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De plurinominales, asesores electorales y vetos fallidos

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Cuentan los enterados que uno de los personajes que le aseguró al gobernador Rafael Moreno Valle que sí podría ser candidato suplente a una diputación federal por la vía plurinominal en estas elecciones fue —¡oh sorpresa!— el ex magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Fernando Ojesto Martínez Porcayo.

El hoy académico y asesor jurídico en asuntos electorales fue de uno los abogados consultados por el mandatario estatal para sondear la posibilidad de llegar a la próxima Legislatura federal, una vez que concluyera su sexenio.

Según esta versión, el enlace entre el ex magistrado del TEPJF y el gobernador de Puebla habría sido el actual candidato del PAN a diputado federal por el distrito 3 con cabecera en Teziutlán, Juan Pablo Piña Kurczyn, quien al comienzo de la gestión morenovallista asumió la extinta Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública, y luego regresó a la entidad como jefe de la Oficina del Ejecutivo del estado.

Sin embargo, cuentan que a pesar de los argumentos jurídicos del ex magistrado Fernando Ojesto, el gobernador Moreno Valle valoró el asunto con su equipo político, y que algunos de sus integrantes le recomendaron desechar el proyecto de convertirse en compañero de fórmula de Eukid Castañón Herrera, en la primera posición de la lista de candidatos de representación proporcional del PAN por la cuarta circunscripción nacional.

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Unos argumentaron que tal circunstancia daría pie a un golpeteo mediático innecesario, en el marco de la actual coyuntura electoral, y otros que su postulación sería finalmente impugnada y echada abajo en el Tribunal Electoral si alguien la impugnaba arguyendo violaciones constitucionales, en concreto el penúltimo párrafo de la fracción V del artículo 55 de la Constitución mexicana que textualmente dice:

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos“.

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A pesar del veto del gobernador Rafael Moreno Valle, la poblana Blanca Lilia Ibarra Cadena fue nombrada este miércoles por los integrantes de la Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión como nueva directora del canal de televisión del Poder Legislativo, luego de tres rondas de votaciones que desempató la presidenta de la Comisión, la diputada federal hidalguense Martha Gutiérrez Manrique.

En la puja final quedaron la comunicadora poblana, quien fue integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) del estado, y Ana Elena Guadalupe Cruz Navarro, quien fue gerente de contenidos de Cepropie/Imevisión, directora de la Unidad de Promoción Cultural del Canal 13 Imevisión, directora ejecutiva del noticiero “Hoy en la Cultura” de Canal 11, y subdirectora general de Canal 22.

En la primera ronda, cada una obtuvo tres votos; en la segunda, los votos de los seis integrantes de la Comisión Bicamaral volvieron a dividirse, y lo mismo pasó en la tercera ronda, sólo que en esta se impuso el voto de calidad de la presidenta de la Comisión, que inclinó la balanza a favor de la comunicadora poblana.

La presidenta de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso es la diputada federal priísta Martha Gutiérrez, quien es percibida como una posición del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, debido a que fue su coordinadora general de Comunicación Social cuando aquél fue gobernador del estado de Hidalgo.

Blanca Lilia Ibarra venía desempeñándose como directora del Centro de Documentación, de la Coordinación de Información, Documentación y Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Antes de este cargo fue comisionada presidenta de la CAIP del estado de Puebla; coordinadora nacional de la Comisión de Comunicación Social (COMAIP); presidenta de la Comisión de Transparencia del municipio de Puebla; directora general de Comunicación Social del Congreso de Puebla y directora de Información a Medios de los Estados, de la Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia de la República de 1998 al año 2000, durante la administración de Ernesto Zedillo.

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De enemigos a aliados

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El dirigente estatal de Antorcha Campesina, Juan Manuel Celis Aguirre, es uno de esos personajes que comenzaron el sexenio morenovallista como enemigos y lo terminarán como aliados del mandatario estatal.

Al inicio de la actual administración, el mandatario estatal instruyó a su secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, y éste a su grupo de control de riesgos, para que investigara el destino de 120 millones de pesos que el gobierno marinista entregó, en diversos cheques, a Juan Manuel Celis.

Ya con la información y un voluminoso expediente, la Secretaría General de Gobierno entró en contacto con el dirigente estatal antorchista, haciéndole saber la existencia un conjunto de anomalías en que éste y su organización habían incurrido con los recursos púbicos recibidos.

La encargada de contactar al ingeniero Celis fue la entonces directora general de Gobierno, Laura Escobar Juárez, quien, fiel a la costumbre de la casa, le mostró el expediente y le advirtió de una averiguación previa en su contra por la no comprobación, ni justificación de millones de pesos recibidos por el gobierno marinista.

Laura Escobar le dijo que ese asunto podría resolverse si Antorcha Campesina cooperaba con el gobierno del estado sacando las manos del tianguis de San Martín Texmelucan y desactivando las protestas de los integrantes del movimiento magisterial antorchista en algunos municipios de la Sierra Norte y la Mixteca poblana.

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También le pidió que las protestas de la organización se enfocarán en la capital poblana, exigiendo al ayuntamiento capitalino encabezado por Eduardo Rivera Pérez la regularización y escrituración de las colonias del sur, y que las grúas Unión fueran las únicas en prestar el servicio de arrastre de vehículos a los corralones del gobierno estatal y municipal.

De más está decir que Celis Aguirre no sólo aceptó la negociación, sino que hasta firmó un convenio comprometiéndose a desactivar las protestas del movimiento magisterial antorchista y a resolver el conflicto entre tianguistas de San Martín Texmelucan.

Convenio que incluso fue motivo de posteriores diferendos entre el subsecretario Mario Rincón González y el entonces operador de Fernando Manzanilla en la SGG, Eukid Castañón Herrera.

Del expediente integrado en contra de Juan Manuel Celis poco o nada se sabe, sólo que este desapareció –casi con la misma rapidez que se armó– cuando Luis Maldonado Venegas sustituyó Fernando Manzanilla en la SGG.

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La decisión del presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, de hacer pública su declaración de bienes, junto con la de su esposa Nancy de la Sierra Arámburo, tiene varias motivaciones.

La primera — y más importante— es adelantarse a una investigación que, supuestamente, la presidenta del Colegio de Notarios, Verónica Morales Alfaro, había comenzado a realizar con la colaboración de otros colegas suyos para rastrear todos los bienes y propiedades del alcalde cholulteca y su esposa, la candidata del PRI a diputada federal por el distrito 3 de Teziutlán.

Y la segunda, vacunarse contra posibles críticas y descalificaciones de Juan Pablo Piña Kurczyn, candidato del PAN a diputado federal por el distrito 3, en contra de su contrincante, la priísta Nancy de la Sierra y su esposo, José Juan Espinosa, integrante del partido Movimiento Ciudadano.

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Este fin de semana hubo cambios en la Coordinación de Derecho y el Bufete Jurídico del campus Tehuacán de la BUAP. El viernes el secretario general de la institución, René Valdiviezo Sandoval, removió de sus cargos a José Lorenzo Dávalos Moreno y a Jesymar Castillo Arangute, al primero por diversas irregularidades que van desde la contratación de docentes sin autorización y la venta de tesis, y al segundo por usar el Bufete para llevarse asuntos a su despacho particular.

Dos días después, el domingo, el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, acudió a Tehuacán a tomar la protesta de ley a los sustitutos de aquellos: Sagy Rosalba Díaz Pimentel y Raymundo Pérez Osorio, respectivamente.

Sin embargo, ambos nombramientos no fueron bien recibidos por la planta docente y no porque estuviera de acuerdo con el desempeño del coordinador de Derecho, José Lorenzo Dávalos y del coordinador del Bufete Jurídico, Jesymar Castillo, sino porque no fue consultada sobre quiénes debían reemplazarlos.

De Sagy Rosalba Díaz se dice que su designación como coordinadora de Derecho del campus Tehuacán no obedece a una cuestión de méritos académicos o profesionales, sino a su cercanía con el secretario seccional del Aspabuap en Tehuacán, y del segundo, Raymundo Pérez Osorio, a su poca o nula experiencia en el acompañamiento de estudiantes y en el litigio en tribunales, más allá de la Junta Local de Conciliación de Tehuacán, de la que fue presidente.

El malestar de los profesores y alumnos se hizo patente con algunas pancartas y mensajes de protesta dirigidos al rector Alfonso Esparza, en los que se exigía que los coordinadores de Derecho y del Bufete Jurídico de la BUAP fueran electos democráticamente por voto universal, libre y secreto.

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