Padrón de maestros, un asunto ampliamente discutido

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En estos últimos días el tema educativo se ha visto envuelto por la discusión en torno al padrón de maestros que la Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó a la Cámara de Diputados el 30 de junio.

La discusión se ha polarizado entre las instituciones oficiales, quienes magnifican la importancia de la información entregada, y aquellos que hacen énfasis en la insuficiencia y la incongruencia de los datos entregados.

El padrón que la SEP integró con información de las entidades federativas apenas es un primer paso, que no es suficiente y sí que sienta las bases para llegar a conocer los datos de los maestros de educación básica, un aspecto tan elemental que ni siquiera tendría que estar a discusión. Ese documento es el resultado de la presión de organizaciones sociales, de académicos, de periodistas e incluso de algunos maestros; que tiene una clara intención de mermar la opacidad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En el artículo 9, fracción IV, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se estableció que la SEP y los estados dieran a conocer el número y el tipo de las plazas (docentes, administrativas y directivas), así como el número de trabajadores comisionados por centro de trabajo, señalando el objetivo de tal comisión, su duración y el pago que reciben por concepto de servicios personales; una auditoría al Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB).

En este sentido, debe señalarse que la SEP cumplió con el encargo, aunque lo hizo como para entregar la tarea, que además efectivamente se pueden encontrar varias inconsistencias como las señaladas por la asociación Mexicanos Primero, que este 14 de julio dió a conocer en un documento llamado “Registro de maestros: hallazgos principales”, los aspectos más relevantes que encontraron en el padrón de maestros:

Todas las entidades federativas sin excepción resultan con más plazas pagadas que las autorizadas, es decir, se gasta lo mismo pero se fragmentan las plazas.

En Coahuila hay más de 44 mil trabajadores con RFCs erróneos; es decir, es obligación de las autoridades no dar un pago si el RFC no es preciso; sin embargo, se dieron estos pagos.

En el Distrito Federal a más de 33 mil trabajadores se dieron estos pagos, a pesar de que su registro debiera mantenerse impecable, pues nunca salió de la esfera de la responsabilidad directa de la SEP.

Existe un gran desorden en Tamaulipas sobre centros de trabajo inexistentes y en Veracruz en cuanto a centros de trabajo clausurados. Existen plazas inexistentes en Coahuila y Tabasco.

Hay maestros teletransportados que están en dos entidades simultáneamente que son incompatibles geográficamente para ser atendidas, de los cuales una tercera parte tienen un pie en el Distrito Federal.

Hay 10 mil comisionados, unos con comisiones sindicales, otros con comisiones educativas, directivas, administrativas; el subregistro de comisionados es notable.

En Jalisco hay 487 comisionados en una única plaza.

Durango presentó información diciendo que no tiene un solo comisionado cuando hay forma de comprobar que sí los hay.

Son alrededor de 880 mil, entre el millón 100 maestros, pagados por el FAEB

Además, esa misma organización, señaló que le faltan los siguientes datos:

  • Sobre identidad

    • CURP (ya que sólo Guanajuato y Oaxaca lo incluyeron),
    • sexo,
    • fecha y lugar de nacimiento,
    • nacionalidad,
    • domicilio,
  • Sobre desempeño
    • desempeño en el concurso de oposición ENAMS,
    • asistencia,
    • resultados educativos de sus alumnos,
    • premios y estímulos recibidos,
    • infracciones registradas,
  • Sobre formación
    • grado académico alcanzado,
    • capacitaciones
    • cursos de actualización realizados
    • especialidades
    • idiomas que manejan
  • Sobre situación laboral
    • tipo de nombramiento
    • antigüedad
    • formas de ingreso

Pese a todo esto, no se debe perder de vista que es la primera aproximación que se tiene sobre cuántos maestros hay, donde están y cuánto ganan.

No se trata de conformarse con tal información, aunque hay que recordar que, debido a la “federalización” los estados no están obligados a entregar a la SEP las nóminas de sus sistemas educativos, particularmente de aquellos que dependen de fondos estatales. En esos casos, la presión que se ejerza debe venir del ámbito local.

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