Controversia por el agua
Por Rodolfo Ruiz R.
Ahora que el Congreso quiere que la mayoría de los 217 ayuntamientos de Puebla validen la reforma al artículo 12 de la Constitución, por la cual se pretende dejar en manos del estado los servicios de agua potable y alcantarillado, algunos alcaldes han comenzado a evaluar la posibilidad de interponer una controversia constitucional.
Entre estos presidentes municipales se encuentran los de San Pedro Cholula y Tehuacán, José Juan Espinosa Torres y Ernestina Fernández Méndez, respectivamente.
Para estos y otros ediles dicha reforma a la fracción VI del artículo 12 de la Constitución del estado es el preámbulo para privatizar, como se hizo en la capital del estado con el Soapap, la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.
La reforma de marras se aprobó el pasado 6 de enero en sesión extraordinaria de la LIX Legislatura, y para muchos pasó inadvertida por la zozobra que se vivió ese día y la víspera en Puebla y otros estados del país por los saqueos y actos de pillaje registrados en diferentes centros y plazas comerciales.
El munícipe de San Pedro Cholula y militante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), José Juan Espinosa, es uno de los más inconformes, por lo que junto con otros alcaldes del PRI y PRD podría promover una controversia constitucional para echar abajo esa polémica reforma.
Por lo pronto se sabe que, con el apoyo de su Cabildo, podría publicar una carta desplegado convocando a sus colegas a rechazar esa reforma que —en su opinión— tiene el propósito de despojar a los municipios de sus facultades en materia de agua potable y alcantarillado.
La esencia del desplegado podría argumentar lo siguiente:
Dicha reforma es el primer paso para privatizar el servicio de agua potable, tal como sucedió en la ciudad de Puebla con el SOAPAP, que se entregó a un consorcio privado que, a pesar de haber aumentado sustancialmente las tarifas de agua potable, no ha mejorado el servicio, ni la distribución del vital líquido.
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Tómelo con reserva pero entre algunos diputados federales del PAN, a los que por cierto han asignado la responsabilidad de impulsar la candidatura presidencial de Rafael Moreno Valle en diferentes estados del norte del país, corre la versión que los periodicazos lanzados contra el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, son fuego amigo.
Según esta versión, las publicaciones del periódico Cambio en las que es acusado de corrupción, junto con algunos de los que fueron sus subordinados y proveedores, son una reprimenda por su negativa de coordinar la campaña de Moreno Valle a Los Pinos en otro estado fuera de Puebla.
¿Será?
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