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Archiv para 28 marzo, 2011

De enero a la fecha, pleitos, despidos y conflictos; ¿y los puentes, los caminos, los proyectos productivos?

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Hoy, nos debemos conformar con personajes del marianismo dedicados a hacer anuncios con la perspectiva que les reclama su buena voluntad respecto de la justicia federal; pero, ¿qué ha pasado con las grandes obras prometidas?

Hoy, quisiera escuchar que la autoridad en Tlaxcala ha emprendido jornadas más allá del reclamo. Un pendiente inconcluso, mejor dicho sorteado en distintas formas, es la recomposición del tejido social, anunciada como uno de los ejes del marianismo.

La tenencia cero –y su inevitable prórroga en abril- no puede ser el único acierto de la administración, por más calma demandada por el gobernador mientras desaparecen  unos cargos burocráticos para convertirse en otros. Y de la laxitud prometida, quede la impresión de palabras huecas.

En la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) laboraban 65 personas. Hoy, en esa misma instancia lo hacen setenta y cinco. Es el ejemplo más ilustrativo de una lucha de exterminio laboral, anunciada con bombo y platillo, pero vigente en los terrenos de la opacidad y, por lo tanto con la verdad oculta al pueblo de Tlaxcala.

En ese intercambio de golpes, un anuncio más genera expectativa respecto al destino de una de las obras civiles más importantes cuya titularidad está en plena disputa: la Plaza del Bicentenario.

El gobierno deja en manos de los diputados las modificaciones o correcciones para que dicho bien, a medias en su construcción, sea de la pertenencia absoluta del marianismo.

Nada haría más felices a los tlaxcaltecas que ver funcionando a dicho complejo cultural, devenido en manzana de la discordia entre una administración que como última maniobra apostó a un comodato, “entre hermanos”, como lo describe el consejero jurídico del gobierno, Marco Antonio Díaz.

En un papel de vocero del Poder Judicial, Díaz revela que el Juzgado donde se lleva este pleito, negó a la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) un amparo solicitado para impedir la pérdida de un inigualable asunto patrimonial.

Y también se muestra esperanzado que la justicia federal dará un fallo inapelable a favor del gobierno del Estado de Tlaxcala.

Los anuncios, los deseos, las expectativas, dentro de un gobierno con reveses legales uno tras otro, es una desgastante muestra de no firmeza en el sostenimiento del timón de la nave en que todos viajamos.

Del tamaño que es, no debería marcar sus rutas con rumbos anhelados, sino trazar direcciones con la definición mostrada por Mariano González Zarur, en campaña, actitud que le valió puntos en el cerrado triunfo ante su adversaria panista, Adriana Dávila Fernández.

Hoy vemos a un Manchis interesado en defender ciertas versiones del patrimonio de los tlaxcaltecas, pero esquivo en temas como el despojo en los Laberintos de Tlaxco, asunto que mereció una importante cobertura nacional. Cualquier mandatario con un mínimo de análisis habría aprovechado la oportunidad para aparecer con una defensa estoica de dicha zona arqueológica, afectada por Héctor Ortiz.

Es justo preguntar: ¿y los grandes proyectos tricolores, dónde quedaron? Eso, también contribuyó al triunfo electoral. A cada ámbito correspondía un plan. No le paraba el pico.

Pero al ocupar la silla, la actitud cambió a la de lobo estepario. Solitario, misterioso, desconfiado, vengativo.

Ello se refleja en esta grave falta de rumbo.

Nos hemos convertido en un estado  con una improductiva lucha intestina.

¿Dónde quedaron los puentes, caminos, proyectos productivos, combate a la contaminación?

Parece que en un reparto inacabable entre  aquellos que se sienten dueños del triunfo priísta en el gobierno de Tlaxcala.

Ganar una elección provocó en el marianismo una tremenda borrachera que va que vuela para el medio año; con otros seis meses previos a la protesta, de celebración personal.

Pasamos de un gobierno de excesos, a otro de autoelogio, de autosatisfacción y como van las cosas, de autoengaño.

Se esperaba más que anuncios como el del señor Díaz, con toda la buena voluntad para que la autoridad federal actúe en determinada dirección.