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Motocultores, corrupción al descubierto

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Un asunto espinoso para el gobierno del estado y del cual ha guardado un ominoso silencio, pese a las observaciones que en su momento le hizo la Auditoría Superior de la Federación, es la compra sobrefacturada de 1,690 motocultores en 2012.

El sobreprecio de estos equipos agrícolas, incluyendo sus implementos, es de escándalo, pues la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado supuestamente los adquirió en 114 mil 994 pesos cada uno, pese a que su costo real fluctúa entre 21 mil 834 y 25 mil 475 pesos.

¿Qué funcionario o funcionarios de la Secretaría de Finanzas son responsables de este fraude y daño patrimonial?, es tema que la Secretaría de la Contraloría del estado aún no responde a más de nueve meses de que se hicieron públicas estas irregularidades.

La Contraloría tampoco ha dicho qué funcionarios fueron los responsables de alterar los expedientes y falsificar en las actas de entrega-recepción las firmas de los supuestos beneficiarios de estos motocultores, que fueron comprados a sobreprecio a dos proveedores pertenecientes a un mismo grupo empresarial, Comercom SA de CV, sin que los campesinos y agricultores pudieran elegir las características, marca o empresa fabricante.

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Otra cuestión que no deja de resultar extraña, por no decir sospechosa, es por qué ninguno de los últimos titulares de la Contraloría estatal —Irma Patricia Leal Islas, Eukid Castañón Herrera, María Catalina Daza Hernández y Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz— se haya tomado la molestia de investigar un posible tráfico de influencias o pago de facturas políticas de esas infladas compras de equipo agrícola.

O es normal, pregunto, que el principal proveedor de motocultores al gobierno del estado, el empresario Roberto Arandia Gutiérrez, sea el mismo que suministró el material propagandístico que Rafael Moreno Valle repartió en su campaña de gobernador a través de la misma empresa comercializadora.

A nueve meses que la Auditoría Superior de la Federación hizo del conocimiento del gobierno del estado un conjunto de anomalías en la aplicación de los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrícola, y por el cual se le emitió un pliego de observaciones por 107 millones 893 mil pesos, valdría la pena qué aclare varias cuestiones que a la fecha siguen en la opacidad, a saber:

¿Quién autorizó la adquisición de motocultores al cuádruple de su precio? ¿Qué funcionarios de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Rural no administraron con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrícola?

¿Quién autorizó el pagó a Grupo Comercom SA de CV, sin advertir el sobreprecio de los equipos que estaba suministrando al gobierno del estado?

¿Quién pagará el daño patrimonial de este fraude?

¿A quién se están comprando y a qué precios los nuevos motocultores que sigue repartiendo el gobernador Rafael Moreno Valle en sus giras de trabajo?

¿A poco al mismo Roberto Arandia Gutiérrez?

¿Esta información se hará pública o, como suele ocurrir con proveedores y empresas consentidas en este sexenio, se reservará por siete o doce años?

Conste que son preguntas.

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Este domingo estuvieron en Tehuacán echándose un molito de caderas la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, el subsecretario de la dependencia, Juan Carlos Lastiri Quirós; la diputada local del PVEM, Geraldine González Cervantes, y el actual delegado del INAES en el estado de Chiapas, Marco Antonio Balseca Romero.

El punto de encuentro fue el restaurante del hotel Villa Blanca.

Un día antes, la secretaria Rosario Robles y el subsecretario Juan Carlos Lastiri estuvieron en Oaxaca, en el cuarto informe de gobernador Gabino Cué Monteagudo.

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San Pedro Cholula, Puebla, 19 de noviembre de 2014

 

  1. Rodolfo Ruiz Rodríguez

Autor de la columna La Corte de los Milagros

Presente

Sirva este medio para aclarar el tema al que se refiere hoy en su columna titulada “Motocultores, corrupción al descubierto” en la que se pretende confundir a sus lectores al hacer afirmaciones sin fundamento.

  1. En primer lugar, debe usted saber que no existen las irregularidades que menciona, además de carecer de pruebas, las instancias correspondientes solventaron en tiempo y forma las observaciones que hizo en su momento la Auditoría Superior de la Federación.
  1. Es importante que sepa que las Reglas de Operación del programa que menciona, son emitidas por el Gobierno Federal a través de la SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) mismas que esta administración ha cumplido cabalmente en beneficio de los productores.
  1. Resulta imprescindible aclarar que el Gobierno del Estado no adquiere mototractores; la lógica de los programas en coejercicio con la Sagarpa, es atender a la demanda y la responsabilidad de la administración estatal es la recepción de los expedientes de los sujetos de apoyo para dictaminar la pertinencia de los mismos.
  1. Es importante resaltar que las Reglas de Operación establecen que, una vez que los expedientes cumplen con los requisitos previstos en éstas, son los beneficiarios quienes eligen al proveedor, el cual, debe cumplir para el caso de maquinaria, con la certificación del OCIMA.
  1. En este sentido, cabe señalar que durante 2012, sólo había una marca de motocultores que cumplía con dicha certificación, pues una empresa adicional que tenía el certificado, sólo vendía mototractores, que son equipos con características técnicas inferiores. Si los beneficiarios eligen una empresa que carezca de la certificación del OCIMA, no son susceptibles de apoyo para la adquisición de un mototractor.
  1. Finalmente, reiteramos que esta administración cumplió en tiempo y forma con la solventación de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, y está en espera de que dicha Instancia emita las observaciones finales.

Sin más por el momento y en espera de que publique esta carta como corresponde al Derecho de Réplica, para que sus lectores estén correctamente informados, quedo de usted.

Atentamente

Avelino Hernández Vélez

Enlace de Comunicación Social

Auditoría en curso o mensaje siciliano

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No está mal que se investigue el presunto desvío de recursos en el que habrían incurrido algunos funcionarios marinistas que desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) manejaron e implementaron el programa denominado Unidos para progresar.  Ojalá y la investigación llegue al fondo y los responsables de ese peculado que podría ascender a 800 millones de pesossegún la nota de El Sol de Pueblasean sancionados con fuertes multas económicas, la inhabilitación y años de cárcel.

Sin embargo, lo más probable es que esa presunta investigación no pase de ser un escándalo mediático, un coscorrón político o un mensaje siciliano del gobernador Rafael Moreno Valle y sus operadores al grupo priísta que hoy comienza a disputarle el poder, en la víspera de las elecciones federales de 2015 y locales de 2016.

Varias cuestiones llaman la atención: ¿Por qué esta investigación se da a conocer hasta hoy? ¿A poco ninguno de los dos anteriores contralores estatales —Irma Patricia Leal Islas y Eukid Castañón Herrera— se percató de un desvío de 800 millones de pesos? ¿Cómo es que la Auditoria Superior del Estado, a cargo de David Villanueva Lomelí, no supo en tres años de obras que se pagaron con recursos del programa social estrella del marinismo pero jamás se ejecutaron en la capital y otros municipios de la entidad?

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¿Por qué si el desvío de recursos públicos en la Sedesol de Puebla ocurrió entre 2008 y 2010, éste viene a descubrirse hasta hoy? ¿Por qué en la nota de El Sol de Puebla sólo aparecen como funcionarios implicados en esta grave irregularidad Valentín Meneses Rojas, Víctor Sánchez Ruiz, Gerardo Mejía Ramírez, Lauro Sánchez López y Gerardo Pérez Salazar? ¿Por qué fueron excluidos de la nota de marras los funcionarios más importantes de esa dependencia estatal como Javier López Zavala, Juan Carlos Lastiri Quirós y Alejandro Armenta Mier? ¿Será porque estos tienen cargos en el Congreso de la Unión y el gobierno federal y aquéllos no?

¿Cómo entender la nota de El Sol de Puebla y sus extrañas omisiones: como un descuido involuntario de la reportera Pilar Pérez o como un mensaje siciliano de quienes la filtraron a los directivos del diario de mayor circulación en el estado?

Conste que son preguntas.

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El tema que ayer le platiqué sobre quejas colectivas por mobbing laboral en contra del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, Rodolfo Reyes Coria, ya había llegado al Senado de la República desde el 3 de julio.

En aquella sesión la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó en votación económica un punto de acuerdo para que las autoridades del IMSS investigaran presuntos actos violatorios a los derechos humanos cometidos por su delegado en Puebla en perjuicio de varias empleadas del Instituto.

Aquí el link con los detalles de ese punto de acuerdo

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Este miércoles en el auditorio del edificio de posgrados de la Facultad de Derecho de la BUAP se presentará el último libro publicado del doctor en antropología Manlio Barbosa Cano titulado “Las regiones naturales, étnicas y culturales de Puebla”, en el que su autor hace su propia regionalización del estado a partir de cuestiones geográficas, culturales y étnicas.

La presentación del texto se llevará a cabo a las 11:30 horas y en ella participarán además del autor, los doctores Samuel Tovar y Paulino Arellanes, así como este reportero.

Desde la perspectiva de Manlio Barbosa el estado de Puebla debe dividirse en 10 regiones naturales, considerando los rangos fisiográficos de los diferentes territorios de la entidad; las actividades económicas y los modos de producción predominantes; las carreteras y vías de acceso que los comunican entre sí y con otras regiones; su nivel de desarrollo y urbanización; los habitantes que en ellos se asientan (mestizos, indígenas o inmigrantes nacionales y extranjeros); los rasgos culturales preponderantes; y la problemática social que enfrentan sus pobladores.

Las diez regiones en que el profesor de la BUAP e investigador del INAH divide el territorio poblano son las siguientes: Valles Centrales, Nahua del parteaguas de la Sierra Norte, Totonaca de la vertiente del Golfo, Los Llanos de Juan, Atlixco-Izúcar-Chietla, Mixteca-Popoloca, Tepeaca-Tecamachalco-Tehuacán, Iztaccíhuatl-Popocatépetl, Citlaltépetl-Sierra Negra, y del Tenzo.

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