Algo apesta en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas
Rodofo Ruiz R.
Oliver Ramos Gómez es un ex empleado del gobierno del estado que en 2013 dejó de laborar en la extinta Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial como educador ambiental en el Parque Flor de Bosque, para contratarse en una empresa privada.
El pasado 5 de enero tuvo necesidad de imprimir en línea su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para hacer algunos trámites y se percató que tenía notificaciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT) por declaraciones pendientes de ingresos no reportados.
Según el SAT, él no sólo seguía laborando en el gobierno del estado, sino que entre septiembre y diciembre de 2015 percibió por concepto de sueldos más de 150 mil pesos.
La noticia por supuesto le preocupó, no sólo porque desde hace cuatro años se había separado de la administración pública estatal, sino porque de 2011 a 2013 en que laboró como educador ambiental nunca ganó más de ocho mil pesos mensuales. De dónde el SAT sacaba ahora que tenía un sueldo de 37 mil 500 pesos al mes.
En el SAT le dijeron que su situación tenía que aclararla primero en la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y ahí acudió.
Lo atendió Miguel Ángel Ramírez Flores, del Departamento de Nóminas. Este servidor le explicó que todo se trataba de un lamentable error de un analista, producto de una confusión en su registro, ya que éste en lugar de asentar una letra B al final de su RFC puso un 8.
El mismo empleado trató de persuadirlo de no hacer más grande el problema, ya que ello perjudicaría a un compañero suyo con la pérdida de su empleo. A cambio le propuso un arreglo: recibir una compensación de 48 mil pesos, siempre que aceptara firmar una constancia de recepción y retención por una suma de alrededor de 200 mil pesos.
Oliver Ramos rechazó el trato, y le dijo que él prefería que la Secretaría de Finanzas le entregara una carta haciendo la aclaración al SAT que él nunca había recibido 200 mil pesos por concepto de sueldos.
El asunto no paró ahí. Subió de nivel y llegó hasta el mismísimo director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas, Juan Alvarado Morfín. Este funcionario, que es parte de la red de corrupción de esta dependencia, en lugar de atender su solicitud, volvió a plantearle la misma componenda: recibir 48 mil pesos del supuesto analista que había asentado mal su registro, firmándole una constancia de recepción de sueldos por los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015 por una suma de 200 mil pesos.
De más está decir que Oliver Ramos rechazó la indecorosa propuesta de nueva cuenta, lo que no impidió al día siguiente de su entrevista con Juan Alvarado, el miércoles 18 de enero, lo buscara vía telefónica Antonio Arellano.
Arellano dijo ser el analista que por equivocación había asentado mal su RFC, confundiendo una B con un 8, pidiéndole encarecidamente aceptara firmar la constancia de recepción y los 48 mil pesos que le ofrecía.
Antonio Arellano es, en realidad, Humberto Antonio Arellano Zazueta y no es un analista, como dijo. Es un alto funcionario de la Secretaría de Finanzas, adscrito a la Dirección de Recursos Humanos, de la que fue titular en el sexenio del gobernador de Mario Marín, teniendo como subordinado al hoy director del área, Juan Alvarado Morfín, que de marinista mudó a morenovallista.
¿Cuántos casos más como el de Oliver Ramos Gómez estarán por descubrirse? ¿Por qué el contralor del gobierno morenovallista, Alejandro Torres Palmer, no dejó abierta una investigación sobre esta puntual denuncia que el 19 de enero de 2017 se le presentó?
¿Será porque el caso de Oliver Ramos puede poner al descubierto un millonario peculado con decenas o cientos de empleados que supuestamente fueron despedidos o dados de baja del gobierno del estado, pero siguieron cobrando? ¿Quién o quiénes se beneficiaron con esos sueldos y retenciones?
Ojalá el nuevo gobierno de Gali Fayad tome cartas en el asunto e inicie de inmediato una investigación que parta de Juan Alvarado Morfín y Humberto Antonio Arellano Zazueta, y se extienda no sólo a sus subordinados sino también hacia sus jefes.
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El segundo piso del hospital del IMSS de San Alejandro se encuentra casi terminado, lo que sin duda constituye uno de los logros de Enrique Doger Guerrero, quien está a punto de cumplir un año al frente de la delegación.
El nosocomio fue reforzado, ante los riesgos de que un sismo intenso lo derrumbara. Las acciones de recuperación del segundo piso incluyeron el cambio de tubería de gases medicinales, aspiración, colocación de detectores de humo, sanitarios y la llegada de equipamiento de alta tecnología, como cunas de calor radiante y ventiladores para prematuros extremos.
Cabe mencionar que el hospital de San Alejandro es el más grande de América Latina y que en sus instalaciones se atiende no sólo a derechohabientes de Puebla, sino de Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.
El delegado del IMSS ha logrado, por cierto, mejorar sus relaciones con el líder sindical, Javier Torres Zenteno. Ayer recorrieron juntos las nuevas instalaciones del área de pediatría, escolar y neonatos del hospital.
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