Corrupción a la poblana, o cómo en la recta final del sexenio morenovallista se desviaron millones de pesos

Rodolfo Ruiz R.

No deja de resultar extraño, por decir lo menos, que la Secretaría de la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado (ASE) que tan exigentes se ponen con la revisión de algunas cuentas públicas, no se hayan percatado de las ampliaciones presupuestales autorizadas por la Secretaría de Finanzas para algunas dependencias y organismos después de los comicios locales de 2016, y que buena parte de éstas se hayan destinado a asesorías y capacitaciones en materia de educación y seguridad pública de una administración que estaba por concluir su gestión de seis años.

Sobre todo cuando los montos destinados a estos servicios de capacitación rebasaban, por mucho, lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) habían erogado en los cinco años anteriores por concepto de asesorías, cursos y capacitaciones.

Para ponerlo en perspectiva se lo ejemplificó de la siguiente manera. El presupuesto anual autorizado por el Congreso local para el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (Iedep) –antes Universidad del Desarrollo (Unides)— en 2016, fue de 28.18 millones de pesos, sin embargo entre junio y agosto del año pasado suscribió 60 diferentes convenios y contratos por servicios de capacitación por más de 130 millones de pesos, es decir, por casi cinco veces su presupuesto anual.

¿A poco una cifra de esta magnitud pudo pasar inadvertida para la Contraloría o la ASE? La verdad es que resulta muy difícil, casi increíble, creerlo.

De igual forma resulta inverosímil que ni una ni otra hayan observado que el CESP se gastó en “servicios de capacitación” y “servicios de creatividad en producción de publicidad” casi el 18% de su presupuesto anual de 2016 en sólo un mes, sin que nadie sepa en qué consistieron estos cursos o cuánto va a mejorar la seguridad en los municipios de Atlixco, Tehuacán y Puebla.

Otra cosa que resulta insólita es que la Secretaría de Finanzas, en plena austeridad financiera por los ajustes y recortes presupuestales instrumentados por la Federación, no haya objetado —en la recta final del sexenio morenovallista— la asignación directa de millonarios contratos de capacitación a despachos y empresas fantasmales, que a veces ni oficinas tienen, carecen de personal u operan en casas habitación de las que sus moradores poco o nada saben.

Y lo más absurdo que ninguna hubiera detectado que estos despachos y empresas de fachada, que cobraron millones de pesos en 2016 para luego disolverse, como BMG ALLIANZ S de RL de CV que entre junio y agosto del año pasado facturó más de 30 millones de pesos, eran proveedores que lo mismo vendían capacitación educativa, que instrumentos para el mejor aprendizaje del inglés, que cursos en materia de seguridad pública, en diferentes dependencias y organismos del Poder Ejecutivo.

Tales descuidos me llevan a pensar que tanto las secretarías de la Contraloría y Finanzas como la Auditoría Superior del Estado, más que omisas, son cómplices de este millonario desvío de recursos públicos, aunque usted no lo crea, como diría el extinto actor estadounidense Jack Palance en su programa Ripley.

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