Partidos parásitos

Rodolfo Ruiz R.

Una cuestión en la que poco o nada se ha reflexionado en este proceso electoral para renovar la gubernatura de Puebla es el rol de los partidos marginales, que prácticamente hacen las veces de parásitos del PRI y el PAN.

Su contribución a la democracia y a los sistemas electoral y de partidos no sólo es mínima, por no decir nula, al igual que su preferencia entre los votantes de la entidad.

El hecho de que los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), del Trabajo (PT), y Encuentro Social (PES) y los estatales Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI) no obtengan –en las encuestas electorales– ni el 1% de la intención de voto, no sólo es preocupante sino alarmante.

Preocupante porque en nada contribuyen a enriquecer o mejorar el sistema de partidos en Puebla, y alarmante porque el financiamiento público que recibieron en los últimos tres años fue prácticamente dinero tirado a la basura.

¿O le parece a usted cordial que en 2016 el PT vaya a recibir del Instituto Electoral del Estado 28.8 mdp; el Panal, 26.5; el PVEM, 22.2 mdp; el PSI, 19.5; el partido CPP, 19.5; y el PES, 5.7 mdp, y ninguno de ellos aparezca en las encuestas con el 3% de la intención de voto?

¿O que una candidata independiente como Ana Teresa Aranda, quien tuvo menos días de campaña que sus contrincantes del PAN, PRI, Morena y el PRD, y con apenas 600 mil pesos de financiamiento público vaya a conseguir más sufragios que el PT, Panal, PVEM, PSI, CPP y PES?

¿Para qué le sirven a Puebla estos partidos no competitivos y que en la práctica sobreviven como parásitos o sanguijuelas del PAN y el PRI?

Personalmente creo que no es suficiente que el Código Electoral del estado diga que los partidos estatales que no obtengan el 3% de la votación perderán su registro (artículo 69) y que los partidos nacionales se quedarán sin financiamiento público estatal (artículo 47) si no alcanzan el porcentaje mínimo de sufragios.

Creo que el Código Electoral debería ser más estricto y vetar al menos 10 años a los dirigentes de estos partidos para ocupar puestos de elección popular o en la administración pública federal, estatal y municipal.

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