¿Rebelión en la granja (patronal)?
Rodolfo Ruiz R.
Este martes un sector del Consejo Directivo del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) se manifestó en contra de las declaraciones de su presidente, José Antonio Quintana Gómez, quien al igual que otros dirigentes empresariales salió a ex culpar al ex gobernador Rafael Moreno Valle del crecimiento y expansión del crimen organizado en su expresión huachicolera.
La polémica comenzó vía telefónica. Ex presidentes y socios del sindicato patronal no podían creer que la voz crítica del empresariado poblano hubiera salido a defender al ex mandatario estatal.
Y siguió en un grupo de WhatsApp en el que participaron —con reclamos subidos de tono y comentarios críticos hacia Gómez Quintana y otros dirigentes empresariales—, los consejeros Carlos Iñaki Gutiérrez Fernández, Leobardo Espinoza Rodríguez, Ángel del Castillo Zavala, Luis Mora Velasco, Marcelo Plata Pérez y Rubén Furlong Martínez, entre otros.
Iñaki Gutiérrez cuestionó cómo la Coparmex defendía a Moreno Valle en lugar de exigir una investigación, considerando que sus jefes policíacos estuvieron involucrados en la protección de huachicoleros y el trasiego de combustible robado de tomas clandestinas.
Luis Mora y Rubén Furlong dijeron que en los medios de comunicación había notas que evidenciaban que en el sexenio morenovallista poco o nada se hizo para combatir el saqueo y comercialización del combustible extraído ilegalmente de los ductos de Pemex.
En el WhatsApp, los consejeros de Coparmex compartieron columnas locales y nacionales publicadas sobre el tema, así como notas difundidas por e-consulta y otros portales.
Alejandro Pellico Villar trató de justificar la actuación de José Antonio Quintana y de otros líderes empresariales, descalificando a los medios de comunicación tachándolos de pasquines tendenciosos.
En la discusión hubo consejeros que preguntaron por qué Quintana Gómez no cuestionó la proliferación de tomas clandestinas, más de 3 mil en el sexenio morenovallista; la ausencia de una estrategia integral para impedir la comercialización de huachicol y detener a las cabezas de estas bandas, y los ridículos volúmenes de combustible asegurado.
Casi al final de la polémica, el tibio presidente de Coparmex Puebla dijo que su participación en la rueda de prensa se ciñó a un acuerdo que en conjunto tomaron los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Montiel Solana; del Consejo de Justicia Ciudadana, Jesús Migoya Junco; y de Justicia Ciudadana, Jordi Pahul Cacho; así como de Canaco y Canacintra, José Rafael Herrera Vélez y Horacio Peredo Elguero, respectivamente.
Sin embargo no explicó por qué justificó la actuación del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
Para entender por qué José Antonio Quintana y Carlos Montiel han salido en reiteradas ocasiones en defensa del ex mandatario quizá sería bueno que los consejeros investigaran los millonarios subsidios que la pasada administración destinó a Coparmex y otros organismos empresariales.
Subsidios que superan por mucho lo que el gobierno de Moreno Valle otorgó a instituciones y asociaciones que realmente hacen labor social o están dedicadas a la atención de personas con alguna malformación o discapacidad.
Sólo la Coparmex Puebla recibió entre 2013 y 2016 casi 15 millones de pesos.
En 2013 las ayudas gubernamentales a este ex combativo sindicato patronal ascendieron a 1.7 mdp, el año siguiente a 3.9, en 2015 a la cantidad de 3 millones y en 2016 a 6.37 mdp.
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