¿Y los maestros del SNTE y el Panal con quién estarán en 2018?
Antorcha Campesina, despojo y complicidad gubernamental
Un sector politizado tanto en el medio urbano como el rural es el magisterial. Por años los maestros del SNTE representaron un bastión electoral del PRI y de algunos partidos de izquierda.
Con la fundación del Partido Nueva Alianza (Panal) en 2005, los profesores sindicalizados no se sumaron en bloque a esta organización, quizás porque los mismos maestros advierten que más que representarlos, se trata en realidad de un instrumento electoral al servicio del grupo político dominante en el SNTE.
Cuando Elba Esther Gordillo Morales controlaba el SNTE también controlaba el Panal. Hoy sucede lo mismo con su sucesor, Juan Díaz de la Torre. Él es quien pone y quita a los miembros de la dirigencia nacional y de los estados y quien, previo acuerdo con gobernadores o la Secretaría de Gobernación, decide si el Panal va en comicios locales en alianza o coalición con el PRI, el PAN u otros partidos.
Por esta ambigüedad política e ideológica es que este partido carece del respaldo mayoritario de los maestros y por la que en 2018 podría perder su registro nacional, si no obtiene al menos el 3% de la votación efectiva.
En Puebla es bien sabido que los profesores que están fuera o alejados de las delegaciones sindicales y comités seccionales del SNTE no simpatizan con el PAN, tampoco con el Panal, ni con lo que algunos columnistas denominan el morenogalicismo.
En los comicios locales de 2016, los sindicalizados de la sección 23 y 51 del SNTE no votaron en bloque por José Antonio Gali Fayad y la coalición que lo respaldó a la gubernatura de Puebla integrada por PAN y Panal y los partidos estatales Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI).
Los maestros, sobre todo del medio rural o semiurbano, están tomando partido por Morena y por Andrés Manuel López Obrador, lo que podría representar para el PAN y el llamado morenogalicismo un riesgo, no sólo de perder municipios y regiones importantes de la entidad, sino un aliado estratégico pues en los pueblos, los profesores son algo más que educadores; son la conciencia crítica y los ideólogos de esas comunidades.
EN CORTO
La administración del gobernador José Antonio Gali Fayad tiene que poner un hasta aquí a los abusos de Antorcha Campesina, cuyos dirigentes y afiliados se apropian de predios, casas y edificios en diferentes partes de la entidad, sin que ninguna autoridad proteja a los legítimos propietarios frente a esos despojos.
El caso más ilustrativo lo representa el edifico ubicado en la esquina de la 4 Poniente y 19 Norte de la ciudad de Puebla, del que la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) se ha apropiado ilegalmente ante la complacencia de las autoridades estales y municipales.
Pese a existir denuncias penales por despojo y otros delitos y la averiguación previa AP-790/2010, el ayuntamiento de Puebla, el gobierno del estado y la Fiscalía no han podido suspender las obras de remodelación en ese inmueble ni devolvérselo a sus legítimos propietarios: los señores Miguel Ángel Magallón Piña y su esposa Concepción Rosalinda Salgado Ayala.
El edificio está siendo convertido por la organización antorchista en Casa del Estudiante Macuilxóchitl, destinada supuestamente a universitarios de escasos recursos de las carreras de Música, Ballet, Arte Dramático y Teatro de la BUAP.
En el inmueble se han invertido 5.8 millones de pesos en obras de remodelación, recursos que fueron gestionados por los ex diputados federales antorchistas Lisandro Campos Córdova y Soraya Córdova Morán en la anterior Legislatura federal.
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El abogado Ramiro León Flores, asesor legal de los regidores inconformes de Jolalpan, y quien es acusado de presionar y extorsionar al Congreso del estado para que destituya al edil Antonio Javana García, no parece tener un historial muy limpio.
De acuerdo con información enviada al Poder Legislativo, Ramiro León fue ex presidente auxiliar de San Jerónimo Ocotitlán en el municipio de Acajete, dejando varias obras pendientes.
Entre ellas la terminación de un pozo de agua en la localidad, adeudos con la constructora encargada de hacerlo, la simulación de una obra de adoquinamiento en la calle 12 Norte y el extravío de 250 toneladas de cemento.
El reporte asienta que en su gestión como presidente auxiliar Ramiro León expidió actas de nacimiento falsas a extranjeros e indocumentados; y que en su rol de asesor legal y líder social ha provocado conflictos en Tepetzala con el terreno en donde se construiría un Hospital General y en Nenetzintla y Ocotitlán, poblaciones en las que pretendía sacar provecho de las participaciones destinadas a estas juntas auxiliares.
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