Instituto de Transparencia: blindaje para la opacidad
Rodolfo Ruiz R.
El pronunciamiento hecho este martes por las principales organizaciones de la sociedad civil criticando el método de selección de los nuevos comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Puebla, confirma lo que ya le había anticipado: que el actual grupo gobernante carece de un compromiso serio con la transparencia y la rendición de cuentas.
Por eso la negativa del Poder Legislativo de permitir que un panel de expertos de la sociedad civil participe de manera activa en la valoración, evaluación y selección de quiénes integrarán el Instituto de Transparencia, en términos de los que la fracción V del artículo 29 de la legislación en la materia establece «(…) para realizar la evaluación de los candidatos, la Comisión Legislativa podrá solicitar el apoyo de instituciones académicas u organizaciones sociales«.
Si la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LIX Legislatura no quiere que los especialistas en el tema se involucren en el reclutamiento de los futuros comisionados es porque tampoco tiene interés de que los designados sean realmente ciudadanos independientes y autónomos del gobierno y los grupos de poder; con conocimiento y experiencia en temas de transparencia y rendición de cuentas; y comprometidos con el combate a la corrupción y la impunidad.
Por la celeridad, opacidad y discrecionalidad con el gobernador saliente Rafael Moreno Valle y el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, están manejando la designación de los nuevos integrantes del Instituto de Transparencia da la impresión que quieren volver a poner como comisionados a burócratas y profesionistas de medio pelo, dóciles o fáciles de controlar, y susceptibles de ser cooptados.
Es decir a personajes simuladores como los que han estado en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) — José Luis Javier Fregoso Sánchez, Federico González Magaña y María Gabriela Sierra Palacios—, que en lugar de ser garantes de transparencia, certeza y autonomía son iconos de opacidad, desconfianza y de blindaje de poderosos.
Por lo anterior insisto en que lo mejor que pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas y universitarias es alejarse del proceso, no proponiendo candidatos, ni avalando los métodos para nombrar a los comisionados de la CAIP y a los ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción.
Y a todo esto ¿qué tiene que decir el gobernador electo, José Antonio Gali Fayad? Su ominoso silencio más que un asunto de prudencia parece complicidad.
Para consultar el pronunciamiento completo de las organizaciones haga clic aquí.
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