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Aciertos y desaciertos de Lujambio

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Segunda parte

2010

El 7 de enero anuncia la suspensión de clases en el D.F. debido a las bajas temperaturas (después de que algunos estados ya lo habían hecho).

Sorpresivamente (ya que no lo hizo a su arribo a la dependencia), el 14 de enero anuncia los primeros movimientos en la institución. Sustituye a Miguel Székely Pardo, Subsecretario de Educación de Media Superior, por Miguel Ángel Martínez Espinosa (quien fungía como Secretario de Educación de Jalisco) y a Jorge Santibáñez, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, por el panista Juan Alfonso Mejía López (coordinador de vinculación institucional del CEN del PAN). Esta medida solamente evidenció el carácter político de sus decisiones. La reacción pública fue considerar estos movimientos como otra concesión al SNTE, particularmente porque era sabido que Santibáñez se oponía y contenía las demandas del sindicato.

Los principales comentarios surgidos de estas acciones y de otras, como la presentación de sus libros de sus libros sobre el Partido Acción Nacional; fueron vistas como parte de su estrategia originada por sus aspiraciones a la Presidencia de la República. Y aunque en reiteradas ocasiones lo ha negado, sigue en el aire la sensación de que la idea no está del todo abandonada.

El 21 de enero recibe el pliego petitorio del SNTE, asunto que hasta la fecha no ha resuelto. La molestia por parte del secretario general del SNTE, Rafael Ochoa, ha sido muy evidente, a tal grado que el 9 de abril éste acusó a Lujambio de ser un improvisado en asuntos de educación. Las negociaciones han sido cerradas, debido principalmente a las diferencias respecto de carrera magisterial: el SNTE insiste en invertir más dinero a ese esquema, mientras que la SEP plantea su reestructuración.

Ante las presiones, el 12 de febrero el secretario anunció que en Ciudad Juárez se van a construir planteles nuevos de bachillerato y edificar más instalaciones en tres universidades, además de la ampliación del programa de Escuela Segura y Escuela de Tiempo Completo. Estas acciones tendrán un costo aproximado de 280 millones de pesos.

El 18 de febrero, luego de las críticas que el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vernor Muñoz Villalobos hizo al desempeño de la SEP, entre lo que destacó la atípica relación que tiene la SEP con el SNTE, encabezado por Elba Esther Gordillo, en la que la SEP está subordinada al SNTE; Lujambio respondió indignado que “el SNTE es un interlocutor privilegiado”, quejándose de que el relator no siguiera el protocolo de entrevistarse con él antes que con la prensa; incluso llegó a señalar que “ponderaba” enviar una nota diplomática al organismo internacional.

De todo este asunto, lo que sí quedó muy claro es la posición privilegiada que mantiene el SNTE.

El 2 de marzo, el secretario se vió envuelto en otra polémica al asegurar que la democracia “es tonta” si no se aprueba la reforma política propuesta por Calderón.

A lo largo de su primer año de mandato, muchos temas no han sido resueltos como el caso de la exclusión de la comida chatarra de las escuelas, del conjunto de acciones que permitan detener la epidemia de la obesidad infantil; actualmente se está discutiendo el tema, sin embargo se ha señalado que Lujambio, lejos de ayudar a la solución, está entorpeciendo los acuerdos. Esto sin mencionar que la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) no termina de concretarse.

En entrevista con Excélsior (7 de abril de 2010), el secretario aseguró que el primer año a cargo de la política educativa ha sido el más intenso de su vida: “No hay una posición en el gobierno de México más apasionante que la Secretaría de Educación Pública y quizá una de las responsabilidades más complejas respecto a los millones de mexicanos de los que hay que estar muy atento, por todo lo que está en juego en el sistema educativo”.

Admitió, además, que no ha alcanzado las metas que se ha trazado aunque enlistó algunos puntos que cree lograr antes de que concluya su gestión: que los niños lean más, que el concurso nacional docente se institucionalice, que se cumplan las metas de cobertura en educación media superior y superior, que la preparación de formadores de maestros en matemáticas se vea reflejada en alumnos que entiendan esa materia y que haya menos violencia en las escuelas, así como niños menos obesos.

Carlos Ornelas (Excélsior 6 de abril de 2010), señala que la balanza del desempeño de Lujambio al frente de la SEP durante su primer año se ha inclinado hacia el lado de las pérdidas: “Para equilibrar el balance, el gobierno tendría que invertir grandes cantidades de capital, más político que económico. Pero no lo tiene. Para abonar a su causa, el secretario Lujambio tendría que levantar la voz y demostrar que hay mando. Y parece que no está dispuesto. ¡Qué desgracia!”

Cuotas sindicales

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Casi 109 millones de pesos fueron canalizados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tan sólo en el 2009, según información dada a conocer en Milenio el 16 de marzo del presente año.

La historia se desarrolla a partir de la solicitud de información que una persona hace a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y dada su insuficiente respuesta, recurre al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a fin de obtener mejores resultados:

La solicitud de información es básicamente sobre la cantidad de dinero que el SNTE percibe por cuotas sindicales, así como del personal que se obtienen.

En la nota se destaca que, por concepto de cuotas sindicales, la instancia informó a la solicitante, que en total de aportado al sindicato fue de más de mil 138 millones de pesos de 2000 a 2009.

A diciembre de 2006, las cuotas sindicales se les habían descontado a 101 mil 762 trabajadores de base en activo del sector central de la SEP, mientras que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal lo hizo a 110 mil 200.

Como a la solicitante no le fue suficiente esta información obtenida, recurrió al IFAI, por lo que obtuvo algunas precisiones adicionales:

La SEP aclaró que la información de las cuotas destinadas al SNTE de 2000 a 2009, relacionadas con los ramos 11 y 25, son cantidades netas entregadas a esa organización sindical y cita “ya que a las cuotas retenidas a los trabajadores se les descuenta el 10 por ciento para incorporarlo al Forte —Fondo de retiro para los trabajadores del Estado—”.

En el reporte destaca el 2004 como año en el que se le entregaron mayores recursos al SNTE, por un total de casi 152 millones de pesos; mientras que el 2000 se ubicó como el año en donde se registró la menor cantidad, poco más de 58 millones de pesos; todas estas cantidades, por concepto únicamente de cuotas relacionadas con los ramos citados.

Las fuentes de información sobre las cuotas sindicales de 2009 son las unidades administrativas adscritas a la SEP, del sector central y de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), así como del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF).

¿Y dónde queda la educación?

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El relevo que el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, ha hecho en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los 700 mil niños que abandonaron la primaria y la secundaria durante el último año por la crisis económica, han sido de las notas principales en los diarios durante estos días.

En lo que se refieren a los cambios en la SEP, se decidió relevar a los titulares de la Subsecretaría de Educación Media Superior y de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, profesionistas con perfil académico y experiencia en políticas públicas, para poner a dos personajes cuya virtud es tener trayectorias ligadas al PAN.

La medida es claramente política. Los funcionarios salientes son doctores: Székely obtuvo su licenciatura en el ITAM y se doctoró en la Universidad de Oxford (Desarrollo Regional). Santibáñez se graduó en Matemáticas en la Universidad Nacional y se doctoró en Estrasburgo. En tanto que Martínez Espinosa (ahora subsecretario de Media Superior), es licenciado egresado del ITESO y Ciscomani (para Planeación) es también abogado, de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Se menciona esto del perfil porque según el Servicio Profesional de Carrera, los primeros calificarían sin problema para el puesto, en tanto los segundos tendrían que cumplir con mayores exigencias.

El panista Juan Alfonso Mejía López –ex coordinador de vinculación institucional del CEN del PAN–, será el responsable de operar las estrategias educativas en los estados, y entre sus primeras acciones ha solicitado la renovación de 8 de los 12 representantes de la SEP en los estados en donde este año habrá elecciones (Reforma, 18 de enero 2010).

En este momento Lujambio se encuentra sin un programa educativo que lo respalde y tratando de definir la estrategia político-electoral para sus pretensiones presidenciales, las cuales, según parece, se montará en la estructura de la SEP. En este marco, las nuevas autoridades parece que cumplirán con tareas políticas, más que educativas (La Jornada 18 de enero 2010).

Con estos cambios, el secretario de Educación ha logrado, por un lado quitarle los obstáculos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al mismo tiempo de conseguir que la estructura de la SEP le sirva como plataforma de su candidatura presidencial.

Estas decisiones de Lujambio han sido fuertemente criticadas por múltiples personalidades de la educación, entre ellas Etelvina Sandoval (profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional) y Manuel Gil Antón (profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana); quienes coincidieron en señalar que la educación de este país no está para ser utilizada como un espacio para construir una candidatura presidencial (Idem).

Por su parte Pedro Flores, integrante del Consejo Consultivo para la Educación Básica de la SEP e investigador de la Universidad Iberoamericana señaló que Lujambio tiene derecho de jugar sus cartas políticas como quiera, pero se está olvidando de lo más importante que son los niños del país, ya que en ese escenario sólo importa su ascenso, promoción y consecución de un puesto político, al tiempo que advirtió lo que las medidas tomadas por el secretario de Educación conceden mayor espacio al SNTE para sus actividades clientelistas y acciones de corrupción. (El Universal, 19 de enero 2010).

Carlos Ornelas, investigador de la UAM-Xochimilco, advirtió que se vislumbra que el SNTE puede aprovechar estas intenciones presidenciales para sus propias aspiraciones (Idem).

Todo esto tiene si se liga con la noticia de que en México, debido a la crisis económica, 700 mil niños abandonaron la primaria y la secundaria durante el 2009, se tiene un panorama desastroso para la educación.

Las críticas son del todo fundamentadas: mientras que en un sistema en el que hay registrados 25 millones de estudiantes en educación básica, 700 mil quedaron fuera, sólo el año pasado, lo que equivale a que 1 de cada 35 niños salieron de la escuela; el dirigente de la instancias encargada de la educación está más preocupado por sus pretensiones políticas.

Por ello uno se pregunta ¿Dónde queda la educación de miles de niños mexicanos?

El problema de que las autoridades educativas se dediquen a cuestiones políticas es que descuidan sus funciones, trabajar en el diseño de estrategias que incluyan a los 700 mil niños que salieron durante el año pasado, así como considerar a los que ya se encontraban fuera desde antes.

Educación, laptops y desvíos

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En estos días han salido a la luz una serie de datos sobre educación que siguen mostrando lo que ya todos sabemos: la educación en este país es un desastre.

En el periódico Reforma del 7 de diciembre, aparece una nota, “Esconden gastos la SEP y el SNTE”, que afirma que hay un fondo de más de mil 900 millones de pesos en fideicomisos de “tecnologías educativas y de la información” para comprar computadoras, laptops, para los maestros.

Originalmente se había pensando que los profesores tendrían que pasar por un examen antes de darles las computadoras, pero ahora no, ya no habrá examen, las computadoras simplemente se darán.

Aunado a esto es que se darán sin una licitación abierta porque vienen de un fideicomiso, y éstos no tienen que pasar por las licitaciones.

Los recursos están integrados en 32 fideicomisos estatales que manejan los secretarios de educación en los estados y los secretarios de las secciones sindicales. Por el comité operador están el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Guillermo Bernal; el director de personal, Édgar Ibarra y el director de Tecnologías de la SEP, Jacobo Bello Mientras que por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) están Juan Díaz de la Torre, Luis Manuel Hernández y Héctor Jesús Hernández Esquivel. Estas seis personas serán las encargadas de seleccionar a los proveedores de los equipos.

En el plan original, el Gobierno apoyaría a los maestros para la compra de una computadora. Ahora las pagará en su totalidad.

Para el próximo año se definirán a 4 proveedores, a quienes se les comprarán cerca de 300 mil computadoras laptop, con un costo de 500 dólares. Ellas tendrán conexión gratis a internet por 6 meses y serán donadas a los profesores.

Para obtener la computadora, los maestros deberán acudir a las distintas secciones sindicales, solicitar un formato de inscripción al programa y llenarlo. Es decir ya no habrá ningún tipo de certificación para su utilización.

Por otra parte, en El Universal, también del 7 de diciembre, se mencionan algunas cifras escandalosas: de 423 mil profesores de educación básica que se sometieron a un examen, el 90.4 % no lo pasó.

La nota está titulada “Premian a maestros reprobados”. En ella se refiere que el 90.4 % de los profesores que no aprueban el examen de calidad que pone la SEP se les van a dar sus laptops. Estos datos parecen corroborar el título del texto, parece ser justamente una premiación a los malos resultados. No hay una relación directa entre la dotación de computadoras y la mejora en los resultados educativos.

Ahora con tantas evaluaciones, queda muy claro en el tema educativo, que se trata de una zona de desastre, que se gasta mucho dinero, y que los resultados no son nada satisfactorios. Las evaluaciones no solamente dejan en claro que los profesores han reprobado, también los alumnos están saliendo de las escuelas con una formación deficiente. Todo esto sin mencionar la falta de rendición de cuentas de los recursos que el gobierno federal envía a los estados para la educación (el periódico Reforma, ha venido publicando una serie de reportajes al respecto).

Pero además lo que está muy claro también es que existe un entramado, conformado por el sistema sindicalista-burocrático, que impide que las cosas cambien.

Hay una constante acusación por parte de estos actores respecto de quién es la culpa de los resultados obtenidos: la semana pasada se publicaron las declaraciones del líder del SNTE, diciendo que la culpa no es de ellos, es de la SEP, porque es ella la encargada de la formación de los maestros.

El diagnóstico de la educación es claro, las posibles soluciones también; sin embargo no hay voluntad política para cambiar las cosas.

La educación a tres años del gobierno de Felipe Calderón

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El trienio del gobierno del Presidente Calderón ha tenido desempeño general deficiente y la educación no ha sido la excepción.

En el desayuno conmemorativo “Tres Años de Gobierno”, realizado el 29 de noviembre, Calderón al hacer referencia a la educación, menciona los avances que se han tenido en el país, para alcanzar una educación de calidad. Según Calderón la calidad educativa tiene una herramienta fundamental: la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

Hace mención de dos de los 5 puntos de acuerdo de la ACE: centros escolares, con las mejores escuelas y espacios educativos y el de maestros con el concurso de plazas docentes.

En la licitación de las plazas para los maestros menciona:

[…] Ya para este curso escolar, ya hemos concursado más de 25 mil nuevas plazas de maestros en el país, por primera vez en la historia moderna de México. (Discurso de Calderón. “Tres Años de Gobierno”, 29 de noviembre de 2009. http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=50933)

Y en materia de infraestructura destaca que:

[…] ahora a noviembre, ya hemos, independientemente de que no es estrictamente una obligación del Gobierno Federal, ya hemos apoyado la rehabilitación de infraestructura de más de 20 mil escuelas de educación básica en las zonas más pobres del país. (Idem).

Parece que para Calderón el “concursos de plazas” y “la mejora en la infraestructura” están directamente relacionados con la calidad en la educación.

En el primer punto, el de las plazas, se ha cuestionado reiteradas veces este proceso. Se hará referencia solamente al reporte “Contra la Pared” de octubre pasado, de la Asociación Mexicanos Primero, quienes mencionan que para el primer Examen Nacional de la Asignación de Plazas Docentes sólo fueron sometidas a concurso 50% de las plazas estatales vacantes definitivas por jubilación o deceso y 30% de las plazas estatales de nueva creación.

Esa asociación destaca que aunque el gobierno federal y el sindicato han insistido en que las plazas sólo se otorgarán mediante este concurso, legalmente no hay posibilidad de obligarlos, no hay un instrumento jurídico que asegure su permanencia.

Según el estudio las cifras oficiales señalaron que sólo 33% de los concursantes acreditó el examen (24 mil 408), de los cuales 70% tuvo menos de 56 aciertos de un total de 80 preguntas. Lo que equivale a decir que de los 73 mil 992 aspirantes que presentaron el examen, sólo 10% tiene las competencia para dar clases.

Hay que mencionar también que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), envió una nota a México señalando que resulta perverso mantener en las aulas a profesores que reprueben constantemente las evaluaciones. A lo que el secretario de educación, Alonso Lujambio, respondió que el sistemas educativo y las condiciones laborales no permiten castigar a afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Con el segundo punto, también parece que Calderón relaciona calidad educativa con el mejoramiento físico de las escuelas. En este sentido sólo hay que mencionar que según datos del Instituto para la Evaluación Educativa (INEE), 90 % de las más de 224 mil escuelas del país no tienen la infraestructura suficiente para convertirse en Escuelas de Calidad, en tanto que el 10 % de los planteles no cuenta siquiera con abasto de agua potable.

Lo que Calderón no dijo en su discurso es que la calidad educativa es mala, que el concurso de plazas docentes hasta ahora es una simulación; que los recursos no se ejercen de manera transparente; que el promedio de escolaridad para los mexicanos es de 8.5 grados, es decir, casi el segundo grado de secundaria; que seguimos ocupando los últimos lugares en las evaluaciones de la OCDE.

Una mejor educación para los mexicanos, exigencia de la sociedad civil

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Organizaciones empresariales y civiles demandaron, bajo la denominación de Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación, en una carta pública, al Gobierno federal y a las autoridades estatales dar respuesta a siete puntos para que la educación en México sea de calidad para todos.

Organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial, la Fundación Empresarios por la Educación, Mexicanos Primero, la COPARMEX, la CONCAMIN, entre otras, así como investigadores, en su desplegado, publicado el pasado lunes 16 de febrero, exigen:

  • Constituir un padrón único y público que aclare cuántos maestros hay frente a grupo, cuántos de ellos no lo están, cuál es la responsabilidad que cada uno de ellos tiene en sus escuelas. Información necesaria para la toma de decisiones sobre salarios, prestaciones, asignaciones, capacitación y evaluación de maestros de una manera transparente y justa.
  • Garantizar la permanencia del Concurso de Oposición para la asignación de plazas.
  • Evidenciar que los maestros aprobados ya están dando clases y que no se asignarán las plazas ni habrá basificación para quienes no pasen por el concurso.
  • Crear un organismo independiente encargado de la evaluación y certificación de las competencias docentes.
  • Que la independencia y capacidad técnica sean elementos necesarios para asegurar que frente a cada grupo llegará un maestro con las habilidades y conocimientos necesarios para la instrucción a que tienen derecho nuestros hijos.
  • Crear un esquema completo de ingreso al servicio educativo, que incluya el concurso de oposición obligatorio para los directores, supervisores, jefes de sector y asesores técnicos.
  • Crear un sistema de estímulos orientado a la mejora continua y la modificación del Programa de Carrera Magisterial.
  • Establecer, de manera obligatoria, la formación continua de los docentes y su certificación universal y periódica que asegure la calidad de la enseñanza.

Estas exigencias son elementos necesarios para lograr la calidad de la educación a la que los mexicanos tienen derecho. Señalaron además que, “Para su cumplimiento cabal, se requiere que los sindicatos se sumen decididamente a estas prioridades, por lo que también exigimos que la Comisión Rectora se reúna a la brevedad y resuelva aquellas de nuestras demandas que están contempladas en la Alianza por la Calidad de la Educación y que siguen sin concretarse”.

Las exigencias se dan en el marco de las discusiones salariales que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sostienen actualmente.

En los comunicados de años anteriores, el Consejo Ciudadano propuso cambios estructurales y presentó sus exigencias como elementos necesarios para lograr la calidad educativa, auque muchas de estas peticiones no han sido atendidas por las autoridades.

En este año el acento se pone en el valor que tiene la docencia: los maestros son el factor crucial de la calidad educativa. La calidad de la educación, sostienen, no cambiará hasta que no cambie la formación y la selección de los docentes, la forma en que se les otorga plaza y se desarrollan como profesionales, se les capacita y evalúa constantemente, se les motiva y reconoce con incentivos ligados al aprendizaje de sus alumnos.

En el comunicado de este año se transita de demandas, como en años anteriores, a la exigencia de la calidad de la educación (el énfasis está en la básica). Además de que en esta carta, seguramente a propósito, ignoran al SNTE.

Un mensaje muy claro de sus exigencias está en su título: “La sociedad toma la palabra”.

Quedarán fuera del nivel preescolar más de 82 mil niños en Puebla

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A dos semanas del inicio del ciclo escolar 2008-2009, para el cual serán obligatorios los tres grados de educación preescolar a nivel nacional, 1 millón 700 mil niños en el país de tres a cinco años (aproximadamente la tercera parte de los menores de esa edad) no serán atendidos por el sistema escolar mexicano.

En Puebla, se quedarán sin ir a la escuela 82 mil 755 niños que representan el 21.6% de la población infantil.

El Congreso estableció, en 2002, la obligatoriedad de la educación preescolar que entraría en vigor en el ciclo 2004-2005 con el tercer grado, para el siguiente ciclo el segundo y para el 2008-2009 el primero.

La medida tomada por el gobierno federal de exigir la educación preescolar provoca más desigualdad, debido a que el 100% de la niñez no puede ser atendida: los que se quedan sin educación se encuentra en las zonas más desprotegidas del país. Así se inicia el rezago educativo temprano, es decir, que algunos niños no podrán ingresar oportunamente a las escuelas de educación básica, al constituirse el primer año en un prerrequisito para cursar el segundo año.

Fuente: INEE, estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPP/SEP, inicio del ciclo escolar 2006-2007 y de las Proyecciones de la Población de México, 2005-2050, Conapo.

Históricamente Puebla se ubica entre los estados con menos cobertura. Para el ciclo escolar 2001-2002 apenas atendió al 61.6% de los niños, según datos de la SEP.

Fuente: Observatorio Ciudadano de la Educación.

Fuente: Observatorio Ciudadano de la Educación.

Puebla, a pesar de que todo parece indicar que no va a cumplir con la disposición nacional de la obligatoriedad para el primer año, es actualmente de los estados con mayor cobertura (ocupa la posición número 10) al atender al 78.4% de los niños en el ciclo escolar 2006-2007, según los datos del Panorama Educativo 2007 elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Oaxaca, en el mismo periodo, ocupaba el lugar 16 en cobertura en este nivel, al atender al 75% de población escolar.

Mientras que Tlaxcala ocupaba el lugar 18 al tener una tasa de cobertura del 72.5%.

La tendencia nacional apunta a que tampoco se cumplirá con la obligatoriedad para el próximo ciclo escolar. El pasado 20 de mayo, el subsecretario de Educación Básica del país, Fernando González Sánchez, declaró al periódico Reforma que se requerían 17 mil millones de pesos adicionales para atender el nivel de preescolar; señaló además que para evitar el rezago no será obligatorio el primer año.

México y Perú tienen al preescolar como obligatorio; sin embargo el segundo país anota, en el 2004, que el requisito de la obligatoriedad se establecerá en el momento en que el Estado garantice la cobertura del 100%.

Se sabía, desde el momento de la propuesta, en 2002, que no existían las condiciones para garantizar el 100% de la cobertura, sin embargo se aprobó la medida por presiones del SNTE para obtener beneficios con la creación de nuevas plazas y, por tanto, la ampliación de la membresía sindical y la consecuente construcción de alianzas políticas.

De acuerdo con datos del INEE, en el ciclo 2002 sobrepasaba a los 3 millones de escolares, que implicaban la contratación de por lo menos 120 mil profesores.

Sin examen, se otorgarán 200 plazas magisteriales en Puebla

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Aunque las 6 mil 275 plazas magisteriales autorizadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal fueron asignadas a cada entidad federativa de acuerdo con la Programación Detallada (Prodet) del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, en los hechos representarían apenas el 50% de las que realmente se otorgarán, pues una cifra similar será asignada de manera discrecional por negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El pasado 29 de julio, el ex subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Gómez Morín señaló (Reforma, 29 de julio de 2008) que la mitad de las plazas de educación no se renovarán por vía del concurso, pues el número de plazas autorizadas no refleja las vacantes de los estados.

Ello porque la media de crecimiento anual, en el ámbito magisterial, es de 4% y las plazas a renovarse durante el próximo ciclo escolar (como lo señaló la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota) representan apenas la mitad de esa tendencia.

Lo anterior implica que para el estado de Puebla (por ejemplo) se asignaron 177 plazas mediante criterios como las características de la población, su dispersión y la necesidad de crecimiento; pero debido a las estimaciones de crecimiento, se asignaría una cantidad similar a través de negociaciones con el sindicato magisterial. Eso significa la incorporación, al menos, de otros 177 docentes sin concurso de por medio.

De acuerdo con la SEP, las 6 mil 275 plazas se distribuyeron a partir de un análisis que toma en consideración los reportes que cada estado envía a la SEP federal sobre la población potencial de cada nivel, ubicada por localidad y número de grupos para abrir; la dispersión de la población y las necesidad de crecimiento en el estado, por la apertura de nuevos grupos y la conformación de nuevos circuitos de supervisión.

Esto debería generar una asignación de plazas proporcional al tamaño de la población de cada entidad y a sus necesidades de crecimiento. Pero esto no se ve reflejado en la distribución final por parte de la SEP para cada estado:

Distribución definitiva de plazas a concursar según entidad federativa

En el total se incluyen los datos correspondientes a Michoacán y Oaxaca, aunque no se despliegan las cifras específicas porque en esos estados no se llegó a un acuerdo. No se incluyen las plazas de la plantilla ordinaria, es decir aquellas que están libres por jubilaciones, muertes y/o retiros y que pueden quedar libres de manera temporal.

Como se observa en el cuadro, el estado más beneficiado en la distribución de plazas fue Chiapas (mil 187), y el más desfavorecido fue Baja California (7).

En el caso de Baja California existe una congruencia entre el bajo número de plazas asignadas y las características de su población: avanza a casi tres veces el ritmo nacional pero se concentra en zonas urbanas, lo que explican que no se creen tantas plazas de profesores, pues la potencial población estudiantil se encuentra en zonas urbanas y por tanto los grupos pueden ser numerosos, atendidos por menos profesores.

No ocurre lo mismo con Chiapas, que se caracteriza por un fuerte crecimiento poblacional, muy por encima de la media nacional y con un alto nivel de dispersión. De esta manera se requiere crear un alto número de plazas de docentes que se distribuyan en todas las localidades, se requieren más docentes aunque el número de alumnos sea bajo.

Siguiendo los criterios de asignación para los estados de Baja California y Chiapas, Puebla (que recibió 177 plazas) se asemeja al segundo ya que si bien su crecimiento población es ligeramente mayor al de la media nacional, presenta una alta dispersión (en el 2005, 90 mil personas que habitan comunidades de menos de 100 habitantes). Por se le debería haber asignado un número de plazas similar al de Chiapas.

Además, Veracruz recibió 735 plazas a pesar de que tiene características muy parecidas a las de Puebla: 57 % de su población vive en comunidades de menos de 15 mil habitantes, y su crecimiento es menor a la media nacional.

Esto muestra que los criterios marcados por la Prodet no parecen seguirse de manera estricta para la distribución de las plazas magisteriales, sino que —como se señaló al inicio—, lo privativo en este proceso es la negociación.

Incluso, algo similar ocurriría con los exámenes aplicados al personal docente que aspira a ocupar estas nuevas plazas.

Si bien el proceso de asignación de plazas ha sido anunciado como transparente, con la intención de validar a la Alianza por la Calidad de la Educación, existen otras irregularidades, como el hecho de que las convocatorias ni siquiera fueron validadas por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) y los criterios de asignación de plazas —como ya se planteó—obedecieron a intereses distintos a las necesidades de la población.

Exámenes en duda

Los docentes, para ocupar las nuevas plazas, deberán concursar por ello mediante examen. Sólo que no fue establecida una calificación mínima aprobatoria. Es decir, la asignación se realizará a partir del puntaje más alto obtenido en las pruebas (sea éste aprobatorio o no), lo que es tanto como decir que no serán elegidos los mejores docentes, sino los menos peores.

Las vacantes de la plantilla ordinaria serán negociadas. Se podrán ingresar al sistema educativo mediante el concurso de plazas en el estado, comprobando que saben leer, escribir, enseñar y conocen el plan de estudios.

Las plazas serán distribuidas en los niveles de preescolar, primaria y secundaria; así como en las modalidades general, indígena, telesecundarias y educación especial:

 

Fuente: SEP

Como se observa, la mayor asignación de plazas fue para el nivel preescolar, justo en el momento en que entra en vigencia la obligatoriedad en educación preescolar.

En cambio, otros niveles y modalidades como la educación indígena (preescolar y primaria) o la educación especial, resultaron menos favorecidas. Llama la atención que, de acuerdo con el cuadro anterior, no se asignaron plazas para el nivel secundaria, sino sólo para telesecundaria.

En Puebla, la distribución fue semejante: se privilegiaron los niveles de preescolar y telesecundaria, pero no se otorgó ninguna plaza para primaria:

 

Fuente: SEP

¿Existen incentivos y/o sanciones para docentes con alumnos de bajo rendimiento? Parte III

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Derechos y ¿obligaciones?

En los últimos cinco años no ha habido ninguna iniciativa para sancionar a los docentes cuyos alumnos tengan bajo nivel escolar.

 

En la Ley General de Educación aprobada en 1993 (con la última actualización del 15 de julio de 2008), de un total de 50 correcciones o adiciones, ninguna se refiere a sancionar a los docentes.

Regresando al tema de Carrera Magisterial (abordado en la parte I), como se mencionó, constituye un sistema de estímulos, ¿pero qué ocurre con las sanciones? ¿Existe algún programa que sancione laboralmente a los maestros cuyos alumnos obtengan malos resultados?

Las sanciones a la labor de los maestros de educación básica del país no figuran en la agenda de los legisladores federales.

De las 112 iniciativas de ley que se han presentado en ese lapso, en materia de educación, solamente 6 se han aceptado y publicado. Se refieren a establecer la obligatoriedad de niveles educativos, a incluir nuevas asignaturas en los programas de estudio, establecer políticas educativas o crear instancias burocráticas. Así, algunas de las propuestas planteadas se refieren a fomentar la protección civil, las actitudes solidarias, la conciencia nacional, la responsabilidad social, la educación física, el respeto al medio ambiente, la democracia y las disciplinas olímpicas, etc.; sin embargo ninguna menciona a la evaluación de los docentes.

 

Las explicaciones para este fenómeno son múltiples, el desconocimiento del sistema educativo por parte de los legisladores y tratar de evitar en la mayor medida los conflictos con el SNTE. En este sentido, tratan de que las propuestas de reformas otorguen algún beneficio político a los legisladores, sin importar si son o no pertinentes.

A lo anterior hay que agregar que en la mayoría de las propuestas no se toca a la figura del docente como individuo. Más bien, otorga responsabilidades a entidades tan abstractas como el sistema educativo y/o a las escuelas, pasando por alto que ellas, por sus propias condiciones, no pueden cumplir ni siquiera las que ya tienen. De esta manera, las reformas encargan a la escuela aspectos tan disímiles como el combate a la violencia (con programas como Escuela Segura), hasta velar porque todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria (para cumplir con “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio”).

Otra muestra de incongruencia en el sistema educativo es la Ley General de Educación, capítulo VIII, sección 1, referente a las infracciones y las sanciones, en donde establece, en sus artículos 75 y 76, las accione que ameritan sanciones:

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:
I.- Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 57;
II.- Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado […];
III.- Suspender clases en días y horas no autorizados […];
IV.- No utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice […];
V.- Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo […];
VI.- Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos;
VII.- Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables;
VIII.- Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, […], distintos de alimentos;
IX.- Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos;
X.- Ocultar a los padres o tutores las conductas de los alumnos que notoriamente deban ser de su conocimiento;
XI.- Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no proporcionar información veraz y oportuna, e
XII.- Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, […].
Las disposiciones de este artículo no son aplicables a los trabajadores de la educación, en virtud de que, las infracciones en que incurran serán sancionadas conforme a las disposiciones específicas para ellos. (las cursivas son nuestras)

Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:
I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario […], o
II.- Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente.
La imposición de la sanción establecida en la fracción II no excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna multa.
Fuente: Ley General de Educación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Última Reforma DOF 15-07-2008

Cabe destacar que, según estos artículos, las sanciones no son aplicables a los trabajadores de la educación. Es decir, si se suspende las actividades sin justificación, la sanción será para la escuela, de tal manera que ni el director, ni los docentes ameritan amonestaciones.

Por si lo anterior fuera poco, el SNTE cada año entrega a la Secretaría de Educación Pública su pliego petitorio en el que se exige:

 Mayor representación en el INEE
 Participación en el diseño y operación en el Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional del Magisterio
 Creación de nuevas escuelas Normales
 Estímulo económico por puntualidad y asistencia
 Bono por el día del maestro
 Crear el concepto salarial compensatorio (rezonificación para homologar a todos los profesores a zona económica III)
 Tiempos en radio y televisión
 Evaluación del Programa Oportunidades
 Programa especial para jubilados
 Puesta en operación del programa de estudios en el extranjero

De esta manera, ahora no sólo no hay sanciones para los docentes que incumplan, sino que se pide que se les recompense. En México, los derechos de los docentes están por encima de los derechos de los niños.

¿Existen incentivos y/o sanciones para docentes con alumnos de bajo rendimiento? Parte I

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6 de cada 10 docentes responsabilizan a la familia por el bajo rendimiento de los alumnos

Mientras organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) colocan a México en los sitios más bajos de aprovechamiento escolar y en habilidades de lectura y matemáticas —en el lugar número 38 de un total de 40 países—, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), cada año, exige incentivos por puntualidad y asistencia, bono del día del maestro y mayor participación en las evaluaciones.

El programa de Carrera Magisterial fue creado para otorgar incentivos económicos a los docentes incorporados dentro de 5 niveles. Tiene seis criterios de evaluación: antigüedad, grado académico, preparación profesional, cursos de actualización, desempeño profesional y aprovechamiento escolar de los alumnos (los dos últimos criterios poco atendidos).

Aunque el aprovechamiento escolar representa el 20% de los puntos del programa, la mayor parte de los docentes apuestan a obtener mayores incentivos por antigüedad, grado académico, preparación profesional y cursos de actualización; de esta manera no se establecen mecanismos para que los docentes ayuden a sus alumnos a mejorar su nivel de aprovechamiento escolar

En el criterio de cursos de actualización, en los últimos dos años, más de 8 de cada 10 maestros de primaria tomó algún curso relacionado con el desarrollo de comprensión lectora de sus alumnos, según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). En contraste, las evaluaciones recientes indican que la comprensión lectora de los alumnos es limitada, según destaca el informe “Prácticas docentes para el desarrollo de la comprensión lectora en primaria” (INEE, 2007).

En el mismo reporte se destaca que 8 de cada 10 maestros de primaria dijo trabajar en una escuela que cuenta con un proyecto para mejorar la comprensión lectora de los alumnos; sin embargo los resultados ponen en evidencia que existen severos déficits en esta habilidad.

Entre las creencias que los docentes tienen sobre los factores que causan el bajo desempeño de que los alumnos comprendan lo que leen, se advierte que es un problema multicausal y la mayoría de ellos responsabiliza a los padres por los bajos rendimientos. Así lo demuestra la gran proporción de docentes que afirma que las familias no fomentan la lectura fuera de casa. En relación a las condiciones escolares, una proporción considerable descarta que la escuela no tenga los medios necesarios para hacer una correcta promoción de la lectura o que los superiores no los apoyen.

Creencias docentes sobre los factores que causan el bajo desempeño en comprensión lectora

 

Fuente: INEE. “Prácticas docentes para el desarrollo de la comprensión lectora en primaria” (2007)

Actividad más importante para desarrollar la comprensión lectora en sus alumnos, 1º grado

Fuente: INEE. “Prácticas docentes para el desarrollo de la comprensión lectora en primaria” (2007)

La alta participación en cursos de actualización y los proyectos escolares sobre comprensión lectora sugieren que a pesar de la preocupación por el tema, los resultados no son los esperados. Mientras que las creencias de los docentes sobre la participación de la familia, demuestran que las causas que provocan el bajo rendimiento, no son responsabilidad suya de manera directa.

Por sus logros los conoceréis: perfil de los docentes

Las últimas evaluaciones realizadas por INEE sobre logros académicos revelan que sólo 6 de cada 100 alumnos que egresan de la primaria pueden considerarse lectores avanzados, esto debido a las prácticas utilizadas por los docentes para desarrollar esas habilidades.

Por otra parte, la mayoría de los profesores tienen nivel de licenciatura, excepto en los Cursos Comunitarios que, como es sabido, contrata a muchachos de secundaria para dar clases, becándolos para que cursen su bachillerato:

Como se observa en la tabla, la mayor parte de los docentes son licenciados, destacando que el más alto porcentaje lo tienen los profesores indígenas, incluso por arriba de escuelas privadas, aunque esta modalidad ocupa los resultados más bajos en aprovechamiento escolar del sistema educativo nacional.

La mayoría de los maestros son jóvenes que tienen una experiencia docente-laboral no mayor a los cinco años, seguidos por aquellos que se encuentran en un rango de 6 a 20 años laborando:

Fuente: “Prácticas docentes para el desarrollo de la comprensión lectora”, INEE 2007

En el sistema educativo se observa un relevo generacional, además los nuevos docentes tienen más grados académicos; sin embargo esto no ha significado mayor aprovechamiento escolar de los alumnos.