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Archiv para junio, 2017

Trascendidos de fin de semestre y algo más

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La próxima semana iniciará el segundo semestre del año y los funcionarios estatales serán sometidos a una evaluación, pues tendrán que acelerar el paso y entregar buenos resultados para que se perciba que la nueva administración trabaja, de ahí que no descarte que se registren algunos ajustes.

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Al concluir el primer semestre del año, los rumores sobre grillas internas, probables candidaturas y ajustes en el gabinete estatal a la orden del día.

Trascendió que ante los nulos resultados que ha entregado Francisco Javier Romero Ahuatzi, actual titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda estaría siendo evaluado para competir en el 2018 por la diputación local del distrito IX conformado por Chiautempan y Tlaltelulco, por lo que la actual legisladora que llegó por el PT y hoy usa playera de independiente Yazmin del Razo Pérez podría quedarse con las ganas de buscar la reelección bajo el impulso del PRI y sus aliados.

Después de seis meses, Romero Ahuatzi es considerado como un funcionario limitado que sólo pudo licitar adecuadamente la obra de imagen urbana del municipio de Nanacamilpa, pues los concursos a los que convocó hace un par de semanas para la ejecución de otras tres obras han generado malestar entre las empresas constructoras, porque según ellas existe favoritismo hacia ciertas compañías que muy pronto se documentará.

Se dice que el oriundo de Chiautempan permanecerá en su cargo hasta diciembre, mes en que presentará su renuncia para anunciar que buscará ser candidato del PRI a una diputación local.

Trascendió que la relación entre Hervé Hurtado, actual comisionado estatal de Seguridad Publica y Antonio Ramírez, director estatal de Vialidad es tan mala que ambos funcionarios han optado por no dirigirse la palabra.

Aunque parezca increíble, ambos funcionarios no se hablan y por lo tanto no existe ninguna coordinación en esas dos áreas de la administración estatal.

Pero no crea que es el único pleito que existe entre funcionarios estatales, ya que en otras dependencias sucede lo mismo, situación que es del pleno conocimiento de Eladia Torres Muñoz, secretaria particular del gobernador y de Anabel Alvarado Varela, responsable de la Secretaría de Gobierno, quienes han recibido las quejas de los involucrados.

Trascendió que algunos funcionarios han intentado asumir el rol que actualmente desempeña Stefano Pierluigi Capasso Gamboa, contralor interno de la Secretaría de Salud, quien desde su posición bloquea a ciertos proveedores y sutilmente propone a las empresas que deben ser contratadas y que sin duda están ligadas a sus intereses.

Luis Miguel Álvarez Landa, Oficial Mayor de Gobierno intentó hacer lo mismo que el poderoso Capasso Gamboa, “primer espada” del diputado local Mariano González Aguirre, sin embargo comprobó que no tiene el poder que se requiere para llevar a cabo esos negocios.

Uno más pero que de plano se mostró sincero fue Alberto Jonguitud Falcón, titular de la Secretaría de Salud, quien después de convencer a su jefe de que era necesario contratar a varios especialistas médicos a través de la figura del outsourcing, éste propuso a una empresa que estaría muy ligada a su línea de sangre, situación que al “honesto” Stefano Pierluigi Capasso le pareció indecente por lo que fue y lo propagó a su confidente de cabecera.

Trascendió que María Maricela Escobar Sánchez, encargada de la Contraloría del Ejecutivo ya tiene un amplio expediente de las anomalías encontradas en su dependencia y que se trasladan a la Secretaría de Salud, por lo que no se descarta que en los próximos días inicien los procesos para sancionar a funcionarios y ex funcionarios que incurrieron en conductas ilegales empezando por Hugo René Temotlzin Carreto.

Finalmente, le cuento que si bien el procurador Tito Cervantes Zepeda avanzó un paso en la reestructuración de la dependencia, ahora pretende retroceder dos al buscar que Sandra Xochipa San Luis asuma el cargo de subjefa del Departamento del Delito, cuando hay evidencias que su trabajo es pésimo.

Cuando Sandra Xochipa se desempeñó como agente del Ministerio Público integraba las averiguaciones previas por consigna sin respetar la ley, lo cual se puede demostrar con varios casos en los que ella participó directamente.

Además, es una servidora pública cuya lealtad está con el grupo de Alicia Fragoso y Víctor Pérez, procuradora y ex subprocurador de Justicia en el estado.

Y resulta grave que el procurador Tito Cervantes permita que César Maza, responsable de los policías investigadores de la PGJE, solicite información de su servidor en la Plataforma México sin que exista alguna denuncia o investigación que justifique esa acción.

Me queda claro que ese proceder no tiene ninguna intención buena, de ahí que lamento que la Procuraduría siga siendo el instrumento para intimidar a periodistas.

El combate a la corrupción es un asunto mediático

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No existe ninguna acción o elemento que haga pensar que en Tlaxcala se empezará a castigar la corrupción, pues hay claros ejemplos de que en el estado prevalece la impunidad. Hay ex alcaldes que enfrentan serias denuncias por presuntos malos manejos, pero el procurador Tito Cervantes Zepada no sólo se muestra lento, sino desinteresado para integrar esos expedientes.

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El combate y castigo a la corrupción en Tlaxcala es un asunto mediático.

A las autoridades y diputados tanto locales como federales les encanta hablar sobre posibles casos de corrupción, pero es obvio que no hacen nada para llevar a la cárcel a los probables responsables de esas conductas ilícitas.

De que sirve que el diputado local Enrique Padilla Sánchez informe sobre las investigaciones que inició el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado en torno a comprobar malos manejos en la Secretaría de Salud y en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, cuando de antemano se sabe que esas indagatorias no llegarán a ningún lado.

Isabel Maldonado Textle, auditora general del OFS forma parte del sistema que simula el combate a la corrupción en Tlaxcala, pues antes de asumir -1 de noviembre del 2016- la titularidad de ese órgano se desempeñó por unos meses como encargada de despacho, tiempo en que avaló los dictámenes de las cuentas públicas de la Secretaría de Salud y de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, por lo que dudo que hoy vaya encontrar anomalías financieras o administrativas.

No quiero decir que  la denuncia de la empresa Mavi de Occidente S.A de C.V. contra servidores públicos de la Secretaría de Salud y del gobierno estatal carezca de elementos, ya que nadie puede negar el favoritismo que existió en la administración de Mariano González Zarur para asignar contratos a empresas ligadas a sus intereses o de ciertos funcionarios consentidos.

Los representantes de la mencionada empresa entregaron el pasado 4 de junio al Congreso del estado una queja donde detallan la operación de una red de corrupción que estaría ligada al ex contralor del Ejecutivo, Hugo René Temoltzin Carreto.

Usando su cargo y con la complicidad de Stefano Pierluigi Capasso Gamboa, contralor interno de la Secretaría de Salud, favorecieron a la empresa Proveedora de Artículos de Curación y Laboratorio S.A. de C.V. con contratos que alcanzaron casi los 160 millones de pesos, misma que se presume tiene nexos con los familiares de la esposa de Hugo René Temoltzin.

Quizá Temoltzin Carreto obtuvo la idea de hacer este tipo de negocios millonarios de Roberto Romano Montealegre, quien como titular de la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda entregaba obras a su hija Leticia Romano.

La empresa de Leticia Romano Torsal S.A. de C.V fue encargada de varias obras, entre ellas de la remodelación de la Casa de Gobierno y de otras más que le implicaron un negocio redondo durante la pasada administración.

Lo grave de este caso es que tanto el Órgano de Fiscalización Superior como la Auditoría Superior de la Federación se percataron de esa irregularidad, pero al final no hicieron nada y permitieron que esa red de negocios y complicidades siguiera operando bajo las órdenes del hacendado Mariano González.

Con estos antecedentes usted cree que Isabel Maldonado encontrará algún culpable de la supuesta investigación que realiza en la Secretaría de Salud, honestamente creo que no y al final el caso se quedará en los medios de comunicación como sucede siempre.

El combate a la corrupción en Tlaxcala es un mito.

El desmantelamiento de la red marianista una realidad

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Manuel Camacho Higareda es un mentiroso. Sabe que los consejos de varios institutos y de algunas universidades no han sesionado, pero aún así insiste en que todo funciona correctamente, lo cual resulta grave porque desde ahora difícilmente se puede confiar en un funcionario que recurre a la mentira para justificar su omisión como jefe del sector educativo.

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La estructura marianista que se montó al interior del gobierno para controlar las compras que implican un negocio con buenos dividendos para funcionarios y proveedores recibió otro golpe del jefe político del estado, pues casi logra su exterminio al dejarla sin los puestos claves que tenía en la Oficialía Mayor.

Sin embargo, el último eslabón de esa cadena de negocios, cuyos beneficiarios son los marianistas, se encuentra vigente en la Secretaría de Salud donde Stefano Pierluigi Capasso Gamboa, contralor interno de esa dependencia, influye para que sean ciertos proveedores los encargados de dotar los insumos que requiere la Sesa.

El lunes se dio a conocer que la nueva directora de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones en la Oficialía Mayor es María Guadalupe Pérez Flores y que la Jefa del Departamento de Adquisiciones es Blanca Azucena Cortez Zárate, mano derecha de Jorge Capiz Jasso -responsables de las compras en el gobierno de Mariano González Zarur-, quien fue asesinado tras ser secuestrado a mediados del año pasado.

Ambas funcionarias estarían ligadas a Alejandra Nande Islas, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, una de las personas más cercanas al gobernador de Tlaxcala Marco Antonio Mena Rodríguez.

Hasta el momento se desconoce las razones por las cuales José Manuel García Valencia dejó la Dirección Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones, cuando era ubicado como uno de los hombres de mayor confianza del nuevo gobierno. El famoso “Jo” como se le conoce asumió el cargo el 1 de febrero y apenas si se mantuvo en el mismo por casi cinco meses.

Se dice que la reducida pero sólida red marianista que controlaba las compras del gobierno del estado en la pasada administración y que pretendía prolongar su influencia en la gestión de Marco Antonio Mena, rendía cuentas a Mariano González Aguirre que hoy muestra su poder en el Congreso local.

Hay que decir que ese esquema de concentrar las compras del gobierno lo estableció el ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz, quien se benefició de esa medida así como sus familiares que tuvieron bajo su responsablidad ese negocio, perdón ese proceso administrativo.

Los movimientos estratégicos para terminar con la influencia marianista en la estructura del gobierno del estado se han llevado paulatinamente pero de forma contundente.

Como se recordará el pasado 31 de enero el mandatario dio a conocer el cambio de los directores administrativos de las dependencias estatatales que controlaban y manejaban los presupuestos más abultados, lo que implicó cerrarle la llave a los marianistas que ilusamente pensaban que seguirían disponiendo de fondos para ellos y su grupo político.

El pasado lunes se concretó otro movimiento que debe verse como uno de los últimos escobazos del nuevo gobierno para sacar a los marianistas que pretendían seguir con sus negocios.

Pasarán otros días para que quizá llegue la limpia en la Secretaría de Salud donde Stefano Pierluigi Capasso Gamboa, amigo de Mariano González Aguirre, deje de inmiscuirse en los procesos de compra y contratación de servicios que realiza esa dependencia.

Capasso Gamboa, quien se desempeñó como Director Jurídico de la Contraloría en el gobierno de Mariano González, es vinculado con una empresa constructora que en el sexenio pasado recibió contratos millonarios para ejecutar obras de remodelación en varias escuelas de la entidad.

Los marianistas no han entendido que hoy se vive otra realidad y que el jefe político es Marco Mena, el único que manda y toma decisiones en el gobierno.

No hay peor cosa que un funcionario mentiroso.

Manuel Camacho Higareda, titular de la Secretaría de Educación Pública nunca aceptará que mal dirige el sector educativo y que ha violado la ley, porque su ego es tan grande que prefiere mentir antes que reconocer que ha fallado en su trabajo.

Aunque lo niegue es un hecho que los consejos del Icatlax, el ITC, el ITEA, el Itife, el Instituto Tecnológico de Tlaxco y la Universidad Politécnica de Hueyotlipan no han celebrado sesiones donde aprueben acuerdos relacionados con el presupuesto a ejercer, el organigrama y la plantilla laboral con la que laboran.

Hoy sesionará el consejo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, pero les guste o no es una realidad el desorden legal que prevalece en el sector educativo.

Es tan mentiroso Manuel Camacho que él fue informado que el consejo del Icatlax sólo realizó el año pasado tres de las cuatro sesiones que por ley debe llevar a cabo, pues la última prevista para noviembre y luego diciembre del 2016 no se pudo concretar por las presuntas anomalías financieras detectadas y que hasta el momento siguen sin ser solventadas.

Me queda claro que el aspirante a poeta hizo bien en convertirse en priísta, porque lo suyo es la mentira y la simulacón.

¿Y la legalidad doctor Camacho dónde quedó?

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De nada sirve que los funcionarios se comprometan a cumplir y hacer valer la ley cuando lo primero que hacen es pisotearla, como sucede con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, quien resultó ser un tipo que su único interés es su promoción personal.

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El doctor en en Sociolingüística por la Universidad de Essex del Reino Unido, Manuel Camacho Higareda, en sesis meses se ha convertido en todo experto priísta que entendió perfectamente el lenguaje y comportamiento de los funcionarios que pertenecen al partidazo, porque lejos de velar por la legalidad que debe imperar en el sistema educativo tlaxcalteca, es el primero en avalar la simulación y el desorden financiero.

Adicto al reflector y al buen trato mediático por medios sumisos al poder, el aspirante a poeta que se encarga de la Secretaría de Educación Pública permite que tres universidades, tres organismos como el Itife, ITC y el Icatlax, así como una institución de educación media superior (Cecyte) operen al margen de la ley, lo cual resulta grave porque el gasto que realizan lejos de someterse a sus respectivos consejos se ejerce de manera discrecional.

El comportamiento patológico de Manuel Camacho de verse todos los días en las páginas de medios impresos o en portales de noticias de internet lo ha llevado a descuidar su verdadero trabajo, porque no creo que desconozca que esas universidades y organismos tienen un consejo que preside y que por ley debe sesionar cuatro veces al año.

Esos consejos son los responsables de autorizar el gasto que realizan esas universidades y organismos, pero si en seis meses no se ha llevado a cabo ninguna sesión de esos órganos de gobierno quiere decir que los responsables de esas instituciones efectúan una manejo discrecional de los recursos que reciben y administran, irregularidad que es solapada por el titular de la SEP tlaxcalteca.

Lo grave es que Narciso Xicohténcatl Rojas, rector de la Universidad  Politécnica de Tlaxcala, Leoncio González Fernández, rector de la Universidad Politécnica Región Poniente y Humberto Becerril Acoltzi, rector de la Universidad Tencológica de Tlaxcala saben de las sesiones que deben celebrar sus consejos, porque para mala suerte de los tlaxcaltecas son funcionarios que forman parte de la herencia de la pasada administración que encabezó Mariano González Zarur.

Lo mismo sucede en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) que encabeza José Luis González Cuéllar, así como en el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestuctura Educativa (Itife) donde despacha Anahí Gutiérrez Hernández, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) que preside el frustrado Jua Antonio González Necoechea -su sueño es convertirse en secretario de Gobernación- y el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Tlaxcala (Icatlax) bajo la responsabilidad de Luis Vargas González.

El desorden administrativo y la ilegalidad con que dirige Camacho Higareda el sector educativo en Tlaxcala demuestra su novatez y su falta de experiencia, sin embargo él percibe otra realidad y se asume como el ejemplo del relevo generacional de la clase política del estado, lo cual resulta patético y poco profesional porque es notorio que anda tras un cargo de elección popular.

No se lo cuente a nadie, pero resulta que en el escritorio de ese intelectual funcionario se acumulan ya varios convenios que por una u otra razón se niega a firmar, actitud que ha frenado la ejecución de diferentes programas y acciones del sector educativo donde se alienta una parálisis selectiva.

El diputado federal del PAN, Juan Corral Mier, ayer puso el dedo en la llaga y acusó a Manuel Camacho de obstaculizar la aplicación de 300 millones de pesos que se destinaron al programa “Escuelas al Cien” y que por una extraña razón no se han empezado a aplicar en las instituciones educativas de los 60 municipios de la entidad.

Hay escuelas que se encuentran en lamentables condiciones y resulta increíble que el titular de la SEP se muestre indiferente para aprovechar esos recursos que buscan mejorar las condiciones de los planteles de la entidad.

Manuel Camacho se convierte en otra lamentable decepción, pero ni hablar lo tendremos que seguir aguantando hasta ver si se le hace un cargo de elección popular en el 2018.

Mal por la educación.

Nombres de los que podrían ser candidatos en el 2018

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Aunque el PRI en Tlaxcala tratará de entregar buenas cuentas en el 2018, es un hecho que para lograrlo deberá proponer a candidatos que cuenten con resplado social y aceptación al interior del partido. Un error en la designación de los abanderados puede poner en riesgo el control que hoy se tiene del Congreso del estado.

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A 45 días de que inicie el proceso electoral federal y a 120 días que suceda lo mismo con los comicios locales, el PRI inició el análisis de los aspirantes a fin de determinar quiénes podrían ser los mejores candidatos que garanticen el triunfo en una jornada que se espera muy competida y que concluirá con las votaciones del primer domingo de junio del 2018.

Los electores tlaxcaltecas elegirán al próximo presidente de México, a dos senadores, tres diputados federales y 15 legisladores locales.

Al interior del PRI hay dos grupos con fuerza y con posibilidades de disputar las nominaciones, el primero lo encabeza el actual gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, que buscará impulsar a sus más cercanos colaboradores y a una nueva generación de políticos, mientras que el segundo lo comanda Mariano González Zarur, quien como ex gobenador tratará de obtener posiciones que le permitan la sobrevivencia del marianismo hasta el 2021.

Un primer grupo que está siendo evaluado como aspirantes priístas es el conformado por los miembros del gabinete donde aparece Anabel Alvarado Varela, titular de la Secretaría de Gobierno, Manuel Camacho Higareda, responsable de la Secretaría de Educación Pública, José Luis Ramírez Conde, jefe de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Noé Rodríguez Roldán que despacha en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Anote también a Lenin Calva Pérez, secretario de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, Roberto Núñez Baleón, titular de Turismo y a Eladia Torres Muñoz, secretaria particular del Despacho del Gobernador, pero con la salvedad que serían candidatos de otros partidos que terminarán sumándose al PRI rumbo a los comicios del 2018.

Entre los alcaldes tricolores que están siendo considerados está Anabell Ávalos Zempoalteca, presidenta municipal de Tlaxcala, Gardenia Hernández Rodríguez, edil de Tlaxco y Noé Parada Matamoros alcalde de Altzayanca.

El único diputado federal con posibilidades reales de buscar otro cargo es Ricardo García Portilla, pues sus otras dos compañeras Rosalinda Muñoz y Fabiola Rosas son dos bultos que sólo tendrán algún reflector mientras sigan cobrando como legisladoras, porque es evidente que su carrera política está basada en la suerte.

De las estructuras priístas se siguen los pasos del ex alcalde de Chiautempan Ángel Meneses Barbosa y del actual líder del partidazo Florentino Domínguez Ordoñez.

Por lo que se refiere a los diputados locales del tricolor, en los hechos todos quieren mantener el cargo a través de la reelección o brincar a otra posición, sin embargo los que están siendo considerados realmente por el PRI son Erendira Cova Brindis, Mariano González Aguirre y Enrique Padilla Sánchez.

Es obvio que faltan nombres y en especial de algunos marianistas que han optado por trabajar sin hacer públicas sus intenciones, pues saben que si sacan la cabeza se las pueden cortar antes de que inicie el proceso electoral.

En unos meses veremos el alcance del relevo generacional que el gobernador Marco Mena se comprometió a impulsar. Desde ahora el mandatario buscará impulsar y preparar a su delfín para el 2021, por lo que sólo falta ver sus movimientos para saber cómo jugará.

Hervé Hurtado, la decepción del gabinete

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Casi se cumplen seis meses de este nuevo gobierno y habrá elementos para llevar a cabo un análisis del desempeño de los funcionarios que integran el gabinete. Hay quienes sí trabajan, otros que simulan y unos más que se la pasan entregando distintivos como si esa fuera la estrategia a seguir en los próximos años para atraer turistas a Tlaxcala.

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Aunque desde el último semestre del gobierno de Mariano González Zarur se percibía un aumento en los actos delictivos en el estado, es un hecho concreto que en los casi seis meses de la actual administración la tendencia empeoró y hoy Tlaxcala se muestra como una entidad insegura y presa de los criminales.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirman que ninguna de las estrategias implementadas por el responsable de la seguridad pública en el estado Hervé Hurtado Ruiz ha funcionado, por lo que sin duda se ha convertido en la gran decepción del gabinete al llegar con un amplio currículum que sólo sirve para apantallar porque su amplia experiencia no sirve de nada.

En los primeros cinco meses de este año, la entidad acumuló 804 robos de automóviles, lo que quiere decir que cada día los hampones se llevan sin ningún problema seis unidades, pues está comprobado que los ladrones operan a cualquier hora del día con total impunidad.

Antes nos quejabamos del trabajo del anterior comisionado estatal de seguridad Oreste de Jesús Estrada Miranda, quien aprovechaba cualquier ocasión para echarse un palamozo en su karaoke portatil y poner una pausa sus labores de vigilancia, pero aún así tenía mejores resultados que Hurtado Ruiz.

En los meses de enero a mayo del 2016, el robo de unidades que registró Tlaxcala fue de 501, es decir, 303 robos menos a los que hoy se tienen enlistados en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El crecimiento de un periodo a otro fue del 60 por ciento y quizá demuestra que Tlaxcala requiere a un policía tradicional y no un ciberpolicía que lo suyo es pratullar las redes sociales, espiar a pesonas de su interés y vigilar al estado a través de su big brother para simular que trabaja.

Nadie puede confiar en un jefe de la policía que declaró no tener propiedades y que el valor de los muebles que tiene en su hogar es menor a 30 mil pesos. Ojalá al rato no nos enteremos que Hervé Hurtado es un hombre adinerado que antes de venir a Tlaxcala vivía en un exclusivo club residencial con campo de golf donde se jactaba ser el presidente de los exquisitos propietarios.

No dudo que alguien salga a la defensa de Hurtado Ruiz con el argumento de que el problema de la inseguridad no es privativo de Tlaxcala sino del país y que el mes de mayo pasado fue el de mayor violencia y actos delictivos de los últimos años, sin embargo las cifras no mienten ni los ciudadanos que están cansados de ser víctimas del crimen.

El problema de la inseguridad es un asunto que se requiere atacar con inteligencia y conocimiento, porque si se piensa que con aumentar el número de policías y patrullas los delincuentes van a salir huyendo del estado se equivocan.

Si el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez decide mantener a Hervé Hurtado en la Comisión Estatal de Seguridad pronto empezará a cargar los nulos resultados que ese funcionario ha entregado y que sin duda serán utilizados por la oposición para cuestionar su administración.

El balance en materia de seguridad de los casi seis primeros meses de este gobierno es negativo, por lo que nunca es tarde para corregir el rumbo donde está comprobado que lo que se tiene no funciona.

En fin, el gobenador tiene la última palabra.

Lo que viene, después de la presentación del PED 2017-20121

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Cuántos funcionarios de la administración estatal tendrán la capacidad de asumir el compromiso y ejecutar las acciones del Plan Estatal de Desarrollo, porque si hicieramos un balance de los primeros seis meses muchos saldrían reprobados ante los pésimos resultados que han entregado hasta el momento.

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Casi seis meses tuvieron que pasar para que los tlaxcaltecas pudieramos confirmar que la realidad del estado no es tan alentadora como se pensaba, pues el diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 refleja que las condiciones de vida de los habitantes no son las mejores.

Las cifras en diferentes rubros no son tan positivas, pues en términos reales demuestran que Tlaxcala enfrenta grandes retos y oportunidades. Por el tamaño de su economía y su contribución al Producto Interno Bruto del país, nuestro estado se ubica en el último lugar a nivel nacional.

En la actualidad, 74 por ciento de la población económicamente activa del estado vive con 5 mil 607 pesos mensuales o menos, cantidad que difícilmente alcanza para cubrir las necesidades básicas de una familia.

Es evidente que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez evitó entrar al detalle de las cifras y optó por enviar una serie de mensajes durante la presentación del mencionado plan, pero también aprovechó ese foro para detallar algunas acciones concretas que se pondrán en marcha y que sin duda terminarán con la parálisis que se percibía en su administración.

Anunció la remodelación de la Central Camionera y la ampliación del estadio Tlahuicole, así como también confirmó la puesta en marcha el Instituto de Profesionalización del Magisterio, del Consejo de Desarrollo de Capital Humano de Tlaxcala y del Consorcio de Investigación Científica del Conacyt.

En materia de seguridad reveló que el número de policías aumentará en 50 por ciento, así como también el número de patrullas y tecnología para enfrentar la ola delictiva que se registra en Tlaxcala.

Aunque Mena Rodríguez anunció una reestructuración en la Secretaría de Salud y en la Procuraduría General de Justicia en el Estado, lo cierto es que el reajuste de personal abarcará otras áreas del gobierno del estado.

El Plan Estatal de Desarrollo sin duda es un buen documento que de aplicarse puede contribuir al desarrollo de la entidad, por lo que ahora sólo falta ver que los recursos económicos fluyan y aterricen y que los funcionarios responsables de las acciones se pongan a trabajar, porque algunos han demostrado en estos meses que lo suyo es la simulación.

Las prioridadesdel gobierno del estado no cambiaron y será la salud, el empleo y la educación los ejes principales que soportarán el desempeño de esta administración.

El mensaje más claro que quizá envió Marco Mena es que en su gobierno el único protagonista será él y que sus colaboradores y aliados deberán dejar las grillas y los reflectores para tratar de asumir roles que no les correponden.

Los primeros lugares del evento fueron ocupados por ciudadanos y los funcionarios tanto estatales como federales, así como diputados locales y alcaldes fueron ubicados en la segunda y hasta la sexta fila, lo que demuestra que hoy el poder se ejerce de una forma diferente en Tlaxcala. O no Mariana.

El cochinero panista para frenar la renovación de su dirigencia

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Es innegable que el PAN aprendió y superó rápidamente las mañas del PRI, pues hoy ese partido fundado por Manuel Gómez Morin se maneja por intereses personales y caprichos de sus dirigentes que sólo se preocupan por satisfacer sus egos. La democracia interna no existe y los principios humanistas que tanto presumen fueron arrumbados en un rincón.

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La decisión del CEN del PAN de prolongar el periodo como líder estatal de Carlos Carreón Mejía y evitar con chicanadas y actos ilegales la publicación de la convocatoria para elegir a una nueva dirigencia en Tlaxcala pronto será anulada, una vez que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial compruebe que ese partido se burló de su fallo y que no acató la sentencia que emitió sobre ese caso.

Antes de que Carlos Carreón filtrara la decisión que el viernes pasado tomaron los miembros de la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN sobre un recurso que presentó un militante tlaxcalteca que solicitaba la emisión de la convocatoria para llevar a cabo el cambio de la dirigencia estatal, el conflicto ya había sido analizado por los magistrados de la Sala Regional del TEPJF que a través de una sentencia fijaron los lineamientos que debería cumplir el partido para resolver esa controversia.

Las chicanadas y omisiones del CEN del PAN sobre este asunto legal le han implicado, hasta el momento, dos multas que suman más de mil días de salarios mínimos.

Además, el proceder del CEN es de bajísimo nivel y demuestra que ese partido dejó de ser una opción seria para los ciudadanos. La resolución de la Comisión de Justicia la notificó a través de estrados bajo el argumento que la parte inconforme nunca proporcionó un correo electrónico y una dirección en la Ciudad de México para recibir los comunicados, lo cual resulta falso porque existen los escritos donde se dan a conocer que esa información si fue entegada en tiempo y forma.

Es un hecho que la dirigencia nacional del blanquizaul que encabeza Ricardo Anaya se pasó por el arco del triunfo los lineamientos de la Sala Regional del TEPJF y resolvió ilegalmente esa controversia para beneficiar al grupo de Adriana Dávila que actualmente controla al partido en Tlaxcala, lo que demuestra que esos panistas temen enfrentar un proceso de renovación porque saben que podrían perder ante los militantes agrupados en torno a la figura del ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle.

Para justificar la permanencia del torpe y gris Carlos Carreón, el CEN argumentó que al existir un proceso electoral extraordinario en Tlaxcala, la proximidad de los comicios federales que inician en septiembre de este año y otros pretextos ilegales tan estúpidos como sus líderes, optaba por prolongar el periodo de la actual dirigencia estatal y cancelar la renovación de la misma.

Sin embargo, lo anterior resulta a todas luces ilegal, porque la Sala Regional del TEPJF le había aclarado al CEN del PAN que sus documentos internos impedían el cambio de sus líderes cuando el partido participaba en un proceso electoral ordinario y no extraodinario.

Además, los magistrados del TEPJF precisaron que el próximo proceso electoral ordinario en Tlaxcala inicia en diciembre de este año y no en septiembre cuando arranca formalmente los comicios federales, por lo que desde su perspectiva existía el tiempo suficiente para organizar y realizar el proceso para elegir a nuevos dirigentes locales.

Por esa razón, ayer la Sala Regional del TEPJF recibió el nuevo recurso de inconformidad contra la resolución que aprobó la Comisión de Justicia del CEN del PAN, la cual será anulada por ser ilegal y violentar los derechos partidistas.

El CEN del PAN controlado por Ricardo Anaya y el grupo de Adriana Dávila tarde o temprano tendrán que enfrentar el proceso de renovación en Tlaxcala, pues dudo que sigan teniendo más trucos o chicanadas para seguirse burlando de los magistrados de la Sala Regional del TEPJF.

Si presumen que son los buenos en el PAN y que la militancia esta con ellos, entonces porque negarse a publicar la convocatoria para elegir dirigentes estatales. Yo no lo entiendo.

Los mensajes del gobernador y el Plan Estatal de Desarrollo

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Mañana se conocerá el rumbo que Marco Mena quiere para Tlaxcala. En unas horas se tendrán detalles del Plan Estatal de Desarrollo, documento que marcará las metas y objetivos que se pretenden alcanzar, de ahí que los funcionarios ya no podrán argumentar pretextos para no ponerse a trabajar.

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Sin recurir a una violencia verbal, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez ha establecido una distancia con el ex mandatario Mariano González Zarur, con el propósito de dejar claro que en su administración el único que manda es él.

En su discurso cuando asumió el cargo de gobernador de Tlaxcala, Mena Rodríguez se mostró incluyente, pero sobre todo estableció que su administración dejaría atrás los pleitos entre los grupos políticos y que pasaría de la gobernabilidad típica a la gobernanza moderna.

En los primeros nombramientos de funcionarios, Marco Mena no incluyó a ningún marianista de peso en el gabinete, situación que generó la molestia del hacendado y de su clan político, que al final se tuvo que conformar con espacion sin relevancia como es el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura que cayó el las manos del insaciable Juan Antonio González, sobrino del ex mandatario.

Sólo Mena Rodríguez y su más cercano grupo de colaboradores sabe cómo recibió el gobierno del estado, de ahí que si hubo o no inconsistencias financieras es muy probable que nunca se sepan a detalle, aunque tarde o temprano se hablará de presuntas anomalías en dependencias como la Secretaría de Salud, en la Secoduvi, en la SEP y en el área responsable de llevar a cabo las licitaciones y compras que se realizaron en la pasada administración.

La lista de empresas constructoras ligadas a ex funcionarios ya se tiene, así como la lista conformada por comercializadoras pertenecientes a hijos de influyentes políticos que también hicieron negocio y que aún siguen surtiendo ciertos materiales a la Secretaría de Salud.

Marco Mena se ha mostrado como un gobernador prudente que prefiere envíar mensajes entrelíneas antes que recurrir a regaños en público o al golpeteo mediático.

Los días previos a que Florentino Domínguez Ordoñez asumiera -13 de mayo- oficialmente la dirigencia del PRI en Tlaxcala, diputados federales, locales y líderes de organizaciones del partidazo y uno que otro priísta andaban desbocados en una abierta promoción con miras a participar en las elecciones del 2018, ánimos que se enfriaron cuando el mandatario pidió a los militantes del tricolor no comer ansias, trabajar de cerca con los ciudadanos, fomentar la unidad y esperar el tiempo de las decisiones.

Un mes después, el gobernador aprovechó el aniversario luctuoso de Emilio Sánchez Piedras para asegurar que alentará una nueva clase política que deberá estar preparada para los nuevos desafios que imponen la realidad de estado, del país y del mundo.

Aunque tenemos una clara idea de quiénes confoman la nueva clases política, en unas semanas más veremos si esos elementos son incrustados como candidatos del PRI rumbo a los comicios del próximo año. Si aparecen en las boletas y si ganan, no dude que Marco Mena los tendrá presentes para su sucesión en el 2021.

El discurso que mañana pronunciará Mena Rodríguez con motivo de la presentación oficial de su Plan Estatal de Desarrollo de seguro incluirá mensajes para su equipo de trabajo, es probable que ratifique su distanciamiento con el ex gobernador Mariano González y se conozca el sello que tendrá su administración en los próximos cuatro años y dos meses que le quedan en el poder.

El mensaje del gobernador es esperado porque podría dar algunas lecturas sobre las decisiones que están por venir y por los ajustes que se podrían registrar en la estructura administrativa.

En una horas veremos y conoceremos el rumbo que tendrá Tlaxcala en los próximos años.

La rebelión en la PGJE alentada por la ex procuradora

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Lentos pero los cambios en las dependencias ya iniciaron tal y como se lo comente la semana pasada. En la PGJE ya se tomó la correcta decisión de cortar las manos a los marianistas que tenían secuestrada esa depedencia, proceso que molestó a la ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez.

alicia fragoso

Los marianistas incrustados en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y que operaban a través de “La Hermandad” recibieron un golpe letal porque dejarán de tener el control de la Policia de Investigación y de la información privilegiada que hacian llegar al ex gobernador Mariano González Zarur y a la ex titular de la dependencia Alicia Fragoso Sánchez.

Entre el viernes y el sábado, el procurador de Justicia, Tito Cervantes Zepeda y el encargado de la Subprocuraduría de Operaciones, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, dieron a conocer los nuevos nombramientos de comandantes de los diferentes grupos de la Policía de Investigación, decisión que implicó cortar de tajo el control que ejercía “La Hermandad”.

Ese grupo en complicidad con el ex subprocurador Víctor Pérez Dorantes tenían secuestrada a la PGJE, pues impedían que Tito Cervantes asumiera el control de la dependencia que por unas semanas más operó con los mismos vicios y deficiencias que caracterizaron a la procuraduría en la pasada administración.

Aunque el líder de “La Hermandad”, el ex militar César Maza Rodríguez, continuará al frente de los oficiales hasta que en próximas fechas se designe al nuevo titular de la Policía de Investigación, en los hechos sólo hará el trabajo administrativo porque operativamente los agentes de esa corporación estarán bajo las órdenes de los comandantes de apellidos Mejía y Paredes.

Se dice que los días de César Maza están contados en la Policía de investigación porque él y su grupo de comandantes estarían siendo investigados por abusos de autoridad y su probable relación con grupos criminales que operan en Tlaxcala, sin embargo otra versión refiere que dejará de tener un cargo directivo para ser un agente más que pueda ser controlado.

La primera en enterarse de los cambios de comandantes fue la ex procuradora Alicia Fragoso, quien dejó por un momento su ostracismo para encabezar junto con Maza Rodríguez una reunión con los agentes de Policía de Investigación que se sintieron afectados por la decisión de Tito Cervantes y José Antonio Aquiahuatl.

Las quejas y lamentaciones de los agentes contra Cervantes y Aquiahuatl no se hicieron esperar, de ahí que habrían pedido la intervención de su ex jefa para que hablara con el ex gobernador Mariano González y el actual mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez para que de marcha atrás a la reestructuración una vez que ellos operaron a favor del PRI en los pasados comicios locales.

Hasta donde se tiene conocimiento, Alicia Fragoso se comprometió a informar de esos cambios a Mariano González y buscar una cita con el gobernador Mena Rodríguez a fin de abogar por ellos.

La primera señal que recibió “La Hermandad” de que sus excesos ya no serían tolerados fue semana pasada cuando el hoy ex comandante encargado de los delitos de desaparición de personas y de trata, Víctor Alberto Caña, fue suspendido por las múltiples quejas que acumuló.

Estoy seguro que los cambios eran necesarios y urgentes, porque esos funcionarios de la PGJE sólo obstaculizaban el trabajo para que en Tlaxcala se pudiera ejercer justicia.