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Archiv para febrero, 2017

Todos quieren llegar y muy pocos merecen el puesto

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En un buen problema se metió la actual legislatura que ahora deberá ser escrupulosa para sacar adelante la designación de su representante ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, pues el mínimo error empañará el proceso donde participan abogados que no se prestarán a ninguna simulación.

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La ambición de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Elsa Cordero Martínez, raya en lo absurdo al mostrar una enfermiza obsesión por lograr que el representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial sea un abogado que se someta a sus caprichos y deseos.

Uno no se explica el por qué la vanidosa abogada intenta intervenir en una decisión que corresponde al Poder Legislativo, como si tuviera la enorme necesidad de garantizar el control absoluto de ese órgano encargado de administrar los recursos públicos y el personal que labora en el TSJE.

En estos momentos el Consejo de la Judicatura está conformado por Elsa Cordero como presidenta, en representación de los magistrados se encuentra María Sofía Margarita Ruiz Escalante, por los jueces Leticia Caballero Muñoz y como representante del Poder Ejecutivo Mildred Murbatián Aguilar. El lugar que sigue vacio es el del Congreso del estado.

Si uno revisa la lista de los 40 abogados inscritos para el proceso, comprobará que en ella se observan los nombres de diferentes empleados del Tribunal Superior de Justicia del Estado como es el caso de Claudia Pérez Rodríguez, Gerardo Felipe González Galindo, María Avelina Meneses Cante, Martha Zenteno Ramírez, María Juana Nava Ahuactzin, Esther Terova Cote, Leonardo Vargas Terrones y hasta la secretaria particular de Elsa Cordero una tal Rossana Rubio Marchetti, cuyo único mérito es ser la dama de compañía de su jefa.

Los diputados locales se entramparon y ahora cualquier imposición en la designación de su representante ante ese órgano podrá implicar un nuevo litigio, pues hay abogados con experiencia y trayectoria que no se van a prestar a un juego o una simulación.

El primer intento para imponer a Emilio Velásquez Leiva como miembro de ese consejo fracasó porque el PRI y el diputado Mariano González Aguirre nunca pudieron convercer al PAN de que ese abogado era la mejor opción, de ahí que los legisladores decidieron declarar nula la primera convocatoria y abrir un nuevo poceso que desde ahora luce complicado.

Sin duda uno de los mejores aspirantes para ocupar el cargo de representante del Congreso del estado ante el Consejo de la Judicatura es José Antonio Aquiahuatl Sánchez, quien goza de prestigio a nivel nacional al ser uno de los principales capacitadores del Nuevos Sistema de Justicia Penal y por tener una preparación académica sólida que pocos pueden acreditar.

Pero también participa el ex subprocurador de Justicia José Juan Temotlzin Durante, quien sin duda tiene los conocimientos y la experiencia para desempeñar el cargo. Pero también hay abogados de relleno como el mediocre ex juez municipal Enrique Zempoalteca Mejía y Juan Pablo Hernández Jiménez, hijo del expresidente del TSJE, Justino Hernández, quien es recordado por llegar a eventos oficiales en estado de ebriedad.

Un participante que de inmediato atrajo las miradas fue Leonel Lara Mena, por ser un pariente del gobernador de Tlaxcala Marco Antonio Mena Rodíguez. No se sabe si lleva la bención o si se inscribió por una decisión personal.

Lo malo es que desde anoche se dejó correr el rumor de que el diputado Mariano González estaba cabildeando con otros legisladores la designación de Eloy Edmundo Hernández Fierro, un abogado ligado al ex grupo conformado por Orlando Santacruz Carreño y Jorge Luis Vázquez Rodríguez, del mismo donde salió el ahora frustado Emilio Velásquez.

Las cartas están sobre la mesa y habrá que esperar como se juegan. Ojalá que los diputados designen a un digno representante ante el Consejo de la Judicatura y eviten la judialización de ese proceso.

Las tres piezas de la operación del nuevo gobierno

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Según el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez todos los nuevos funcionarios están a prueba y serán sometidos a una evaluación a los 100 días de gobierno, porque puede ser que tengan el perfil para el cargo pero si no entrega resultados lo más seguro es que dejará su puesto.

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En el engranaje de las nuevas piezas que conforman la estructura del gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez hay algunas que empiezan a ser claves en la operación, pues es a través de ellas donde se bajan las órdenes del jefe.

Los tres funcionarios que gozan de la confianza del mandatario son Florentino Domínguez Ordoñez, actual secretario de Gobierno, Eladia Torres Muñoz, secretaria particular del gobernador y Carlos Bailón Valencia, secretario Técnico de la oficina del gobernador.

Por ellos pasa gran parte de las instrucciones que envía Marco Antonio Mena al resto de los funcionarios estatales, quienes están conscientes de que no todos gozan de la cercanía con el gobernador.

Una característica que esos tres personajes tienen en común es que ninguno registra una sumisión ciega al marianismo, razón que les permite aterrizar las órdenes y enfrentar sin problemas ciertos actos de insubordinación de algunos funcionarios que foman parte de la herencia de la pasada administración.

Hace unos días, el titular de la Setyde, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, le comunicó a la hoy ex titular del Sepuede, Maricela Cuapio Cote, que la feria del empleo que se tenía prevista se pospondría hasta nuevo aviso por una orden del gobernador Mena.

Dicha instrucción fue girada a los responsables de ese evento que aprovecharon la ocasión para grillar y tratar de marcar distancia con el gobierno del estado bajo el argumento de que las ferias forman parte del gobierno federal.

La directora del Servicio Nacional del Empleo, Yaneli Pérez Vázquez, instancia que depende del Sepuede, se quejó de esa mala decisión e insistía en llevar a cabo la dichosa feria, lo cual motivó la intervención de Eladia Torres que tuvo que frenar los impetus de la funcionaria marianista que al final aceptó la orden no sin antes criticar a Mena Rodíguez.

A casi dos meses de la llegada del nuevo gobierno y con la mayoría de designaciones de nuevos funcionarios estatales, en los próximos días se esperan pocas sorpresas después de la incorporación y ratificación de algunos marianistas, pues si acaso habrá uno que otro cambio que no provocará muchas expectativas.

Llama la atención que el mandatario insista en que sus funcionarios serán evaludos a los 100 días de su gobierno a fin de determinar si con los resultados entregados son dignos de permanecer o serán relevados, porque pareciera que a casi 58 días que llevan en sus puestos más de uno no está cumpliendo con las expectativas.

Otro punto que también genera ruido, es su decisión de poner distancia entre su gobierno y el PRI al sostener que no mezclará las decisiones con los intereses políticos electorales, postura que es mal vista por los militantes del tricolor que una vez más se sienten marginados y traicionados.

Para muchos el gobierno de Marco Mena se muestra lento y hasta paralizado, sin embargo lo que es un hecho es que muy pocos entienden su estilo y la forma de ejercer el poder, situación que sin duda le empezará a generar críticas.

Las anomalías financieras del manchi gobierno quedarán impunes

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Los resultados que cada año da a conocer la Auditoría Superior de la Federación sobre el manejo de los recursos públicos en los estados sólo sirven para comprobar que estamos muy lejos de castigar la corupción, porque ninguna autoridad muestra voluntad para aplicar la ley a los funcionarios que incurrieron en excesos.

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Las anomalías financieras detectas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente al 2015 que suman más de mil millones quedarán impunes y ningún funcionario de primer nivel del sexenio de Mariano González Zarur será sancionado.

Aunque se haya documentado que hay más de 150 millones de pesos que cuadran en un posible daño patrimonial a las arcas del gobierno de Tlaxcala, difícilmente se iniciará un proceso penal o resarcitorio porque la nueva contralora del Ejecutivo María Maricela Escobar Sánchez está más interesada en subsanar esas observaciones que en indagar en dónde quedaron esos recursos públicos.

La dócil funcionaria declaró que la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez trabaja en la solventación de las observaciones de la ASF, dejando mal parados a algunos miembros del gabinete como al secretario de Educación Manuel Camacho Higareda que infomó que él no había sido notificado sobre los resultados de la revisión correspondiente al 2015.

Si existiera la voluntad de sancionar a algún marianista, en los hechos eso sería una misión imposible porque aunque las dependencias estatales ya tienen nuevos titulares, en ellas se mantienen laborando la mayoría de los funcionarios que tienen alguna responsabilidad en esas observaciones millonarias, por lo que es más fácil pensar en que tratarán de arreglar todo antes de hacerse la maldad a ellos mismos.

El mejor ejemplo para ilustrar lo anterior se puede observar en la Secretaría de Educación Pública, cuya dependencia que estuvo bajo el mando de Tomás Munive Osorno está señalada de haber pagado de manera irregular a comisionados que no sólo recibieron su pago como maestros, sino que también obtuvieron otra remuneración del área donde estaban asignados como fue el caso de Martha Sanchez y José Daniel Morales Serrano.

La primera era la maestra de ceremonias de Mariano González Zarur y está documentado que a parte de recibir su cheque como jefa de departamento de la Coordinacion de Giras del Gobernador, también captaba su salario de docente pues goza de una plaza de maestra de secundaria técnica.

El segundo también percibe un salario como supervisor inscrito a la Dirección de Cultura Recreación y Deporte de la SEP y cobra como coordinador de Giras del Gobernador.

Es obvio que el ex gobernador Mariano González estaba enterado de esa irregularidad junto con el ex contralor Hugo René Temotlzin Carreto, sin embargo ambos la alentaron y solaparon lo que demuestra que eran unos hipócritas porque hay que ver a cuántos orticistas le iniciaron procedimientos administrativos y penales por haber cobrado en dos dependencias durante la administración de Héctor Ortiz.

Pero lo que en verdad da risa, es la ingenuidad que muestra María Maricela Escobar Sánchez, pues tuvieron que pasar más de cuarenta y cinco días para enterarse que Hugo René Temotlzin seguía mandando en esa dependencia donde dejó basificados a piezas claves que manejan la información importante de la Contraloría del Ejecutivo y que él dispone antes de que la nueva titular se entere.

La nueva contralora está lejos de cumplir con las expectativas que se generaron con su designación, pues a casi dos meses de que entraron en funciones los nuevos funcionarios nada se sabe de su trabajo y muchos menos cuando dará a conocer las declaraciones tres de tres que los miembros del gabinete tienen que hacer públicas.

La Contraloría del Ejecutivo dejo de ser una dependencia con dientes y garras, quizá porque ahora no es necesario perseguir ni castigar a nadie. Los marianistas duermen tranquilos bajo una cobija de impunidad que tapa todos sus excesos.

Del PAN, precisiones y despedidas en el Congreso

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Varios fueron los menajes que ayer recibió la clase política que debe entender que hoy existe un nuevo estilo de gobernar Tlaxcala. Sin gritos y zapes quedó claro que la reforma que alienta Héctor Ortiz y el PRD para devolver el voto a los presidentes de comunidad en los cabildos no pasará en esta administración.

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El adrianismo se mantendrá vigente y será la corriente que dominará en las candidaturas que se disputarán en los comicios del 2018. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó anoche la elección de los consejeros estatales del PAN que había impugnado el grupo de la morenovallista Aurora Aguilar Rodríguez.

Con el control absoluto del PAN en Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández empezará a mover sus fichas para impedir que alguien ajeno a su corriente logre candidaturas al Senado y a las diputaciones federales y locales que estarán en juego el próximo año.

Desde ahora le podría asegurar que los abanderados al Senado serán los actuales diputados federales Juan Corral Mier y Minerva Hernández Ramos o la actual legisladora local Guadalupe Sánchez Santiago.

Para las tres diputaciones federales se manejarán los nombres de Vicente Henández Roldán, ex alcalde de Calpulalpan; Ángelo Gutiérrez Hernández, ex diputado local; Adolfo Escobar Jardinez, ex edil de Tlaxcala; Guadalupe Sánchez Santiago y el actual presidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía.

La propuesta que saldrá de Tlaxcala para que forme parte de la lista de candidatos a diputados por la vía plurinominal será Adriana Dávila, quien intentará saltar del Senado a la Cámara de Diputados a fin de mantener su estatus.

Las 15 candidaturas a las diputaciones locales serán repartidas entre los liderazgos regionales y municipales que se hayan mostrado leales al adrianismo.

La única opción que le queda al grupo de Aurora Aguilar es que su patrón el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle crezca en las preferencias electorales y se meta de lleno a disputar la candidatura del PAN a la presidencia de México, pues ese sería un factor que obligaría a entrar a un proceso de negociación que pudiera abrirle a sus seguidores espacios en Tlaxcala.

Tres precisiones y una despedida

En este espacio aseguramos que el actual gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez había tenido en días pasados dos reuniones con el ex mandatario Mariano González Zarur, infomación que resultó falsa porque me aseguran que ambos personajes no se han vuelto a ver desde el 1 de enero en la ceremonia donde el primero asumió el cargo.

Por tal razón, me precisaron que los nombramientos y ratificaciones de funcionarios en la actual administración fue una decisión exclusiva del mandatario Marco Antonio Mena.

Sobre el caso de los notarios, me informaron que el fallo de la justicia federal será acatado de acuerdo con los tiempos legales y que los fededatarios si empezará a recibir sus patentes, libros y sellos.

Mal se vieron los diputados locales al despedir al asesor honorífico de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, Antonio Velázque Nava, quien tuvo que enterarse por los medios de comunicación de su despido.

Político profesional y maduro, Velázque Nava aceptó la decisión que en nada lo afecta, porque desde el principio el rechazó la posibilidad de cobrar un salario en el Poder Legislativo, ya que su genuino interés era hacer valida la fiscalización y evitar que las cosas siguieran igual.

Su salida sin generar algún tipo de conflicto sin duda repesenta una señal de respeto a Marco Mena.

La absurda simulación en el caso de caso de los notarios.

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El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez sólo pudo mantener por 50 días el rompimiento con su antecesor el hacendado Mariano González Zarur, pues por lo que se observa el libanes parece que vuelve a retomar el control de la administración estatal que seguirá estando a las órdenes de los marianistas.

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Los mensajes emitidos por Marco Antonio Mena Rodríguez en los primeros cincuenta días de su gobierno resultaron una cortina de humo para simular un rompimiento y hasta un pleito con Mariano González Zarur, situación que al parecer no existe porque los hechos refieren que el hacendado sigue mandando en Tlaxcala.

Si existió un pleito o un distanciamiento entre Mena y González éste sólo duró unas semanas, porque algo raro pasó el fin de semana que el nuevo mandatario decidió acatar instrucciones que evidencian que los marianistas seguirán siendo piezas claves en su administración.

El primer caso tiene que ver con el asunto de los notarios, pues está más que comprobado que la administración de Marco Mena simula y miente al juez federal sobre el cumplimiento para devolver las patentes a los fededatarios.

Pese a que el dos de febrero del presente año el gobernador de Tlaxcala informó a un juez federal del procedimiento que llevaría a cabo para reintegrar los sellos, libros y patentes a los fededatarios, hasta el momento las cosas siguen igual y no se ve para cuando se acate esa resolución.

La administración estatal está llena de simuladores que hacen fruade a la ley, ya que las notificaciones que realiza José Lucino Pérez Tlapale son para comunicar a los notarios sobre el acuerdo que hizo Marco Mena en el Periódico Oficial en torno al caso y no para informarles el día y la hora en que recibirán sus patentes.

Una pruba de ese fraude a la ley, es el oficio que giró al juzgado federal el secretario de Gobierno, Florentino Domínguez Ordoñez, quien según él ya dio intrucciones para dar cumplimiento al fallo que ordena reinstalar a los notarios, pero que en los hechos no es así porque simple y sencillamente sigue la instrucción de Mariano González de recurrir a chicanadas para evitar que los fededatarios reciban sus instrumentos legales que les permita volver a trabajar.

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Otra prueba es que José Lucino Pérez está notificiando a los fededatarios en los inmuebles donde funcionaron las notarías. Es estupido pensar que ahí estarán localizables esos profesionales del derecho cuando cerraron sus oficinas en el 2013.

Los subordinados de Mariano González recurrirán a las argucias legaloides y mantendrán vivo el pleito con los 16 notarios. No importa que se caiga en otro desacato cuando el probable responsable de ese incumplimiento será Marco Antonio Mena que tendrá que cargar con la culpa y las consecuencias.

Aquí y en el portal e-consulta manejamos la información de que el director del Notarías y Registro Público de Tlaxcala, Sergio Cuauhtémoc Lima López, había sido despedido por negarse a reintegrar las patentes, noticia que nunca fue desmentida o aclarada por el área de comunicación del gobierno del estado que siempre se muestra atentata sobre la imagen del mandatario.

Se sabe que el viernes pasado concluyó la entrega recepción de esa dependencia, sin embargo algo sucedió el fin de semana que el lunes por la tarde Lima López regresó a su oficina y el martes empezó a firmar documentos como director del Notarías y Registro Público de Tlaxcala cuando había suspendido esa acción desde el jueves 16 de febrero.

Lo único que no encontró el poderoso Lima López en su oficina, fueron los expedientes de los notarios que quedaron bajo resguardo de la Contraloría del Ejecutivo y de la Secretaría de Gobierno. Cuanta razón tenía cuando decía que él sólo recibía órdenes de su gobernador que no es otro más que González Zarur.

Desde la semana pasada Mariano González despacha y atiende en uno de sus ranchos. Dicen que el ex mandatario sostuvo dos reuniones con Marco Mena, mismas que fueron suficientes para cambiar algunas decisiones que se empezaron a ver el lunes y ayer con la ratificación de marianistas en el gabinete estatal.

Si había resistencia de Mena para abrir espacios a los marianistas esa ya no existe y pronto se verá como ese grupo accede a otras posiciones en la estructura administrativa.

Me queda claro que Mariano González aceptó su exclusión en el manejo de los recursos públicos que Mena controla a través de su hermano Fabricio Mena Rodríguez, pero no permitió su marginación en la estructura del gobierno y en las decisiones políticas y de poder.

El hacendado sabe perfectamente que Marco Mena es gobernador por él y por esa razón se siente con derecho de compartir el poder. La resistencia que enfrentó del nuevo mandatario para que asumiera sus instrucciones sólo duro 50 días. Quien lo hubiera imaginado.

Ahora todos quieren controlar la dirigencia del PRI en Tlaxcala

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Mientras el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez anda ocupado en sus foros y en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, dos ex mandatarios llevan a cabo un trabajo político con miras a las elecciones del próximo año con la clara intención de llevar mano en la designación de los candidatos.

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Aunque no lo crea, en los últimos días se ha registrado una disputa soterrada por la dirigencia del PRI en Tlaxcala que hoy ostenta como puro membrete Blanca Águila Lima, pues hay dos ex mandatarios que buscan esa posición a través de un incondicional para evitar que el actual gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez controle al partido.

Mariano González Zarur y Beatriz Paredes Rangel han recurrido a sus contactos nacionales para pedir el mando del Partido Revolucionario Institucional rumbo a los comicios federales del 2018 en que los tlaxcaltecas elegirán presidente, senadores y diputados federales y locales.

El primero se resiste a que su corriente mariana muera en el nuevo gobierno que encabeza Mena Rodríguez, mientras que la segunda busca regresar al Congreso de la Unión por su estado natal y evitar una candidatura en la Ciudad de México, donde sus posibilidades de ganar una elección de mayoría se reducen luego de haber permanecido por unos años como embajadora de México en Brasil.

Y sino me cree vea lo que hoy se comenta en la columna Templo Mayor del periódico Reforma.

“DE REGRESO tras su misión diplomática en Brasil, la priista Beatriz Paredes fue ayer objeto de múltiples saludos y miradas en un restorán italiano en Reforma.

“¿REGRESARÁ a la lides políticas o nomás se está dejando ver por si se ofrece algo? Es pregunta que ya no baila samba“.

Hasta aquí la cita, pero es obvio que la ex gobernadora tlaxcalteca se está moviendo porque quiere regresar a la actividad política y que mejor siendo Senadora o diputada federal.

Se sabe que ambos ex mandatarios ya platicaron sobre el tema y optaron por establecer un pacto rumbo a los comicio federales del próximo año. Su primer objetivo en común es reclamar el dominio de la dirigencia del PRI en Tlaxcala que les permitan tener mano en los procesos internos para designar a los futuros candidatos.

Beatriz Paredes estaría analizando la opción de convertirse en candidata al Senado de la República, para lo cual ya supervisa los comites municipales del PRI a fin de determinar si esas estructuras están coordinadas por priístas comprometidos o si es necesario llevar a cabo un relevo que garantice un trabajo efectivo.

Mariano González no está interesado en ningún cargo de elección, pues está consciente que sus niveles de popularidad están por los suelos, sin embargo si busca impulsar como una prioridad las carreras de sus hijos Mariana González Foullón y Mariano González Aguirre, aunque también estaría pensando en Ricardo García Portilla, así como en otros marianistas que fueron marginados por Marco Mena.

Los comicios del 2018 son fundamentales para la sobrevivencia de los marianistas, ya que si no logran posiciones esa corriente quedará muy debilitada y sin ninguna posibilidad de influir en la sucesión del 2021.

En unos días más se confirmará que Blanca Águila no se mantendrá como presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI y que se publicará la convocatoria para renovar esa dirigencia, por lo que veremos si los dos ex gobernadores se salen con la suya y llevan a un líder que responda más a sus intereses que a los de Marco Mena.

Pero dejeme decirle que el PRI en Tlaxcala no la tiene fácil, pues de acuerdo con las últimas mediciones sobre preferencias electorales el partido de Andrés Manuel López Obrador encabeza las simpatías, por lo que el tricolor deberá recurrir a sus mejores cuadros si es que quiere dar pelea.

Magistrados marianistas impiden influencia de Mena en el TSJE

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En Tlaxcala se perdió la oportunidad para que el órgano encargado de manejar los recursos humanos y financieros del Poder Judicial se condujera por el camino de la transparencia y la rendición de cuentas, pues por desgracia Elsa Cordero logró mantener el control del Consejo de la Judicatura en alianza con los magistrados marianistas.

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La renovación de Consejo de la Judicatura de Poder Judicial sirvió para conocer en dónde se encuentra la lealtad de los integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuya mayoría de miembros decidió seguir las indicaciones marianistas y ubicarse afuera de la órbita de influencia del actual gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Elsa Cordero Martínez, optó por aliarse con los magistrados que le deben su cargo al ex mandatario Mariano González Zarur y frenar la rebelión de los jueces que pretendían influir en la designación de un representante ante ese órgano que no estuviera bajo las órdenes incondicionales de la superficial representante del Poder Judicial.

Con ayuda de los magistrados marianistas Héctor Maldonado Bonilla, Maricruz Cortés Ornelas y Leticia Ramos Cuahutle, así como de sus homólogos Felipe Nava Lemus y Elías Cortés Roa, Elsa Cordero impuso a Leticia Caballero Muñoz – concuña del ex secretario de Gobierno Ernesto Ordoñez Carrera- como la portavoz de los 32 jueces, decisión que sin duda hará más grande la distancia existente entre esa estructura y la presidenta del TSJE.

Para nadie es desconocido que los magistrados Rebeca Xicoténcatl Corona y Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez alentaban la llegada de otro juez al Consejo de la Judicatura, con la clara intención de lograr una verdadera representación y no un títere más de Elsa Cordero.

Este día asumirán sus posiciones en el mencionado Consejo la representante del Poder Ejecutivo Mildred Murbatián Aguilar y la portavoz de los jueces Leticia Caballero Muñoz. Se espera que en los próximos días se incorpore el delegado del Poder Legislativo que podría ser designado en la sesión que tendrán los diputados locales el próximo martes.

Cuando la magistrada presidenta del TSJE se enteró la noche del viernes que la nueva consejera por parte del gobernador era Mildred Murbatián de inmediato giró instrucciones al personal para que resguardara la infomación y evitara hasta donde pudiran entregar datos comprometedores.

Sin embargo, Elsa Cordero ya está tranquila porque no perdió el control de ese órgano al tener como aliados a Leticia Caballero y la magistrada María Sofía Margarita Ruiz Escalante, pues prácticamente con su voto ya tiene la mayoría que requiere para seguir manejando discrecionalmente los recursos humanos y económicos del TSJE.

Tanta es su confianza que la abogada Cordero ya prometió que dará trabajo al rorro de Emilio Treviño Andrade que fue reprobado en su evalación para ser ratificado como representante del Poder Legislativo al comprobarse que le encanta la vida social y solapar la corupción.

También hizo lo propio con la hoy ex consejera por parte del Poder Ejecutivo, la marianista Rocío Jiménez Temoltzin, quien según la magistrada se merece un puesto en el TSJE por ser una maravillosa persona.

Como buen jugador de ajedrez, el gobernador Marco Antonio Mena sólo hizo un movimiento en el tablero del poder del TSJE que le permitió ver el comportamiento de los magistrados y comprobar hacia donde se mueven los intereses del Poder Judicial.

Los meses pasarán y tarde o temprano llegará la oportunidad de renovar la presidencia del Poder Judicial, donde no dude que el mandatario hará valer su influencia para propiciar la llegada de un magistrado leal a su causa.

Lo bueno y lo malo de la nueva clase gobernante

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Tlaxcala podría ser un referente nacional en videovigilancia, pues existe un proyecto para que en los próximos años se instalen once mil cámaras en la capital del estado y en sus once comunidades. Anabell Ávalos tiene ese meta y no dude que la alcaldesa hará hasta lo imposible por cumplirla.

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Al concluir la presente semana y con casi 50 días en el poder, las nuevas autoridades tanto estatales como municipales han enviado señales que despejan dudas que existían sobre ellas.

La primera es que Marco Antonio Mena Rodríguez es el gobernador y que no le temblará la mano para destituir a funcionarios que se nieguen a aceptar que el hombre de las decisiones es él y no el ex mandatario Mariano González Zarur.

Sin recurrir al alarde mediático, el gobernador decidió remover ayer al director del Notarías y Registro Público de Tlaxcala, Sergio Cuauhtémoc Lima López, quien simplemente se negó a llevar a cabo la reinstalación de los 16 notarios que fueron perseguidos en la pasada administración.

El mensaje de tal decisión fue claro y contundente para la estructura del gobierno tlaxcalteca, pues ahora no existe ninguna duda de que Marco Mena ejerce el poder y que lo usará para lograr sus propósitos.

Otro mensaje positivo es el que anoche envió la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca. Su ofrecimiento de mejorar la seguridad y los servicios en la capital del estado va en serio, al grado que el Cabildo aprobó un ambicioso programa para instalar en los próximos cuatro años y seis meses once mil cámaras de vigilancia y un número similar de nuevas luminarias con tecnología de focos leds.

Actualmente operan 15 cámaras que son insuficientes para mantener monitoreada la ciudad y sus once comunidades, de ahí la importancia del proyecto que se pondrá en marcha en los próximos días por parte de la alcaldesa.

En unos meses la capital tlaxcalteca será un referente a nivel nacional al contar con uno de los sistemas de videovigilancia más robustos que sin duda ayudará a bajar los índices delictivos que se registran en estos momentos.

Otro buena señal fue la decisión que tomaron los diputados locales para no ratificar como su representante ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial a Emilio Treviño Andrade, quien no aprobó la evaluación al comprobarse que lo suyo es tirar rostro en eventos sociales sin importancia y encubrir la corrupción en el Tribunal Superior de Justicia que preside su amiga Elsa Cordero Martínez.

Lo malo es que los legisladores no se pusieron de acuerdo para nombrar a un nuevo representante para ese órgano, situación que evidencia que el priista Mariano González Aguirre no tiene el control del Congreso del estado y que para sacar adelante su propuesta tendrá que convencer a Alberto Amaro Corona y a los panistas que no quieren respaldar a Emilio Velásquez Leiva en ese cargo.

Y ya que hablamos de lo malo, tendremos que decir que la actuación del actual secretario de Gobierno en Tlaxcala, Florentino Domínguez Ordoñez, en el conflicto que existe entre el Sindicato 7 de Mayo y algunos ayuntamientos es pésima, pues no sólo se muestra como un funcionario débil y que solapa a un gremio que se ha beneficiado con basificaciones irregulares, sino que pareciera que tiene un interes especial en golpear a la administración del alcalde de Chiautempan Héctor Domínguez Rugeiro.

Para concluir con lo malo, hay que mencionar la crisis que se vive al interior del Partido de la Revolución Democrtática en Tlaxcala que encabeza Juan Manuel Cambrón Soria, quien se muestra incapaz de evitar la salida de militantes que en las próximas horas se sumarán al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

Al partido de López Obrador se irán los hasta hoy perredistas Lorena Cuéllar, Eréndira Jiménez, así como la diputada Floria María Hernández.

El PRD se está quedando sólo, pero aún así hay quienes mantienen la esperanza de que en los comicios del 2018 obtedrán sendos triunfos de la mano del diputado local Alberto Amaro, quien se asume como el salvador de ese partido que esta agonizando y sólo vive por el oxígeno que le inyecto en los pasados comicios la senadoa Lorena Cuéllar.

La debilidad manifiesta de la magistrada Elsa Codero

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Hoy se llevarán a cabo intensas negociaciones al interior del Congreso del estado que incluirán no sólo la designación de su representante ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, sino que también se podría definir como terminará el proceso de renovación del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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El proceso de renovación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial evidencia que la magistrada Elsa Codero Martínez dejó de ser una persona confiable para el sistema y el poder en Tlaxcala.

Se percibe un distanciamiento con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y con los diputados locales, así como con sus compañeros magistrados y jueces que la han ignorado para apoyar la llegada de incondicionales a ese órgano.

Lo anterior quizá tenga que ver con la actitud que Cordero Martínez asumió hace unas semanas cuando intentó madrugar para lograr los consensos que permitieran a Emilio Treviño Andrade, abogado de cuestionada reputación, ser ratificado por el Congreso del Estado como su representante ante el Consejo de la Judicatura por otos tres años más.

Si bien ese abogado de poca monta se presentó a una evaluación ante los diputados locales, es un hecho que no tiene ninguna posibilidad de repetir en el cargo tal y como lo deseaba la presidenta del TSJE, Elsa Codero.

Aunque hay once aspirantes registrados en el proceso que lleva a cabo el Poder Legislativo para designar a su representante, el que se perfila como el favorito es Emilio Antonio Velásquez Leiva, quien aunque nació en Guatemala dicen que ya goza de la nacionalidad mexicana, lo cual tendrá que demostrar con documentos.

El principal impulsar del ex secretario del ayuntamiento de Apizaco para convertirse en representante del Congreso del estado en el mencionado Consejo es Mariano González Aguirre.

Otro candidato que podría dar la pelea por esa posición es Claudia Pérez Rodríguez, quien representa el Plan A del diputado perredista Alberto Amaro Corona, quien como buen jugador traé en Gerardo Felipe González Galindo su Plan B.

Como se puede obsevar la vanidosa Elsa Cordero no tiene ningún tipo de influencia sobre los aspirantes con más posibilidades en llegar a ese órgano como delegado del Poder Legislativo.

Pero lo mismo sucede al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde los magistrados Rebeca Xicoténcatl Corona y Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez se muestran más que interesados en impulsar la llegada de un nuevo representante de los jueces.

Cordero Martínez pretende que Lázaro Castillo García permanezca por un periodo más en el Consejo de la Judicatura como portavoz de los jueces, sin embargo al mostrarse como una presidenta débil y sin liderazgo sus pretensiones no tendrán ningún tipo de respaldo entre los 32 impartidores de justicia que existen en este momento.

Si Cordero Martínez no tienen influencia en su territorio, es obvio que tampoco tendrá ningún tipo de relación con el abogado o abogada que designe el gobernador Marco Mena en ese órgano que deberá tener nuevos miembros a más tardar el próximo sábado.

Con este panorama quién puede creer que Elsa es un factor de poder en Tlaxcala.

¿Quién busca que Marco Mena caiga en desacato?

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Para nadie es un secreto que desde hace una semanas el ex gobernador Mariano González Zarur habla pestes de Marco Antonio Mena Rodíguez, a quien no lo baja de ser un traidor y de estar aliado con Héctor Ortiz Ortiz, por lo que no dude que sea la mano que está detrás de la negativa para devolver las notarías que el canceló ilegalmente.

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Algo pasa en los mandos medios del gobierno del estado que se resisten en acatar las órdenes del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, quien podría quedar en ridículo por culpa de sus subordinados que insisten en engañarlo.

El mandatario notificó hace unos días a la justicia federal del procedimiento que llevaría a cabo para reinstalar a los 16 notarios que fueron suspendidos en el gobierno de Mariano González Zarur, pero lamentablemente las cosas siguen igual y el titular de la Dirección de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, Cuauhtémoc Lima López, simplemente no mueve un dedo para cumplir con esa instrucción.

Me queda muy claro que Lima López obedece ciegamente al ex gobernador Mariano González Zarur, porque de otra forma no me explico el por qué de su negativa de entegar las patentes, los sellos y libros a los 16 fededatarios que fueron considerados enemigos del sistema en el sexenio pasado.

Cuauhtémoc Lima no sólo se burla de Marco Mena y del secretario de Gobierno, Florentino Domínguez Ordoñez, sino de la justicia federal. A sus jefes les informa que ya notificó a la mayoría de los notarios suspendidos el procedimiento para llevar a cabo su reinstalación, sin embargo ese marianista miente porque hasta anoche niungún fededatario había recibido algún oficio que le hiciera saber de manera oficial de tal decisión.

De nada sirve que haya un gobernador que está dispuesto a cumplir con la ley y dejar los pleitos estériles, si hay un funcionario como Cuauhtémoc Lima que mantiene los odios, resentimientos y la intolerancia de retar a la justicia federal para mantener vivo un pleito caduco de Mariano González.

Ante la debilidad que muestra Marco Mena y Florentino Domínguez con sus subordinados, los notarios Aldo Calva Reyes y Eduardo Lozano Tovar presentaron el pasado lunes un oficio ante el juzgado federal para pedir informes sobre el cumplimiento que ha dado el gobierno del estado respecto a un fallo que existe en el expediente 1384/2010 y que tiene que ver con la orden que dio la justicia para reinstalar a los fededatarios.

La respuesta de la justicia federal fue contundente, pues dio un plazo de tres días que son improrrogables para que la Dirección de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, el Oficial Mayor de Gobierno y el director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado informen si ya dieron cumplimiento a lo ordenado en los puntos séptimo, octavo, noveno y décimo del acuerdo del 2 de febrero del 2017 dictado por el gobernador de Tlaxcala Marco Antonio Mena Rodríguez.

En resumen, el acuerdo al que se hace mención tiene que ver con la notificación a los notarios y el procedimiento para que reciban sus patentes canceladas ilegalmente en el 2013.

La tozudez de Cuauhtémoc Lima es inexplicable al grado que surgen varias preguntas sobre la actitud de ese manchifuncionario.

¿No entrega los libros que tenían los notarios porque fueron alterados?
¿Tanto poder tiene Lima López que ignora una instrucción del actual gobernador?
¿Cuauhtémoc Lima busca que Marco Mena caiga en desacato?
¿ A quien le conviene que Marco Mena caiga en desacato?
¿Marco Mena manda a sus secretarios pero la estructura de gobierno lo ignora?
¿Mariano González aún controla a la mayoría de los funcionarios de segundo nivel?

Ojalá me equivoque, pero podría apostar que Lima López tiene el propósito de que el mandatario Mena Rodríguez entre en desacato por el caso de los notarios, pues sabe perfectamente que el juzgado federal daría parte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene facultades para destituir al gobernador sin la intervención del Congreso del estado una vez que se comprueba que no dieron cumplimiento a una sentencia.

Con esos subordinados para que quiere enemigos Marco Mena.