Dudas que ahogan la polémica concesión del Soapap
Rodolfo Ruiz R.
Si ya de por sí existían enormes dudas sobre la concesión de los servicios del Soapap a la empresa Concesiones Integrales, después de lo relevado este martes por el periodista Alejandro Mondragón lo menos que pueden hacer las autoridades es aclarar tres cuestiones elementales: la vigencia o temporalidad del contrato que se firmó a finales de 2013, el monto que la empresa beneficiaria pagó por esa concesión, y quién o quiénes son los principales accionistas de Concesiones Integrales SA de CV.
No hay ninguna razón que justifique la opacidad con que el gobierno del estado, el Soapap y el ayuntamiento de Puebla han manejado esta concesión, y menos después de que Vicente Corta Fernández, socio principal del despacho White&Case, contratado para llevar a cabo el proceso de licitación, ha hecho públicos aspectos, cifras y datos que las autoridades poblanas han reservado como información clasificada.
Y sí, en cambio, muchas, demasiadas preguntas, a raíz de las contradicciones que hay entre lo que presumen los socios de White&Case en su portal electrónico respecto a la concesión de la prestación de servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales, y las versiones oficiosas sobre la licitación, adjudicación y título de concesión a favor de Concesiones Integrales.
Aquí algunas dudas:
¿Por qué Vicente Corta y José Ignacio Segura que participaron con la representación del Soapap en la concesión de sus servicios aseguran que la concesión se otorgó por 60 años y, en cambio, el gobierno del estado insiste en que la vigencia de ésta es de sólo 30 años?
¿Por qué el título de concesión se otorgó a una empresa (Concesiones Integrales SA de CV) que ni siquiera participó en la licitación internacional que se abrió para tal efecto?
¿Es cierto que cuando se adjudicó la concesión de los servicios de agua potable y de tratamiento de aguas negras, la empresa Concesiones Integrales SA de CV ni siquiera existía o estaba constituida y que esta finalmente se constituyó y se dio de alta ante la Secretaría de Hacienda uno o días después del fallo a su favor?
¿A cuánto asciende el monto que la empresa beneficiada pagó por la concesión de los servicios del Soapap? ¿A 1,400 millones de pesos como han dicho las autoridades locales, o a 415 millones de dólares, o más de 6 mil millones de pesos?
¿A cuánto ascendieron los honorarios del despacho White&Case que representó al Soapap en esta multimillonaria transacción?
¿Del pago inicial de 115 millones de dólares que Concesiones Integrales SA de CV debió pagar como contraprestación, cuánto aportó Grupo Agua de México (AM), cuánto la colombiana EPCOR servicios, y cuánto Tecnología Intercontinental (TICSA)?
¿Y de los 300 millones de dólares que la concesionaria de los servicios del Soapap se comprometió a invertir de 2014 a 2019, cuánto aportará cada cual?
¿Si la concesión a 60 años comprende los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y otros de la zona metropolitana, por qué los ayuntamientos de esta región siguen haciendo inversiones y estudios para ampliar y rehabilitar la red de agua potable, construir nuevos colectores y pozos, ampliar el sistema de alcantarillado sanitario y construir nuevas plantas de tratamiento?
¿No se supone que estas inversiones deben correr ya por Concesiones Integrales SA de CV? ¿O es que ésta sólo va a operar y a rehabilitar la infraestructura ya existente y a cobrar por el servicio de agua potable y el tratamiento de las aguas negras o residuales?
¿Por qué en distintos medios de comunicación se insiste en señalar que el verdadero dueño del 75% de las acciones de Concesiones Integrales es Grupo Financiero Monex, quien además maneja el fideicomiso al que van a parar los pagos de los contribuyentes?
¿Por qué se dice que Grupo Hermes de Carlos Hank González es quien detenta el control accionario y del fideicomiso que administra los fondos y recursos de Concesiones Integrales SA de CV?
Son preguntas, que conste.
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