LA CORTE DE LOS MILAGROS

Chiltepeque

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La intentona del director del Organismo Operador de Limpia, Héctor Sulaimán Safi, por cancelar la concesión del relleno sanitario de Chiltepeque a la empresa RESA, o para echar abajo al menos la pretensión de ampliarla a 15 años más —como se aprobó en la gestión municipal de Enrique Doger Guerrero—, podría destapar una cloaca.

Hasta ahora Sulaimán Safi no ha explicado con claridad cuáles son las irregularidades e incumplimientos en que la firma de José Abed Rovanett ha incurrido para le sea cancelada la concesión del relleno sanitario antes del 2009, en que concluye su contrato.

Esta situación ha dado pie a una serie de descalificaciones en su contra, en el sentido de que su intención de quitar a RESA para sustituirla por otra compañía del Distrito Federal —vinculada a él y/o a su padrino político, el diputado federal Jorge Estefan Chidiac—, encierra en realidad un millonario negocio.

Ante tal escenario, se sabe que el área jurídica de RESA han establecido contacto con un par de abogados de Puebla para pelear por la vía legal la concesión y defenderse de las intentonas de Héctor Sulaimán por arrebatársela.

Estos abogados son Manuel Treviño y Gabriel Casas, quienes incluso han comenzado a buscar a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, para dejarle el claro que su cliente hará todo lo que esté a su alcance para mantener la concesión del relleno sanitario.

Lo que estos abogados no saben es que el ayuntamiento de Puebla ya se prepara, a través de su asesor legal Ernesto Ramírez, para contrademandarlos por la vía penal y administrativa.

Y es que Manuel Treviño, el ahora abogado de RESA, trabajó para la anterior administración municipal bajo las órdenes del síndico Lauro Sánchez Castillo, donde obtuvo información confidencial del ayuntamiento que hoy ha puesto al servicio del concesionario de Chiltepeque.

El segundo abogado de RESA, Gabriel Casas, tiene también un negro pasado, del que mucho podría decir el actual secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, quien lo corrió hace un par de meses del Registro Público de la Propiedad de Huejotzingo por una serie de anomalías.

Gabriel Casas cobraba hasta 350 pesos por cada foja que certificaba, sin que ese dinero ingresara a las arcas de la Secretaría de Finanzas y Administración.

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A propósito.

No lo cuente en voz alta, pero en breve un funcionario del ayuntamiento de Puebla podría verse envuelto en un escándalo de corrupción por la compra directa de equipo y otros insumos.

El asunto ya está siendo investigado por los regidores del PAN, que se frotan las manos por el caso, pues no sólo se trata de una compra directa, sin licitación, sino de mercancía sobrefacturada.

Una aclaración: el funcionario en cuestión no es el regidor priísta Enrique Chávez Estudillo, quien, a juzgar por lo publicado ayer por el columnista Enrique Núñez en Intolerancia, no canta mal las rancheras.

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Para mayor información sobre el tema principal de este blog, le recomiendo las siguientes notas y columnas:

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Riesgosa la saturación de basura en Chiltepeque, revela estudio de Incremi

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