Roberto Moya bajo sospecha por seguro cua cua de desastres

Rodolfo Ruiz R.

Entre los funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) el escándalo que envuelve la contratación del seguro contra desastres naturales a través del broker Gerardo Millán Callado es la comidilla del día, por la corrupción que apunta hacia el ex titular de la dependencia y actual jefe de la oficina del gobernador, Roberto Moya Clemente.

Estos personajes han comenzado a proporcionar más detalles, entre ellos que la cobertura de ese supuesto mecanismo de protección es de hasta 40 millones de dólares, pero con un deducible de 15 millones de dólares, si el seguro se hace efectivo.

Lo grave, por no decir dramático del caso, es que esos 25 millones de dólares de supuesto beneficio son también una quimera, considerando que el desembolso anual de ese seguro es de 20 millones de dólares.

Ahora entiende usted por qué el gobierno del estado no dice nada sobre este instrumento de protección, por qué éste no se hace efectivo para ayudar a los cientos de damnificados por la tormenta Earl en la Sierra Norte de Puebla, y por qué el sepulcral silencio de la SFA y sus medios comparsas.

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De los 126 aspirantes a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que sí cumplieron con todos los requisitos legales para continuar las siguientes etapas del proceso electivo, que pasa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y concluye en el Senado de la República, hay al menos siete poblanos, a saber:

Enrique Aguirre Saldívar, Rubén Enrique Becerra Rojas Vertiz, Juan Manuel Crisanto Campos, Jorge Enrique Edén Winter García, José Fidel Pérez Torres, Manuel Ernesto Saloma Vera y Jorge Sánchez Morales.

De estos los más conocidos son Rubén Enrique Becerra, esposo de la consejera electoral del IEE Claudia Barbosa Rodríguez, visitador del TEPJF y ex magistrado en la Sala Regional con sede en Monterrey de 2005 a 2013; Juan Manuel Crisanto, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Tlaxcala; Jorge Sánchez Morales, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) para el periodo 2015-2020 y ex consejero presidente del IEE.

Enrique Aguirre es secretario de Estudio y Cuenta del magistrado saliente Salvador Olimpo Nava Gomar; Jorge Enrique Edén, magistrado de distrito; José Fidel Pérez, ex aspirante a consejero del INE; y Manuel Ernesto Saloma, consejero de la Judicatura Federal.

El martes de la próxima semana la Suprema Corte hará una segunda depuración para reducir la lista a 42 aspirantes, y el 30 de agosto a 21.

Estos 21 se agruparán en siete ternas para que el pleno del Senado de la República designe antes del 4 de noviembre a los magistrados propietarios que integrarán la Sala Superior del TEPJF, quienes se encargarán de calificar la elección presidencial del 2018.

Cabe mencionar que hasta ahora ninguno de los poblanos mencionados figura entre los favoritos de los principales partidos con representación en la Cámara Alta para ser nombrados magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

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El conflicto entre la Secretaría de Educación Pública del estado y los rectores y dueños de unas 85 universidades privadas por el retraso en la entrega de certificados, la expedición de títulos profesionales, la suspensión selectiva de RVOES y la actualización de los planes de estudios de algunos Registros de Validez Oficial vigentes, está escalando al ámbito federal.

Por lo pronto las instituciones de educación superior que tienen RVOES de licenciatura y maestría en derecho ya recurrieron a la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica (ANFADE) para presionar a la titular de la SEP en Puebla, Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera.

El presidente de la ANFAD, Máximo Carvajal Contreras, le dirigió hace unos días una carta solicitándole agilizar los trámites de entrega de acuerdos de actualización de planes y programas de estudio de licenciatura en derecho, con el propósito de incorporarles materias y contenidos del nuevo sistema penal acusatorio para los alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2016-2017.

Dicha carta no ha recibido contestación, por lo que algunos rectores y directores ya preparan amparos, un encuentro con María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, y otros recursos legales en contra la SEP estatal y su titular, y en contra del gobernador Rafael Moreno Valle.

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