¿Quién pagará los platos rotos de la expansión del huachicol en Puebla?
Rodolfo Ruiz R.
¿A qué partido político o candidato a gobernador los poblanos le pasarán la factura de la violencia, la inseguridad, los enfrentamientos y la pérdida de tranquilidad que el crimen organizado ha traído consigo, al hacerse del control de la ordeña y las tomas clandestinas en los ductos de Pemex que cruzan la entidad?
El gobierno de José Antonio Gali Fayad ha comenzado a sufrir las consecuencias de la negligencia de quien lo antecedió en el cargo y, en su momento, se rehusó a combatir el crimen organizado y las mafias de huachicoleros que hoy se asientan en el llamado Triángulo Rojo, ubicado entre los municipios de Amozoc, Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo y Acajete.
Rafael Moreno Valle siempre se deslindó del problema con el prurito de que el robo de combustible era un delito federal, y que el personal de Pemex estaba involucrado en la filtración de información clave a quienes se dedicaban a la ordeña de tomas ilegales.
Esta indolencia gubernamental es lo que explica que en los dos últimos años los huachicoleros que operan en Puebla hayan multiplicado sus ingresos por robo de combustible, al pasar de 150 mil pesos diarios —entre 2011 y 2014— a 2 millones 110 mil pesos.
Y también la causa de que en Puebla vayan a la alza los asaltos carreteros, los robos de pipas y vehículos de carga, los homicidios, las ejecuciones y los secuestros, delitos que las autoridades locales no pueden eludir responsabilizando a la Federación.
¿Por qué la administración anterior que tan buenas relaciones tenía con el presidente Peña Nieto y sus secretarios de gabinete no pudo conseguir que la Federación y el gobierno del estado diseñarán y aplicarán una estrategia integral para el desmantelamiento de la red de ordeña, trasiego y venta de combustible robado a expendios de Pemex, empresas y particulares?
¿Por qué se permitió el crecimiento y expansión del crimen organizado vinculado al robo de gasolina en el llamado Triángulo Rojo, al grado que hoy hay voces que pugnan por la declaración de un Estado de Excepción hasta desmantelar por completo a las bandas delictivas que tienen el control de la zona?
¿Qué diferencia hay entre establecer un Estado de Excepción en los municipios comprendidos en el Triángulo Rojo y enviar más de dos mil elementos de diferentes agrupamientos del Ejército a reforzar los operativos contra los huachicoleros de la zona?
¿Qué responsabilidad tiene en el crecimiento y expansión de los huachicoleros el ex gobernador Rafael Moreno Valle que minimizó el problema y menospreció a quienes en su momento lo alertaron, para no afectar la imagen del estado, el flujo de turistas y su aspiración presidencial?
¿Quién pagará los platos rotos de su negligencia, del no castigo a su secretario de Seguridad Pública Facundo Rosas y de otros jefes policiacos descubiertos infraganti en la protección y custodia de huachicoleros, de los policías y militares asesinados a manos del crimen organizado, del cierre de la autopista México-Puebla y de otros actos vandálicos cometidos por estas bandas?
¿Su partido o sus aliados electorales, o acaso su candidato o candidata a la gubernatura de Puebla en 2018?
Iluso sería pensar que nadie.
EN CORTO
Este lunes habrá que estar muy pendientes de lo que ocurra y se diga en el foro El ejercicio de la paridad sin violencia contra las mujeres que tendrá lugar en Tepic, Nayarit.
Y no solo por los ponentes y directivos de organismos del INE, Tribunal Electoral, FEPADE, Inmujeres y otros que participarán, sino porque Puebla será puesto como paradigma de la violencia de género.
De acuerdo con lo que ha trascendido, en el foro se discutirán los casos de las candidatas Blanca Alcalá Ruiz y Ana Teresa Aranda Orozco como casos emblemáticos de violencia política en contra de las mujeres.
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