Así, para qué
Rodolfo Ruiz R.
La iniciativa de Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle al Congreso local es un auténtico bodrio, que no sólo fracasará en su objetivo de combatir la corrupción, sino que auspiciará la causa de ésta: la impunidad.
El andamiaje institucional que plantea la iniciativa es absurdo, pues convierte a los servidores públicos en juez y parte del Sistema, y amaga a los ciudadanos interesados en participar, a través del Comité Estatal de Participación Ciudadana, con fincarles responsabilidades en términos del artículo 125 de la Constitución del estado.
La iniciativa prevé que las autoridades se coordinen y pongan en funcionamiento un Sistema que prevenga, detecte, investigue y sancione las faltas administrativas y los hechos de corrupción de los servidores públicos por medio de un Comité Coordinador Estatal integrado mayoritariamente por funcionarios.
De los siete miembros que lo integrarían, seis serían funcionarios: el auditor superior, el fiscal anticorrupción, el contralor, un magistrado de la Judicatura, el presidente de la CAIP, y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. El séptimo saldría del Comité Estatal de Participación Ciudadana, pero sólo estaría en el cargo un año.
Así de ridícula está la iniciativa.
Pero el esperpento va más allá. Según el artículo 13 el Comité Coordinador Estatal del Sistema Anticorrupción sólo sesionaría cuatro veces al año y tendrá como órgano coadyuvante para vincularse con las organizaciones académicas y sociales, de acuerdo con los artículos 15 y 16, un Comité de Participación Ciudadana compuesto por cinco ciudadanos probos, de prestigio y que se hayan destacado por sus contribuciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Ciudadanos que no gozarán de sueldo, ni de prestaciones, que tendrán que someterse a un complicado proceso de selección a cargo del Congreso local, pero que estarán al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, además de que les serán aplicables las obligaciones de confidencialidad, resguardo de la información y demás aplicables por el acceso que tendrán de información de carácter reservado y confidencial.
¿Qué ciudadano querrá arriesgar su imagen, prestigio y honra sometiéndose a un proceso de selección controlado desde el poder, y con el riesgo de ser sancionado como servidor público, pese a no serlo, ni a gozar de sueldo, prestaciones o alguna prestación económica?
Sin duda sólo un estúpido, o alguien con madera de comparsa, bulto o encubridor.
¿De qué sirve un Comité de Participación Ciudadana de ornato, tan acotado, sin atribuciones y supeditado al Comité Coordinador Estatal o a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, como el que se plantea en la iniciativa de marras?
Si la intención o el trasfondo de la Ley del Sistema Anticorrupción es blindar a las autoridades salientes, o conformar un andamiaje burocrático institucional de pantalla que cubra las formas, pero no el fondo del problema: combatir la corrupción y la impunidad, es mejor quedarnos como estamos.
La transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción no es asunto que requiera de nuevas leyes o reformas, ni de nuevos órganos burocráticos, sino de voluntad política.
Y esa voluntad es la que no se ve en la iniciativa del gobernador Moreno Valle y que el Congreso local se apresta a aprobar fast track.
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