Hágase la ley en los bueyes de mi compadre

Está muy bien que el PRI en el Senado demande una investigación sobre el destino de los recursos recaudados en Puebla por el llamado Impuesto Sobre Nómina (ISN) y su administración a cargo de un fideicomiso privado, y que en el Congreso local se busque convertir en causal de juicio político para un gobernador el manejo indebido de fondos o deuda pública.

Ambas iniciativas me parecen excelentes, pero que tendrían que completarse con una investigación hacia sus diputados locales de la LVIII Legislatura que en 2012 aprobaron, sin chistar, reformas a la Ley de Proyectos para la de Prestación de Servicios por las cuales el gobernador Moreno Valle fue autorizado a transferir a un fideicomiso privado los recursos del ISN.

En otras palabras: tan culpable es el que mata la vaca como el que le agarra la pata, y de esas reformas que hoy son fuente de opacidad –y quizás hasta de corrupción– del destino que tienen los recursos del ISN, son tan responsables el gobernador actual y sus diputados de la LVIII Legislatura local como los legisladores del PRI de entonces.

Aquí sus nombres: Edgar Salomón Escorza, Ramón Felipe López Campos, Felipe David Espinoza Rodríguez, Ernesto Leyva Córdova, Eleoformes Palacios Reyes, Jesús Vázquez Viveros, Elvia Suárez Ramírez, José Lauro Sánchez López, Jorge Luis Coriche Avilés, Ricardo Urzúa Rivera, Zenorina González Ortega, Iván Conrado Camacho Moreno, Juan Manuel Jiménez García y Gerardo Mejía Ramírez.

Pues fueron ellos los que avalaron que lo recaudado por el ISN pudiera ser operado durante 50 años por un fideicomiso, administrado por Evercore-Protego, de la que es socio el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, sin rendir cuentas al Congreso del estado.

Como ya lo documentó la periodista Socorro López Espinosa, estos diputados aprobaron el 19 de marzo de 2012 reformas que permitieron al Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, constituir fideicomisos que administrarán los ingresos derivados de contribuciones, impuestos como el ISN, derechos, productos y aprovechamientos, pero además que éstos fueran desincorporados temporalmente del patrimonio del estado.

Es decir, el gobernador Moreno Valle pidió permiso al Congreso para llevarse a un fideicomiso privado los ingresos del ISN, y los diputados de la LVIII Legislatura, incluidos los priístas, se lo autorizaron aun a sabiendas que estos dejarían de formar parte del patrimonio del estado.

Por eso digo que está bien que el Senado pida al Congreso investigar el destino de lo recaudado por la Secretaría de Finanzas del Impuesto sobre Nómina entre 2012 y 2015 y mejor aún que Pepe Chedraui pida transparentar la aplicación de esos recursos e incluso la posibilidad de llevar a juicio político al gobernador Moreno Valle en caso de que estos se hubieran malversado, pero me parece que la investigación debe ir más a fondo.

No quedarse sólo en el plano mediático.

La investigación debe ampliarse a los diputados de esa Legislatura que de manera irresponsable aprobaron que esos recursos salieran del patrimonio del estado para ser administrados por un fideicomiso privado.

De lo contrario todo quedará en un escándalo, propio de la coyuntura electoral. Y ya basta de eso. El asunto es demasiado serio como para dejarlo ahí. Son 50 años de opacidad que no podemos, ni debemos permitir.

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