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Asignación de presupuesto a la SEP

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Al finalizar el 2010 la educación en México habrá gastado más de 850 mil millones de pesos, lo que representa casi el 7% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los más altos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Según los datos más recientes de la OCDE en esa materia, el gasto de México en educación (privada y la pública) como porcentaje del PIB, es del 6.3%, por lo que se ubica entre los países que más invierten en educación, sólo después de Islandia, Dinamarca, Corea, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Según cifras del último informe de gobierno el PIB destinado a la educación es del 7.1. Cualquier dato que se tome representa un alto porcentaje (aunque en la Ley General de Educación se establece como meta al 8%).

Para tener una idea de las cantidades que se manejan, se hace referencia a que en 2010, el Congreso federal destinó a los estados, por la vía del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) casi 234 mil millones de pesos.

De este recurso, cerca del 95% se destina a servicios personales (salarios, honorarios y prestaciones), mientras que arriba del 4% a gastos de operación, quedando únicamente el 0.03% para invertirlos.

La pregunta evidente ante tal situación es ¿qué se puede hacer con esa distribución?

En ella se observa la inequidad y el desperdicio que hasta el momento no se ha podido frenar. En esos gastos personales no se aclaran los montos destinados a comisionados al sindicato, a partidos políticos y muchos más generados por la burocracia y el sindicato.

Haciendo referencia a los datos de la misma organización (OCDE), se observa que México es de los que más invierten pero es de los países más ineficaces en términos de resultados en los alumnos, al posicionarse muy por debajo del promedio del resto de países.

Con todo esto queda claro que México gasta mucho en educación pero no se invierte bien.

Población infantil que vive en condiciones de marginación en Puebla

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Por una parte Puebla concentraba, en 2008, a la mitad de la población en edad de cursar preescolar, primaria y secundaria; mientras que por otra parte, esa población infantil vive en localidades de muy alta marginación, según información del Panorama Educativo de México, Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2009 elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

La publicación distingue entre los ámbitos rural (aquéllas localidades con una población menor a 2,500 habitantes, sin incluir a las cabeceras municipales) y urbano (aquéllas con una población mayor o igual a 2,500 habitantes y las cabeceras municipales, sin importar el tamaño de estas últimas), así como las diferencias que se encuentran al interior.

En el contexto rural, en todo el país existen 4 328 mil 262 niños de 3 a 14 años que viven en localidades rurales con alta y muy alta marginación, lo cual representa 66.1% de la población en esas edades.

La información se basa en el índice de marginación a nivel de localidad y el índice de marginación urbana calculados recientemente por el Consejo Nacional de Población (Conapo) 2006 y 2009 con base en la información del Conteo de población y vivienda 2005.

Estos indicadores miden la intensidad de las carencias en las que viven los pobladores de una localidad: proporción de habitantes en condiciones de exclusión social, dada su escasa disponibilidad de bienes; no acceso a la educación obligatoria y a los servicios de la salud; y, residencia en viviendas inadecuadas.

Para los tres grupos en edad de cursar la educación básica: 3 a 5 (preescolar), 6 a 11 (primaria) y 12 a 14 años (secundaria), se presenta el mismo porcentaje de 66.1% de niños en los grados de marginación alto y muy alto.

Chiapas (95.3%), Guerrero (93.1%), Oaxaca (91.7%), Puebla (86.9%), Yucatán (86.5%), Quintana Roo (82.6%), Veracruz (81.7%), San Luis Potosí (78%) y Campeche (77.8%) son las entidades que presentan las mayores proporciones de población rural en edad escolar normativa básica (3 a 14 años) en los grados de marginación más altos, por arriba del promedio nacional (66.1%).

En cifras absolutas, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla y estado de México, en orden de mayor a menor, son los estados que cuentan con más personas de 3 a 14 años en grado de marginación alto y muy alto, concentrando al 64.9% de la población rural del país en esas edades y en dichas condiciones de marginación.

De esta manera Chiapas, Guerrero y Oaxaca concentran a más de 90% de su población en edad escolar viviendo en áreas con la más alta marginación, mientras Aguascalientes, Coahuila y Colima sólo registran alrededor de 10% en esta misma situación.

 

 

En lo que se refiere al contexto urbano a nivel nacional, existen 6 45 mil 481 personas de 3 a 14 años que viven en condiciones de marginación alta y muy alta, lo cual representa 32.4% de la población de esas mismas edades. Los porcentajes nacionales de población más marginada por grupos de edad escolar son muy similares: preescolar (32.5%), primaria (32.2%) y secundaria (32.7%).

A nivel estatal, Oaxaca (76.1%), Chiapas (73.6%), Guerrero (70.51%), Puebla (64.7%), Tlaxcala (61.0%), Veracruz (54.8%), Yucatán (53.2%), Michoacán (52.3%) y Campeche (51.1%) presentan a más de la mitad de su población infantil en mención en los grados de marginación más altos.

En cifras absolutas, el estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, son las entidades que, en orden ascendente, cuentan con más niños (3 a 14 años) en los grados de marginación alto y muy alto, aglutinan al 60.9% de esa población en condiciones más extremas de marginación.

Como se observa, tanto en contextos rurales como urbanos, Puebla concentra a una proporción muy alta de niños de 3 a 14 años en condiciones difíciles dada su residencia en localidades de marginación alta y muy alta.

El Estado mexicano está obligado a ofrecer una educación que derivara en oportunidades educativas equiparables a toda la población.

Según lo señalado en la Ley General de Educación (Cap. III, Arts. 32 y 33), para lograr la equidad de las oportunidades, se deben emprender acciones en las áreas particularmente rezagadas, a fin de que las condiciones de exclusión, dadas por el índice de marginación, no representen un impedimento para alcanzar logros educativos igualitarios.

De esta manera, se esperaría que desaparezcan las diferencias en los resultados educativos que están muy claras en aquellas entidades en las que se concentra a los más altos porcentajes de población viviendo en condiciones de alta y muy alta marginación.

Reformas educativas

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Se aprobó, en el Senado de la República, por unanimidad, el dictamen que reforma más de 20 disposiciones a la Ley General de Educación, según lo informa el periódico Reforma de este 30 de abril.

Se tiene como antecedente una minuta del Senado, de abril de 2009, que faculta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a regular, coordinar y operar un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares.

Mediante este acuerdo se pretende crear un Sistema Nacional de Información Educativa, en el que la autoridad educativa federal fungirá como coordinadora para el registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos; mientras que los gobiernos locales deberán hacer lo propio en sus estados y coordinarán su sistema de información con el federal.

Entre sus obligaciones, deberán participar con la SEP en la operación de los mecanismos de ingreso y promoción en el servicio docente y de administración escolar.

Los padres de familia tendrán el derecho a conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos y será proporcionada por la autoridad escolar.

Las autoridades locales podrán suscribir convenios de colaboración con instituciones de educación superior nacionales o del extranjero para ampliar las opciones de formación, actualización y superación docente.

El Estado debe otorgar a los profesores un salario «digno» y las autoridades educativas establecerán mecanismos de estímulo a la labor docente «con base en la evaluación».

Las modificaciones aprobadas en el senado también confieren a la SEP la responsabilidad de cuidar que no existan pederastas trabajando con niños, para lo cual se realizará una evaluación periódica al personal docente y de funcionarios del sector, para determinar si son aptos para tener trato con menores (Excélsior, 30 de abril, 2010).

Según las nuevas disposiciones legales, se castigará el abuso sexual a menores y personas vulnerables, con penas de 9 a 18 años de prisión; además de que se considera a partir de ahora como delito grave.

En la Ley General de Educación se incluirá la responsabilidad de la SEP para realizar acciones educativas y preventivas, a fin de evitar que se cometan actos ilícitos de esta índole. La institución deberá publicar los nombres de los educadores que salgan aprobados en estas evaluaciones.

Se establece que podrá solicitar como medida preventiva “la suspensión temporal” de quien se encuentre presuntamente involucrado, hasta que se aclare dicha participación.

Los diputados hicieron modificaciones al texto de los senadores por lo que fue devuelta para su análisis a la cámara alta.

Lo que los padres de familia deben saber antes de inscribir a sus hijos a la preparatoria

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Ante los próximos procesos de admisión para el nivel medio superior, de instituciones públicas  y privas en el estado, algunos padres se preocupan por inscribir a sus hijos en una escuela segura, es decir, que ofrezca la mejor oferta educativa y que tengan el reconocimiento, de los organismos competentes, para su funcionamiento.

Según las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de inicio de curso 2007-2008, en Puebla se tienen registrados mil 102 bachilleratos generales, de los cuales 323 son privados y 58 bachilleratos tecnológicos, 21 de ellos privados.

Ante la presencia de tan grande cantidad de instituciones privadas de educación media superior ¿cómo estar seguros de que la preparatoria o bachillerato del interés de sus hijos cuente con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)?

Los RVOE son registros para garantizar que la educación impartida por particulares sea de calidad. Ellos son expedidos por el Gobierno Federal, a través de la SEP –esta última, con la facultad también de revocarlos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en un artículo titulado Brújula de compra, recomienda observar los siguientes pasos:

  • 1.Solicitar al plantel la clave de incorporación a la SEP.
  • 2.Verificar que el RVOE corresponde al bachillerato o carrera en la que se inscribió. Esto porque una institución puede tener un bachillerato o varias carreras y, por tanto se necesitan este reconocimiento por cada uno.
  • 3.Se pueden comprobar dichos datos en el Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (http://www.rvoe.sems.gob.mx), el cual permite consultar todos los planteles privados, en el país, que ofrecen carreras con RVOE y el estatus con el que cuenta. Es decir, que si no se encuentra una institución en la lista es que no cuenta con dicho registro.

Además de este sistema, también se puede solicitar información en el teléfono número (01-55)-3601-1000 extensiones 18566 y 18526 y en rvoe@sems.gob.mx.

Los requisitos para que un particular obtenga un RVOE son:

1.-Cumplir con la normatividad nacional (artículo 3o. de la Constitución y la Ley General de Educación).

2.-Cumplir con los planes y programas de estudio que la SEP autorice.

3.-Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales.

4.-Contar con:

  • a.Personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere el artículo 21;
  • b.Instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y
  • c.Planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica.
  • d.Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades realicen u ordenen.

Aunque la mayoría de instituciones educativas que se encuentran funcionando cumplen con los requerimientos, por tanto su situación es regular, existen otras que no cumplen con sus obligaciones y, por ello la SEP revocó 172 permisos a 93 escuelas de 11 estados de la República distribuidos de la siguiente manera:

Así que si se tiene el conocimiento de que el personal de la escuela de interés no cuenta con capacitación, las instalaciones no son las adecuadas, funcionan en casa-habitación; ya es motivo para dudar de su reconocimiento y es necesario consultar el catálogo.

Uso de psicotrópicos en el aula

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El Senado aprobó, el pasado 3 de marzo, la modificación a la Ley General de Educación para sancionar a profesores y autoridades que durante la jornada escolar, sin prescripción médica ni autorización de los padres de familia, administren medicamentos psicotrópicos a niños considerados con problemas de conducta o de atención.

La reforma que ahora pasó al Ejecutivo federal, además propone sanciones a las autoridades educativas que condicionen la asistencia a clases a los alumnos que no se sometan a tratamientos médicos específicos, derivados de problemas de aprendizaje relacionados con la conducta.

La iniciativa, que en varias ocasiones se detuvo y se devolvió a ambas cámaras, quedó expresada de la siguiente manera:

«PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV AL ARTÍCULO 75 Y UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 76 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones XIII, XIV y XV al artículo 75 y una fracción III al artículo 76 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:
l. a XII.-…..
XIII.- Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;
XIV.- Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes, y
XV.- Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos.

Artículo 76.-…
I. y ll.-…
III.- En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones XIII y XIV del artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano encargado de aplicar las Convenciones y Convenios de las Naciones Unidas relativos a las drogas, ha advertido del aumento en el consumo mundial de metilfenidato, sustancia activa del «Ritalín», que pasó a menos de 3 toneladas en 1990 a 8.5 toneladas en 1994, y de 1997 a 2001 de 11.6 toneladas a 15.4 toneladas. La JIFE señala que el incremento, se debe a la difusión masiva para la utilización de la sustancia en el tratamiento del «Trastorno de la concentración» en los niños.

En México, aunque no hay datos del consumo de este tipo de fármacos se tienen referencias del abuso del fármaco. En el 2004 aparece en la gaceta parlamentaria de los diputados una nota señalando que hubo denuncias públicas de que en las escuelas particulares se les administraba Ritalín a los niños sin que éstos lo requirieran y sin que se contara con receta médica ni el diagnóstico de personal especializado (Gaceta Parlamentaria. Noviembre 2004; 1636, año VIII. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2004/nov/20041129.html).

La práctica de medicación es contraria al espíritu de la Ley General de Educación que prohíbe expresamente la realización de actividades que pongan en riesgo la salud de los educandos. La administración de fármacos sin la prescripción médica adecuada, el conocimiento y consentimiento de los padres de familia y fuera del protocolo que debe cumplir el consumo de ciertos medicamentos atenta contra la integridad de los niños.

La Agencia para la Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés), emitió una alerta oficial (FDA ALERT [09/2005]) respecto de los riesgos del medicamento conocido como Strattera, el cual fue utilizado para tratar problemas de déficit de atención.

Algunos de los efectos del Ritalín son:

-Incrementa la ansiedad, tensión, depresión, agitación y la hipertensión.
-Produce rebote, el cual se presenta entre 5 y 15 horas después de administrado el fármaco y se manifiesta en síntomas como irritabilidad excesiva, melancolía, plática excesiva, euforia, desobediencia, hiperactividad e insomnio.
Inhibe el apetito, con lo puede haber pérdida de peso.
Dolor de estómago y de cabeza.
-Produce letargo, tics, alteraciones en el estado de ánimo.

De esta manera, un medicamento prescrito para “controlar” el comportamiento, tiene efectos secundarios que parecen empeorar el estado inicial del alumno, etiquetado con problemas de conducta, déficit de atención o niños problema.

¿Existen incentivos y/o sanciones para docentes con alumnos de bajo rendimiento? Parte III

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Derechos y ¿obligaciones?

En los últimos cinco años no ha habido ninguna iniciativa para sancionar a los docentes cuyos alumnos tengan bajo nivel escolar.

 

En la Ley General de Educación aprobada en 1993 (con la última actualización del 15 de julio de 2008), de un total de 50 correcciones o adiciones, ninguna se refiere a sancionar a los docentes.

Regresando al tema de Carrera Magisterial (abordado en la parte I), como se mencionó, constituye un sistema de estímulos, ¿pero qué ocurre con las sanciones? ¿Existe algún programa que sancione laboralmente a los maestros cuyos alumnos obtengan malos resultados?

Las sanciones a la labor de los maestros de educación básica del país no figuran en la agenda de los legisladores federales.

De las 112 iniciativas de ley que se han presentado en ese lapso, en materia de educación, solamente 6 se han aceptado y publicado. Se refieren a establecer la obligatoriedad de niveles educativos, a incluir nuevas asignaturas en los programas de estudio, establecer políticas educativas o crear instancias burocráticas. Así, algunas de las propuestas planteadas se refieren a fomentar la protección civil, las actitudes solidarias, la conciencia nacional, la responsabilidad social, la educación física, el respeto al medio ambiente, la democracia y las disciplinas olímpicas, etc.; sin embargo ninguna menciona a la evaluación de los docentes.

 

Las explicaciones para este fenómeno son múltiples, el desconocimiento del sistema educativo por parte de los legisladores y tratar de evitar en la mayor medida los conflictos con el SNTE. En este sentido, tratan de que las propuestas de reformas otorguen algún beneficio político a los legisladores, sin importar si son o no pertinentes.

A lo anterior hay que agregar que en la mayoría de las propuestas no se toca a la figura del docente como individuo. Más bien, otorga responsabilidades a entidades tan abstractas como el sistema educativo y/o a las escuelas, pasando por alto que ellas, por sus propias condiciones, no pueden cumplir ni siquiera las que ya tienen. De esta manera, las reformas encargan a la escuela aspectos tan disímiles como el combate a la violencia (con programas como Escuela Segura), hasta velar porque todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria (para cumplir con “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio”).

Otra muestra de incongruencia en el sistema educativo es la Ley General de Educación, capítulo VIII, sección 1, referente a las infracciones y las sanciones, en donde establece, en sus artículos 75 y 76, las accione que ameritan sanciones:

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:
I.- Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 57;
II.- Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado […];
III.- Suspender clases en días y horas no autorizados […];
IV.- No utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice […];
V.- Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo […];
VI.- Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos;
VII.- Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables;
VIII.- Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, […], distintos de alimentos;
IX.- Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos;
X.- Ocultar a los padres o tutores las conductas de los alumnos que notoriamente deban ser de su conocimiento;
XI.- Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no proporcionar información veraz y oportuna, e
XII.- Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, […].
Las disposiciones de este artículo no son aplicables a los trabajadores de la educación, en virtud de que, las infracciones en que incurran serán sancionadas conforme a las disposiciones específicas para ellos. (las cursivas son nuestras)

Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:
I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario […], o
II.- Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente.
La imposición de la sanción establecida en la fracción II no excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna multa.
Fuente: Ley General de Educación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Última Reforma DOF 15-07-2008

Cabe destacar que, según estos artículos, las sanciones no son aplicables a los trabajadores de la educación. Es decir, si se suspende las actividades sin justificación, la sanción será para la escuela, de tal manera que ni el director, ni los docentes ameritan amonestaciones.

Por si lo anterior fuera poco, el SNTE cada año entrega a la Secretaría de Educación Pública su pliego petitorio en el que se exige:

 Mayor representación en el INEE
 Participación en el diseño y operación en el Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional del Magisterio
 Creación de nuevas escuelas Normales
 Estímulo económico por puntualidad y asistencia
 Bono por el día del maestro
 Crear el concepto salarial compensatorio (rezonificación para homologar a todos los profesores a zona económica III)
 Tiempos en radio y televisión
 Evaluación del Programa Oportunidades
 Programa especial para jubilados
 Puesta en operación del programa de estudios en el extranjero

De esta manera, ahora no sólo no hay sanciones para los docentes que incumplan, sino que se pide que se les recompense. En México, los derechos de los docentes están por encima de los derechos de los niños.