¿Despidos con dedicatoria?

Trabajadores de base del ayuntamiento de Puebla que hace un mes demandaron la celebración de una asamblea para que el actual Comité Ejecutivo del Sindicato Benito Juárez informara sobre sus ingresos y la aplicación de las cuotas sindicales, hoy comenzaron a ser presionados para que presenten su «renuncia voluntaria».

Entre ellos María Tanya Rodríguez Méndez, con número de control 303149, quien el pasado 4 de junio presentó un oficio al secretario general del Sindicato Único de Empleados y Trabadores del H. Ayuntamiento de Puebla, Instituciones Paramunicipales y Organismos Descentralizados «Licenciado Benito Juárez García», Daniel Ortiz Acevedo, solicitándole una asamblea en la que rindiera cuentas de la administración del patrimonio sindical.

Su petición está fundamentada en el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 99 fracción III de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

El primer artículo establece que las directivas sindicales están obligadas a rendir cada seis meses cuentas completas y detalladas de la administración del patrimonio sindical, y el segundo que el Sindicato debe informar cada tres meses a sus agremiados el estado que guardan las finanzas y la aplicación de los recursos de los trabajadores.

Pero si los anteriores artículos no fueran suficientes para que la dirigencia del Sindicato Benito Juárez encabezada por Daniel Ortiz rindiera cuentas, hay que decir que el artículo 104 de la Ley Burocrática del estado estipula que en caso de incumplimiento de los artículos 99 y 100 de la legislación en cuestión, «el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla podrá determinar la cancelación del registro de la Directiva o Comité Ejecutivo o del registro y reconocimiento del Sindicato, según corresponda».

En este contexto resulta contradictorio que los empleados del Ayuntamiento que exigen cuentas a su líder sindical, estén siendo presionados a renunciar y más cuando la actual dirigencia logró encumbrarse y deponer al anterior secretario general del Sindicato, Israel Pacheco Velázquez, acusándolo de corrupción y enriquecimiento inexplicable con las cuotas de los trabajadores.

Y más que estas presiones y despidos estén siendo respaldados por la Secretaría de Administración del Ayuntamiento, que se encarga de convocar a los trabajadores identificados como críticos u opositores del actual Comité Ejecutivo para decirles que dejan de exigir cuentas a sus representantes sindicales o presentan su renuncia.

En la lista negra elaborada por la actual dirigencia sindical aparecen además de María Tanya Rodríguez, Ivonne Tello, Manuel Abraham, Guadalupe Herrera, Verónica Lavalle, Nayeli Sarmiento, Beatriz Rhodas, Cristay Aparicio y Carolina Munguía, ente otros.

Su pecado: exigir cuentas a un Comité Sindical que se encumbró con la demanda de la transparencia y la rendición de cuentas al destituido Israel Pacheco, que fueron delegados o tuvieron alguna cercanía con aquel o que hoy mantienen una posición crítica hacia los tres principales integrantes del sindicato Benito Juárez: el secretario general, Daniel Ortiz; el secretario de Trabajo y Conflictos, Humberto Sánchez Bustos; y el secretario de Finanzas, Orlando López Reyes.

Este último, por cierto, fue quien demandó a Israel Pacheco por los delitos de extorsión y enriquecimiento ilícito.

¿Cuántos trabajadores serán despedidos?

La cifra exacta sólo la tienen las autoridades, pero se dice que serán alrededor de 200 y que los primeros 50 saldrán esta quincena.

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