Son datos oficiales y las cifras son contundentes. El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, está obligado a someter a análisis la designación de Hervé Hurtado Ruiz, pues su trabajo como responsable de la Comisión Estatal de Seguridad simplemente no se ve por ningún lado.

Si en los dos primeros meses del año se cometieron en Tlaxcala 83 homicidios, 659 robos comunes y 196 atracos en carreteras quiere decir que algo grave pasa en el estado.

Sería irresponsable afirmar que el crimen organizado ya rebasó la capacidad del Estado para contener esa ola delicuencial en Tlaxcala, sin embargo el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez tiene la urgente necesidad de replantear su estrategia en materia de seguridad antes de que los delitos sigan creciendo.

De acuerdo con los datos que maneja el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que ayer fueron dados a conocer por el diputado federal del PAN, Juan Corral Mier, la incidencia delictiva en enero y febrero del presente año fue de 548 casos por mes, cifra que resulta alarmante porque en 59 días se registraron 1096 ilícitos.

Con el número de robos en carreteras que se tienen asentados, quiere decir que cada día de enero y febrero se cometieron más de 3 hechos ilícitos de esa naturaleza, lo que demuestra que la policía estatal quedó superada por las organizaciones criminales.

Si el gobernador Marco Mena y sus funcionarios encabezados por la miope Anabel Álvarado Varela, secretaria de Gobierno, mantienen el discurso de que no hay crimen organizado y que los sucesos de los últimos días son normales y se trata de hechos aislados, corren el riesgo de enfrentar el malestar social que en breve podría manifestarse a través de una protesta pública.

Si bien la seguridad no entró en el trángulo de prioridades dadas a conocer por el propio gobernador, hoy que se cumplen noventa días de la nueva administración valdría la pena llevar a cabo un replantamiento de las necesidades que se requieren atender, porque el clima de inseguridad cada día contribuye a disminuir el lapso de tiempo que los ciudadanos dan a sus nuevas autoridades para entregar buenos resultados.

Los crimenes son la constante y no se ve una estategia para contener ese fenómeno, así como tampoco se observa un cambio en la impartición de justicia en Tlaxcala.

Se acuerda que el pasado 18 de marzo se dio a conocer que el presidente de la comunidad de Santa Cruz Aquiahuac, municipio de Santa Isabel Tetlatlahuca, Israel Cervantes, sobrino del procurador de Justicia, Tito Cervantes Zepeda, agredió con un arma de fuego a un policía auxiliar y luego realizó disparos contra patrullas municipales y estatales, pues resulta que el individuo está libre y sigue despachando como si nada hubiera pasado.

Trascendió que la persona que fue agredida mientras tomaba bebidas embriagantes con Israel Cervantes en el inmueble donde funciona la presidencia de comunidad, fue amenazado para declarar ante los agentes investigadores que el impacto que recibió fue un accidente, situación que ayudó al sobrino del procurador evitar la cárcel.

De los disparos hechos a las patrullas y a los policías municiplaes y estatales nadie sabe nada. Total a cualquiera se le puede subir las copas y echar loco.

Así es el tamaño de la impunidad en Tlaxcala.

Los actuales consejeros del ITE quieren ponerse bravucones, pero la verdad es que ninguno tiene el valor de renunciar a su cargo. Estoy seguro que su reiterada queja de la falta de recursos públicos es porque no tienen llenadero. Dejarán de hacer una que otra cosa, pero con crisis o no le aseguro que ninguno dejará de recibir su abultado salario.

Los consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones quieren jugar a las vencidas con los diputados locales y el gobierno del estado.

Los impolutos guardianes de la democracia tlaxcalteca creen tener la calidad moral y la fuerza para solicitar más de 34 millones de pesos que, según ellos, requieren para que el Instituto siga operando después de que concluya la elección extraordinaria que organiza para elegir a siete presidentes de igual número de comunidades.

Incapaces de controlar su enorme necesidad de dinero público, los consejeros se han aventado la puntada de presionar a los diputados locales para que éstos accedan a su petición de una ampliación presupuestal de 34 millones de pesos,

De esa cantidad, la pandilla de consejeros electorales encabezados por Elizabeth Piedras Martínez pretende destinar 30 millones de pesos para las actividades ordinarias que el ITE y el resto para iniciar los preparativos del proceso electoral del 2018 en que los tlaxcaltecas elegirán a diputados locales.

Los 55 millones de pesos que dispone el ITE para este año al parecer no son insuficientes y los consejeros quieren más, sin embargo es muy probable que se queden con las ganas de disponer de más recursos porque su solicitud simplemente será ignorada.

Ojalá el diputado perredista Alberto Amaro Corona se mantenga en su posición de no autorizar ni un peso más al ITE, pues me parece que los consejeros electorales que llegaron a esas posiciones por pesadas recomendaciones podrían renunciar si creen que no tienes las condiciones para llevar a cabo su trabajo.

Dudo mucho que algún consejero electoral esté dispuesto a renunciar a su cargo, pues saben que difícilmente pueden encontrar otro trabajo que pague bien por prácticamente no hacer nada. Solo asisten a sesiones del organismo para alzar la mano y comer la botana que se les ofrece.

El año pasado quedó demostrado que su trabajo fue pésimo y que de no ser por el personal del Instituto Nacional Electoral los comicios para elegir gobenador, diputados, alcaldes y presidentes de comunidad no se hubieran realizado en los términos que conocemos.

Los consejeros electorales de Tlaxcala son unos parásitos cuyo trabajo no sirve para nada. Tuvieron que pasar casi nueve meses para que esos vividores pudieran ponerse de acuerdo y poder organizar la elección extraodinaria en siete comunidades, proceso en el que sin duda gastarán miles de pesos.

Es una lástima que Tlaxcala tenga tan pésima autoridad electoral.

Aunque lo niegue, la ex priista está obsesionada con el gobierno de Tlaxcala y hará todo lo posible por convertirse en candidata en el 2021. Su resentimiento con el actual mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez es tal que hará todo lo que sea necesario para cumplir con su capricho, pues hasta el momento no ha superado la derrota que sufrió en el 2016.

La renuncia de Lorena Cuéllar Cisneros a la bancada del PRD y al partido que la llevó al Senado se esperaba desde hace algunas semanas.

Sin mostrar madurez, la senadora se dedicó a culpar a todos menos a ella y a su familia de la derrota que sufrió en el 2016, cuando perdió en las urnas ante el priísta Marco Antonio Mena Rodríguez, quien según su visión era el adversario más débil del PRI que podía enfrentar en los comicios para gobernador.

El proceder de Lorena Cuéllar la deja muy mal parada, pues ya carga el estigma de ser traicionera y una política que no cumple acuerdos. Lo único que le importa es su carrera y su beneficio económico.

En el 2012 cuando esta bien asesorada y orientada política y mediaticamente, la hoy ex perredista decidió romper con el PRI. Estaba empeñada en ser candidata al Senado, pero el entonces gobernador de Tlaxcala Mariano González Zarur hizo hasta lo imposible para frenar sus aspiraciones.

A la par de que Lorena Cuéllar presionaba en el PRI también negociaba su candidatura al Senado en el PRD bajo el manto protector del ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya. Pedro Joaquín Coldwell, líder nacional del tricolor le pidió personalmente a la ex presidenta municipal de Tlaxcala que se quedara en el partido y le ofreció la diputación plurinominal.

La respuesta de Cuéllar sorprendió a Coldwell. ¿Quién me garantiza la diputación plurinominal?. Yo, que soy el líder nacional del PRI, respondió molesto el ex gobernador de Quintana Roo.

La decisión final de la hoy senadora independiente la conocemos todos, ya que en el 2012 logró llegar al Senado gracias al impulso que recibió de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del PRD y de otros partidos de izquierda.

Siendo candidata del PRD al Senado, casi al final de la campaña del 2012 se registró un rompimiento de Cuéllar con López Obrador, debido a que existían pruebas de que la ex diputada local pedía el voto para ella y no para AMLO, es decir, dejaba abierta la posibilidad para que en la elección de presidente de México sus seguidores sufragaran por el PRI.

Por esa razón, Andrés Manuel López Obrador arropó a la otra senadora Martha Palafox Gutiérrez que llegó a esa posición gracias a la recomendación de otro ex gobernador tlaxcalteca.

Lorena Cuéllar nunca cumplió con el compromiso que estableció con Alfonso Sánchez Anaya una vez que empezó a despachar en la Cámara Alta.

Hoy Cuéllar Cisneros vuelve a las andadas y traiciona al PRD para irse junto con otros diez senadores a conformar un grupo independiente que esta representado desde ayer por el poblano Luis Miguel Barbosa Huerta.

La tlaxcalteca debe entender que en política se deben privilegiar los acuerdos. Su inminente llegada a Morena, partido que encabeza López Obrador, es oportunista y convenenciera.

Al final le puede salir el tiro por la culata, porque la coyuntura del 2018 puede hacer que ella y AMLO caminen juntos, pero una vez que concluya ese proceso electoral las circunstancias serán diferentes y nadie sabe si éstas terminanarán siendo favorables para la ex perredista.

Lorena Cuéllar es una política con una buena envoltura que goza de aceptación entre los tlaxcaltecas, pero no tiene contenido ni ideas propias que la hagan brillar. Siempre dependen de asesores y los que hoy tienen simplemente no dan una.

Mientras los 16 notarios que fueron reinstalados sufren para poder reabrir sus oficinas , es probable que Sergio Cuauhtémoc Lima López ofrezca todas las facilidades al recien nombrado notario Martín Macías Pérez para que a la brevedad opere, pues tiene la fortuna de ser amigo del ex gobernador Mariano González Zarur.

Aunque ante la ley todos somos iguales, pareciera que en Tlaxcala hay notarios de primera y notarios de segunda, porque a los primeros se les ofrece todas las facilidades y a los segundos todo el burocratismo gubernamental para que no puedan abrir sus oficinas.

Resulta que los 16 notarios que fueron reinstalados en sus funciones por orden de un juez federal no han podido iniciar sus funciones, debido a que el manchipoderoso director del Notarías y Registro Público de Tlaxcala, Sergio Cuauhtémoc Lima López, les autoriza a cuenta gotas los oficios para que puedan obtener los folios que requieren para registrar sus operaciones.

Sin embargo, nadie se explica como Martín Macías Pérez, hijo del fallecido notario número 1 de Tlaxcala, José Luis Macías Rivera, logró la patente de la noche a la mañana y de manos del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Según la ley del notariado antes de ser reformada en la administración de Mariano González Zarur, los notarios auxiliares no sucedían a los notarios propietarios cuando se morían. Al fallecer simplemente se cerraba la notaría. Con esa ley nombraron a José Luis Macias, quien dejó de existir en los primeros días de enero de este año.

Con la reforma del 2016, la ley ahora si permite que los notarios auxiliares asuman la titularidad de la notaria, pero para lograrlo es necesario cumplir con ciertos requisitos, entre ellos contar con una carta de aspirante a notario.

Y aquí es dónde surgen las dudas, pues nadie sabe como Martín Macías Pérez logró una carta de aspirante de notario cuando no se publicó una convocatoria ni se llevó a cabo el examen de conocimientos y el pago correspondiente de los derechos que establece la ley.

Ante la enfermedad de su padre, Martín Macías se hizo cargo por muchos años de la notaria número 1 de Tlaxcala, situación que siempre violó la ley porque en ese entonces y quizá como ahora, no cumplía con los requisitos de la norma vigente.

Hasta donde se sabe, la última convocatoria para notarios en Tlaxcala fue la que se publicó en el 2010 por el gobierno de Héctor Ortiz Ortiz y de acuerdo con los registros en ese proceso nunca participó Martín Macías.

De esa convocatoria salieron 16 nuevos notarios que recibieron su patente en los últimos meses del gobierno de Héctor Ortiz, mismos que en la administración de Mariano González fueron perseguidos y suspendidos, porque según el ex mandatario el procedimiento por el que fueron nombrados no cumplió con la ley.

Nadie puede negar que José Luis Macías Rivera era el notario de Mariano González, factor de peso que dicen influyó para que su hijo Martín Macías recibiera en 78 días su patente de notario que puede ser patito.

Bien valdría la pena que las autoridades estatales y el mismo notario aclararan el asunto, porque esa designación tiene un tufo a ilegalidad que se percibe en el ambiente.

Sería patético que el recien nombrado notario Martín Macías iniciara funciones antes que los 16 notarios que están a la espera de que Sergio Cuauhtémoc Lima tenga la voluntad de cumplir con su trabajo y autorizar los folios que están pendientes, porque está visto que para ese funcionario hay notarios de primera y notarios de segunda.

Si en el 2012 que el PAN tenía el gobierno federal y controlaba las delegaciones en Tlaxcala no pudo ganar los comicios presidenciales, para las elecciones del 2018 la tendrá muy difícil y más cuando las divisiones internas se mantienen vivas, porque esos pleitos trascienden y sólo generan desánimo entre los tlaxcaltecas.

Dudo que alguien ajeno al PAN muestre preocupación por el acarreo que llevaron a cabo dos grupos panistas que buscaron quedar bien sus respectivos aspirantes a la candidatura a la presidencia de México, pues la división interna y los eternos pleitos le impiden a ese partido mostrar fortaleza ante un electorado que cada vez se decepciona más de esa opción política.

El pasado viernes 17 de marzo asistió Margarita Zavala Gómez del Campo al Centro de Convenciones de Tlaxcala, lugar donde reunió a más de dos mil militantes, a la dirigencia estatal y al poder fáctico del PAN en el estado.

En respuesta, los organizadores de la visita del ex gobernador Rafael Moreno Valle decidieron abarrotar el pasado sábado el auditorio municipal de Contla con panistas y perredistas para sumar más de tres mil personas, pues era necesario alimentar el enorme ego del poblano que por más que hace no puede alcanzar el nivel de preferencias que tiene la esposa de Felipe Calderón.

Ambos eventos son un vil espejismo que los ilusos pueden interpretar como una señal de fortaleza. Les da el pretexto para negar una realidad que hoy en día pesa en el ambiente que se vive rumbo al 2018. En las actuales condiciones el PAN está lejos de poder disputar en Tlaxcala la elección de presidente de México, la del Senado y la de diputados federales y locales.

Rafael Moeno Valle especialista en la provocación, arremetió contra los que no han ganado una elección en las urnas y han logrado sus cargos por la vía plurinominal, refiriéndose a Margarita Zavala y la senadora tlaxcalteca Adriana Dávila Fernández, pero se le olvida que su operadora principal y porrista oficial Aurora Aguilar Rodríguez está en las mismas condiciones.

Luego, el ex gobernador poblano sacó lo bravucón al exigir la publicación de la convocatoria para renovar la dirigencia estatal del PAN, situación que lo hizo mostrarse como ignorante de los documentos internos de su partido que establecen que en procesos electorales no se puede llevar a cabo un cambio de líderes y en Tlaxcala el viernes pasado inició legalmente la organización de las elecciones extraordinarias para elegir a siete presidentes de comunidad.

Aunque los panistas son muy dados a darse baños de pureza, resulta ofensiva la foto donde Rafael Moreno Valle aparece junto con los expresidentes municipales de Contla Filemón Alcotzi Nava, de Tlaxco Jorge Rivera Sosa, de Tlaltelulco Miguel Ángel Polvo Rea, de Nanacamilpa Lilia Caritina Olvera Coronel y de Huamantla Alejandro Aguilar López, ya que esos honestos militantes del PAN dejaron múltiples anomalías financieras en sus administraciones que podrían traducirse en problemas ante la ley.

Una de las damnificadas de la visita del ex gobernador poblano es la diputada federal Minerva Henández Ramos, quien se sumó al proyecto de Rafael Moreno Valle al sentirse sola luego de que Gustavo Madero Muñoz, líder nacional del PAN, la abandonara.

Resulta que la ex perredista tenía bajo su responsabilidad el evento que tuvo en Tlaxcala Moreno Valle, sin embargo sus dudas e indefiniciones provocaron su relevo por Aurora Aguilar, quien hay que decirlo recibe desde hace unos meses un jugoso financiamiento del gobierno de Puebla donde despacha Tony Gali.

Los pleitos internos en el PAN seguirán y en los próximos meses subirán de todo cuando inicie la disputa de las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular que estarán en juego en el 2018.

El más feliz de la división panistas en el estado es Andrés Manuel López Obrador, pues sabe que el PAN en Tlaxcala no representa ningún peligro para su proyecto.

En 18 días es probable que el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, realice la primera evalaución de su equipo de trabajo. En lo personal no descarto que lleve a cabo ajustes y enroques en su gabinete. Una área en la que debería poner especial atención es la de seguridad porque las cifras confirman que en ese rubro hay fallas.

Los acontecimientos de los últimos treinta días relacionados con hechos violentos han alertado a los tlaxcaltecas de que algo está pasando en la entidad, pues cada vez en el imaginario colectivo se refuerza la idea de que el crimen está ganando la batalla a las autoridades.

El miércoles los tlaxcaltecas nos enteramos del artero ataque armado que sufrieron dos policías y un funcionario del ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla que dejó un saldo de dos personas muertas.

Ayer los medios de comunicación informaron del asesinato de un hombre en el municipio de Papalotla luego de haber sido asaltado tras retirar dinero en un banco ubicado en Panzacola. Más tarde, se conoció que en Tenancingo fue hallado un cuerpo sin vida que estaba esposado y con evidentes signos de haber sido torturado.

En este mismo mes pero casi al inicio, se supo que en Papalotla fue abandonado y calcinado al interior de un vehículo una persona. Antes se tenía el registro de la aparición de otros cuerpos en diferentes municipios de la entidad que presentaban balazos en la cabeza, como si hubieran sido ejecutados.

Los registros oficiales sobre el número de homicidios en Tlaxcala sin duda demostrarán que algo raro está pasando, situación que el gobierno de Marco Mena debe contener antes que se se generalice la psicosis y descontento social por la ola delictiva que está pegando a los habitantes del estado.

No lo cuente en voz alta, pero según los datos de las diferentes corporaciones policiacas de la entidad, entre asaltos en carreteras a autotrasportes de carga y robo de vehículos se tienen contabilizados casi 500 ilícitos en 82 días, lo que equivale que cada 24 horas se cometieron 6 delitos de ese tipo en Tlaxcala.

Las cifras son duras y alarmantes porque dan la impresión de que Hervé Hurtado Ruiz, comisionado estatal de seguridad, simplemente no ha dado los resultados esperados.

Además, los mensajes que envía el Poder Judicial en el estado a cargo de la magistrada Elsa Cordero Martínez también son pésimos y desalentadores, porque así como se deja libres a personas acusadas de secuestro, ahora también se hace lo mismo con los individuos que estuvieron relacionados con el asesinato de un policía del municipio de Terrenate.

Fue el pasado 8 de enero cuando se supo que la Policía Municipal de Apizaco logró detener en la ciudad rielera un camión Tortón en el que pretendían huir dos personas que unos minutos antes habían accionado un arma de fuego contra un policía de Terrenate que no pudo sobrevivir al impacto de bala.

Aunque se inició la averiguación previa y el proceso penal, resulta que los detenidos ya están libres y que al parecer el responsable de ese asesinato fue un menor de edad que hasta donde se sabe no permanecerá en la cárcel. En otra entrega le contaré los detalles de esta historia que pone en evidencia la enorme impunidad que hay en el estado.

Ojalá la seguridad mejore en Tlaxcala, porque los tlaxcaltecas merecemos, al menos, vivir tranquilos.

Anabel Alvarado Varela no da una. No lleva ni 15 días en la Secretaría de Gobierno y su incapacidad ya es manifiesta. Para ella basta con mantener comunicación con las instancias federales y municipales encargadas de la seguridad para coadyuvar en la evolución del caso, definir y deslindar responsabilidades.

La realidad siempre termina por imponerse y la artera agresión que sufrieron policías de El Carmen Tequexquitla que dejó dos elementos muertos, demuestra que Tlaxcala ya forma parte de las entidades del país donde prevalece un clima de violencia generado por el crimen organizado.

Los hechos ocurridos ayer a plena luz del día, deben ser motivo de preocupación del gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez porque resulta muy grave que desde un automóvil en movimiento se hagan disparos para asesinar a policías municipales que no tuvieron oportunidad de repeler el ataque.

Hasta el momento existen muchas preguntas y ninguna respuestas que ayuden a frenar las especulaciones.

¿Se trato de una venganza contra algún policía?

¿Es un mensaje del crimen organizado?

¿A quién o quiénes se pretende intimidar?

¿Se trato de un hecho aislado y al azar?

¿La agresión se hizo para conocer la capacidad de respuesta de la policía estatal?

Éstas y otras preguntas deben ser contestadas. No basta que a través de un comunicado de prensa el gobierno del estado nos informe que la Procuraduría de Justicia indagará los hechos y que abrirá varias líneas investigación para castigar a los responsables.

De qué sirve que nos revelen que la Comisión Estatal de Seguridad a cargo de Hervé Hurtado Ruiz envió al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) al lugar donde se llevó a cabo la cobarde agresión para reforzar la seguridad e iniciar la búsqueda de los presuntos responsables, cuando ya se sabía que los agresores habían huído impunemente.

Y lo que es peor que nos reiteren que la Secretaría de Gobierno a cargo de la inepta Anabel Alvarado Varela mantiene comunicación permanente con las autoridades municipales de El Carmen Tequexquitla, así como con las corporaciones federales de seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional con la finalidad de coadyuvar en la evolución del caso, definir y deslindar responsabilidades.

Vaya hasta parece burla esa postura oficial, porque dudo que los criminales se asusten con esos comunicados de prensa o frenen su actividad cuando lo que se observa es una total incapacidad de la autoridad.

Dicen que en esa población algo raro paso desde que Óscar Vélez Sánchez asumió la presidencia municipal de El Carmen Tequexquitla, porque empezaron a llegar personas extrañas que siempre andan armadas.

Se rumora que Rubén Santillán Venegas, director de la policía en Tequexquitla habría enfrentado cargos por homicidio múltiple y secuestro en los estados de México e Hidalgo, sin que hasta el momento se haya podido comprobar.

Ademas, es evidente que el presidente municipal siempre es acompañado por dos sujetos armados que lo cuidan y su esposa que es de Coatzacoalcos, Veracruz, también goza de protección de escoltas.

Los habitantes de ese municipio están temerosos y prefieren el silencio para no exponer sus vidas. Se sabe que el mismo alcalde ha confirmado que ha sido víctima de amenzas por un grupo delictivo, pero se desconoce si ha presentado o no las denuncias correspondientes.

Las especualciones en ese municipio son la constante, al grado que hay quienes señalan que el mismo edil estaría involucrado en la venta de hidrocarburo robado, situación que sin duda tendrá que ser investigada por las autoridades.

Tlaxcala no puede seguir por este camino. Urge un cambio y si es necesario remover a algunos funcionarios que no están dando resultados, ojalá el gobernador Marco Mena asuma esa decisión por el bien de su administración y de los tlaxcaltecas.

Mantener el discurso de que Tlaxcala sigue siendo un estado seguro no ayuda en nada, pues la realidad nos demuestra cada día que la inseguridad llegó para quedarse y que hoy se requiere una cirugía mayor para estirpar y contener ese cáncer que afecta a todos los sectores de la sociedad.

El marianismo que corre por su sangre le hace ver una realidad que no existe en Tlaxcala.

Negar que en el estado hay un problema de inseguridad con presencia del crimen organizado y sostener que en materia de seguridad se han tenido avances importantes, confirma que la nueva secretario de Gobierno Anabel Alvarado Varela está desinformada.

Será la clásica funcionaria que ante la falta de recursos y talento político para desempeñarse como la número dos en el gobierno del estado, recurrirá a la negación de la realidad para luego vendernos la idea de que estamos bien y que en Tlaxcala no pasa nada.

Según la ex diputada federal, los tlaxcaltecas no debemos preocuparnos por el incremento en la incidencia de robo a comercios, transporte público y de otros delitos de bajo impacto, porque el oriundo de Campeche Hervé Hurtado Ruíz es el super policía que está dando buenos resultados.

El responsable de la Comisión Estatal de Seguridad puede seguir presumiendo su largo currículum vitae porque está comprobado que desde su llegada a Tlaxcala las cosas sigue igual o peor, lo que demuestra que a los delincuentes no les impresionó la preparación y los trabajos que ha desempeñado ese policía.

Hay ejecutados, el robo armado en carreteras de camiones de carga es la constante, al igual que el hurto de automóviles y de autopartes. El crimen organizado es el responsable del robo de combustible y la desaparición de mujeres y niñas en los límites de Tlaxcala y Puebla es un problema visible.

Esa realidad es la que Anabel Alvarado se niega a ver y confrontar, porque es evidente que aprovecha los medios de comunicación para lanzar flores a Hervé Hurtado como si tuviera una enorme necesidad de ser aceptada y aprobada por ese funcionario.

Ojalá la nueva responsable de la política interna de Tlaxcala asumiera posturas más realistas como la que mostró ayer el procurador de Justicia, Tito Cervantes Zepeda, quien no sólo aceptó que hay ocho carpetas de investigación por la desaparicón de igual número de personas -niñas y mujeres- sino que dejó entrever que en esos casos pudo existir alguna omisión por parte de la autoridades encargadas de las pesquisas, misma que de ser comprobada será sancionada.

Dicen que en Tlaxcala prevalece el desorden en materia de seguridad porque al interior de esas dependencias no hay control, porque todos se juegan a espiar y a obtener infomación que es filtrada sin que los jefes se den por enterado.

Un ejemplo de lo anterior se da al interio de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública que tiene bajo su mando el C4. Según fuentes bien informadas, ahí labora Nohemi Galicia Paredes, quien se desempeña como jefa del Departamento de Videovigilancia.

Esa servidora pública que al parecer no aprobó los exámenes de Control y Confianza, sería una de las encargadas de filtar información privilegiada a la Comisión Estatal de Seguridad y a uno que otro marianista que requiere de ciertos datos.

Si las áreas estratégicas de seguridad tienen su quintacolumna, imagínese como estarán la Secretaría de Gobierno y la Comisión Estatal de Seguridad.

Muy pronto Florentino Domínguez comprobará si tiene las condiciones y elementos para fotalecer al PRI rumbo a los comicios del 2018. Si los principales operadores del tricolor en los pasados comicios son inscrustados en la administración estatal recibirá una buena señal, pero si éstos siguen marginados y olvidados difícilmente podrá entregar buenas cuentas.

El PRI y el presidente Enrique Peña Nieto están convencidos que en este año enfrentarán una dura prueba electoral cuando sus candidatos sean sometidos al ácido de las urnas, pues no tienen la certeza de que mantendrán las gubernaturas del Estado de México, Coahuila y Nayarit.

La plana mayor del priismo ha acudidó a respaldar a los candidatos del PRI a los gobiernos de Coahuila donde postuló a Miguel Ángel Riquelme Solís y a Nayarit donde apostó por Manuel Humberto Cota Jiménez.

A ambas entidades acudió la clase política del PRI que decidió mostrar unidad y al mismo tiempo enviar un mensaje de que ya se prepara para la batalla del 2018 cuando será electo el nuevo presidente de México.

El año pasado el PRI sufrió la mayor derrota electoral en su historia en elecciones estatales al perder 7 de 12 entidades con elecciones, incluyendo los bastiones que no habían vivido alternancia como Veracruz, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

La elección de gobernador en el Estado de México sin duda es la más atractiva para los analistas políticos, pues ahí Alfredo del Mazo Maza, primo del presidente Peña Nieto busca mantener para el PRI esa posición.

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, sabe que como nuevo jefe político en el estado deberá comandar y entregar buenas cuentas en las elecciones del próximo año en que los tlaxcaltecas elegirán presidente, senadores, diputados federales y legisladores locales.

Pronto comprobaremos que tan decidido está en evitar que el PRI sufra una derrota electoral en el 2018 como la vivió en el 2012 el ex gobernador Mariano González Zarur, quien en Tlaxcala perdió los comicios presidenciales, el Senado y las diputados federales.

Me queda claro que Marco Mena optó por sacrificar a Florentino Domínguez Ordoñez que dejó la Secretaría de Gobierno para convertirse en el virtual líder del PRI en el estado.

El ex diputado local tiene la encomienda de quitar el tufo marianista al partido y meterlo en otra dinámica para que sea competitivo, sin embargo también tendrá que comprobar si la estructura del gobierno incrustada en dependencias estatales lo respalda a él y a Marco Mena y si está dispuesta a someterse a un nuevo liderazgo.

No se necesita ser experto para saber que el PRI por si sólo no gana elecciones, pues requiere del apuntalamiento de la estructura gubernamental para operar eficientemente, tal y como paso en Tlaxcala en los últimos dos procesos electorales donde el tricolor obtuvo buenos resultados.

El 2018 puede ser la tumba política para Florentino Domínguez si pierde la mayoría de los cargos de elección popular que estarán en juego, pero si entrega buenas cuentas será considerado como un aspirante con posiblilidades de suceder a Marco Mena en el 2021.

Hablar de la sucesión en Tlaxcala parece una locura, pero aunque no lo crea hay actores como el diputado federal Ricardo García Portilla que no pierde oportunidad para promoverse, al igual que algunos miembros del gabinete que buscan posicionarse pese a que su trabajo es bastante gris.

Los presidentes municipales en funciones que apostaron por presentar denuncias contra los ex ediles tendrán que presionar a los diputados y a la Procuraduría para que las averiguaciones prosperen, porque si los días pasan y no hay avances sus gobernados empezarán a intuir que ellos son cómplices de la corrupción y su desgaste será acelerado.

Muy pronto veremos si el compromiso de los nuevos presidentes municipales y los diputados locales por castigar la corrupción es auténtico o si sólo se trata de una farsa más, tal y como ha pasado en los últimos años con ex alcaldes que malvesaron recursos públicos y siguen libres.

Los datos preliminares que existen de la pasada entrega recepción en los 60 ayuntamientos de Tlaxcala revelan que en 36 comunas se dejó de pagar el Impuesto Sobre la Renta y que por lo menos existen 15 denuncias penales contra ex ediles que presuntamente cometieron diferentes anomalías en sus administraciones.

El ex alcalde que tiene el escenario más complicado es el de Santa Ana Chiautempan, Antonio Mendoza Romero, pues acumula cuatro denuncias penales y el monto de las irregularidades financieras supera los 150 millones de pesos.

Aunque Mendoza Romero intenta repartir responsabilidades con su ex tesorero Miguel Prado Ahuatzi, lo cierto es que hay varias personas que podrían documentar sus excesos durante sus viajes a Estados Unidos, como la hoy diputada independiente, Yazmín del Razo, quien dicen que en una ocasión acompañó al coqueto presidente municipal de Chiautempan.

Pese al ofrecimiento del presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del estado, el perredista Alberto Amaro Corona, en el sentido de que se aplicará mano dura a los ex ediles que cometieron abusos, en los hechos todo ha quedado en meras declaraciones mediáticas porque se desconoce si la Procuraduría General de Justicia en el Estado investiga los casos y si el Órgano de Fiscalizacón Superior está coadyuvando en el proceso para documentar los probables daños patrimoniales.

En Tlaxcala es común leer y escuchar que varios ex presidentes municipales enfrentan denuncias, sin embargo éstas nunca prosperan o simplemente se pone en marcha la cadena de complicidades para simular que pretenden castigar cuando en los hechos cubren el desfalco.

Un claro ejemplo de lo anterior lo representa el ex alcalde panista de Apizaco Orlando Santacruz Carreño, quien en el último año de su administración desvió recursos federales para una obra deportiva y otra cultural.

Gran parte de los recursos desaparecieron y pese a que existen pruebas y evidencias que demuestran que Orlando Santacruz retiró personalmente de un banco parte de esos fondos que hasta el momento no han sido reintegrados, el ex edil anda tranquilo y campante porque quizá está seguro de que nunca pisará la cárcel.

Hoy hay nuevos acusados y veremos si la impunidad impera en Tlaxcala o si los diputados junto con la Procuraduría son capaces de castigar los excesos que cometieron por lo menos la mitad de los ex pesidentes muncipales del estado.

La quemada y el golpeteo

Llama la atención la protesta que recibió el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez en una corrida de toros celebrada en la Plaza México, cuando un supuesto grupo de taurinos lamentó la ratificiación de Luis Mariano Andalco como director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.

En los últimos días en Tlaxcala se han llevado a cabo corridas que pudieron ser aprovechadas por esos taurinos tlaxcaltecas para mostrar su inconformidad con el funcionario estatal que ya fue ratificado por Mena Rodríguez luego de permanecer por seis años en el cargo tras ser designado por el ex mandatario Mariano González Zarur.

El rechazo a Luis Mariano Andalco podría estar justificado, pero es obvio que la protesta tiene un claro interés en desaceditar al funcionario y al gobernador Marco Mena, quien también ya empezó a ser golpeado en la prensa nacional. El analista financiero Dario Celis lo desacredita y cuestionan el rumbo económico de la entidad, sin embargo la información que maneja es parcial y no está actualizada.

En fin, la quemada en la Plaza México ya nadie se las quita.