Pagó Secretaría de Salud millonarios contratos a empresarios morenovallistas
Mario Marín y López Zavala se reencuentran en el penthouse del Diana
Jueces de Flores Toledano favorecen a socios del fraccionamiento El Delirio
Una de las dependencias en donde más corrupción hubo el sexenio pasado fue la Secretaría de Salud, donde se adjudicaron decenas de obras mediante licitaciones amañadas, en las que con anticipación se sabía qué empresa las ganaría, y en las que se pagaron sobrecostos a prestanombres y socios ocultos de políticos y funcionarios morenovallistas.
Sólo en 2012, la Secretaría de Salud adjudicó unos 70 contratos a constructoras pertenecientes a empresarios estrechamente vinculados al grupo del entonces gobernador Rafael Moreno Valle o a testaferros de Armando Prida Huerta y Armando Prida Noriega, los hermanos Jesús y Elfego García Ojeda, Andrea Ambrogi Domínguez y Eduardo Torres Chedraui, entre otros.
Pero que estaban apadrinadas por connotadas figuras del morenovallismo como Jorge Aguilar Chedraui, Roberto Juan Moya Clemente, José Cabalán Macari Álvaro y Eukid Castañón Herrera, quienes operaban estas licitaciones —en beneficios de sus recomendadas— a través de Alfonso Eduardo Letayf Acar, director de Operación e Infraestructura de la Secretaría de Salud; Efraín de los Santos Cabrera, jefe del Departamento de Construcción y Conservación de la Secretaría de Salud, y posteriormente subsecretario de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura, y José Paulino Javier Zayas Asunción, coordinador operativo de Costos y Adjudicaciones de la Secretaría de Salud, y posteriormente subdirector de licitaciones y concursos de Obra Pública de la Secretaría de Finanzas.
Dichos contratos superan los 1,296 millones de pesos (mdp). Si esa cifra se dividiera entre las 70 adjudicaciones, el promedio de cada una sería de 18.79 mdp.
Entre las obras “licitadas” destacan la construcción a precio alzado de la primera y segunda etapas del Hospital General de Teziutlán, por las que se pagaron 138.36 mdp y 239.99 mdp a las empresas Grupo Ortiz Construcciones, JICA Construcciones, AYPP Constructores y Tigris Edificaciones Urbanas.
AYPP Construcciones es una empresa de Armando y Paul Prida, y Tigris Edificaciones Urbanas es una constructora de Erick Acosta Enríquez, quien fuera subsecretario de Infraestructura cuando Cabalán Macari estuvo al frente de esta dependencia.
La construcción a precio alzado de la primera y segunda etapa del Hospital de la Mujer de Tehuacán por la que se pagaron 57.84 mdp a ACENER Construcciones; y 133 mdp a Arco del Bosque Constructores Poblanos.
El Proyecto Integral a precio alzado para la sustitución del Hospital General de Cholula, por el que la Secretaría de Salud pagó 110.99 mdp a la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex) de Olegario Vázquez Aldir.
La segunda etapa de construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados de Zacapoaxtla, por la que se pagaron 26.25 mdp a la empresa Concreta Estructuras en Concreto de los hermanos Jesús y Elfego García Ojeda.
Y los trabajos de mantenimiento, rehabilitación y ampliación de las unidades médicas pertenecientes a la jurisdicción sanitaria número 6 de Puebla capital, obras contratadas en 21.30 mdp a Constructora San Marón, de Andrea Ambrogi, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJEP).
Para ver la relación completa de estos contratos haga clic aquí.
En algunos de estos 70 contratos por un monto global de más de 1,296 mdp, los funcionarios de la Secretaría de Salud fueron muy flexibles para pagar conceptos de obra extraordinaria, a pesar de que varios de ellos excedían el 25% del costo convenido originalmente.
Por ejemplo en el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Zacapoaxtla la Secretaría de Salud autorizó pagos por obra extraordinaria a la empresa Concreta Estructuras en Concreto por 4.92 millones de pesos, no obstante que los trabajos adicionales no superaban los 4.37 millones de pesos.
Estas y otras irregularidades que a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y a la Secretaría de la Contraloría le pasaron de noche o no quisieron ver, pronto podrían aparecer en un libro que documentaría la corrupción en el anterior sexenio no sólo en la Secretaría de Salud, sino en la Secretaría de Infraestructura y en la Secretaría de Educación Pública. Pronto le tendré más detalles.
EN CORTO
Para Javier López Zavala va a resultar muy difícil deslindarse de su pasado priísta, pero sobre todo de figuras como el ex gobernador Mario Marín Torres, con todo y que exista entre ellos un real distanciamiento. Para muestra lo que ocurrió el viernes pasado en el penthouse del edificio Diana de la Avenida Juárez y la calle 25 Sur.
Ese día Santiago Bárcena Arriola festejó su cumpleaños con una gran comida a la que llegaron muchos políticos, entre diputados y ex legisladores federales y locales, magistrados, militares y funcionarios y empresarios de la época dorada del marinismo.
Entre los invitados estuvo, por supuesto, el ex gobernador Mario Marín Torres.
Al festejo también acudió el ex candidato a la gubernatura Javier López Zavala, pero solo permaneció unos minutos, incómodo y alejado lo más que pudo de quien fuera su jefe y principal impulsor, pues no fuera que alguien les tomara una fotografía y echara a perder su aparente acercamiento con Morena y su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador.
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Por cierto.
Este reportero puede confirmarle que los acercamientos y nexos entre Javier López Zavala y algunos dirigentes y legisladores de Morena son reales, y que van allá de las fotografías que el pasado viernes se publicaron del todavía priísta con Andrés Manuel López Obrador en Veracruz.
López Zavala ha mantenido contacto permanente vía celular y mensajes de WhatsApp con algunos senadores y jefes delegacionales de la Ciudad de México, lo que incluso le ha traído problemas con funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal y secretarios del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Los primeros le han prometido nombrarlo subsecretario y tres delegaciones federales en Puebla, ofertas que López Zavala ha declinado.
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La intención de los socios del fraccionamiento El Delirio de tirar un muro para conectarse con Lomas de Angelópolis ya quedó cancelada de manera definitiva. Un juez federal dejó sin efecto la orden del Juzgado Segundo de Cholula, a cargo de Alejandro Teutli Cruz, que había autorizado como medida precautoria el derribo de una barda para constituir una servidumbre de paso entre este y el otro desarrollo inmobiliario.
El caso resulta interesante no sólo por los socios del fraccionamiento El Delirio — los hermanos Héctor y Jesús Manuel Sulaimán Safi, José Luis Ventosa Pedroche y Santiago Abraham Aramburo—, sino por el abogado de éstos, el magistrado suplente Humberto Arróniz Meza, y el juez que falló a su favor, Alejandro Teutli, quien fue secretario de Roberto Flores Toledano en su Sala del Tribunal Superior de Justicia.
¿Contubernio o simple coincidencia?
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No estaría de más que el director del Instituto Poblano del Deporte y la Juventud, Roberto Ruiz Esparza, pusiera atención en lo que pasa en la Unidad Deportiva “Mario Vázquez Raña” o en la carta que hace unos días le enviaron quejándose de la falta de pagos y algunas conductas indeseables del director de ese espacio, Juan José Barroeta Huerta.
La política del director administrativo, José Mauricio Figueras, de citar a los empleados para que de viva voz le digan cuáles son las anomalías que hubo y persisten en la Unidad Deportiva no está siendo muy efectiva, pues el personal cree que ésta no busca corregir deficiencias y abusos sino detectar a los trabajadores inconformes o potencialmente conflictivos.
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