De prospectos para el Poder Judicial y marinistas en desgracia
Aunque en algunas columnas se ha filtrado el nombre del magistrado Alberto Miranda Guerra como posible presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en sustitución de Héctor Sánchez Sánchez, la verdad es que sus posibilidades son mínimas, no sólo porque la mayoría de sus colegas no lo respaldaría, sino por un añejo pleito que mantiene con uno de los voceros de Luis Miguel Barbosa Huerta, con muchos intereses —por cierto— dentro del Poder Judicial del estado.
Una cosa es que Alberto Miranda quiera ser el presidente del TSJ, y otra que pueda conseguirlo. En la transición de Rafael Moreno Valle a José Antonio Gali Fayad, el magistrado buscó al gobernador electo para hacerle llegar un proyecto de mejoras del Poder Judicial.
Otra magistrada que también ha mostrado interés por llegar a la presidencia del TSJ es Margarita Gayosso Ponce, presidenta de la Sala Unitaria de Adolescentes, la cual por cierto tiene muy poca carga de trabajo en comparación con el resto de sus colegas.
Margarita Gayosso se empoderó durante la gestión de Roberto Flores Toledano como presidente del TSJ, gracias a su cercanía con el brazo derecho de éste, Saúl Gutiérrez Villareal, quien dentro del Poder Judicial era el encargado de administrar el presupuesto y de autorizar los movimientos de personal y los cambios de adscripción de jueces.
La magistrada tiene como aliadas a jueces que ha promovido o cambiado de adscripción y a su propia hermana Beatriz, quien es titular de la Unidad de Estadística del Poder Judicial, así como a la paisana de su marido, la diputada por Zacatlán, María del Carmen Cabrera Camacho, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LX Legislatura del Congreso del estado.
Esta legisladora surgida del PT pretendió impulsar una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para impulsar la equidad de género y para que la presidencia del TSJ se alternara entre un magistrado y una magistrada.
Dicha reforma que se enlistó en la orden del día de la LX Legislatura hace un par de semanas finalmente no pasó.
Otro magistrado que en los corrillos de Ciudad Judicial también es percibido como un prospecto para suceder a Héctor Sánchez es Miguel Sánchez Zavaleta, presidente de la Tercera Sala en materia Civil, a quien algunos ubican como contemporáneo de Luis Miguel Barbosa cuando ambos estudiaron la carrera de Derecho.
Sánchez Zavaleta tiene carrera judicial, buenas relaciones con la mayoría de sus colegas, pero poco oficio político. Su nombramiento como magistrado le llegó en el sexenio del gobernador Mario Marín Torres.
Lo que al seno del Poder Judicial se discute es cómo el futuro gobernador (Miguel Barbosa) que ha ofrecido devolver la dignidad al Poder Judicial, y respetar y autonomía, le hará para cumplir esta promesa y apresurar la salida de Héctor Sánchez, cuya gestión concluye hasta el año 2021.
No hay que olvidar que Héctor Sánchez fue electo presidente sustituto, en lugar de Roberto Flores Toledano, que fue electo para un periodo de cuatro años.
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Otros marinistas están en capilla.
Un juez penal de Teziutlán acaba de consignar y obsequiar un par de órdenes de aprehensión en contra de Guillermo López Vázquez y Antonio Fernández Soto, acusados del delito de uso de documento falso en agravio de los empresarios Víctor Manuel Portela Suárez y María Blanca Muradas Janeiro.
Ambos empresarios amigos del ex gobernador Mario Marín habrían falsificado al parecer un documento del Juzgado 12 de lo Civil, liberando una propiedad de un gravamen, para quedarse con ese bien inmueble.
El asunto llama la atención, pues se trata de una demanda vieja que viene del año 2015. La duda es por qué este juicio se reactivó ahora que Mario Marín es perseguido y buscado por la Interpol.
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