LA CORTE DE LOS MILAGROS

Frente contra la simulación en el combate a la corrupción

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Rodolfo Ruiz R.

Frente a la simulación y la opacidad que el Ejecutivo y el Poder Legislativo del estado han mostrado para ir a fondo en el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, las universidades y organizaciones sociales y académicas especializadas en el tema deberían considerar —y en serio— la posibilidad de no participar en las convocatorias para elegir a los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.

Si no hay voluntad política de nombrar a ciudadanos independientes, con prestigio y reconocimiento social para convertirse en garantes de la transparencia y el combate a la corrupción y la impunidad en Puebla, lo mejor que podrían hacer es no prestarse a una farsa colectiva de cambiar para que todo siga igual o peor.

Si la intención del gobernador saliente, con la complicidad del Congreso local, es controlar con personajes de pacotilla o con funcionarios a modo el Instituto de Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción y demás órganos del Sistema Anticorrupción, qué sentido tiene participar en la selección de comisionados, magistrados o ciudadanos que al final no serán nombrados.

Y no por falta de méritos, conocimiento o experiencia en la materia, sino porque no hay voluntad política de impulsar a figuras independientes y comprometidas con la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia, y con la administración honesta y transparente de los recursos públicos.

Qué pasaría si cumplidos los plazos para el registro de aspirantes a comisionados del Instituto de Transparencia, las principales universidades públicas y privadas, centros de investigación, colegios y asociaciones de profesionistas y medios de comunicación no avalaran ninguna propuesta hasta que la convocatoria emitida por el Congreso modificara el método, los requisitos y la forma de selección.

O hasta que los diputados de la LIX Legislatura aceptarán la conformación de un panel de expertos que participara activamente en la valoración y selección de los aspirantes, en el diseño de los instrumentos de evaluación y en las comparecencias ante la Comisión de Transparencia, y en la elaboración del dictamen final que se presente ante el pleno del Congreso del estado.

¿Por qué no hacerlo?

Si el gobierno de verdad quiere un Sistema Anticorrupción que funcione lo primero que debe demostrar es voluntad, apertura, transparencia y consenso. Sin estos elementos, los comisionados, magistrados y ciudadanos que se nombren podrán ser legales, pero serán ilegítimos.

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Una prueba de que el proceso de selección de aspirantes a comisionados o comisionadas del nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Puebla, que reemplazará a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), está más que amañado son los nombres que ya trascienden como futuros elegidos, a saber:

La actual comisionada de la CAIP, María Gabriela Sierra Palacios, sobrina de Martha Erika Alonso de Moreno Valle; Pamela López Garay, ex coordinadora general de Acuerdos de la CAIP y secretaria técnica de la presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior del estado, Irma Patricia Leal Islas; y María Catalina Daza Hernández, ex encargada de la Contraloría y contralora interna del Congreso del estado.

A la lista se suman Homero Abelardo Ancheita del Río, director general Jurídico de la Auditoría Superior del Estado, y Alejandro Pérez Partida, ex titular de Acceso a la Información de la Contraloría del estado.

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