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Del regreso de Marín y de priístas encumbrados en el PAN

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Para no dejar dudas sobre el regreso de Mario Marín Torres a la política poblana y su influencia en la conducción del PRI, anote el nombre de Joé Hernández Corona como futuro integrante del Comité Directivo Estatal.

El ex director General de Gobierno y ex subsecretario de Asuntos Políticos en el sexenio marinista se perfila para ocupar la Secretaría de Organización, nombramiento que en teoría fue impulsado por el grupo del subsecretario federal de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós.

Y digo que en teoría porque en realidad el promotor de Joé Hernández es el ex gobernador Mario Marín.

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Quien también se perfila para ser miembro de la dirigencia del PRI en la entidad, una vez que la fórmula compuesta por Isabel Allende Cano y Víctor Gabriel Chedraui asuma la presidencia y la secretaría general del Comité Directivo Estatal, es el ex regidor y ex diputado Gerardo Mejía Ramírez.

Gerardo Mejía podría convertirse, con el impulso de la senadora Blanca Alcalá Ruiz y el diputado federal Javier López Zavala, en secretario de Acción Electoral.

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La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Chalchihuapan no sólo traerá malas noticias al gobernador Rafael Moreno Valle, al procurador del estado Víctor Carrancá Bourget y al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

El resolutivo del ombudsman nacional también será adverso al presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, por haber mentido sobre su participación en el enfrentamiento que el 9 de julio se dio entre policías y pobladores en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

De acuerdo con las investigaciones y evidencias que posee la CNDH, algunas de las cuales fueron entregadas en propia mano a su presidente Raúl Plascencia Villanueva por el senador Javier Lozano Alarcón, el edil auxiliar de Chalchihuapan no sólo estuvo presente durante la reyerta, sino que agredió a policías junto con otros pobladores del lugar.

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No lo cuente en voz alta, pero el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, ha sido visto y oído en algunos comederos políticos de la Ciudad de México tratando de salvar su prestigio y reputación antes de que le pidan su renuncia o lo obliguen a dejar la dependencia.

Los enterados aseguran que Maldonado ha recurrido a sus viejas amistades y contactos del Distrito Federal, así como las decenas de personalidades que han recibido alguna recomendación o condecoración de la Legión de Honor Nacional de México, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y la Academia Nacional de Historia para que lo rescaten y lo saquen de Puebla.

Por cierto. Quien podría reemplazarlo en la Secretaría General de Gobierno es un paisano suyo, que actualmente se desempeña como secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.

Sí, me refiero a Mario Rincón González, que en lo que va del sexenio morenovallista ha sido subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y secretario de Desarrollo Social, además de candidato y diputado local por el distrito de Amozoc.

Su avanzada en la Secretaría General de Gobierno es Omar Álvarez Arronte.

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¡Ay Cutberto!

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Cutberto Cantorán Espinosa quiere sacar provecho de un acuerdo que el PRI no le cumplió, y por el cual hoy estaría sentado en una curul de San Lázaro, en lugar de Javier Filiberto Guevara González.

Dicho acuerdo político —celebrado en 2012 entre Cutberto Cantorán y Filiberto Guevara, por intermediación del entonces dirigente estatal del PRI, Fernando Morales Martínez— establecía que ambos personajes serían diputados en la LXII Legislatura y por el mismo distrito electoral federal con cabecera en Izúcar de Matamoros.

Filiberto Guevara sería diputado propietario, y al año medio pediría licencia para que su curul la ocupara su suplente Cutberto Cantorán.

Cumplido el plazo, el expresidente municipal de Izúcar no cumplió su promesa de pedir licencia, y el exdirigente de la Sección 23 tampoco se inconformó, ya que por esos días fue nombrado delegado federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en Puebla.

Sin embargo, hoy que se aproxima el proceso de selección de candidatos, Cutberto Cantorán quiere aprovechar esta circunstancia para que el PRI no sólo le despeje el camino de posibles contendientes, sino para que ahora sí lo nomine a una diputación federal por ese distrito, puerta de la Mixteca poblana.

Habrá que ver qué dice la delegada de la Procuraduría Agraria y expresidenta municipal de Huaquechula, Isabel Merlo Talavera, quien también aspira a ser diputada por esa demarcación en los comicios federales del año entrante.

De las elecciones extraordinarias en Acajete

Aunque las elecciones extraordinarias en Acajete y Cuapiaxtla han merecido poca atención de los medios de comunicación, por el insignificante peso electoral que tienen, en ambos municipios vienen dándose acontecimientos que vale la pena mencionar.

Entre estos habría que destacar el inusual y atípico incremento habido en el padrón electoral registrado en los meses previos al inicio del proceso, un derroche de recursos que rebasa por mucho los ridículos topes de gasto de campaña fijados por el IEE, y la utilización y manipulación de programas sociales con fines clientelares.

En Acajete, municipio localizado en la parte central del estado, perteneciente al distrito de Amozoc y de escasos 53 mil habitantes, lo más relevante es que el PRI se enfrenta a sus otrora operadores Mario Rincón González y Omar Álvarez Arronte, hoy al servicio del gobierno de Moreno Valle.

A sabiendas de eso, el PRI tuvo que nominar a un candidato diferente a la que postuló en las elecciones ordinarias de julio de 2013. Sustituyó a Carolina Martínez de Jesús, quien quedó en cuarto lugar, pero sin dejarla fuera de planilla de regidores que hoy encabeza Víctor Hugo Domínguez Amado.

A su vez, la coalición morenovallista decidió mantener al mismo candidato, el perredista Antonio Aguilar Reyes, pero sumando —bajo la figura de candidatura común— a quien quedó en tercer lugar en aquellos comicios que fueron anulados por el Instituto Electoral del Estado: Braulio Martínez López, del partido estatal Pacto Social de Integración.

El mecanismo para lograrlo fue un sui géneris acuerdo político entre Antonio Aguilar y Braulio Martínez, para que el primero gobierne el ayuntamiento de Acajete los dos primeros años y el segundo los siguientes dos.

Un tercer candidato que completa el abigarrado proceso electoral extraordinario de Acajete es Roberto Ramírez Cervantes, quien obtuvo la segunda mejor votación y ahora repite como abanderado de Movimiento Ciudadano, y quien optó por no hacer alianzas con ningún partido, aunque sí con un influyente personaje de la región y del cual es familiar, el magistrado Carlos Loranca Muñoz, director regional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial en los estados de Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Veracruz.

Los enterados aseguran que el magistrado Loranca, quien hace un mes organizó una comilona para más de 300 personas en su casa de Acajete, a la que incluso llegó el exgobernador Mario Marín Torres, podría convertirse en el fiel de la balanza de esta elección extraordinaria, en caso de que las posibilidades de triunfo de su pariente se complicaran.

Y es que los votos de Roberto Ramírez podrían arrebatarle el triunfo al perredista morenovallista Antonio Aguilar o dárselo al priísta Víctor Hugo Domínguez.

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