65 personas por cada 100 mil habitantes, es decir, casi tres veces más, según un diagnóstico sobre trata de personas elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Ese mismo documento refiere que en materia de explotación con fines sexuales la proporción en la Ciudad de México es de 4.89 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que en Tlaxcala es de 24.49 casos por cada 100 mil habitantes.

Los datos confirman que esa actividad tiene una presencia importante en la entidad, pero no así las acciones para tratar de combatir ese flagelo.

Mientras la Iglesia católica a través del director de la Comisión Diocesana de Tlaxcala, Marco Antonio Padilla, pidió a los explotadores de mujeres y niñas dejar de cometer ese delito porque no se van a llevar nada y terminarán con las manos llenas de sangre, el gobierno estatal por voz de la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, presume que se aprobó la convocatoria para que organizaciones de la sociedad civil se integren al Consejo Estatal Contra la Trata de Personas.

Dudo que los tratantes le hagan caso a un miembro de la Iglesia que hace esos llamados tan ilusos y que esos delincuentes tengan miedo una vez que las autoridades estatales incorporen al mencionado consejo a representantes de la sociedad civil, pues mientras no exista voluntad para aplicar la ley y estrategias reales para combatir ese delito seguiremos hablando en Tlaxcala del fenómeno de la trata de personas.

De qué sirve que autoridades estatales y municipales iluminen edificios públicos de color azul como parte de la campaña “Corazón Azul” que promueve la ONU, si en los hechos no hay resultados tangibles que hagan pensar que el delito de trata es atendido con seriedad.

Mientras todos los días y en diferentes puntos de la geografía de Tlaxcala podemos ver ese fenómeno, Anabel Alvarado promueve para la conmemoración del “Día Mundial Contra la Trata de Personas” conferencias, conciertos, obras de teatro, cine móvil, lectura en voz alta y talleres, como si esas acciones ayuden a llevar a los tratantes a los jueces para que reciban las sanciones penales que merecen.

Ojalá las autoridades asumen el combate a la trata de personas con seriedad y dejen de usar el tema como un asunto mediático para simular que hacen su trabajo cuando en realidad evaden su responsabilidad.

Porque ya tenemos suficiente con las tontas declaraciones del sacerdote Marco Antonio Padilla. O no.

Nombres y nombres de los aspirantes al Senado en Tlaxcala

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En Tlaxcala si hoy fueran las elecciones presidenciales ganaría los comicios el candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador, personaje que resultará clave para que ese partido logre posiciones  en el Senado y en las diputaciones federales y locales que estarán en juego en once meses.

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Las mediciones para evaluar a los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular que estarán en disputa en julio del 2018 han arrancado, por lo que se empiezan a configuran los escenarios y a conocer los nombres de los políticos tlaxcaltecas que tienen posibilidades reales de ver sus nombres en las boletas.

 Entre los priístas mejor posicionados anote el nombre de la actual presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, quien aunque ya se descartó para contender por el Senado de la República y cualquier otro cargo, es sin duda la militante del partidazo que goza de un mayor respaldo entre el electorado.

Le sigue con una marcada diferencia la ex diputada federal y actual titular de la Secretaría de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, quien desde finales de marzo cuando asumió su nueva responsabilidad inició una abierta promoción para tratar de conseguir la nominación de su partido para llegar a la Cámara Alta.

Después de esas dos priístas que gozan del mejor posicionamiento, anote los nombres de la gris diputada federal Rosalinda Muñoz Sánchez, los hijos del ex gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, el legislador local Mariano González Aguirre y la delegada de la Sedesol, Mariana González Fullón, y al final con un porcentaje muy bajo se encuentra el también diputado federal Ricardo García Portilla.

En el caso de PAN, llama la atención que sea el ex alcalde de Tlaxcala, Adolfo Escobar Jardínez el que encabece las preferencias, pese a que su actuación como edil se encuentra muy cuestionada al grado que es investigada con lupa por parte de entes encargados de fiscalizar los recursos públicos.

En la segunda posición se ubica la ex perredista y hoy panista, Minerva Hernández Ramos, quien usando su cargo de diputada federal se ha dedicado a promocionarse al entregar apoyos a los alcaldes para que realicen obras públicas. Más abajo aparecen los nombres del también diputado federal Juan Corral Mier, la ex legisladora Aurora Aguilar Rodríguez, quien tiene ya varios meses en campaña y el ex diputado local Ángelo Gutiérrez Hernández.

 Por lo que respecta al PRD, se mencionan los nombres del ex diputado local Santiago Sesín Maldonado, el actual legislador y presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Alberto Amaro Corona –quien tiene casi siete meses en campaña permanente-, así como el líder estatal del sol azteca, Juan Manuel Cambrón Soria y el alcalde de Zacatelco Tomás Orea Albarrán.

 En el caso de Morena, al único que se midió fue al ex gobernador de Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima, pues el estudio no incorporó otros nombres de probables aspirantes al Senado de la República.

A finales del mes pasado la disputa en Tlaxcala por los diferentes cargos de elección que estarán en juego en julio de 2018 como es la presidencia de México, el Senado y las diputaciones federales y locales se centra entre Morena y el PAN. El PRI aunque se ubica en la tercera posición tiene posibilidades de entrar en la competencia.

El PRD de plano se encuentra en un nivel muy bajo y con nulas posibilidades de disputar por sí solo un cargo.

 Esta es una de muchas mediciones que se llevarán a cabo en las próximas semanas, pero sin duda ayuda para saber quiénes tienen posibilidades y quiénes sólo se promueven pensando que son los grandes políticos cuando en realidad no representan nada.

El sentir de los tlaxcaltecas y las realidades alternativas

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Si prevaleciera el sentido común entre los actores políticos del estado, lejos de estar perdiendo tiempo en construir escenarios que sólo existen en sus mentes, deberían trabajar en las fortalezas de sus partidos para tratar de obtener buenos resultados en los próximos comicios, donde sin duda habrá sorpresas.

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Los actores políticos y los gobiernos federal, estatal y municipal viven sus realidades alternativas que en muchas ocasiones están muy alejadas del sentir de los ciudadanos.

Un claro ejemplo sería el mentado bloque opositor que el PAN y el PRD buscan conformar rumbo a los comicios presidenciales del 2018, pues mientras los dirigentes nacionales y estatales de esos partidos hablan de ir unidos, en Tlaxcala el 74 por ciento de los ciudadanos con credencial de elector están en contra de esa alianza.

De acuerdo con un estudio de opinión realizado a finales de junio, sólo el 16 por ciento de los tlaxcaltecas ve con buenos ojos esa unión, por lo que ese bloque opositor está lejos de representar un peligro para la continuidad del PRI en el gobierno federal.

Según los resultados de la mencionada encuesta estatal, el PRI y las autoridades emanadas de ese partido enfrentan bajos niveles de aceptación y aprobación, lo que sin duda complicará su operación rumbo a los comicios del 2018.

De entrada, casi 8 de cada diez ciudadanos considera que debe ser otro partido diferente al PRI el que gobierne al país a partir del próximo año y sólo el 14 por ciento de los encuestados mostró su aval para que el tricolor siga dirigiendo el destino de México.

Por lo que se refiere a la opinión que existe hacia el PRI, el 72 por ciento de las personas tiene una imagen negativa de ese partido y sólo acumula un 23 por ciento de opiniones positivas.

Sólo dos de cada diez tlaxcaltecas respalda el gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras que a Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador de Tlaxcala, su administración es avalada por cuatro de cada diez ciudadanos.

Y mientras el líder estatal del PRI en Tlaxcala, Florentino Domínguez Ordoñez, anda tratando de convencer a la militancia que apoye su gestión y se sume al trabajo electoral, resulta que su partidazo acumula un alto porcentaje de personas que nunca votarían por él, es decir, un 37 por ciento de tlaxcaltecas no está dispuesto a sufragar por los candidatos del tricolor, cifra que es elevada y que representa una pesada carga.

El partido que acumula el rechazo más bajo entre los electores del estado es el PRD con 2.46 por ciento, seguido por Morena con el 3.13 por ciento, mientras que el PAN se sitúa en ese rubro con el 9.82 por ciento.

Los actores políticos deben apegarse más a la realidad y al sentir de los tlaxcaltecas, pues si siguen en la misma línea es probable que en los comicios del 2018 se registren sorpresas que a muchos no les van a gustar.

El valemadrismo de los diputados locales

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Los legisladores locales se sienten dignos de repetir en el cargo y se olvidan que para retener el cargo primero deberán enfrentar un proceso interno en sus partidos y luego una elección constitucional donde podrían enfrentar el rechazo de los electores a quienes nunca le preguntaron si estaban a favor o en contra de la reelección.
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La soberbia es la peor consejera y los diputados locales tienen de sobra, de ahí que hayan optado por tratar la reelección como un asunto planchado que goza del respaldo popular, lo cual resulta falso porque nadie está de acuerdo en que ellos legislen para su beneficio.

Su valemadrismo es evidente y grotesco, porque lejos de ponerse a trabajar son adictos a las vacaciones y a legislar al vapor, como sucedió con la reciente reforma constitucional aprobada y que dará vida al sistema estatal anticorrupción.

Desde el inicio de la actual legislatura se sabía que los diputados locales deberían regular la reelección, sin embargo nunca le entraron al tema y el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, Adrián Xochitemo Pedraza, adelantó que será a finales de agosto cuando el tema sea analizado, sin importarle que el plazo para llevar a cabo esa modificación vence en los primeros días de septiembre.

El diputado perredista insiste y presume que los legisladores que busquen la reelección podrán separarse 60 días antes del día de la elección, propuesta que va en contra de los llamados del INE para armonizar y empatar las leyes locales con la federal a fin de evitar más complicaciones en la organización de los comicios del 2018.

Según el perredista y ex alcalde de Tepeyanco, un legislador que pretenda repetir en el cargo podrá separarse antes del 1 de mayo, como si su nominación fuera en automático y no tuviera que participar en los procesos internos de sus respectivos partidos políticos que se realizarán entre enero y febrero del próximo año, lo que sin duda los obligará a dejar el Congreso antes para estar en igualdad de circunstancias con la militancia que no detenta un puesto público.

Xochitemo Pedraza es un tipo con memoria muy corta. Hoy se siente un portento de diputado y se le olvida que si despacha como legislador local fue por el impulso que recibió de la ex candidata del PRD al gobierno de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros. Aunque presume que goza de cierta aceptación popular, lo que es un hecho es que no le alcanzará para repetir el triunfo logrado en 2016.

De acuerdo con los resultados de un estudio de opinión que se levantó hace unos días, el PRD se ubica en la cuarta posición de las preferencias electorales en los distritos federales y locales, así como a nivel estatal, situación que lo pone muy lejos de disputar los diferentes cargos de elección popular que estarán en juego en julio del próximo año.

Según esa encuesta, Morena encabeza las preferencias entre los votantes, seguido por el PAN y en una tercera posición se sitúa el PRI, partido que pese al exceso de confianza que muestra sufrirá para meterse en la competencia electoral, porque su nivel de rechazo ronda casi los 30 puntos porcentuales, cifra que debe encender los focos de alarma del dirigente estatal Florentino Domínguez Ordoñez.

La reelección es un asunto que sólo interesa a los actuales diputados, porque me queda claro que las dirigencias estatales de los partidos políticos se muestran ajenas a ese tema, porque quizá saben que casi ningún legislador en funciones cuenta con el respaldo popular que se necesita para repetir en el cargo.

La popularidad de los diputados es ficticia, pero lo bueno es que soñar no cuesta nada.

Trascendidos veraniegos del C4 y de la Secoduvi

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Dicen que la presente semana será clave para la permanencia de los mandos medios de las dependencias estatales. El rumor de los relevos es la constante, pero hay quienes aseguran que si en esta última semana de julio no se concretan los movimientos, éstos ya no se darán hasta enero del próximo año.

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 Nadie sabe quién dio la orden ni cuál es el objetivo, pero resulta que Ana Belén Rúa Lugo, la flamante responsable del C4, se dio a la tarea en días pasados de concentrar los expedientes de por lo menos cien funcionarios estatales que fueron investigados en sus antecedentes penales y en sus documentos oficiales que presentaron para acreditar sus estudios.

 Una instancia que participó en esa labor fue la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), dependencia que encontró que varios servidores públicos incluidos en la lista negra tenían antecedentes penales o procesos abiertos en otros estados del país, por lo que los casos fueron reportados e integrados a los expedientes.

 Se sabe que al menos un funcionario de la PGJE se percató de las indagatorias y optó por presentar su renuncia voluntaria al procurador Tito Cervantes Zepeda. Trascendió que ese servidor público sería el ex director administrativo que manejó los recursos de la dependencia en la gestión de Alicia Fragoso Sánchez y que al parecer tiene acusaciones por un presunto desvío en el estado de Guerrero.

 La valiosa información de los expedientes que es resguardada por Ana Belén Rúa, contiene las anomalías detectadas en la administración de Mariano González Zarur, quien permitió la entrada y contratación de funcionarios con antecedentes, con procesos penales abiertos y con documentos falsos para acreditar supuestos estudios profesionales.

 Lo anterior demuestra claramente la incongruencia de Hugo René Temoltzin Carreto, ex contralor del ejecutivo, quien por un lado emprendió una cacería para sancionar a 250 ex funcionarios del gobierno panista de Héctor Ortiz Ortiz, pero por otro permitió que los recomendados de su jefe fueran contratados pese a sus malos antecedentes y a que no cumplían con los requisitos de ley.

 Trascendió que el verdadero poder en la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) no está en manos del intrascendente Francisco Javier Romero Ahuactzi, quien carece de influencia para asignar obras a las empresas constructoras que participan en los concursos convocados por la dependencia.

 El pastel de la obra pública está siendo repartido ni más ni menos que por  el ladino Carlos Bailón Valencia, quien siendo el Secretario Técnico de la Oficina del Gobernador tiene el control absoluto de la Secoduvi.

 Con la ayuda del Director de Obras Públicas de la Secoduvi, Pedro Bañuelos Morales, el eterno aspirante a la presidencia municipal de Tlaxcala decide los nombres de las empresas que ganarán los concursos, situación que ya empezó a generar la molestia entre los constructores tlaxcaltecas.

 Se percibe que no hay mucha legalidad y transparencia en los concursos porque curiosamente están saliendo ganadoras las empresas constructoras cuyas propuestas económicas se encuentran en el tercer o cuarto lugar, como si la Secoduvi en manos de Carlos Bailón quisiera pagar más caro por la obra que está contratando.

 Dicen que funcionarios cercanos a Pedro Bañuelos buscan a los constructores para solicitarles un estímulo (como 30 mil pesos) que al ser entregado se traducirá en una ayuda para que sus empresas al menos aparezcan entre las seis mejores propuestas económicas que se reciben.

 No cabe duda que Bailón salió bueno para la lana.

La auditoría a las finanzas de la Sección 55 del SNTE

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Un amplio expediente es el que se elaboró tras la auditoría practicada a las finanzas de la Sección 55 del SNTE. Los resultados no favorecen al líder magisterial Ignacio Díaz Grande que podría dejar su cargo y adelantarse la renovación sindical que de acuerdo a los estatutos se deberá llevar a cabo en el 2018.

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Los esfuerzos realizados por Ignacio Díaz Grande, líder sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para tratar de solventar las anomalías encontradas en las finanzas del gremio fueron insuficientes.

 Resulta que el hoyo financiero originado por el adeudo del pago de gastos médicos a los miembros del sindicato es de 10 millones de pesos, recursos que simplemente no aparecen por ningún lado y se presume que fueron a parar a las manos del dirigente junto con otros cómplices como la ex secretaria de Asistencia Social de la Sección 55 del SNTE, Alejandra Ramírez Vásquez.

 La decisión de la dirigencia nacional del SNTE encabezada por Juan Díaz de la Torre de llevar a cabo una auditoría cuyos resultados finales ya se tienen y que en breve podrían empezar a rodar cabezas, se debió a que la administración de Mariano González Zarur cubrió en noviembre pasado los adeudos generados por gastos médicos que llevaron a cabo los miembros de ese gremio durante el 2016, sin embargo por una extraña razón los profesores no recibían esos recursos, lo que generó una serie de protestas.

 Esa fue una de las razones que provocó la destitución de Alejandra Ramírez, quien entregó los expedientes de los adeudos a la secretaria de Finanzas del gremio, Teresa Meneses, que hasta el momento no ha podido cubrir los pagos ni cuadrar las cifras, por lo que ya se habla de un probable quebranto que ronda en los 10 millones de pesos.

 Sobra decir que el más preocupado es Ignacio Díaz Grande que salió todo un cordero con piel de lobo, pues aunque está a un año de entregar la dirigencia de la Sección 55 del SNTE, es probable que se adelante su salida al estar involucrado en los malos manejos de las finanzas del sindicato.

No cabe duda que ese líder magisterial no tiene llenadero, ni porque cada mes cobra más de 150 mil pesos, siendo uno de los pocos tlaxcaltecas que puede presumir un salario tan abultado.

 Ricardo Anaya y su alianza con el adrianismo

 Me queda claro que la dueña del PAN en Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, tiene dos cartas para la candidatura de su partido a la presidencia de México. La primera es Margarita Zavala y la segunda Ricardo Anaya, con lo cual busca cerrar el paso a sus adversarios que están buscando candidaturas rumbo a los comicios del 2018.

 El líder nacional del PAN no tuvo ningún empacho en mostrar su alianza con el adrianismo, de ahí que dejó en claro que respalda la continuidad de Carlos Carreón como dirigente estatal, pese a que hay un grupo de panistas que ha solicitado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su intervención para que sea publicada la convocatoria que permita llevar a cabo la elección de una nueva dirigencia.

 Otra señal de la alianza conformada (Anaya- Dávila) para frenar la corriente morenovallista en Tlaxcala, fue la declaración de Ricardo Anaya, en el sentido de que CEN del PAN no intervendrá en la designación de los candidatos para los estados en los comicios del próximo año. Es obvio que el control del partido es clave para imponer a los panistas que podrían aparecer en las boletas electorales, situación que beneficia totalmente al grupo de la senadora.

 El líder nacional del PAN habla de unidad, pero en realidad alienta la división; habla de que su partido debe mostrar una actitud ganadora para el 2018 y en los hechos recurre a los panistas de siempre que no han podido obtener un triunfo en las urnas; habla de ser congruente entre lo que si dice y se hace, como decir que su partido trabaja en su plataforma electoral para mejorar la educación en el país para dar oportunidades de desarrollo a los mexicanos y resulta que sus hijos viven en los Estados Unidos donde acuden a la escuela.

 En fin, los panistas son la incongruencia andando. O no.

 

La omisión de INAH en la pérdida del patrimonio

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En una realidad que al gobierno federal lo que menos le importa es conservar, al menos en Tlaxcala, los inmuebles con un valor histórico, porque ya es común ver que se pierdan construcciones sin que haya alguna consecuencia para nadie.
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Está claro que a las autoridades lo que menos les importa es conservar el patrimonio arquitectónico del estado, pues no pasa nada si unos ciudadanos destruyen una capilla o si la negligencia de un propietario provoca que se derrumbe un inmueble de 1886 que por casi 20 años estuvo abandonado.

A finales de julio del 2015 se destruyó la Capilla del Santo Cristo, ubicada en la comunidad de Vicente Guerrero, en San Pablo del Monte. El inmueble constituía un ejemplo de arquitectura tradicional religiosa con antecedentes virreinales. Además, poseía elementos de mampostería en muros y contrafuertes y una bóveda de cañón de corrido y dos torres con campanarios que fueron añadidas en el siglo XIX.

El martes por la noche las lluvias de los últimos días reblandecieron la estructura de un portal con 131 años de antigüedad que terminó por caerse, perdiéndose un inmueble histórico que se ubicaba en la calle principal del municipio de San Pablo Apetatitlán.

En ambos casos la omisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha sido la constante, pues aunque las autoridades del INAH lamentaron y calificaron como un acto de barbarie la demolición de la capilla, lo cierto es que la denuncia presentada para castigar a los responsables nunca avanzó y por lo tanto esa acción quedó impune.

El inmueble que se perdió en San Pablo Apetatitlán si bien pertenecía a la familia del poderoso manchi empresario Rafael Torre, éste de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, debía estar resguardado por el INAH, instancia que en dos décadas permitió que su deterioro avanzara paulatinamente hasta que finalmente se perdió.

El personal del INAH que siempre anda muy dispuesto a molestar a los propietarios de inmuebles ubicados en la capital y que se encuentran en los límites de la zona catalogada como histórica cuando realizan alguna acción de mantenimiento o modificación a sus propiedades, no mostró el mismo interés para proteger una construcción que sí entra dentro de sus responsabilidades.

Quizá el patético delegado del INAH en Tlaxcala, Eduardo Emilio Velázquez Gallegos, optó por no molestar al poderoso empresario, que si algo le sobra es dinero, de ahí que es lamentable que la omisión y la negligencia hubieran coincidido en San Pablo Apetatitlán para terminar con uno de los primeros mesones que se edificaron en el estado.

De qué sirve que el funcionario federal declare que los responsables de la pérdida de ese inmueble son los propietarios, cuando esa edificación ya no existe. Para qué van a servir los dictámenes del INAH si de antemano se sabe que la construcción se cayó ante la falta de mantenimiento. Su postura ante un lamentable suceso es tonta y absurda.

Asusta ver en manos de quién está el cuidado del patrimonio arquitectónico y cultural del estado.

Para terminar, le cuento que el martes en una ceremonia que llevaron a cabo las logias de masones para conmemoran el 145 aniversario luctuoso de Benito Juárez, la secretaría de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, dejo una mala impresión entre los asistentes.

Resulta que la funcionaria que anda en abierta campaña para lograr la candidatura de PRI al Senado, llegó usando tenis y vistiendo muy informal, lo cual desentonó con los masones que para ciertos eventos gustan lucir muy pulcros en sus atuendos.

De inmediato se desataron los comentarios.

Oye qué onda con la Secretaria de Gobierno que viene de tenis

Mejor que se presentó en tenis, porque lo suyo es andar en chanclas.

Zas.

La reelección de diputados está sostenida con alfileres

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Quizá la reelección de los legisladores tendrá que esperar un tiempo más para que se pueda concretar, pues por lo que se observa en este momento no están dadas las condiciones para que se materialice y se haga una realidad,  de ahí que muchos diputados locales se podrían quedar vestidos y alborotados.

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Aunque los actuales diputados locales están desbocados en busca de su reelección, para lo cual ya se apresuran a reformar algunas leyes para regular esa posibilidad, en los hechos se podrían quedar con las ganas porque hasta el momento ningún partido político ha modificado sus estatutos internos donde quede establecido que esa medida es posible.

 Es probable que muchos legisladores que se sienten expertos en derecho salgan a decir que la ley de partidos y la ley electoral están por encima de los estatutos de los partidos, sin embargo cualquier militante o un ciudadano podrían recurrir a la justicia electoral y argumentar que se violentaron sus derechos porque los documentos internos de los institutos políticos no consideran la reelección y porque no existió equidad en el proceso para elegir candidato a diputado local.

 Esos argumentos y otros podrían ser suficientes para que las autoridades jurisdiccionales echen abajo la candidatura de un diputado que busque su reelección, de ahí que los actuales legisladores locales deberían ser más prudentes y bajarle dos rayitas a su abierta promoción, pues al final podrían quedarse con las ganas de repetir en el cargo.

   Para nadie es desconocido que los diputados locales de todas las fuerzas políticas buscan la reelección, de ahí que en los próximos días sesionarán para reformar las disposiciones legales –la ley de partidos y la electoral– que permitan, por primera vez en la historia del estado, la permanencia en el cargo si es que ganan los comicios previstos para el primer domingo de julio del 2018.

 Y tan seguros y autónomos se sienten los legisladores locales que establecerán en la norma que deberán separarse de su cargo actual para buscar la reelección sesenta días antes de la elección y no aplicarán el criterio federal de noventa días, lo que sin duda será un motivo más de una impugnación ante los tribunales electorales porque es obvio que los diputados buscan obtener ventaja y romper el principio de equidad.

En lo personal considero que la reelección de los actuales diputados locales podría complicarse porque dudo que los partidos con registro nacional estén interesados en promover una reforma en sus estatutos internos para incorporar esa figura, cuando están metidos de lleno en sus procesos para elegir a sus candidatos que contenderán por la presidencia de México, el Senado y las diputaciones federales.

 Pero también valdría la pena que los flamantes diputados locales hicieran un estudio profesional para conocer si los ciudadanos tlaxcaltecas están a favor o en contra de la reelección  y si alguno de ellos cuenta con el respaldo de los electores de su distrito para permanecer una legislatura más como su representante.

 A lo mejor muchos se llevan una sorpresa y entienden que no son tan populares y queridos como ellos piensan.

 Por cierto, ya que hablamos de diputados, le cuento que el legislador federal Ricardo García Portilla se comporta como un vil estafador que hoy se niega a pagar el adeudo de 50 mil pesos que adquirió desde de su campaña con los coheteros de San Cosme Xaloztoc.

 Resulta que el promotor del eslogan “Avanzamos Juntos” empezó a traer a la vuelta y vuelta a las personas que le entregaron sus cohetes, quienes lo buscaban para cobrarle por el material que fue usado por el ex líder del PRI y ex secretario de Finanzas del gobierno del estado, sin embargo siempre obtenían evasivas y pretextos.

 Vaya, fue tanto el descaro de Ricardo García que prometió cubrir el adeudo en cómodos pagos quincenales, pero el tiempo avanzó y nada que llegaran los pagos, de ahí que ahora el diputado federal ya decidió no contestar las llamadas ni responder los mensajes que le envían para pedirle que cumpla su palabra.

 Y así quiere ser candidato a senador. Qué pena.

El sistema estatal anticorrupción puede esperar

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Las leyes son necesarias, pero lo que en verdad se requiere para combatir la corrupción es voluntad, porque los expedientes que acreditan los excesos de las autoridades se acumulan y no pasa nada. Los ex gobernadores y ex alcaldes señalados de corruptos se pasean como si no hubieran cometido ningún delito.

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Para no ir en contra de la tendencia nacional que han marcados los legisladores del PRI, en Tlaxcala los diputados cumplieron parcialmente con el ordenamiento legal que establecía que a más tardar este día debería estar legislado el sistema estatal anticorrupción.

 Los legisladores empezando por el camaleónico Enrique Padilla Sánchez presumirán que cumplieron, pero en realidad apenas si lograron la aprobación de la reforma constitucional que dará vida a ese mencionado sistema que hasta el momento carece de las leyes que normen su operación y ejecución.

 Y aunque el Congreso del estado aún goza de algunos meses para aprobar esas leyes y así garantizar su entrada en vigor en enero del 2018, en los hechos los diputados de todos los partidos se muestran indiferentes a un sistema que debería ser su prioridad por la importancia que ha logrado el tema de la corrupción en los últimos años.

 La reforma constitucional avanzó a marchas forzadas desde el pleno de Congreso local y apenas si fue avalada por 34 ayuntamientos. Hubo Cabildos que decidieron rechazarla como fue el caso de Tepetitla de Lardizabal, Sánctorum de Lázaro Cárdenas y Apizaco.

 Para nadie es desconocido que a nivel federal el sistema anticorrupción no ha podido terminar de arrancar, debido a que el PRI ha retrasado por más de dos años la designación del fiscal anticorrupción, situación que pareciera que los diputados locales quieren emular para posponer todo el tiempo posible el sistema estatal anticorrupción.

 En Tlaxcala será necesario reformar las leyes que norman la vida del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia en el Estado para crear el tribunal  y la Fiscalía Anticorrupción. También se deberán generar nuevas disposiciones que den vida al Comité Coordinador y al Comité de Participación Ciudadana.

 Hay varios interesados en el sistema estatal de corrupción, pues tienen la intención de presentar algunas denuncias para que se investiguen las anomalías financieras, favoritismo y sobreprecios que prevalecieron en el sexenio pasado en la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda que estuvo bajo el mando de Roberto Romano Montealegre.

 También hay otros ciudadanos que cuentan con amplios expedientes que documentarían los excesos del ex Contralor del Ejecutivo, Hugo René Temoltzin Carreto y su relación cercana con ciertos proveedores del gobierno del estado.

 A los dos casos anteriores, habría que añadir los expedientes por venta de plazas que se llevaron a cabo en la Secretaría de Educación Pública y que involucran al ex titular de esa dependencia Tomás Munive Osorno y a varios de sus colaboradores.

 Me queda claro que la actual responsable de la Contraloría del Ejecutivo, María Maricela Escobar Sánchez, no tiene la menor intención de investigar las múltiples anomalías que se cometieron en la administración del hacendado gobernador Mariano González Zarur, de ahí que resulta ridículo que esa funcionaria esté interesada en ofrecer talleres a los servidores públicos para que conozcan la parte normativa del Sistema Nacional Anticorrupción, las sanciones que establece y la nueva clasificación de las faltas administrativas en las que pueden incurrir.

La corrupción fue una constante en el gobierno de González Zarur y sin embargo nadie ha hecho algo para castigarla.