Baja calidad educativa y gasto creciente

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 México es uno de los países de la Organización para la Cultura y el Desarrollo Económico (OCDE) que destina mayor proporción de su gasto programable a educación, 23% (OCDE, 2007).

Según datos del estudio «Gasto en Educación: La eficiencia del financiamiento educativo en México», de fundación IDEA, el gasto educativo como proporción del PIB ha crecido considerablemente en los últimos 20 años, al pasar de 4.1% en 1990 a 6.7% en 2010.

Tan sólo entre 1995 y 2004 el gasto en educación en México se incrementó en un 47% en términos reales (OCDE, 2007); aunque en términos absolutos la situación es diferente, en el 2006, México gastó por alumno $1,650 dólares en primaria y en secundaria gastó $1,500. Esto contrasta con los $5,450 y $6,600 que se gastan en promedio los países de la OCDE en estos mismos niveles.

En educación media, México gastó $2,800 por alumno y en educación superior $5,800. En comparación con $7,582 y $11,200 que se invierten en promedio, en los países de la OCDE (OCDE, 2007).

La diferencia entre el gasto por alumno en México y en otros países desarrollados es notoria, si un alumno estudiara el ciclo educativo completo en escuelas públicas (incluyendo educación superior), el país gastaría $19,200 dólares en su educación, monto menor a lo que gasta Estados Unidos en un solo año de educación universitaria por alumno.

De esta manera, aunque en términos relativos el gasto público educativo podría ser considerado como alto, en términos absolutos México requiere todavía mayores inversiones en el sector educativo.

 

El estudio en mención centra su atención en la eficiencia del gasto educativo. La preocupación radica en que: si el gasto educativo en el país presenta importantes ineficiencias, aún a mayores niveles de gasto no se consigan los resultados esperados y destaca varias razones que podrían explicar eta situación:

1 Que casi la totalidad del gasto educativo está atado al gasto corriente, principalmente en sueldos de docentes y personal administrativo.

Este factor constituye un problema porque no existen mecanismos para sancionar o despedir a un maestro incompetente. Además de que un importante aumento en el gasto educativo tendería a ser absorbido por un incremento salarial el cual no está atado a ningún mecanismo de resultados que pudiera comprobar la eficiencia de dicho aumento.

2 El gasto remanente, el que se destina a inversión física, equipamiento, materiales, programas educativos, etc., está sujeto a reglas y procedimientos desarticulados y a una deficiente coordinación entre las distintas dependencias que lo ejercen.

No existe en el país una clara asignación de atribuciones y responsabilidades de los gobiernos federal, estatal y municipal en cuanto a la gestión y el uso de recursos. Además de que las acciones son aisladas, sin planificación ni coordinación entre ellas; lo que lleva a una desarticulación entre objetivos, actores y funciones que afecta negativamente el flujo de recursos y su potencial impacto. Y por último,

3 el país no tiene una cultura fuerte de rendición de cuentas y transparencia. Además, la gestión de recursos educativos no está orientada a resultados.

Las escuelas reciben algunos de sus insumos primordiales como infraestructura y materiales didácticos de manera inestable y son de baja calidad. Lo anterior aunado a una desinformación generalizada sobre el estado de los principales recursos educativos (docentes, infraestructura, equipamiento, etc.) tiene como consecuencia que no se pueda determinar la efectividad del gasto ni su impacto sobre la equidad del sistema.

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