Archiv para agosto, 2010

Sólo 16 de cada 100 mexicanos tienen estudios universitarios

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Pese a que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, aseguró que ha incrementado la cobertura educativa hasta en 29% (en el presente sexenio), tan sólo en el nivel medio superior aun existen más de 170 mil alumnos que no ingresaron (Milenio, 4 de agosto 2010).

Hemos ampliado durante este sexenio de manera muy significativa los sistemas de educación, tanto superior como media superior y, por otro lado, hemos puesto a disposición de miles el sistema de educación abierta y a distancia. (Idem).

Según los indicadores elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la población adulta en México se destaca por estar entre las que menos estudios universitarios tiene, entre los países que conforman esa organización, alcanzando apenas 16% de población en la edad comprendida entre los 25 a los 64 años; mientras que el promedio de la organización es de 28%.

Estas cifras ubican a México con una diferencia, a la baja, de 12 puntos porcentuales con respecto del promedio y tan sólo 5 puntos arriba del país con menos población tiene con estudios universitarios.

El país, miembro de la OCDE, que tiene más alto porcentaje es Canadá con 48%, seguida por Japón y Nueva Zelanda (41%) y Estados Unidos (40%).

En contra parte, los países con promedios más bajos fueron Italia, Portugal y República Checa con 14% y Turquía con 11%.

Cabe destacar que a pesar de que estos datos no son alentadores para México, este país se posicionó por arriba de los 2 latinoamericanos invitados: Chile (13%) y Brasil (10%). También es de destacar que otro país invitado fue el mejor posicionado en este indicador, la Federación Rusa al alcanzar el 54% de su población adulta con nivel universitario, seguido por Israel con 44%.

El desempleo según el grado de escolaridad

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En México 5 de cada 10 (51.7%) personas con primaria están desempleadas, 2 de cada 10 (24.4%) con secundaria y 2 de cada 10 (21.5%) con medio superior y superior, se encuentran en la misma situación.

El Banco Mundial (BM) elabora indicadores sobre el empleo y el desempleo para 153 países. La información sobre el tema es construida a partir de respuestas oficiales a encuestas y de informes provistos por las autoridades sectoriales en cada país.

El desempleo es definido como la parte de la Población Económicamente Activa (PEA) que al momento del análisis se encuentra sin empleo y que tiene las capacidades para ingresar al mercado laboral.

El análisis presentado por el BM analiza el periodo comprendido entre 2003 a 2005 y en él se destaca que los países con mayor desempleo de personas con educación primaria son Colombia, España y Brasil; con secundaria la República Checa, Alemania y Canadá y con preparatoria y licenciatura los Estados Unidos, Canadá y Dinamarca

 

Por otra parte, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en el Panorama Educativo de México, Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2009, muestra que los varones de 16 a 19 años, sin secundaria completa, participan en el mercado laboral en más de veinte puntos porcentuales que aquellos con educación básica.

Los jóvenes con la educación básica concluida, con mayores niveles de escolaridad y quienes participan en el mercado laboral, tienen mayores posibilidades de contar con un contrato estable y ganar mayores salarios que sus pares sin educación básica.

Los jóvenes de 16 y 19 años con al menos la educación básica registraron, en promedio, una probabilidad de estabilidad en su empleo 10 y 11% mayor, respectivamente, que la de sus pares sin escolaridad básica.

Los beneficios de tener mayor nivel educativo se ve reflejado en sus salarios, los cuales son 16% más altos, en promedio, en comparación con aquellos quienes carecen de este nivel educativo.

Mayor presupuesto federal por alumno de educación básica

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A partir del 2008, las entidades más favorecidas, al aumentar sus recursos reales asignados por la federación, fueron el estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Puebla, entre 4.1 y 5.6%, lo cual elevó su participación en la estructura de reparto entre 0.06 y 0.26 puntos porcentuales, según datos incluidos en el Panorama Educativo de México, Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2009 elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Las transferencias federales al gasto educativo de los estados se radican a través del ramo 33 Aportaciones federales para entidades federativas y municipios, del presupuesto de egresos de la federación, mientras que al Distrito Federal se hace mediante el ramo 25 Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos.

El componente educativo del ramo 33 se integra por tres fondos: el más importante (9.6% del gasto público total) es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Faeb); los otros dos son el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y la parte del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) destinada a infraestructura de educación básica y superior.

La mayor parte de los recursos del Faeb y del FAETA (99.6 y 100%, respectivamente) son destinados a gasto corriente: servicios personales, particularmente sueldos y salarios, creación de plazas, transferencia de horas y plazas docentes a las entidades federativas, estímulos y apoyos de reconocimiento docente, y mejoras en prestaciones como ISSSTE, Fovissste y SAR.

Durante muchos años se estuvo cuestionando la proporción del Faeb en los estados, debido a que se desconocían los criterios de distribución, solamente se mencionaba que se tomaría en cuenta el registro común de escuelas, la plantilla de personal federal y el monto de los recursos asignados en el presupuesto de egresos del ejercicio inmediato anterior.

A partir de 2008 se aplica la nueva forma de repartición. La fórmula aprobada asegura que cada estado recibirá al menos las transferencias nominales del Faeb del ciclo anterior, y distribuye el incremento anual premiando el aumento de la matrícula. Esta forma promueve la competencia entre los estados por aumentar la cobertura y el gasto; aunque ello no garantiza la equidad en la educación.

Al tener la meta de igualar a los estados en el gasto educativo federal por alumno, no se tiene en cuenta que son mayores los costos para atender a la población indígena, rural y a la vulnerable. Así que con el tiempo esta forma de distribución puede agravar la desigualdad.

En esta nueva fórmula, se observa que las entidades menos desarrolladas son las que muestran más pérdidas, en favor de entidades desarrolladas que tienen un gasto educativo estatal significativo.

 

En 2008 la Federación transfirió a las entidades el equivalente a 199 mil 912 millones de pesos del 2003, de los cuales 191 mil 472.2 (95.8%) correspondieron al Faeb, 3 mil 260.4 (1.6%) al FAETA y 5 mil 179.5 al FAM (2.6%).

Las siete entidades con los mayores financiamientos reales fueron el Distrito Federal (17 mil 917.9 millones), estado de México (17 mil 842.9 millones), Veracruz (13 mil 421.4 millones) Oaxaca (9 mil 562.4 millones), Jalisco (9 mil 468.1 millones), Chiapas (9 mil 193.1 millones) y Guerrero (8 mil 967.3 millones). Las matrículas en educación pública básica de estas entidades, con excepción de Oaxaca y Chiapas, fueron las más elevadas al iniciar el ciclo escolar 2008-2009.

Mientras que las siete entidades con las menores transferencias federales, fueron Baja California Sur (mil 681.6 millones), Colima (mil 702.8 millones), Campeche (2 mil 374.2 millones), Tlaxcala (2 mil 387 millones), Aguascalientes (2 mil 541 millones), Quintana Roo (2 mil 559.3 millones) y Nayarit (2 mil 736.4 millones).

Como se mencionó al inicio, las entidades que aumentaron sus recursos reales fueron el estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Puebla quienes además de recibir los mayores incrementos reales, entre 4.1 y 5.6% (lo cual elevó su participación en la estructura de reparto entre 0.06 y 0.26 puntos porcentuales), también incrementaron su Faeb por alumno de escuela pública entre 2.9 y 5.1%.

El resultado favorable del reparto presupuestal para estas entidades contrastó con las reducciones sufridas por entidades que se encuentran entre las de mayor rezago social y con las mayores poblaciones indígenas.

Así, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, al haber recibido incrementos reales muy por debajo del promedio nacional, fueron las entidades con las mayores disminuciones en su participación dentro de la estructura de reparto del Faeb, entre 0.06 y 0.1 puntos porcentuales de pérdida, a la vez que formaron quienes menos incrementos reales del Faeb recibieron, por debajo de la media nacional.

Con estos datos se ejemplifica lo que ya se preveía con la nueva fórmula de cálculo, que las entidades más desfavorecidas, quienes atienden a una mayor cantidad de población indígena y en condiciones de mayor vulnerabilidad, son las que menos reciben.

Población infantil que vive en condiciones de marginación en Puebla

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Por una parte Puebla concentraba, en 2008, a la mitad de la población en edad de cursar preescolar, primaria y secundaria; mientras que por otra parte, esa población infantil vive en localidades de muy alta marginación, según información del Panorama Educativo de México, Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2009 elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

La publicación distingue entre los ámbitos rural (aquéllas localidades con una población menor a 2,500 habitantes, sin incluir a las cabeceras municipales) y urbano (aquéllas con una población mayor o igual a 2,500 habitantes y las cabeceras municipales, sin importar el tamaño de estas últimas), así como las diferencias que se encuentran al interior.

En el contexto rural, en todo el país existen 4 328 mil 262 niños de 3 a 14 años que viven en localidades rurales con alta y muy alta marginación, lo cual representa 66.1% de la población en esas edades.

La información se basa en el índice de marginación a nivel de localidad y el índice de marginación urbana calculados recientemente por el Consejo Nacional de Población (Conapo) 2006 y 2009 con base en la información del Conteo de población y vivienda 2005.

Estos indicadores miden la intensidad de las carencias en las que viven los pobladores de una localidad: proporción de habitantes en condiciones de exclusión social, dada su escasa disponibilidad de bienes; no acceso a la educación obligatoria y a los servicios de la salud; y, residencia en viviendas inadecuadas.

Para los tres grupos en edad de cursar la educación básica: 3 a 5 (preescolar), 6 a 11 (primaria) y 12 a 14 años (secundaria), se presenta el mismo porcentaje de 66.1% de niños en los grados de marginación alto y muy alto.

Chiapas (95.3%), Guerrero (93.1%), Oaxaca (91.7%), Puebla (86.9%), Yucatán (86.5%), Quintana Roo (82.6%), Veracruz (81.7%), San Luis Potosí (78%) y Campeche (77.8%) son las entidades que presentan las mayores proporciones de población rural en edad escolar normativa básica (3 a 14 años) en los grados de marginación más altos, por arriba del promedio nacional (66.1%).

En cifras absolutas, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla y estado de México, en orden de mayor a menor, son los estados que cuentan con más personas de 3 a 14 años en grado de marginación alto y muy alto, concentrando al 64.9% de la población rural del país en esas edades y en dichas condiciones de marginación.

De esta manera Chiapas, Guerrero y Oaxaca concentran a más de 90% de su población en edad escolar viviendo en áreas con la más alta marginación, mientras Aguascalientes, Coahuila y Colima sólo registran alrededor de 10% en esta misma situación.

 

 

En lo que se refiere al contexto urbano a nivel nacional, existen 6 45 mil 481 personas de 3 a 14 años que viven en condiciones de marginación alta y muy alta, lo cual representa 32.4% de la población de esas mismas edades. Los porcentajes nacionales de población más marginada por grupos de edad escolar son muy similares: preescolar (32.5%), primaria (32.2%) y secundaria (32.7%).

A nivel estatal, Oaxaca (76.1%), Chiapas (73.6%), Guerrero (70.51%), Puebla (64.7%), Tlaxcala (61.0%), Veracruz (54.8%), Yucatán (53.2%), Michoacán (52.3%) y Campeche (51.1%) presentan a más de la mitad de su población infantil en mención en los grados de marginación más altos.

En cifras absolutas, el estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, son las entidades que, en orden ascendente, cuentan con más niños (3 a 14 años) en los grados de marginación alto y muy alto, aglutinan al 60.9% de esa población en condiciones más extremas de marginación.

Como se observa, tanto en contextos rurales como urbanos, Puebla concentra a una proporción muy alta de niños de 3 a 14 años en condiciones difíciles dada su residencia en localidades de marginación alta y muy alta.

El Estado mexicano está obligado a ofrecer una educación que derivara en oportunidades educativas equiparables a toda la población.

Según lo señalado en la Ley General de Educación (Cap. III, Arts. 32 y 33), para lograr la equidad de las oportunidades, se deben emprender acciones en las áreas particularmente rezagadas, a fin de que las condiciones de exclusión, dadas por el índice de marginación, no representen un impedimento para alcanzar logros educativos igualitarios.

De esta manera, se esperaría que desaparezcan las diferencias en los resultados educativos que están muy claras en aquellas entidades en las que se concentra a los más altos porcentajes de población viviendo en condiciones de alta y muy alta marginación.

Alta concentración de población infantil entre 3 y 14 años en Puebla

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En 2008 siete entidades federativas concentraban casi la mitad de la población en edad escolar normativa básica, es decir para cursar preescolar, primaria y secundaria, del país (48.7%): estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Chiapas -entidades que también tienen la mayor población del país-; según datos incluidos en el Panorama Educativo de México, Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2009 elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Aunque este dato indicaría que en estas entidades es en donde se debe destinar mayores recursos para atender a la educación básica nacional, este estudio también muestra que las entidades federativas que atienden al mayor número de alumnos en condiciones de vulnerabilidad, 24.4% lo que equivale en números absolutos a 6 240 173 niños, se concentran principalmente en el sur de México: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tabasco y Yucatán; que viven en condiciones de pobreza y desigualdad. Con esto se demuestra que no se han destinado los recursos suficientes para atender a esta población.

Estas entidades registran, desde hace tiempo, las mayores tasas de rezago educativo a nivel nacional. En 2008 el estado de México concentraba la mayor población en edad escolar básica (3.4 millones), lo que equivale a 13.3% de esta población a nivel nacional. Mientras que los estados de Veracruz, Jalisco y Distrito Federal contaban con menos de 2 millones de niños cada uno (1.7, 1.7 y 1.6 millones, respectivamente).

Puebla, Guanajuato, Chiapas y Michoacán con población escolar básica entre 1 y 1.5 millones.

Esta situación no parece tener una tendencia diferente, pues según las proyecciones, para el 2020, hechas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Puebla se seguirá manteniendo como una de las entidades con mayor concentración de población infantil, como se aprecia en la gráfica:

 

En el extremo opuesto se encuentran los estados de Baja California Sur, Colima y Campeche con menos de 200 mil niños entre los 3 y 14 años.

De 2007 a 2008 ocho entidades presentaron tasas de crecimiento negativas con valores inferiores a -2% de la población en edad de 3 a 14 años: Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Distrito Federal, Sinaloa, Veracruz y Nayarit.

Según las estimaciones hechas para el periodo 2008-2020 Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca presentarán las tasas de crecimiento más negativas cercanas, para acercarse al -3%, es decir que estas entidades tenderán a reducir su población en edad de cursar el preescolar, la primaria y la secundaria.

Una de las principales causas a la que obedece este fenómeno, a excepción del Distrito Federal es la emigración internacional, señala el INEE retomando información de CONAPO, 2006.

Que siempre no se dejará de vender comida chatarra en las escuelas

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En los últimos años ha surgido el tema de la comida que se vende en las escuelas, esto no es gratuito, obedece al problema que enfrenta el país de salud pública, pues como ya es sabido, somos líderes en obesidad y diabetes en el mundo. Además, la obesidad infantil va en aumento debido, en parte, a la ingesta de alimentos chatarra que los niños tienen a su disposición en las escuelas.

La infancia es un sector vulnerable, y si bien es responsabilidad de los padres cuidar los aspectos de la salud, lo cierto es que están a la merced de la red de intereses de las cooperativas y las empresas que venden alimentos chatarra.

Hace unos meses nos sorprendió la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SSA) al anunciar que iban a regular los alimentos chatarra, haciendo lo que parecía una lista de buenos propósitos. Ante ello, un amplio sector de la población se congratuló.

Posteriormente entró en acción la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias (COFEMER), conformado por un consejo de sector público y empresas privadas, así como algunos pocos organismos como la Barra de Abogados.

El 22 de julio, la COFEMER emitió su dictamen preliminar sobre los “Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica”. Al respecto este organismo señaló:

La regulación es promovida de manera conjunta por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SSA). Entre sus objetivos, se destaca la necesidad de promover que se preparen y expendan alimentos que contribuyan a lograr una alimentación correcta en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, así como impulsar una cultura de hábitos alimentarios saludables y una educación alimentaria.

El dictamen preliminar de COFEMER no contiene su posicionamiento definitivo respecto a la regulación, puesto que los principales objetivos de este dictamen son obtener mayor información respecto a los impactos regulatorios y solicitar algunas precisiones o aclaraciones a la propia regulación. Una vez que la SEP y la SSA den respuesta al dictamen preliminar, la COFEMER tendrá 5 días hábiles para emitir su posicionamiento definitivo, a través del dictamen final.

El dictamen preliminar consta de las siguientes secciones:

I. Consideraciones generales.- En esta sección se comenta de manera general los principales aspectos de la regulación.

II. Objetivos regulatorios y problemática.- En esta sección se analiza a profundidad la situación que da origen la regulación propuesta, así como sus antecedentes.

III. Alternativas a la regulación.- En esta sección se describen y comparan algunas opciones de política pública que pueden sustituir o complementar la política pública, así como las mejores prácticas internacionales.

IV. Impacto de la regulación.- En esta sección se analizan las estimaciones de los costos y beneficios sociales, lo cual incluye la revisión de fuentes de datos y metodologías.

V. Otros comentarios generales.- En esta sección se analizan comentarios vertidos por agencias gubernamentales, entre ellos, aspectos de competencia y libre concurrencia.

VI. Acciones regulatorias identificadas por la SEP.- En esta sección se analiza la respuesta de la SEP de acciones regulatorias específicas identificadas.

VII. Comentarios particulares a la regulación propuesta.- Esta sección contiene comentarios y recomendaciones respecto a las regulaciones específicas, a fin de brindar una mejor comprensión y garantizar su adecuada implementación y cumplimiento, así como reducir los costos de cumplimiento.

VIII. Consulta pública.- En esta sección se informa a la SEP sobre comentarios de particulares recibidos en la COFEMER y se le solicita valorar la conveniencia atender las recomendaciones o, en caso contrario, manifestar por escrito las razones por las que no estima procedente efectuarlas. Hasta el día de hoy, la COFEMER ha recibido 860 comentarios en total, 687 de la sociedad civil, 163 de la industria y 10 de agencias de gobierno. (http://www.cofemer.gob.mx)

Sin embargo y a pesar de los señalamientos que hace, en las recomendaciones que emite este organismo, se observa que sólo toma en consideración las opiniones de las empresas que se oponen a la prohibición de las comidas chatarras en las escuelas, señalando que los ajustes no son pertinentes para el inicio de este ciclo escolar, sino que se debe esperar uno o dos años.

La COFEMER en lugar de atender las diversas opiniones, que incluyen a los críticos, se va por el lado de las empresas y saca una recomendación, que pone en evidencia el control que tienen sobre esta institución las empresas.

El problema no es que las empresas vean amenazados sus intereses y que por ello reaccionen para tratar de detener esas políticas públicas, sino el observar nuevamente que el gobierno no tiene la capacidad y/o la voluntad de tomar medidas para frenar las leyes antimonopolio y no se atreva a enfrentar a las empresas.

De esta manera, cuando se pensaba que las políticas educativas iban por buen camino, en materia de regulación alimentaria dentro de sus instalaciones, nos da la “sorpresa” de que siempre no.

Está claro que en este país hay que propiciar los incentivos y dejar muy claras las prohibiciones, con el fin de que el problema de la obesidad siga adelante.

Lo peor es que la niñez mexicana está a la expensa no sólo a las empresas en materia alimentaria sino en muchas otras cosas.