Coparmex: no da mordida, pero sí las recibe
Rodolfo Ruiz R.
Si el Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) y su presidente José Antonio Quintana Gómez no ve que hubo corrupción en el gobierno de Rafael Moreno Valle es porque no la quiere ver o no quiere que se revele que este sindicato patronal —que supuestamente debe sostenerse con las cuotas de sus socios—, fue beneficiado con ayudas o subsidios durante la administración morenovallista.
Entre 2013 y junio de 2016 Coparmex Puebla recibió del gobierno de Moreno Valle 14.9 millones de pesos, es decir, un promedio de 5 millones por año, por concepto de ayudas y subsidios.
En 2013 el sindicato patronal recibió del gobierno del estado 1.7 mdp, al año siguiente 3.9, en 2015 la cantidad de 3 millones y en 2016 6.37 mdp.
Dichos recursos se utilizaron para cursos y «servicios de capacitación», es decir, a los mismos conceptos empleados en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (Iedep) y el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) para desviar millones de pesos a través de despachos y consultoras fantasmales.
Ahora entiende por qué el cándido José Antonio Quintana junior dice no saber si hubo corrupción en la gestión de Rafael Moreno Valle o por qué el presidente de la Comisión Anticorrupción del sindicato patronal, Leobardo Espinoza Rodríguez, no se atrevió a incomodar al gobernador actual incluyendo entre los ex gobernadores corruptos a su antecesor.
¿Qué autoridad moral puede tener una campaña anticorrupción como la de #YoNoDoyMordida si sus promotores no predican con el ejemplo?
Una cosa es que no den mordida y otra muy diferente que sean impolutos o ajenos a la venta de favores políticos. Si no dieron mordida para ser favorecidos con la asignación de millonarios contratos de obra pública o de prestación de servicios, sí se guardaron sus críticas al gobierno anterior a cambio de 14.9 millones de pesos de subsidio.
Y sí fueron omisos o francamente complacientes frente a los abusos y excesos de quien era el titular del Poder Ejecutivo y que entre 2013 y 2016 les entregó un promedio de 5 millones anuales para cursos y capacitación, periodo en el cual ni pío dijeron sobre actos de abuso de autoridad, violaciones de derechos humanos, vendettas políticas y escándalos de desvío de recursos públicos.
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