De premios sexenales y montajes de una falsa transparencia
Rodolfo Ruiz R.
A puerta cerrada, violando el reglamento del Poder Legislativo que establece que las sesiones de comisión deben ser públicas, y sin que los diputados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública revelaran bajo qué criterios decidirían que un aspirante fue mejor que otro, transcurrieron este día las comparecencias de los 13 candidatos a comisionados del nuevo Instituto de Transparencia (ITAIP).
Lo más ridículo del montaje fueron las organizaciones que se prestaron a asesorar a las fracciones parlamentarias en el proceso de designación de los tres comisionados del ITAIP: la Comisión Ciudadana por la Democracia y los Derechos Humanos, a cargo de Mónica Roldán Reyes, que nadie la conoce; el Consejo Ciudadano de Seguridad, que ninguna experiencia tiene en la materia y está presidido por el desarrollador inmobiliario Andrea Ambrogi Domínguez, uno de los empresarios más beneficiados con contratos y obra pública en el sexenio morenovallista.
La Canacintra que no tiene ninguna autoridad o experiencia en asuntos de transparencia y rendición de cuentas, ni siquiera como solicitante de información pública; Borde Político que sí es una asociación civil especializada en el tema pero sin presencia en la entidad; y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que sólo es usada como pantalla y que debió abstenerse considerando que uno de sus funcionarios, Jorge Luis Lima Villegas, es candidato a comisionado.
El proceso de designación de los comisionados del Instituto de Transparencia de Puebla ha sido totalmente opaco, apresurado y cerrado a la participación de las organizaciones especializadas en el tema.
Nada que ver con el proceso que siguió el Senado de la República con el nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). Ahí la selección, evaluación y valoración de los candidatos se puso en manos de un panel de expertos de la sociedad civil, las comparecencias fueron abiertas y se transmitieron por el canal del Congreso y las fracciones parlamentarias se ciñeron a las recomendaciones de los especialistas en el tema.
En Puebla el proceso ha sido una farsa, un montaje donde lo que se busca no es el nombramiento de comisionados independientes, capaces, con experiencia y conocimiento sobre el tema y comprometidos con la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, sino cubrir las formas y controlar el Instituto de Transparencia con ex burócratas y profesionistas cooptados y codependientes del morenovallismo.
Para comprobarlo habrá que esperar las ternas finales que este miércoles se publicarán, y la sesión de pleno del jueves del Congreso del estado.
Le garantizo que el montaje se mantendrá hasta el capítulo final.
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Tal como se lo anticipé con algunos meses de anticipación, el gobernador Rafael Moreno Valle también entregará notarías como premios de fin de sexenio a sus principales colaboradores y operadores políticos.
Entre los seguros premiados figura ex contralora y actual diputada local Irma Patricia Leal Islas; la actual esposa de Roberto Moya Clemente, jefe de Oficina del gobernador Moreno Valle, Alejandra Maupomé Cagigal; y el ex alcalde de Libres y diputado por Compromiso por Puebla, Manuel Pozos Cruz.
Otros que también podría ser favorecidos con una notaría son el magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Fernando Chevalier Ruanova; la ex comisionada de la CAIP y ex directora del Registro Civil, Alexandra Herrera Corona; el asesor jurídico de la Subsecretaría de Servicios de la Salud, que en 2012 fue propuesto para ser magistrado del TSJ, Luis Ignacio Sánchez Castañeda; la ex delegada de la Contraloría en la SDRSOT, María Luisa Said Elías.
En la relación de candidatos a una de las catorce notarías que el gobernador saliente entregará antes de que concluya su sexenio hay varios colaboradores de su esposa Martha Erika Alonso Hidalgo en el Sistema Estatal DIF:
Jorge Otilio Hernández Calderón, actual diputado local del PAN y exdirector de Delegaciones del Sistema DIF estatal de 2011 a 2013; Norma Angélica Zacaula Martínez, delegada del DIF en Ciudad Serdán y diputada suplente del PAN en el distrito 8; Claudia Álvarez Acosta, delegada del DIF en Zacatlán; y Jenyffer Legnar Dinorin, ex coordinadora jurídica del DIF en la Delegación Zacapaoxtla.
Otros aspirantes a notarios son Gabriel Casas Rodríguez, ex dirigente municipal del PVEM; Gerardo José Orozco Hernández, auxiliar del notario Sergio Moreno Valle German; Carlos Palafox Galeana, hijo de Carlos Palafox Vázquez, notario y ex secretario de Gobernación de Melquiades Morales; Eduardo Alberto Aguilar Ruiz, ex presidente del Consejo distrital local 10 y quien entregó la constancia de mayoría a la diputada a Patricia Leal en 2012; Jorge López Cuevas, presidente de la Junta Especial de Tehuacán; María del Carmen Vázquez Molina, abogada general de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez; y Juan Carlos Tapia Santander, ex representante del PAN en el Consejo distrital federal 8.
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