Por fin se pondrá un hasta aquí al negocio de los Vera con el ejido de Romero Vargas
Rodolfo Ruiz R.
No lo cuente en voz alta pero a la presidenta Karla Michel Vera Báez, al secretario Crescencio Mejía Nava y al tesorero José Miranda López, del comisariado ejidal de Ignacio Romero Vargas, se les podría acabar un millonario negocio que durante años han realizado con la venta de tierras y el cobro de cuotas en la zona de Zavaleta, la Recta a Cholula, Camino Real a Cholula, la Prolongación de la 25 Poniente y Santa Cruz Buenavista.
De acuerdo con una fuente confiable, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tiene casi todo listo para que el gobierno federal expropie unas 200 hectáreas del ejido de Romero Vargas, con el propósito de poner fin a los abusos del Comisariado Ejidal y regularizar la tenencia de los lotes en esa zona de la Ciudad de Puebla.
La acción podría beneficiar a unas 200 familias a las que el Comisariado Ejidal ha “cedido” predios en los que hoy se levantan casas, fraccionamientos, locales y plazas comerciales, y por los cuales sus directivos cobran miles de pesos a los nuevos poseedores, supuestamente para apoyar al núcleo de población ejidal.
Las tierras del ejido de Romero Vargas son de las más caras de Puebla. El precio del metro cuadrado fluctúa, dependiendo del lugar, entre 3 mil y 12 mil pesos.
Otro ejido que también podría ser sujeto de una expropiación, con el propósito de regularizar la tenencia de la tierra, es el de Chachapa. En este la expropiación podría abarcar 300 hectáreas en beneficio de unas 10 mil familias.
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La decisión del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara Baja, César Camacho Quiroz, de expulsar del PRI al diputado federal poblano Alejandro Armenta Mier, es justamente lo que está buscando éste para hacer el mayor daño posible al tricolor antes de que lo echen.
El mensaje que vía Twitter escribió esta mañana Camacho Quiroz anunciando el proceso de expulsión de Alejandro Armenta, dio pauta a éste para evidenciar el contubernio entre el CEN del PRI y el ex gobernador Rafael Moreno Valle en temas políticamente sensibles local y nacionalmente.
Mediante oficio, el ex presidente estatal del PRI le pide a su aún coordinador parlamentario le indique cuál es la postura de los priístas respecto a la privatización del agua en el estado de Puebla, al Fideicomiso EVERCORE que condena a los poblanos a pagar diferentes obras de infraestructura por más de 50 años, y a la Ciudad Modelo AUDI que desaparece —materialmente— a cinco municipios del estado, eliminando sus facultades constitucionales hacendarias, jurídicas y de prestación de servicios.
De igual forma le solicita fije la posición de los diputados del PRI sobre la existencia de más de 130 presos políticos en Puebla, cifra que pone a la entidad en el primer lugar del país, sobre la escandalosa deuda de Puebla, derivada de la contratación de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS); y sobre la persecución y hostigamiento a los presidentes municipales de todos las fuerzas políticas, por parte de la Auditoría Superior el Estado.
Y también qué actitud deben asumir los legisladores priístas frente a la opacidad en el uso de los recursos públicos en Puebla, la campaña del ex gobernador Rafael Moreno Valle en todo el país con fondos públicos, las concesiones de taxis otorgadas al presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, durante el gobierno morenovallista, y el sobrecosto de obras de infraestructura como el Museo Internacional del Barroco, que tuvo un costo final de 7 mil millones de pesos.
La expulsión de Armenta Mier será un dardo al corazón del propio PRI en Puebla, pues al hacerlo no sólo pierde uno de sus mejores cuadros, sino que se lo pone en charola de plata a Morena y a López Obrador para que en las elecciones de 2018 lo postulen al Senado o algún otro cargo de elección popular.
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