¿Nadie por encima de la Ley del Notariado?

Rodolfo Ruiz R.

Antes de que concluya el sexenio, los poblanos seremos testigos de qué tanto aplica en Puebla el dicho: “el que hace la ley, hace la trampa”, cuando se conozcan los nombres de los beneficiarios de las 19 notarías públicas que se otorgarán antes del 31 de enero.

Y es que en la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle y de la LIX Legislatura actualmente en funciones, se cambió la Ley del Notariado del Estado de Puebla con varios propósitos, entre los que destacan transparentar la designación de los notarios y el ejercicio de la función notarial, incluir nuevos requisitos para la obtención de la patente y fortalecer el marco de protección a los usuarios de los servicios notariales. 

La nueva legislación, publicada el 31 de diciembre de 2015 en el Periódico Oficial del estado, dice que los interesados en obtener una patente de aspirante deben hacer, para comenzar, prácticas en una notaría, de tres que propongan, y que les será asignada por el Consejo de Notarios.

También establece que las prácticas durarán un año natural ininterrumpido; que éstas constarán de por lo menos cuatro horas diarias y que el practicante presentará ante el Consejo de Notarios una memoria con el resultado de sus prácticas y trabajos.

La nueva Ley exige a los aspirantes al ejercicio del notariado contar, previamente, con una patente de aspirante, la cual consiguen después de acreditar su asistencia a una serie de eventos académicos organizados por el Consejo de Notarios durante el último año previo a su solicitud de examen, es decir entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016.

También sustentar un examen público consistente en una prueba práctica y una prueba teórica, ante un jurado integrado por tres funcionarios designados por la Secretaría General de Gobierno (SGG) y dos notarios nombrados por el Consejo de Notarios,aprobándolo con un mínimo de ocho puntos de un total de diez.

Ya con esa patente de aspirantes, los interesados en una notaría deben esperar la convocatoria respectiva que emita la SGG y someterse a una nueva evaluación, ahora por oposición, en la que concursarán con otros interesados en la misma.

En este examen, que tendrá que efectuarse en la sede del Colegio de Notarios, los aspirantes deberán efectuar dos pruebas, una teórica y otra práctica, y acreditarlas con 8 puntos ante un jurado integrado por tres servidores públicos y dos notarios nombrados por el Consejo.

 Traigo a colación todos estos requisitos para preguntar cómo le hicieron algunos morenovallistas que hoy están en la antesala de recibir uno de estos premios sexenales para obtener, primero, su patente de aspirante, y ahora una de las 19 notarías que otorgará el gobernador saliente antes de que concluya su sexenio.

En aras de la transparencia y de desterrar el influyentismo, sería bueno que el Consejo de Notarios y la Dirección General de Archivos y Notarías abrieran al escrutinio público los expedientes de los aspirantes.

Para saber, por ejemplo, dónde hicieron sus prácticas notariales, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, la diputada local Irma Patricia Leal Islas; la esposa de Roberto Moya Clemente, Alejandra Maupomé Cagigal, y los diputados Manuel Pozos Cruz y Jorge Otilio Hernández Calderón, por citar solo unos casos.

Cómo le hicieron para hacer cuatro horas diarias de prácticas notariales en el último año, de manera ininterrumpida, siendo que eran diputados o funcionarios públicos; quiénes fueron los notarios que las autorizaron; dónde se pueden consultar las memoria que contienen los trabajos y prácticas que hicieron; y a qué cursos, conferencias y seminarios convocados por el Consejo de Notarios acudieron, si nadie los vio.

Ojalá el Consejo de Notarios exhiba las listas de asistencia a estos eventos académicos, precisando qué cursos o conferencias en concreto tomaron, y la Dirección General de Archivos y Notarías, a cargo de Mauricio García León, presente los oficios, con fecha y número de folio, en que los aspirantes a notarios solicitaron hacer sus prácticas notariales.

Ojalá también en aras de la transparencia y el ejercicio de la función notarial, ambas instancias hagan públicos los registros de examen de los candidatos a una patente de aspirante; los trabajos que hicieron en las notarías seleccionadas, hasta la fecha en que el gobernador Moreno Valle expidió las patentes respectivas, en términos de los artículos 31, 32 y 33 de la Ley del Notariado.

De lo contrario, la sombra de la sospecha sobre los méritos y aptitudes de los aspirantes a notarios y sobre el favoritismo en la entrega de estas patentes como premio sexenal, estará siempre presente.

Si Moreno Valle no quiere se le juzgue como a los anteriores gobernadores en el otorgamiento de notarías, debe hacer las cosas de manera diferente, y eso comienza haciendo transparentes y públicas todas las etapas del proceso de adjudicación de cada una de esas patentes.

Si su gobierno modificó la Ley para que nadie que no tuviera los conocimientos y  experiencia para el ejercicio notarial obtuviera una de estas patentes, debe refrendarlo en los hechos y cumplir al pie de la letra la normatividad vigente.

De lo contrario, se confirmará aquello de que el que hace la ley, hace también la trampa, para burlar aquella en su propio provecho o beneficio.

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