La mala educación

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Según la CNDH la mala calidad de la educación ha llegado a ser la onceava violación a los derechos humanos más denunciada en México.

El informe de Actividades 2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por encima de la negligencia médica y el empleo arbitrario de la fuerza pública, de acuerdo con el Informe de .

A decir del presidente de la comisión, Luis Raúl González Pérez, los malos servicios educativos originaron 428 quejas en el país, superando conductas que en otros años estaban en la lista de las diez violaciones más reportadas, tales como negligencia médica, con 316 quejas, o el empleo arbitrario de la fuerza pública, con 302 denuncias.

La información al respecto publicada en Excelsior, se señala que el año que más inconformidades ha habido contra los servicios educativos del país fue en 2012, último de la administración del presidente Felipe Calderón, cuando se contabilizaron 736 quejas, cifra que las ubicó en el duodécimo motivo de denuncia ciudadana.

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En contraparte, el año en que el desempeño de los docentes y la calidad de las aulas estuvieron más lejanas de las violaciones a los derechos humanos fue en 2006, cuando se acumularon sólo 49 quejas, lo que ubicó estas quejas en la posición 30 a escala nacional.

El 2014 fue el segundo año consecutivo en que esta situación ocupa el mismo lugar en el listado de denuncias. En 2013, la prestación indebida del servicio a la educación se colocó en el lugar 11 de un listado de 200 ilícitos, con 492 quejas.

Cabe señalar que los resultados de la CNDH no están relacionados con la Reforma Educativa.

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Una de las recomendaciones generales al Secretario de Educación Pública (SEP), en virtud de que se ha identificado que en diversos estados no se cuenta con lineamientos para prevenir, investigar, sancionar y reparar los casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en escuelas públicas y privadas, se emitan directrices o guías que contengan los contenidos mínimos sobre las obligaciones de atención, prevención, investigación, sanción y reparación de casos de violencia sexual en centros escolares, que consideren de forma particular a las niñas y los niños en situación de vulnerabilidad múltiple, y que sirvan de base para que las autoridades educativas estatales diseñen sus propios lineamientos o ajusten los ya existentes.

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