Pasivo laboral millonario
Rodolfo Ruiz R.
No quiero ser ave de mal agüero, pero muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal de Arbitraje del estado podrían convertirse en un auténtico dolor de cabeza —por no decir enorme hoyo económico— para la próxima administración.
Y es que buena parte de esos juicios —con resoluciones contrarias a decenas y decenas de trabajadores despedidos del gobierno del estado y los organismos públicos descentralizados de carácter estatal— siguen litigándose en instancias federales.
Las posibilidades de que esos juicios los termine perdiendo el gobierno del estado son enormes por varias razones.
La principal es que en estricto sentido el Tribunal de Arbitraje en la gestión de Rafael Moreno Valle nunca se ha constituido legalmente en términos del artículo 76 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, que textualmente dice:
«ARTICULO 76.- Para los efectos de esta Ley se crea un Tribunal Colegiado, que se denominará Tribunal de Arbitraje y que se integra con un Magistrado, representante del Estado, designado por el Gobernador; un Magistrado, representante de los Trabajadores al Servicio del Estado, designado por el Sindicato, un Magistrado tercer árbitro, nombrado por los dos representantes anteriormente citados. Este último fungirá como Presidente».
El Tribunal, de entrada, no es tripartito, sólo funciona con un magistrado presidente, nombrado por el gobernador Moreno Valle y con un magistrado supuestamente nombrado por el Sindicato.
Digo supuestamente porque el Sindicato legalmente carece de representación, toda vez que a su actual Comité Ejecutivo se le negó la toma de nota.
Por tanto ¿si el Sindicato y su Comité Ejecutivo carecen de reconocimiento o validez oficial cómo pudieron nombrar o acreditar un representante ante el Tribunal de Arbitraje?
¿Si no hay magistrado designado por el gobierno, ya sea porque éste supuestamente renunció o porque en realidad nunca fue nombrado, cómo entonces se eligió al tercer árbitro o magistrado presidente de ese Tribunal supuestamente colegiado y tripartita?
Lo anterior, por supuesto, no es desconocido por varios de los abogados defensores de decenas de trabajadores despedidos en el sexenio morenovallista y que han recurrido a instancias federales para echar abajo las resoluciones de un Tribunal que no sólo no administró justicia, sino actuó por consigna política en todos los juicios que ante él se promovieron en términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.
¿Se imagina los millones de pesos que tendrá que pagar la siguiente administración cuando decenas de trabajadores despedidos por el morenovallismo comiencen a ganar sus juicios en instancias federales?
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