La minería en México: deterioro ambiental anunciado

Francisco Guerra

“A la naturaleza se le domina obedeciéndola.”

Francis Bacon

Desde el año 2000 el 25% del país ha sido concesionado para la extracción de los recursos naturales del subsuelo (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, 2011). Lo anterior significa que poco más de una cuarta parte del territorio nacional esta actualmente sometido o se encuentra en vías de explotación mineral.

De acuerdo a datos del INEGI, sólo diez años (2000-2010) la extracción de oro en México duplica a la extracción de oro realizada en toda la época colonial (1521-1830). Es cierto, las tecnologías son inconmensurables, sin embargo esto ejemplifica la voracidad con la que se consumen los recursos del subsuelo nacional y la escabrosa forma en la que se deterioran los recursos naturales adyacentes.

El crecimiento del potencial de extracción y producción minera en México se realiza, muy a pesar de los grandes consorcios del ramo, dejando de lado la protección de los recursos naturales y promoviendo su deterioro.

Se cuentan por millones las hectáreas de bosques y selvas que han sido devastadas producto de la actividad minera. A lo anterior, se añade la eliminación y desplazamiento de la fauna nativa, la pérdida y erosión del suelo, la reducción en la calidad del agua, la exposición de minerales altamente contaminantes, el azolvamiento de cuerpos de agua, la modificación del paisaje, entre muchos otros daños ambientales.

La minería tiene capacidad de solucionar, acentuar y/o generar problemáticas económicas y sociales en las localidades en las que se ejecuta. A pesar de promover soluciones socioeconómicas, las actividades de extracción mineral promueven irremediablemente problemáticas medioambientales que permanecen, incluso, décadas después de la extracción mineral. Las consecuencias que provoca la minería dependen de las características presentes en cada localidad.

En las minas se emplean métodos acuosos para la separación de los minerales, esto promueve la generación de residuos tóxicos lodosos, los cuales se incorporan a zonas adyacentes de vegetación o incluso a zonas pobladas. Los métodos empleados para recuperación de ciertos minerales promueven la filtración (ingreso de materiales acuosos al suelo) y percolación (proceso de movimiento de los materiales acuosos a través del suelo por acción gravitacional) de residuos que se agregan a las aguas subterráneas y superficiales y que son capaces de provocar daños a la salud y serios problemas ambientales.

Existen distintos grupos que promueven la divulgación de los daños provocados por la actividad minera. A razón de esto, la Cámara Minera de México (CAMIMEX) en su informe anual del 2012 señala que existen grupos sensacionalistas que impiden el desarrollo social, económico y tecnológico de ciertas regiones marginadas del país. Sin embargo, el mismo informe resalta la falta de atención y compromiso en 16 Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país producto de las actividades mineras. Las ANP tienen la ventaja de estar protegidas, pero los sitios que no cuentan con algún estatus de protección se encuentran en el completo olvido y deterioro ambiental.

La industria minera se escuda en la compensación por medio de programas de reforestación y protección de ciertas especies que, desde la perspectiva ecológica, no tienen comparación con el desequilibrio ambiental que producen sus actividades de explotación mineral a nivel regional.

La minería excede el discurso de desarrollo sostenible, promulga el deseo de alcanzar un estado de conciliación entre la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales. Desgraciadamente, el discurso esta muy alejado de la situación real en la que se encuentran los grandes yacimientos minerales. La nación carece de políticas públicas en materia ambiental que promuevan el desarrollo socioeconómico de las poblaciones afectadas y la conservación de la naturaleza.

De acuerdo al Instituto Fraser, institución independiente de investigación, las políticas públicas mexicanas facilitan completamente la explotación y la extracción desmedida de minerales en el país. Ante la carencia de políticas públicas, el sector minero cuenta con un crecimiento acelerado y una elevada productividad que deja de lado, en muchos casos, la cuestión ambiental e incluso social.

La falta de compromiso para reducir el impacto ambiental de las actividades mineras se le atañe a los distintos órdenes de gobierno y, principalmente, a las empresas mineras, las cuales prefieren contraponer un menor costo por extracción mineral a un elevado costo por daños ambientales. Sin duda, es necesario que los gobiernos y las empresas del ramo adquieran compromisos en los que se dejen de lado los intereses económicos y se impida la acelerada degradación ambiental de la que son objeto los recursos naturales.

En un escenario de aceptación del crecimiento de la minería como actividad productiva en el país y de los beneficios económicos que ésta arroja ¿quiénes son los que resultan mayormente beneficiados? ¿Acaso son las poblaciones aledañas a las minas? Sinceramente, lo dudo.

Entre adagios y paremias:

“No tener prisa para tragar cuando masticar es agradable.”

Proverbio Malawi

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