Despidos de un gobierno incluyente
Algo tiene que hacer y ya la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, para resolver los conflictos laborales que tiene en puerta por la autorización de 84 bases en la última semana de la gestión de Luis Banck Serrato; la demanda de reinstalación de Israel Pacheco Velázquez y otros ex dirigentes del Sindicato Benito Juárez, y los despidos que sus secretarios y funcionarios vienen haciendo en Sala de Regidores, Gerencia del Centro Histórico, Instituto Municipal de Planeación y el Sistema Municipal DIF, para meter a sus recomendados.
Pero vayamos por partes.
La autorización de última hora de 84 bases sindicales no fue bien recibida por el equipo de la nueva presidenta municipal, ya que su antecesor nunca se lo informó, pero tampoco por la actual dirigencia del Sindicato, encabezada por Gonzalo Juárez Méndez, ya que la mitad de esas plazas corresponden a empleados de confianza de los regidores salientes o a recomendados de los secretarios que concluyeron sus funciones el 14 de octubre.
Sobre la reinstalación de Israel Pacheco y otros ex dirigentes sindicales, Claudia Rivera debe actuar con mucha cautela, sin tomar partido, pues aunque el actual secretario general del gremio, Gonzalo Juárez, ha sabido ganarse el apoyo de un sector mayoritario de trabajadores, hay otros que no lo quieren porque lo perciben como muy proclive a las autoridades salientes, o como un instrumento de control al servicio del gobernador Gali y su subsecretario de Administración, Rafael Ruiz Cordero.
Israel Pacheco, cuya base como sindicalizado está adscrita a Obras Públicas, quiere regresar a laborar al ayuntamiento más por una cuestión de honor y pelear la jubilación a que tendría derecho en dos años, que por retomar el control del Sindicato Benito Juárez.
Sin embargo, su reinstalación como trabajador sindicalizado puede ser un factor de inestabilidad política para el Comité de Gonzalo Juárez.
Los despidos que desde el martes comenzaron a darse en diversas áreas del ayuntamiento, algunos francamente injustificados, dan al traste con las promesas que la presidenta municipal hizo en campaña.
Da la impresión a la distancia que la alcaldesa dice una cosa y algunos de sus funcionarios y regidores hacen otra para garantizar una posición o un empleo a sus amigos y conocidos.
Solo así se explican los despidos de una decena de empleados, investigadores y restauradores de la Gerencia del Centro Histórico ordenados por Lilia Antonia Martínez y Torres, entre ellos el de la arquitecta Adelaida Ortega Cambrains que fue echada con el auxilio de policías o el de Bárbara López Santín, quien hace unos días fue favorecida con la adopción de un menor después de un largo proceso legal.
O los que vienen dándose en Sala de Regidores, y otras dependencias municipales como el IMPLAN, la Secretaría de Administración y el Instituto de Mujeres, con amenazas de que firman sus renuncias por la buena o se les levantarán actas de pérdida de confianza, o con pretextos de que su perfil profesional no corresponde a las tareas que venían desempeñando en la administración municipal.
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